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Sesiones Parlamentarias

Intervención Pablo Abdala Sesión Estatuto del Funcionario Publico

Publicado en Sesiones Parlamentarias

 

 
SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el señor Diputado Abdala.

SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: vamos a empezar nuestra exposición haciendo algunos reconocimientos.

Como es de estilo cuando la Cámara aborda el tratamiento de una norma que insumió un proceso parlamentario largo y que no estuvo exenta de complejidades, es habitual y justo reconocer el trabajo de la Secretaría de la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda porque, sin duda, realizó una gran labor. Por lo tanto, queremos comenzar nuestra intervención con ese señalamiento.

En este capítulo de reconocimientos y de constancias, también queremos felicitar al señor Diputado Gamou porque presidió la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de manera ecuánime y garantista para todos los sectores parlamentarios allí representados. Por cierto, eso le costó un pasajero quebranto de salud que, por suerte, fue bien pasajero, más allá del susto que representó para todos los integrantes de la Comisión en ese momento.
 
Luego de estos señalamientos, queremos decir cuál será la actitud que adoptará el Partido Nacional: va a votar en contra. Eso lo señaló con elocuencia y rotundidad la señora Diputada Piñeyrúa, miembro informante en minoría en representación de nuestra colectividad política. Ella destacó varias razones y nosotros queremos subrayar algunas porque nos parecen los argumentos fundamentales por los que hemos llegado a esta posición.
 
Creo que el país pierde una oportunidad preciosa, una buena oportunidad, de darse un Estatuto del Funcionario Público efectivamente alineado con los mejores objetivos y los más sanos propósitos de progreso colectivo y de desarrollo nacional. Todos esperábamos más a esta altura de las circunstancias  lo digo con absoluta serenidad, pero con total objetividad  en función de los anuncios iniciales y las líneas directrices que el Gobierno pareció insinuar a partir del momento de su asunción. El señor Presidente de la República no fue indiferente a este debate e hizo referencia a él en forma permanente, muchas veces de manera muy polémica. Inclusive generó situaciones de conflicto o contenciosas con los propios funcionarios públicos. Con gran honestidad trasmitió su visión y hasta su vocación  por qué no decir su ansiedad  por introducir profundas reformas a la Administración Pública, entre ellas, el nuevo Estatuto del Funcionario Público. Hay muchísimas frases del señor Presidente que se podrían traer a colación, pero creo que no sería oportuno ni conveniente, teniendo en cuenta  entre otras cosas  el buen nivel que está manteniendo el debate.
 
De todos modos, a los efectos de ser meramente ilustrativo, quiero recordar que el 2 de marzo de 2010  al día siguiente de la asunción del señor Presidente de la República y luego de asistir a la toma de posesión del cargo de sus Ministros; estos actos tuvieron lugar ese segundo día de Gobierno de la actual Administración  el señor Presidente habló, como todos recordamos, de los funcionarios públicos que entraban por la ventana, y dijo que no alcanzaba con las leyes que establecían límites a los efectos de su ingreso y que los concursos servían de poco porque se buscaban artilugios o atajos para que ingresaran. Fue una afirmación de carácter general que, seguramente, abarcaba todas las administraciones de Gobiernos anteriores. En aquel momento dijo una frase elocuente: expresó que los que entran por la ventana suelen ganar más y después generan bronca, y los otros reclaman, nos hacen juicio y eso lo tiene que pagar el pueblo.
 
Me parece que esto demuestra claramente que el señor Presidente no estaba dispuesto a permanecer ajeno ni a ser indiferente a esta discusión. Por eso  y a partir de allí  se dijo que este Gobierno iba a impulsar la reforma de la Administración que muchas veces  como se dijo en Sala, y es verdad  se confundió con la reforma del Estado, cuando se expresó que esa iba a ser la madre de todas las reformas o la madre de todas las batallas.
 
Entonces, en función de todo eso y al cabo de tres años y algunos meses, creo que el proceso que se inició con tanta decisión y voluntad política y que desembocó en el proyecto que la Cámara está analizando en el día de hoy, refleja que hemos perdido una oportunidad que debió haberse aprovechado mejor.
 
Tal vez, en la perspectiva de reformar el Estado y la Administración no hubo audacia suficiente a la hora de plantearnos una serie de modificaciones cualitativas bastante más ambiciosas que lo que, a mi juicio, es una suerte de recopilación de normas ya vigentes en algunos casos  como una forma de codificación  y, en otros, una serie de innovaciones no demasiado ambiciosas que no van a determinar un cambio sustantivo en la gestión de los recursos humanos del Estado porque pueden representar  como veremos después  riesgos desde el punto de vista de las garantías, en el marco de las cuales cumplen sus funciones los funcionarios públicos. Por lo tanto, eso se transformará en una fuente de conflictos en la relación entre empleadores y empleados o entre el empleador  el Estado  y los empleados, es decir, los funcionarios públicos.
 
Algo de esto señalaron varias de las visitas que recibimos en la Comisión a lo largo de estos meses. Por ejemplo, el doctor Conrado Ramos fue elocuente en cuanto a que una verdadera reforma de la Administración Pública habría implicado ir hacia un concepto distinto, no de elaborar o estructurar los escalafones sobre la base de los méritos personales, como ha sido tradicional, sino sobre la de contemplar los tipos y las familias de ocupaciones que se prestan en la Administración. Seguramente eso hubiese sido transformador y revolucionario. Sin embargo, más allá de la horizontalidad que hoy se establece desde el punto de vista de los ascensos y de la presentación a los concursos, no hay nada nuevo, transformador ni cualitativamente distinto en cuanto a la forma de cumplir las labores en la Administración Pública.
 
El doctor Ramos también planteó algún cambio institucional  que habría sido muy interesante discutir , relacionado con la ubicación y la función que hoy cumple la Oficina Nacional del Servicio Civil. Si el desafío que teníamos y que tenemos planteado es trabajar en la edificación de una Administración Pública absolutamente separada de los partidos políticos, con vida propia y con profesionalismo en su gestión, parecería bueno que el órgano rector en materia del cumplimiento de los servicios en la Administración  la Oficina Nacional del Servicio Civil  estuviese separado, divorciado, ajeno al riñón del Poder Ejecutivo, de la Presidencia de la República  de la cual depende hoy  y que, eventualmente, pensáramos en una estructura institucional distinta. A su vez, el doctor Conrado Ramos planteó crear un organismo autónomo con coparticipación: con presencia y participación de la oposición. Yo no digo que esa sea una propuesta en la que todos tengamos que coincidir, pero señalo que ese es el tipo de planteos que habría sido bueno debatir entre todos, de manera de construir consensos sociales y políticos; sin embargo, nada de eso sucedió.
 
Como todos sabemos, hubo un planteo del Poder Ejecutivo  un proyecto muy malo, lleno de inconstitucionalidades  resistido por la organización sindical, criticado unánimemente por los técnicos en materia de Administración Pública y por los juristas, constitucionalistas y administrativistas. Tanto fue así, que dio lugar a una nueva versión del proyecto que presentó la bancada del Frente Amplio  totalmente distinto , que sirvió de base para el que hoy estamos analizando.
 
Notoriamente, se trata de un proyecto lleno de inconstitucionalidades. No lo decimos porque sepamos más que los demás ni porque lo hayamos descubierto en exclusividad.
 
Todos los juristas que comparecieron ante la Comisión, especialistas en derecho público  independientemente de que la especialidad sea el derecho administrativo o el constitucional; esto no cambia la jerarquía ni la calidad del asesoramiento, entre otras cosas porque los administrativistas, para serlo y para ser especialistas en derecho público, deben tener un conocimiento amplio y extenso de la Constitución de la República, como ocurre en el caso de los doctores Delpiazzo y Cajarville , en forma unánime y sin excepción, destacaron que este proyecto de ley tiene una inconstitucionalidad de raíz, una inconstitucionalidad de base, un apartamiento de la Constitución que es central y que es el que está referido al alcance y al objeto que la propia ley define a la hora de su aplicación.
 
Este proyecto de ley no es constitucional: está desarreglado con respecto al ar¬tículo 59 de la Constitución de la República al pretender aprobar un Estatuto que se aplique en exclusividad a los funcionarios del Poder Ejecutivo, como aquí se establece. Esto se ha dicho hasta el cansancio en este debate, pero no tenemos más remedio que reiterarlo porque, evidentemente, no solo está mal sino que, además, porque está mal va a generar problemas hacia el futuro, inclusive al propio Gobierno.
 
Lamento esta práctica, que está expresada en esta obstinación por avanzar por más que haya advertencias de inconstitucionalidad, lo que no es nuevo en la bancada de Gobierno a lo largo de esta Legislatura y de la anterior. Hay innumerables ejemplos de proyectos, algunos de ellos bien importantes, respecto de los cuales todos los asesoramientos jurídicos indicaban que había inconstitucionalidad, y aun así se resolvió ir para adelante, y después el Gobierno terminó estrellándose contra la pared porque la Suprema Corte de Justicia, que es la encargada de hacer el control de constitucionalidad, declara la inconstitucionalidad de la norma y se generan problemas. Esto pasó con la anulación de la Ley de Caducidad  más allá de las dificultades de abordar ese debate : todos los juristas vinieron a la Comisión a decir que la solución que se proponía, modificando los plazos de la prescripción, se apartaba de la Constitución, y la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad. Ocurrió lo mismo con el ICIR, Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales: todos los juristas vinieron a la Comisión a decir que esa propuesta violaba la Constitución de la República, pero la mayoría parlamentaria resolvió avanzar de todas formas, y la Suprema Corte de Justicia  estamos en un régimen democrático y republicano  resolvió declarar la inconstitucionalidad; en pocos días tendremos en esta Cámara un proyecto de ley para derogar ese impuesto y crear uno nuevo.
 
Esa no es una buena forma de legislar. Además, advierto  no es lo que deseo, pero lo advierto  que puede generar dificultades al Gobierno a la hora de aplicar e instrumentar esta norma. En el día de mañana, un funcionario de los organismos mencionados en el ar¬tículo 59 que no esté contemplado formalmente por el proyecto de Estatuto del Funcionario Público podría reclamar la inconstitucionalidad con el argumento de que se le debería aplicar el mismo derecho o la misma posibilidad de presentarse a un concurso para obtener un cargo en un Ministerio o, eventualmente, que se le debería aplicar el mismo régimen de licencias que establece este Estatuto solo para los funcionarios del Poder Ejecutivo. Tanto es así que la propia bancada de Gobierno, en la disyuntiva y ante lo evidente de la comprobación de que estábamos por fuera de los límites constitucionales, pretendió subsanar esto con una disposición transitoria  la última de este proyecto de ley  que, a mi juicio, no solo no resuelve esta situación sino que, en todo caso, la confiesa. La actitud del legislador, reconociendo que está haciendo las cosas mal, que está yendo contra la Constitución y pretendiendo algo así como redimirse, pedir disculpas o buscar una enmienda, es la confirmación de que estamos actuando de manera antijurídica porque es absolutamente impracticable.
 
Aquí se dice que el Estatuto del Funcionario Público en los próximos veinticuatro meses se va a aplicar a los funcionarios de los demás organismos consagrados en el ar¬tículo 59 de la Constitución de la República, pero nadie dice cómo se va a hacer, en qué momento ni quién lo va a decidir. Esto no lo establece el proyecto de ley, que es donde obviamente se tendría que aclarar; simplemente, hay una suerte de condicionamiento a la negociación colectiva, que no es decir nada porque por sí misma no tiene efecto jurídico; en todo caso, es la obligación de negociar entre las partes, y está muy bien. Nadie señala en qué momento se resolverá ni a través de qué instrumento, por decreto o por una nueva ley. Por lo tanto, creo que esta es una confirmación adicional de que evidentemente estamos por fuera de lo que marca la Constitución.
 
Otra prueba de lo que decimos está en el propio articulado. Me refiero al ar¬tículo 67, que regula las funciones de la Administración Superior. Allí se establece la posibilidad que recién se mencionaba de que funcionarios de otras reparticiones puedan presentarse a un llamado para ocupar esas funciones de Administración Superior. Se habla de los postulantes de la Administración Central; el proyecto se corrigió en sus ar¬tículos iniciales a la hora de resolver el objeto, estableciendo que las soluciones que propone son para los funcionarios del Poder Ejecutivo, solucionando otro debate doctrinario en cuanto a cuál es el alcance de la expresión Administración Central. Sin embargo, se solucionó para definir el objeto en principio, pero no para todos los alcances del proyecto porque, en relación con las funciones de la Administración Superior, dice que los demás postulantes de la Administración Central podrán presentarse a un llamado para las funciones de Administración Superior. Podrá hacerlo entonces un funcionario de la Corte Electoral ya que, como todos sabemos, la doctrina también está dividida en ese aspecto y ello quedó claro en el debate en la Comisión. Marco esto porque me parece que es parte de las imprecisiones que, desde nuestro punto de vista, seguramente generarán dificultades a la hora de aplicar este proyecto de ley.
 
Por supuesto que la iniciativa también es inconstitucional en lo que tiene que ver con escalafones y remuneraciones. Yo acepto  porque es lo que aprendí en los años en la Facultad de Derecho aunque, por supuesto, respeto todas las interpretaciones  que con relación a la interpretación y a la integración del derecho y al alcance de las normas jurídicas siempre hay más de una visión, pero voy a decir la mía que, por cierto, para nada coincide con la que se ha sostenido desde el oficialismo o desde la bancada de Gobierno. A mi juicio, el ar¬tículo 214 es inequívoco en cuanto a que normas referidas a escalafones y remuneraciones son materia presupuestal. Es cierto que hay un inciso que establece que por otras leyes  lo dice en plural y eso no es menor  pueden establecerse disposiciones de carácter legal referidas a esos aspectos. Pero esas leyes  dicho así en sentido genérico  refieren a la legislación como fuente de derecho; no incluyen el Estatuto del Funcionario Público, que es una ley especial establecida en un ar¬tículo distinto de la Constitución, el ar¬tículo 59, referido a los derechos, los deberes y las garantías de los funcionarios.
 
Por otra parte, esta es la interpretación que nos trasmitieron en el ámbito de la Comisión  no venimos a descubrir nada , tanto el doctor Cajarville como el doctor Delpiazzo. Creo que la referencia al ar¬tículo 216 tampoco resuelve la cuestión; en todo caso, desde nuestra perspectiva, reafirma lo que manifestamos. Si bien el segundo inciso dice que en las disposiciones presupuestales no se puede establecer nada que comprometa al país más allá de la gestión del Gobierno en curso, creo que no es difícil advertir que eso está referido al inciso anterior del mismo ar¬tículo 216, que establece la consagración de los gastos ordinarios permanentes en el Presupuesto Nacional y que, por lo tanto, con relación a ello, no se puede comprometer a los Gobiernos posteriores. Otra cosa son los escalafones y las remuneraciones, que son materia presupuestal porque la Constitución lo establece a texto expreso. Si bien se deja una puerta abierta, no es para incluirlo en el Estatuto. Esa no es una interpretación hermenéutica de la Constitución; esa no es una interpretación armónica y completa de todas sus normas; eso es tomar los ar¬tículos 214 y 216 y prescindir del ar¬tículo 59. Se podrá sostener lo contrario, pero francamente, es algo que no comparto. Creo que las opiniones que vertieron en la Comisión los doctores Cajarville, Delpiazzo y Rotondo confirman lo que estamos afirmando.
 
Además, no nos gusta la Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional. No nos gustó en la instancia de la Rendición de Cuentas y, por lo tanto, tampoco compartimos  más allá de que se le hizo alguna mejora  lo que se estableció en el proyecto, entre otras cosas, porque nos parece que implica, desde el punto de vista institucional, condensar toda la actividad y toda la competencia relacionada con las retribuciones en la Administración Pública en un solo ámbito, en el que el Ministerio de Economía y Finanzas tendrá una enorme preeminencia sobre los demás Incisos de la Administración Pública, del Poder Ejecutivo. Entre otras cosas, es la única Cartera que forma parte de esta Comisión de Análisis Retributivo y Ocupacional. Además  como establece a texto expreso el ar¬tículo 36 , esa Cartera tendrá competencia exclusiva en la adecuación de la estructura de cargos de la Administración Central; reitero que ello puede ser motivo de una contienda de competencias entre los distintos organismos al darle una prevalencia o preeminencia sobre las demás Secretarías de Estado lo cual, francamente, no compartimos.
 
Como dije al principio de mi exposición, hay algunas disposiciones que no vamos a votar, ya que hacen que el proyecto sea más polémico y controvertible. Me refiero a las disposiciones que tienen que ver con garantías de los funcionarios que, a nuestro juicio, están muy mal resueltas. Creo que hay una serie de disposiciones que, tal como están concebidas, implican o pueden representar una pérdida de garantías para los funcionarios públicos. No estoy atribuyendo intenciones ni pretendo hacerlo, pero si analizamos la situación con objetividad, advertiremos que estamos hablando de una norma que, por su propia definición, se supone tiene vocación de permanencia. El último Estatuto del Funcionario entró en vigencia en 1943, lo que demuestra claramente que no se trata de una norma que se esté cambiando cada cinco años; la experiencia así lo indica. Por lo tanto, estamos hablando de leyes  en particular, esta  que se establecen para quedarse.
 
Y en esa perspectiva, esas normas que, a nuestro juicio, pueden licuar algunas de las garantías de los funcionarios públicos, son un peligro para cualquier Gobierno; no estoy hablando de este, sino del que viene, o del otro, sea del signo que sea. En realidad, estoy hablando con absoluta objetividad de circunstancias que pueden darse en cualquier momento en función de la tentación de un Gobierno que, interpretando a su antojo determinada norma, por esa vía puede perjudicar en su carrera funcional y en sus derechos laborales a los funcionarios públicos sin distinción.
 
Por otra parte, no nos gustan las normas referidas a la evaluación del desempeño. En este sentido, nos parece que está mal establecer con carácter general e indiscriminado que el Poder Ejecutivo será el que reglamentará, de la primera a letra a la última, la forma de medir el desempeño de los funcionarios públicos. Nosotros habríamos preferido alguna precisión mayor del proyecto en cuanto a la definición de los criterios  más allá de los principios generales, que es decir poco o nada ; creo este es un aspecto central, dado que la evaluación del desempeño tendrá consecuencias sobre el provisoriato  para los funcionarios que se encuentran en esa situación  y sobre la carrera administrativa porque para avanzar en ella dependerá de la calificación que reciban los funcionarios. Por lo tanto, también tendrá consecuencias en el ascenso, en los aspectos que hacen a la remuneración y, sin ninguna duda, en una ulterior destitución por la causal de ineptitud, en función de lo que aquí se señalaba: las malas calificaciones o dos calificaciones sucesivas insuficientes pueden conducir a la destitución del funcionario público.
 
Las causales de destitución  ineptitud, omisión o delito  por definición son polémicas, y su debate está instalado en la sociedad desde hace muchísimos años; creo que vale la pena abordarlo. De cualquier manera, mientras las causales estén en la Constitución, deben regir plenamente; nos guste más, nos guste menos, es así. Por la vía de la ley  o de lo que esta pueda ser capaz de reglamentar del precepto constitucional  no se puede pretender relativizar o mediatizar lo que, en definitiva, es una afirmación concluyente en cuanto a la vigencia de esas causales, tal como están previstas en la Constitución.
 
El sistema de rotación, tal como está consagrado, creo que es un aspecto que también puede presentar dificultades. En este sentido, COFE reclamó que se estableciera a texto expreso que los traslados dentro del Inciso o hacia otro Inciso no representarían, en ningún caso, una sanción disciplinaria, una observación o el amedrentamiento de los funcionarios, pero eso no se corrigió, por lo que nos parece que está mal resuelto. Asimismo, el procedimiento disciplinario referido a las faltas leves sin sumario previo creo que también puede acarrear dificultades en cuanto a las mejores garantías de los funcionarios públicos en el desempeño de su función.
 
En cuanto a los funcionarios contratados, el ar¬tículo 100 de este proyecto establece que si la Administración pone fin a la relación contractual antes del plazo estipulado, no tendrán derecho a indemnización. Como se recordará, el doctor Cajarville señaló que esta era una situación de aparente arbitrariedad, en la medida en que a través de una ley no se puede negar a nadie el derecho a reclamar. Digo esto teniendo en cuenta lo que establece el ar¬tículo 24 de la Constitución de la República, que hace referencia a la responsabilidad civil del Estado en los casos que corresponda. Eso no puede ser determinado de antemano por una ley, sino que esa materia siempre debe ser resuelta por los Jueces, en cada caso particular.
 
Por lo tanto, a mi juicio, el ar¬tículo antes mencionado puede llegar a convertirse en una pérdida de garantías para los funcionarios contratados que, en definitiva, están transitando el provisoriato de quince meses y, en medio de esa situación, son despedidos o es rescindido su contrato sin justificación alguna. Además, hay que agregar que no tendrán derecho a reclamar ante los tribunales por los daños y perjuicios que hayan sufrido; me parece que eso está mal, muy mal.
 
El provisoriato tampoco está bien resuelto; creo que hay una disparidad bastante desproporcionada con relación al derecho laboral común, si bien es cierto que había una aspereza que fue un poco limada, ya que la versión inicial hablaba de dieciocho meses y se bajó a quince. Si partimos del supuesto, que se supone es una verdad absoluta, de que en materia de derecho laboral, los funcionarios de la Administración Pública son tan trabajadores dependientes como los de la actividad privada y que, por tanto, deben tener derechos equivalentes en relación a la jornada laboral, a los derechos gremiales y a todas las materias correspondientes, evidentemente, en este caso, hay una dualidad de criterios que creo no se sostiene. En realidad, quince meses es demasiado tiempo para que la Administración juzgue si alguien sirve, si reúne las condiciones necesarias o si tiene el perfil para ser incorporado. ¿Por qué quince meses? ¿Eso no se puede hacer en tres o en seis meses?
 
Reitero que esto no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros; todas las visitas que recibimos a los efectos de recabar opiniones con relación a este tema fueron absolutamente coincidentes. Inclusive, en alguna oportunidad hasta se dijo que era disparatado pensar en un plazo tan extendido  quince meses  a los efectos de la evaluación de los funcionarios. Yo no sé si es disparatado o no, pero me parece que es bastante injusto y que esto alimenta la tendencia a convertir a la Administración o al Estado en una especie de persona superior, todopoderosa, que frente al trabajador  y aun frente al administrado, en última instancia  termina siendo la titular de una relación absolutamente despareja de poder, ya que la voluntad del Estado siempre prevalecerá, y con ella la voluntad de quienes están circunstancial o momentáneamente en la conducción del Estado, desde el ejercicio el Gobierno.
 
En cuanto a las funciones de Administración Superior, suscribo lo expresado por la señora Diputada Piñeyrúa. Más allá de que esto pueda tener las mejores intenciones y de que no haya un intento encubierto de politización detrás, creo que no está bien. Aquí se establece que se va a acceder por concurso, primero entre los funcionarios del organismo, luego entre los de la Administración Pública y finalmente, si se dieran las circunstancias, se haría un llamado abierto. Partamos de la base de que esto está pensado con la mejor buena voluntad, pero si lo vemos desde el punto de vista de la carrera administrativa y del estímulo que representa para los trabajadores a la hora de progresar en el ejercicio de los servicios personales en el Estado, claramente esto achata la carrera administrativa. No sé si es una carrera de petisos, pero evidentemente achata la pirámide, y eso desestimula a cualquier funcionario que esté camino de esa función.
 
También introduce un elemento de volatilidad, como lo señaló el doctor Narbondo. Él dijo que esa volatilidad es perjudicial para el interés de la Administración debido a que la memoria institucional se pierde. El que viene es nuevo y sabe menos que los que están abajo, y eso  además de que muchas veces genera microclimas  termina representando dificultades importantes desde el punto de vista del gerenciamiento.
Por otra parte, tal como señalaba la señora miembro informante en minoría por el Partido Nacional, hay otra serie de normas que son, en todo caso, absolutamente inocuas: no son novedosas porque ya están vigentes. Por lo tanto, nosotros las vamos a votar; me refiero a las normas que hacen referencia a los feriados pagos, a las guardias gremiales y al régimen de licencias, entre otras. Vamos a acompañar esas normas porque ya están vigentes y están bien, pero no pueden verse como un cambio cualitativo de la Administración porque, repito, ni siquiera son novedosas y se arrastran de anteriores Administraciones, aunque en algún caso podemos hablar de buenas disposiciones que han impulsado los Gobiernos del Frente Amplio, muchas de las cuales hemos acompañado su oportunidad.
 
Por todas estas razones no vamos a votar el proyecto en general: por los argumentos racionales que intentamos exponer y, sobre todo, a partir de la constatación de que las expectativas que teníamos desde la oposición  que, seguramente, sean las mismas que tenía la sociedad  a mi juicio se han visto frustradas porque todos esperábamos un poco más después de la expectativa que se generó.
Gracias, señora Presidenta.
 
SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para contestar una alusión.
 
SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el señor Diputado.
 
SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: quiero cerrar esta cuestión por lo menos por ahora, porque creo que ha sido muy constructiva la aclaración del señor Diputado Sánchez y, en algún sentido, es una forma de enhebrar el proyecto de ley de Estatuto del Funcionario Público con lo que reclama la norma constitucional en nuestra interpretación.
Si eso es así y, efectivamente, los distintos tipos de escalafones mencionados en las normas de Rendición de Cuentas coinciden estrictamente con los que están regulados en las normas de este Estatuto, podría llegar a concluirse  aunque no seremos nosotros quienes lo juzguen  por parte de un tribunal  el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o del órgano jurisdiccional que corresponda  que no hay inconstitucionalidad. Podría ser así, pero partiríamos del mismo precepto en cuanto a que la cuestión escalafonaria es siempre materia de Rendición de Cuentas. En todo caso, habría que interpretarlo.
 
A nuestro juicio, lo que de cualquier manera queda descalzado y descolgado es todo lo que hace a las remuneraciones y a las normas que regulan cómo establecerlas, administrarlas y definir las estructuras de cargos a partir, por ejemplo, de la creación de la Comisión de Análisis Retributivo. Francamente, creo que esto es insalvable. Además, si aceptamos esta interpretación es para todos; no para algunas ocasiones y determinadas cosas y otras no. De todas formas, me parece que vale la aclaración.
 
Reitero que me afilio, y me sigo afiliando, al criterio que sustentó la señora Diputada Piñeyrúa y el Partido Nacional en cuanto a que el Estatuto es para derechos, deberes y garantías y no para regular escalafones ni remuneraciones.
Gracias, señora Presidenta.
 
SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para contestar una alusión.
 
SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Tiene la palabra el señor Diputado.
 
SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: pretendemos hacer una reflexión en voz alta.
Sobre la interpretación de la historia, obviamente cada quien tiene derecho a hacer la que considere más conveniente. El señor Diputado preopinante ha hecho la suya sobre la historia que en esta materia ha transcurrido en el Uruguay desde los tiempos más lejanos hasta los más recientes, y nosotros tenemos derecho a hacer la nuestra.
 
Lo que parece prudente es que todos intentemos asumir como realidad que la teoría del inicio de los tiempos es difícilmente sustentable. La historia es un continuo, y es difícil sostener que todo lo malo ocurrió hasta determinado día, hora y año del calendario, y todo lo bueno empezó a partir de allí.
 
La discusión sobre el clientelismo es compleja, y podemos ingresar en ella, pero no puede seriamente sostenerse que el clientelismo político se asocia a la administración de los partidos que hoy están en la oposición, mientras que la pureza en materia de manejo de los recursos y de ingreso a la Administración Pública se asocia a las administraciones actuales.
 
El propio Presidente Mujica, según las expresiones que yo recuerdo del 2 de marzo de 2010, fue elocuente, sincero y transparente. Él dijo que en los concursos, los funcionarios entran por la ventana, pero no lo hizo solo con referencia a los Gobiernos de los partidos históricos, sino también al Gobierno que acababa de terminar, que era de su propio partido. Tanto es así que esto generó reacciones o expresiones de sorpresa de parte de correligionarios del Presidente.
 
La frase "el pacto del chinchulín"  expresión muy simpática y que a mí me resulta muy grata  fue acuñada por el doctor Herrera en nombre del Partido Nacional con relación a acuerdos que en aquel momento se hacían y se señalaban como incorrectos. No lo hizo el Partido Socialista, sino el Partido Nacional; lo hizo el doctor Herrera.
 
En materia de precariedad laboral, yo acepto que en el pasado hubo mucha precariedad laboral y que en el año 2005, por lo tanto, hubo una situación compleja. Puede sostenerse eso. Ahora, ¿qué pasó de 2005 para acá? ¿Estamos en el mejor de los mundos? ¿Esto es la panacea o empezó una nueva historia de precariedad laboral que con este proyecto de ley se intenta en parte solucionar? Porque con estas Disposiciones Transitorias no se arreglan todas las situaciones de precariedad; se arregla solo una parte. COFE ha denunciado que hay más de 2.400 contratos de derecho público temporales. Acá se arreglan cerca de mil; el resto sigue en la misma condición. Esos contratos no empezaron en el Gobierno del Partido Nacional ni en el del Partido Colorado; empezaron en los Gobiernos del Frente Amplio, con la reestructura organizativa del Estado, que en realidad no ha existido. Se nos dijo que empezaría por cuatro Ministerios, pero todos sabemos que no se ha hecho nada al respecto, que el Estado no se ha reestructurado. Pero los contratos temporales sí se han hecho y, por definición, son precarios porque los trabajadores quedan por fuera de la condición de funcionarios públicos presupuestados. Algún día se regularizará o se terminará de regularizar, pero no estamos en el mejor de los mundos. Es más: hay situaciones pendientes que no vienen de hace diez años, sino de hace cuatro o cinco, de la Ley de Presupuestos de 2005 o de la de 2010.
 
¡Y cuidado con la precariedad! Porque no es que ahora se hayan uniformizado los criterios. Ahora apareció el contrato laboral, que es un contrato de derecho privado en el Estado, que vamos a ver a qué se presta o cómo se aplica de aquí para adelante. Allí aparece también el provisoriato de quince meses que estamos señalando en esta discusión y que vamos a ver cómo lo aplican, porque todo eso puede ser también fuente de precariedad o de situaciones irregulares.
 
Por lo tanto, exhorto con carácter general  esto no es una alusión a alguien en particular  a que en estas discusiones todos seamos cuidadosos. Está bien reivindicar lo que hacemos y postularlo como lo mejor y lo más virtuoso, partiendo de la base de que lo que aplicamos a la hora de gobernar es aquello en lo que creemos, pero es muy malo establecer visiones maniqueas: en el pasado gobernaban las fuerzas del mal; en el presente, desde el año 2005, el país ha vivido un proceso de virtuosismo, y entonces ahora hay transparencia, pureza administrativa, etcétera. ¡Cuidado! Ahora hay adscriptos de los Ministros, que son personal político, que escapa a las normas de la presupuestación y que implica gasto público. Los Ministros contratan a las personas que quieren contratar. Los adscriptos de las Direcciones Generales de los Ministerios, que antes eran funcionarios de carrera, ahora son de cualquier lado. ¿Cómo se explica esto? ¿Es la virtud aplicada a la gestión administrativa o, en todo caso, son decisiones por lo menos polémicas que nos obligarían a todos a actuar con un poco más de cautela?
 
Gracias, señora Presidenta.
 
SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para una aclaración.
 
SEÑORA PRESIDENTA (Payssé).- Quiero ser condescendiente en dar la palabra para aclaraciones o para contestar alusiones, pero resulta que acabo de dar la palabra al señor Diputado Abdala, habló cinco minutos y ahora la vuelve a pedir. Se la voy a dar, pero pido que tratemos de continuar con la lista de oradores.
Tiene la palabra el señor Diputado.
 
SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: intentaré contribuir con la Mesa; lo hice en la intervención anterior, pero se han hecho afirmaciones que motivan algunas reflexiones de mi parte.
 
Si para asistir a este debate hay que tener tradición de dirigente sindical, de militante o de afiliado sindical y, por lo tanto, no tener experiencia alguna en haber sido patrón o empleador, perfectamente reúno esas condiciones: nunca fui patrón ni empleador. Integré el sindicato de los funcionarios judiciales  me toca muy de cerca lo referido a los funcionarios públicos ; colaboré para organizar el sindicato y fui corredactor del Estatuto de los Funcionarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Así que parece que estoy en condiciones inmejorables para asistir a este debate.
 
Sin perjuicio de esto, quiero decir en honor a la verdad histórica que no es cierto que en materia de negociación colectiva el diálogo y la sensibilidad a la hora de negociar o de conversar con los funcionarios haya empezado en 2005. No es verdad. Precisamente se acaba de recordar, con acierto, que las empresas públicas constituyeron desde la década del noventa el ámbito de negociación colectiva que mantienen vigente hasta el día de hoy. Eso sería muy contradictorio con una realidad supuestamente antiobrera o antisindical como la que aquí se ha pretendido señalar. Y si bien COFE en alguna oportunidad se quejó de que antes no se negociaba o que no hablaba lo suficiente  yo estuve presente, como el Diputado preopinante, cuando eso se afirmó , no dijo que no se dialogara o que no se negociara, que es distinto. Sin embargo, acá se dijo: "Antes no se hablaba con COFE"; eso no es correcto; eso se aparta de la verdad histórica.
 
Además, tampoco vale ahora venir aquí a batir la banderita de que "nosotros negociamos con los públicos" porque resulta que en este proyecto hubo un acercamiento: recordemos que hasta hace cuatro o cinco meses lo que hacía COFE sistemáticamente cada vez que venía al Parlamento era denunciar que no la atendían y que no había negociación colectiva. Y si bien COFE ahora irá a exhibir como un gran logro este Estatuto en la OIT, recordemos que antes fue a denunciar al Gobierno porque no cumplía con la Ley de Negociación Colectiva, que está vigente desde 2009. Después, el Gobierno  que en esa relación es patrón  tuvo una sentencia favorable en la OIT; la tuvo. Pero que la misma COFE que se avino a conversar sobre este proyecto fue a la OIT para decir: "No nos atienden. No cumplen con la Ley de Negociación Colectiva"; eso también es cierto.
 
Colaborando con la señora Presidenta, sin hacer alusiones de ningún tipo quiero agregar estos datos al debate porque me parece que hacen a la construcción de la verdad histórica.
Gracias, señora Presidenta.
 
 
SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra.
 
SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado.
 
SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: la interpretación que realiza el señor Diputado Cersósimo es exacta. Sin duda, en dos disposiciones distintas, la Constitución exige una mayoría de dos tercios del total de componentes de cada Cámara para extender soluciones legales referidas a los funcionarios, en el caso de los Gobiernos Departamentales y de los Entes Autónomos. De manera que yo creo que en este caso se requiere esa mayoría especial.
 
Sin perjuicio de ello, debo adelantar que un número importante de legisladores del Partido Nacional acompañará estas disposiciones, en función de que vamos a ser coherentes con lo que hemos sustentado en las instancias presupuestales y de Rendición de Cuentas. Nosotros estamos en contra de que haya acumulación de funciones o de cargos en una misma persona cuando se trata de funciones o cargos públicos. Ahora bien, presumo que la consecuencia que acaba de intuir el señor Diputado Sánchez se dará de acuerdo con lo que han sido las posiciones de las distintas bancadas parlamentarias.
 
SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para fundar el voto.
 
SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado.
 
SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: por la vía de fundamento de voto, quisiera dejar constancia de que el Partido Nacional ha votado negativamente el ar¬tículo 32 y que votará negativamente el ar¬tículo siguiente que componen el Capítulo III relativo a normas sobre el desempeño de los funcionarios porque, como dijimos en la discusión general, no estamos de acuerdo con el tono de estas soluciones y las características que aquí se consagran.
 
Por esa razón votamos en contra de estos ar¬tículos.
 
SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para fundar el voto.
 
SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado.
 
SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: no votamos estos ar¬tículos por las razones que señaló la señora Diputada Piñeyrúa. Y aprovechamos la instancia del fundamento de voto para dejar constancia de que la modificación que sugirió el señor Diputado Sánchez del ar¬tículo 67 fue por nosotros señalada, en ocasión de la discusión en general, como una debilidad adicional del proyecto en la medida en que se salía de su propia lógica, que era establecer el alcance del proyecto de ley para el Poder Ejecutivo exclusivamente y no para la Administración Central en un sentido más amplio. Lo señalamos precisamente como una inconsistencia que se corrige, pero no la acompañamos porque no compartimos la lógica de que esto se aplique solo al Poder Ejecutivo por las razones ya ampliamente debatidas en cuanto a que el Estatuto debe estar referido a todos los organismos establecidos en el ar¬tículo 59 de la Constitución.
 
SEÑOR ABDALA.- ¿Me permite, señor Presidente?
 
Consulto a la Mesa  a raíz de una momentánea inadvertencia  si estoy a tiempo de fundar el voto de los ar¬tículos que acabamos de votar.
(Murmullos)
 
SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Puede hacerlo, señor Diputado.
 
SEÑOR ABDALA.- Muchas gracias, señor Presidente.
También agradezco el estímulo que me ha dado la bancada de Gobierno, que realmente me desafía y me convida a que haga esta intervención apelando a los mejores recursos intelectuales que me quedan a esta altura de la sesión.
(Hilaridad)
——Para tranquilizar a las fieras quiero decir simplemente que votamos negativamente los ar¬tículos 75 y 76 en virtud de que consideramos que con ellos se produce en parte la flexibilización de algunas de las condiciones vigentes que podrían conducir a una pérdida de garantías para los funcionarios públicos.
 
SEÑOR ABDALA.- ¿Me permite, señor Presidente?
Solicito que el se consideren en bloque los ar¬tículos 85 a 89; adelantamos que vamos a votar afirmativamente el ar¬tículo 90.
(Apoyados)
 
SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para fundar el voto.
 
SEÑOR PRESIDENTE (Cardoso).- Tiene la palabra el señor Diputado.
 
SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: queremos dejar constancia de que hemos votado afirmativamente.
Nos parece conveniente esta presencia sindical a la hora de esta evaluación que se comete al Tribunal de Evaluación del personal del provisoriato.
 
Quiero recordar que esta discusión tiene su origen en una instancia legislativa anterior, que es la de la última Rendición de Cuentas, cuando se introdujeron una serie de modificaciones, muchas de la cuales vienen incluidas en este proyecto de Estatuto. Muchas de ellas no las compartimos, pero ya era un reclamo de COFE en ese entonces la necesidad de tener una participación en este tipo de decisiones que hacen a la carrera administrativa y a los derechos funcionales. Por lo menos en este caso parece saludable, en función de lo lábil y riesgoso que puede resultar  como dijimos en la discusión general  que se establezca un plazo de provisoriato de quince meses, con plenos poderes para la Administración que, con la más absoluta discrecionalidad puede resolver sobre la vida y la suerte de ese ciudadano o de esa ciudadana que está atravesando un plazo de provisoriato, con muy pocas garantías porque al finalizar, sin expresión de causa  como se dice en otras disposiciones de este proyecto de Estatuto , su contrato puede ser cesado o rescindido sin derecho a indemnización. Así lo establece el ar¬tículo 100, que viene después, y que vamos a votar negativamente por las razones que adelantamos en la discusión general.
 
 
 
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Intervenciones Diputado Abdala Rendicion de Cuentas 2011

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RENDICION DE CUENTAS 2011

 

 

 

 

 

 

La rendición de cuentas implicó un desmedido e imprudente aumento del gasto. El gobierno pospuso inversiones críticas como las imprescindibles en el Hospital de Clínicas y Educación mientras prioriza el gasto en nuevos cargos de confianza. En este contexto, el Diputado Pablo Abdala, hizo una dura crítica en la Cámara de Representantes sobre el tenor de la rendición, haciendo especial incapié en el tema de la regulación de los medios de comunicación que incluye el articulardo, en un avance arbitrarios e intolerable contra la consagrada libertad de prensa en el país.

Escuche el audio de las intervenciones del Diputado Abdala, haciendo click en los siguientes enlaces.

 

Audio parte 1

 

Audio parte 2

 

 

Audio parte 3

 

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Diputado Abdala Defendió al Parlamento

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Escuche el audio de Cámara de Diputados donde, en un inolvidable discurso, el Diputado Pablo Abdala, defendió la vigencia de las Instituciones y las prerrogativas del Parlamento de la República, ante los embates totalitarios de la izquierda.

Haga click en el siguiente enlace para escucharlo.

 

www.lista66.com/podcast/Intervencion_censura_bonomi.mp3

 

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Palabras Diputado Abdala en Censura a Bonomi

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SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado Abdala.
 
SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: me parece que, en primer lugar, lo que corresponde es intentar poner las cosas en sus justos términos y centrar el eje de la discusión donde verdaderamente debe estar.

 
Nosotros, francamente, ya nos sentimos bastante molestos con esto de que se nos trate de irresponsables. Me parece que, en todo caso, irresponsables son los que utilizan calificativos ligeramente y andan juzgando las intenciones ajenas, que es lo que en el día de hoy esta Cámara ha advertido de parte de la bancada de Gobierno, que se supone que está respaldando al Ministro del Interior y se supone que está justificando sus actos de Gobierno, sobre los cuales se está debatiendo.
 
Creo que las expresiones del señor Diputado preopinante son un fiel reflejo y un buen resumen de cuál ha sido la actitud política del oficialismo representado en esta Cámara. Se ha dicho que haber promovido una interpelación, que haber presentado una moción de censura, es grave, es irresponsable, es desleal y acabamos de escuchar que agrede a las instituciones democráticas. Después de eso, se dijo, además, que todo esto poco menos que estaba fomentando que se cometan nuevos motines, porque seguramente con la publicidad que tengan los actos parlamentarios que estamos realizando, los motineros, los narcotraficantes van a ponerse a celebrar, ya que esto genera inestabilidad en el sistema. ¡Esas expresiones son dignas de las cabezas autoritarias, señor Presidente! Esas expresiones son dignas de quienes, de pronto, no conciben la existencia de un régimen de Gobierno donde el poder político está separado, dividido, donde por lo tanto hay controles recíprocos, y un Parlamento libre que controla al Poder Ejecutivo, que juzga sus actos  como establece la Constitución de la República  y que, en esa perspectiva actúa, debe ser escuchado y respetado. Porque me parece que esto está llegando demasiado lejos.
 
Y cuando se habla de responsabilidad política, ¿la tenemos solo los representantes de la oposición o aquellos que hemos promovido esta moción de censura? ¿No le cabe responsabilidad política al Ministro del Interior, que tiene a su cargo uno de los cometidos esenciales más importantes que la Constitución le acuerda al Poder Ejecutivo, que es el de la seguridad ciudadana? ¿No tiene responsabilidad política el Poder Ejecutivo al exponer a la democracia y a la política en el Uruguay al desprestigio de que ni la política ni la democracia son capaces  o pueden no llegar a serlo  de darle seguridad a la población? Porque eso es lo que aquí estamos juzgando. ¡Y qué flaco favor le haríamos a la democracia si en el Parlamento democrático no se levantaran voces para señalar al Gobierno que no le da seguridad a la población, apelando y aplicando los instrumentos que la Constitución le acuerda, porque sobre eso estamos debatiendo!
 
¡Vamos a no tergiversar los términos! ¡Vamos a no cambiar las reglas de juego! Si hablamos de lealtad institucional, ¡pues aceptemos que las instituciones actúen libremente y que se cumpla con lo que establece la Constitución! La censura parlamentaria es un poder que tiene el Parlamento. Y nosotros, como parlamentarios, ¿por qué vamos a andar pidiendo permiso para promoverlo, cuando hay argumentos más que suficientes como para plantear este debate en el Parlamento? Eso es así y quien quiera sostener lo contrario, en todo caso, ¡mentirá, o tergiversará las cosas!
 
Nosotros no venimos a hablar de la conducta personal del señor Bonomi. No venimos a hablar de sus antecedentes penales; no venimos a hablar del pasado lejano. No es ese el debate de hoy, ¡por supuesto! Y el señor Bonomi integra un Gobierno que ha sido elegido democráticamente y que tiene legitimidad republicana. ¡Eso es así! Por lo tanto, los antecedentes penales, su pasado violento, la circunstancia de haber pertenecido a organizaciones que actuaron desde la clandestinidad no es el objetivo de la discusión de hoy. No lo es y no nos interesa a nosotros ir por ese camino. Sí nos interesa ir por el camino del ar¬tículo 147. Aquí estamos, señor Presidente, juzgando actos de Gobierno, actos de Administración. Ni siquiera estamos juzgando solamente los episodios de la cárcel de Libertad, del COMCAR y de la cárcel de mujeres. Eso fue nada más que la última expresión, el último síntoma de un sistema que está enfermo y respecto del cual el actual Gobierno y el anterior a este nada hicieron, o claramente no hicieron lo suficiente por mejorar. Porque los módulos 4 y 5 fueron el escenario del motín que hoy estamos debatiendo y que se debatió en la interpelación. Y el propio Comisionado Parlamentario  en quien todos confiamos porque es asesor institucional de este Parlamento , en esa versión taquigráfica que le digo al señor Diputado preopinante que por supuesto leí  ¡claro que sí! , se refirió a los episodios de fines del mes de abril como la manifestación de una crisis sin precedentes en el sistema penitenciario. ¡Claro que antes hubo motines! ¡Claro que antes hubo problemas! ¡Cómo no los iba a haber! Pero advirtamos que quien hoy es una opinión autorizada en la que todos confiamos con relación a los temas penitenciarios califica esto que pasó como la peor crisis. ¿Qué quiere decir la peor crisis? La peor de la historia. Eso es lo que dice el Comisionado Parlamentario.
 
(Interrupción de la señora Representante Payssé)

——Y desde la bancada de Gobierno me preguntan por qué. ¡Porque el Gobierno no ha dado respuestas! ¡Porque se asignó un presupuesto histórico para atender estos asuntos y la gestión ha sido pésima! Porque se firmó un documento multipartidario  es verdad , ¡pero no somos nosotros que lo estamos incumpliendo! Es el Gobierno el que no lo cumplió. ¡Asuman también ustedes las responsabilidades que les tocan!

No es cuestión de andar descalificando. ¡Analicemos eso! Veamos, en todo caso, de qué se trata.

En el año 2010 todos votamos una ley de emergencia carcelaria que implicó contratar a 1.600 nuevos empleados, 1.200 operadores penitenciarios: profesionales, universitarios, licenciados en psicología, en trabajo social, psiquiatras, abogados, docentes, sociólogos, todo lo que el Gobierno pidió. Eso lo presupuestamos después en la Ley de Presupuesto de 2010. Iniciamos un proceso de desconcentración del Instituto Nacional de Rehabilitación, y crearon un cargo de confianza para su Director. En el año 2011, en la Rendición de Cuentas, se crearon cinco cargos de Subdirector. Todos habíamos acordado  está en el documento que tanto se blande, con tanta facilidad, en esta sesión  que íbamos a ir en un camino de mayor descentralización.

El documento habla de sacar la administración del sistema penitenciario de la Policía Nacional, ¡y el Gobierno no lo ha hecho! En 2011, cuando el Ministro  este mismo Ministro cuyos actos hoy estamos censurando  vino al Parlamento a explicar su proyecto de Rendición de Cuentas dijo que ya había una iniciativa redactada y que la estaría mandando en esos días al Poder Legislativo. Hace un año de esto: ¡un año!, y el proyecto no ha venido. Por lo tanto, no se está cumpliendo con aquello que tanto se comprometió, que fue el proceso de descentralización política, a fin de darle la necesaria autonomía a la administración del sistema carcelario.

Me parece que esto, además, podemos razonarlo desde otro ángulo, señor Presidente. Estamos frente a un Ministro y un Gobierno que ni siquiera utilizan los instrumentos que le solicitan al Parlamento. En diciembre del año 2010, se aprobó la ley que habilita a que los militares controlen el acceso a las cárceles. Hasta ahora no estaba en funcionamiento, nunca se reglamentó. Nosotros no la votamos, por razones que no vamos a dar ahora porque no es objeto de este debate. Lo importante es que el Gobierno pidió ese instrumento, lo aprobó con sus mayorías, con algunos votos de la oposición, y hasta ahora no lo ha puesto en funcionamiento. El propio Comisionado Parlamentario lo ha reclamado, porque ha dicho que está de acuerdo con esa posibilidad, en el entendido de que mejoraría el control y el acceso a las unidades penitenciarias.
 
¿Y por qué el Gobierno no aplicó lo que él mismo consideró un buen instrumento? ¡Esa es la gran pregunta!, y me parece que lo que esto indica es que, notoriamente, hay una enorme inoperancia y una enorme incapacidad de gestión. Eso es, señor Presidente, lo que nosotros estamos proponiendo censurar con la moción que se presentó en ocasión de la interpelación.
 
Se habló también de un sistema para bloquear el ingreso y el uso de celulares en los sistemas carcelarios y ha quedado demostrado que eso no solo nunca se implementó sino que, además, la utilización irregular de celulares es moneda corriente. El propio Ministro lo reconoce, pero nada hace al respecto, señor Presidente.
 
Por supuesto que se puede hablar de herencia maldita. Pero yo diría que lo que debería hacer el Frente Amplio y, sobre todo el Gobierno del Presidente Mujica, es hablar de la herencia maldita que le dejó el doctor Tabaré Vázquez. Esto fue motivo de discusión en el año 2010, cuando aprobamos la ley de emergencia del sistema carcelario, que todos votamos. Yo la voté  ¡cómo no! , esperanzado en que se iniciara una nueva etapa. Allí quedó claro que aquella emergencia carcelaria que el Presidente Tabaré Vázquez había declarado en 2005, no solo no se había mitigado en aquel año 2010, sino que claramente se había agravado. Esto lo reconocía el propio doctor Garcé, el asesor parlamentario sobre el sistema carcelario.
 
En aquel momento quedó demostrado que en el quinquenio 2005-2010 no se habían construido plazas nuevas. Se habían reconstruido algunas que habían quedado dañadas en los motines anteriores: 750 en el Penal de Libertad, 250 en el COMCAR. Entonces, ¡cuidado cuando hablamos de herencia maldita! Yo creo que todo se puede discutir. Pero no miremos demasiado lejos hacia atrás: empecemos por mirar el pasado cercano, tengamos cierto sentido de la inmediatez también cuando miramos en forma retrospectiva, señor Presidente.
 
De manera que, por encima de todo, lo que nosotros queremos reivindicar en este momento como integrantes de la bancada mayoritaria de la oposición en este Parlamento, no solo es el derecho, sino el deber de cuestionar los actos del Ministro del Interior y promover la censura parlamentaria que hoy el Cuerpo está analizando. Ese no es ningún acto de irresponsabilidad. Irresponsabilidad sería lo contrario. Irresponsabilidad sería la indolencia, sería una suerte de complicidad a la que, aparentemente, nos quieren llevar: que no digamos, que no hablemos, que no hagamos olas. ¿Qué quieren? ¿Acallarnos? ¡¿Quieren acallar al Parlamento?! ¡¿Que no haya Parlamento?! En Uruguay hay un avance en los mecanismos de parlamentarización de la actividad política, señor Presidente, usted lo sabe bien. Nuestro sistema no es parlamentario, pero desde la Constitución de 1918 el Parlamento ha ido ganando terreno, entre otras cosas, con este instrumento de la censura, y también con la posibilidad de interpelar con un tercio de los componentes de la Cámara, con los pedidos de informes, entre otros.
 
Eso no estaba en la Constitución de 1930 que, claro, estaba concebida sobre la base de un solo partido y de una sola política, que era la del que conducía. El Frente Amplio nos propone volver a ese tiempo, nos propone desconocer el control parlamentario. Yo sé que puede parecer exagerado lo que estoy diciendo, pero es la consecuencia lógica de cómo han perdido los puntos de referencia y pretenden, por lo tanto, tratarnos de irresponsables cuando lo único que estamos haciendo es cumplir con lo que debemos.
 
Yo no atribuyo intenciones ni juzgo la conducta de mis colegas de la mayoría cuando defienden al Ministro. Tendrán sus razones  han dado pocas en la tarde de hoy , ¡y que lo defiendan! Está bien. Para eso es el intercambio democrático: para confrontar posiciones e ideas, pero yo no acepto, señor Presidente, y no voy a aceptar nunca, que se me trate de irresponsable simplemente porque estamos desencadenando una instancia parlamentaria. Así funciona el sistema y, guste o no, esto ue se debe aceptar.
 
La justificación de esta acción no es solo que los Ministros tengan respaldo parlamentario, como establece el ar¬tículo 174 de la Constitución.
 
La justificación de esto también es que el sistema político no se aleje de la gente. Las mayorías parlamentarias son legítimas, pero empiezan a perder legitimidad cuando se apartan de lo que la opinión pública proclama y proclama. Desde este punto de vista, nosotros nos sentimos muy tranquilos y muy seguros de que estamos representando a los que nos votaron y, seguramente, también a muchos que no nos votaron y que hoy claman porque en el Uruguay haya seguridad, y hoy protestan y se quejan, en el ejercicio de sus derechos políticos, de sus derechos individuales y de sus derechos ciudadanos, porque no pueden salir a la calle, porque se ven afectados por las rapiñas; advierten, además, que el sistema carcelario en el Uruguay  como reclamaba el señor Diputado Amarilla , no solo no reeduca a los presos, sino que es un factor de violación de los derechos humanos y de reproducción de la inseguridad pública, pues todos sabemos que ese componente incide directamente en la situación de la seguridad de las personas.
 
En consecuencia, señor Presidente, por estas razones, obviamente que nosotros vamos a votar la moción de censura que el Partido Nacional ha presentado. Que quede claro que yo fui uno de los que no la firmó, y me parece que la bancada de Gobierno debería dejar de ver fantasmas.
 
Si no la firmamos fue por una circunstancia absolutamente casual de que no nos encontrábamos en Sala en el momento de su presentación. Alcanzaba con que la firmara un solo integrante de esta bancada, porque todos sabemos qué es lo que se necesita desde el punto de vista reglamentario para presentar una moción.
 
(Suena el timbre indicador de tiempo)
 
——No vean fantasmas en eso. Aquí estamos, los que firmamos y los que no firmamos, defendiendo la misma posición: que este Ministro se tiene que ir, que su gestión no va más, que la gente reclama permanentemente que hagamos algo y que el que debería escuchar ese clamor antes que nadie es quien está ostentando el poder político y ejerciendo las responsabilidades de Gobierno.
 
Gracias, señor Presidente.
 
SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra.
 
SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- ¿Es por una alusión o por una aclaración?
 
SEÑOR ABDALA.- Es indiferente; un poco por ambas.
 
SEÑOR PRESIDENTE (Orrico).- Tiene la palabra el señor Diputado.
 
SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: con relación a las expresiones del Comisionado Parlamentario, creo que la simple lectura del último párrafo de la página 2 de la versión taquigráfica demuestra con enorme claridad que lo que trasmitió al Parlamento es que los episodios de fines de abril describen una crisis sin precedentes en el sistema penitenciario, es decir, la más grave que se conozca. Entiendo que fue por otros factores, por distintas causas; no es lo mismo hoy que hace cinco, veinte, veinticinco o treinta años, pero no por eso deja de ser la crisis más grave y sin precedentes. Además, el Comisionado reafirma ese concepto diciendo: "Entre el viernes 20 y el domingo 29 de abril resultó muerto un funcionario, hubo tres motines y se perdieron 550 plazas". Después habla de los factores de mayor gravedad. ¡Está bien! Pero, precisamente, frente a esos factores de mayor gravedad, lo que hoy estamos juzgando es que el país esperaba una respuesta política mayor, más contundente, de este Gobierno y del anterior, y no la hubo, a pesar de que hace dos años tuvimos un enorme acuerdo político del que, por la vía de los hechos, quien se ha apartado es quien está gobernando.
 
Sobre las apelaciones a la irresponsabilidad, creo que a esta altura  por lo menos en mí  se va generando una mutación de la molestia a la gracia, porque es tanta la insistencia, es tanto el machaque sobre el mismo concepto, que lo que primero nos generó un poco de molestia  repito , a esta altura nos está generando un poco de gracia, porque me parece que la afirmación cae por su propio peso. Y el señor Diputado preopinante  a mi juicio, y dicho esto con enorme consideración, que sabe se la tengo  se terminó contestando a sí mismo. Si es verdad  como es  que está el instituto de la interpelación, por un lado, y el de la censura, por otro, y que no necesariamente la segunda tiene como condición inexorable que se promueva la primera, porque además hay antecedentes  en el período pasado el señor Diputado Trobo, y todo el Partido Nacional junto a él, promovió una moción de censura al entonces Ministro Díaz , entonces, la oportunidad de presentar la moción de censura depende de quién la presenta. Y no hay por qué andar atribuyendo intenciones, sobre todo en función de cómo se desarrollaron los hechos, porque después de la interpelación, luego del planteo del miembro interpelante, asistimos a una respuesta del señor Ministro que, como bien se dijo más temprano, fue apabullante, y no hay dudas de que fue así porque nos habló durante seis horas seguidas, tiempo más que suficiente para que cualquier sector parlamentario considerara que lo que el señor Ministro vino a hacer fue a llenar la fórmula, y para entender que las respuestas que dio a los cuestionamientos concretos que se realizaron fueron insatisfactorias. Por eso promovemos la moción de censura. Entonces, de ahí a catalogar eso de irresponsable, por lo menos, hay un trecho largo y creo que es una conducta bastante temeraria  y no lo digo por el Diputado preopinante; lo digo analizando en abstracto  porque, repito, implica meterse en la intencionalidad ajena, y eso es algo que en este Parlamento debemos tratar de preservar en aras de la convivencia pacífica y democrática que todos debemos construir todos los días, y que nosotros no destruimos por cuestionar a un Ministro o por interpelarlo o promover su censura.
 
Gracias, señor Presidente.
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Modificaciones IVA, IRPR e IASS "GATOPARDISMO" TRIBUTARIO

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SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

 
SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Tiene la palabra el señor Diputado.
 
SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: yo diría que el legislador preopinante ha incurrido en una actitud que aparentemente le resulta incontenible porque ya la practicó en la Comisión de Hacienda, en cuanto a referirse a la historia, supuestamente fidedigna  aunque no es así como se la termina de transmitir  del entonces Impuesto a las Retribuciones Personales. Creo que eso tiene que ver con una actitud aparentemente también incontenible de compararlo con el IASS, y estamos hablando de cosas totalmente diferentes.
 
A la vez  creo que eso es parte de la estratagema que se utiliza , se intenta separar o distinguir entre el IASS y el IRPF que el Gobierno anterior aplicó a las jubilaciones y pensiones: ese sí no se puede escindir de ninguna manera, porque es el mismo impuesto con otro ropaje. En función de la situación jurídica que se produjo a partir de sentencias contradictorias de la Suprema Corte de Justicia, el Gobierno, en lugar de asumir que el Impuesto a la Renta estaba afectado en su legitimidad porque la propia Corte había entendido que violaba la Constitución, lo que resolvió fue seguir el camino elusivo de aprobar un nuevo impuesto, que era el mismo con otro nombre, porque también es un impuesto progresivo ya que tampoco se pueden hacer deducciones de él. Esa es la realidad. |11:58:16| Sin embargo, sostener que en el Gobierno del Partido Nacional se creó un impuesto a las retribuciones personales, como se dijo en la Comisión de Hacienda, es una falacia. El IRP viene de la dictadura militar. En el Gobierno del doctor Lacalle, producto de la situación fiscal y del 130% del índice inflacionario que debimos enfrentar ese año, hubo un ajuste fiscal  lo hubo , pero antes de que terminara el año, 1990  eso es bueno que se diga , se dispuso en la Ley de Presupuesto que volviéramos a las tasas originales del 1% y del 2%.
 
Entonces, pretender comparar un impuesto con una escala de dos franjas y de tasas de 1% y 2% con otro como este, que tiene tasas que van del 10% al 25% y que además salta del 10% al 20% sin que haya una franja intermedia, es comparar cosas que no tienen nada que ver. Y esto no es por defender aquello; esto es por defender la verdad histórica, porque los excesos de simplificación me parece que distorsionan. Al mismo tiempo, pretender separar o distinguir lo que es absolutamente idéntico, como los impuestos o la política de afectación de las pasividades de este Gobierno y del anterior, me parece que también tiene vida corta o por lo menos muy poco sustento porque es el mismo perro con distinto collar. Asumámoslo: ahora hay un alivio con relación al IASS, es verdad, absolutamente insuficiente porque, entre otras cosas  lo dice la Dirección General Impositiva y lo demostraremos después , la presión tributaria que soportan los jubilados en este momento es mayor a la que soportan los trabajadores. Eso se comprueba muy fácilmente viendo o analizando los porcentajes según tramos de ingreso. Tengo un documento de la Dirección General Impositiva que lo demuestra y que después lo voy a exhibir; pero eso también es parte de esta discusión.
 
Por lo tanto, asumamos que en definitiva acá hubo un mazazo sobre los pasivos en el Uruguay que data de la reforma del sistema tributario de 2007 y que se conjuga con otras cosas porque por supuesto que involucra a los pasivos que no pagan Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social. Sucede que no lo pagan porque, en su enorme mayoría, ganan jubilaciones que están por debajo de los $ 7.000, y eso surge de las estadísticas del Banco de Previsión Social.

Gracias, señora Presidenta.
 
SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: vamos a hacer algunas reflexiones muy generales sobre los temas que la Cámara está analizando; me parece importante empezar con una reflexión política, a efectos de dar nuestra visión con relación a estas propuestas, que tiene que ver con que la actitud y la mirada de la oposición ante un proyecto que, en verdad, rebaja impuestos, se valoró en diferente dirección. Nosotros no tenemos ningún empacho en decir, reconocer y partir de la base de que efectivamente estamos ante una medida legislativa  dicho en sentido estricto  que representa un alivio tributario, una disminución de gravámenes. Sin embargo, a la hora de reconocerlo  de lo contrario, sería como pelearse con la realidad , tenemos el mismo derecho a hacer todos los comentarios de carácter subjetivo que entendamos pertinentes, en función de que estas rebajas se dan, obviamente, en determinados contextos y están referidas a cierta realidad que naturalmente motiva distintas valoraciones y distintos puntos de vista según la opinión de cada bancada parlamentaria. Y me parece que una cosa no excluye la otra.
 
Desde el Partido Nacional hemos dicho que aun votando  como lo haremos  este proyecto, entendemos necesario trasmitir a la población que, por cierto, no deben sobreestimarse las bondades del instrumento; que si bien esto implica un avance, no es un cambio sustantivo de la situación vigente ni un cambio estructural del sistema tributario del cual, por lo tanto, seguimos siendo críticos, y en algún sentido hasta podría hablarse de gatopardismo tributario, es decir, cambiar algunos aspectos o tocar algunos resortes para que en definitiva todo siga un poco más o un poco menos como estaba antes de la aprobación de este proyecto. Porque, obviamente, los beneficios de este proyecto no van a llegar a toda la población en forma inmediata; sí va a llegar a determinados segmentos de la población, fundamentalmente en el caso de los impuestos directos, pero siempre que el Poder Ejecutivo resuelva hacer uso de la facultad que el Parlamento estaría por acordarle y no porque lo imponga la ley. Este es un primer aspecto.
 
En el caso de los impuestos indirectos, va a llegar en la medida en que la ingeniería compleja que se ha concebido tenga éxito en el plano material y efectivamente avancemos en lo que hay muchas dudas de que se pueda avanzar, por lo menos rápidamente, que es la ampliación del mercado de consumo con tarjetas de crédito y de débito, por las razones que todos conocemos, que implican aspectos de carácter cultural en los comportamientos de consumo de los uruguayos y de los propios comerciantes, que por cierto utilizan este instrumento bien poco, como quedó de manifiesto en la discusión de la Comisión de Hacienda.
 
El señor Diputado Sánchez recordaba que alguien de la oposición había utilizado el término "mazazo". Fui yo que lo utilicé en una intervención anterior, no para calificar el proyecto, porque mal puede hablarse de mazazo en el caso de una propuesta que en verdad rebaja impuestos, pero sí para referirme  porque a eso aludía y lo voy a desarrollar y a explicitar después  a la política tributaria del Gobierno con relación a los pasivos.
Decía el señor Diputado preopinante  no el señor Diputado Sánchez  que el Gobierno del Frente Amplio no había aprobado ningún ajuste fiscal. Yo pregunto: haber subido la tributación de los jubilados del 2% al 10%, del 10% al 20% y del 20% al 25%, como establece la escala vigente del IASS, que ya estaba vigente en el IRPF, ¿no es un ajuste fiscal? ¿Cómo no va a serlo? Claro que lo es. En el año 2004, cuando el doctor Jorge Batlle terminó su Gobierno, los pasivos pagaban un 2% por encima de los seis salarios mínimos nacionales, equivalentes al actual BPC, de aquel momento; hoy pagan un 8% y a partir de las nueve Bases de Prestaciones y Contribuciones, van a pagar un 10%, que es la tasa vigente desde aquel entonces. Ese es un ajuste fiscal, sin lugar a dudas.
 
En cuanto al IVA, reconozcamos, además  con todas las dudas y el escepticismo que esto nos provoca, producto de haber escuchado al Ministro, primero, a las cámaras emisoras de tarjetas de crédito, después, y a CAMBADU, finalmente , que hay un apartamiento de la promesa inicial del Gobierno. En la campaña electoral del año 2004, la fórmula presidencial Mujica-Astori anunció una rebaja de dos puntos de IVA; punto. El Ministro Lorenzo, cuando compareció al Parlamento a inicios de 2010, a lo largo de ese año e, inclusive, en abril de 2011, cuando concurrió para hablar de posibles rebajas impositivas, se refirió a la rebaja del IVA, y punto, pero en ningún momento, hasta ese entonces, asoció esa propuesta con un eventual estímulo a la bancarización, a la utilización de los plásticos. Hasta ese momento, no lo hizo; eso vino después. Yo no digo que esté mal, pero como en los informes que hacemos al plenario debemos trasmitir la historia fidedigna de la discusión, esto forma parte de la historia fidedigna; digámoslo claramente porque así es.
 
El hecho de que nosotros votemos esta iniciativa no nos inhibe de reafirmar hoy que estamos en contra del sistema tributario vigente en Uruguay, porque además de lo que ya señalamos con relación a los pasivos, vamos a seguir en contra de un impuesto a la renta que grave por concepto de renta los ingresos por encima de $ 19.000, en un país en el que, contrariamente a lo que se señaló hasta este momento, la canasta básica familiar supera largamente los $ 40.000 por mes para una familia tipo; el promedio de los salarios en Uruguay, de acuerdo con los registros del Banco de Previsión Social, es de $ 13.000 por mes y más de la mitad de las pasividades  como señalamos antes  en el Uruguay de hoy no supera las tres Bases de Prestaciones y Contribuciones, es decir, están por debajo de los $ 7.000 por mes. Esa es la realidad del Uruguay de hoy, más allá de los esfuerzos que este Gobierno ha hecho, que estamos dispuestos a reconocer.
 
En cuanto a la exoneración del IVA a aquellos ciudadanos usuarios de las tarjetas sociales, nos parece muy bien, estamos totalmente de acuerdo, y estamos de acuerdo en los términos en los que aquí se señaló; a nosotros no nos preocupa demasiado qué compran y qué dejan de comprar con esas tarjetas. En cuanto al guante que se arrojó desde la bancada de Gobierno hace poco rato respecto a que no debería ruborizarnos ni escandalizarnos la circunstancia de que no se limitaran estos ciudadanos a utilizar esa tarjeta para comprar alimentos, productos de aseo personal o familiar, o vestimenta, no tengo ningún problema en dar el debate; lo que sí me preocupa y creo que refiere a la legitimidad de origen de esta solución es que, efectivamente, el beneficio llegue al destino correcto, que este beneficio y la utilización de esta tarjeta llegue a quien tiene que llegar, que es su legítimo titular. Ese es el punto que a nosotros, señora Presidenta, nos preocupa, a partir de esta solución que vamos a acompañar, en el marco del apoyo crítico que venimos dando al Ministerio de Desarrollo Social y a las políticas sociales desde el año 2005  hemos votado todas las soluciones : que a la hora de usar esta tarjeta los controles funcionen para que, reitero, no haya una distorsión en la utilización.
 
Este beneficio o esfuerzo fiscal no es del Gobierno, sino de los ciudadanos, de todos los demás ciudadanos que pagamos impuestos, que pagamos el IVA y otros impuestos; muchos de ellos se encuentran por debajo de la línea de pobreza, pero no tienen tarjeta alimentaria ni reciben los beneficios o la ayuda del Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social y cada peso que ingresa a su casa es por el esfuerzo de su trabajo. Con ese esfuerzo de su trabajo, aún cuando no logran satisfacer completamente sus necesidades básicas, van a financiar la exoneración de IVA que hoy nosotros vamos a aprobar. ¿Está mal? No, pero lo que sí estaría muy mal sería que, en definitiva, la voluntad legislativa no se cumpliera y que ese beneficio no llegara a quien debe llegar. Eso lo debe controlar el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Desarrollo Social, el Banco de Previsión Social. Y nosotros tenemos derecho a preocuparnos. ¿Cómo no nos vamos a preocupar si las contraprestaciones previstas en la legislación vigente para los planes de emergencia no se han cumplido? No lo digo yo, sino que lo afirman las autoridades. Este verano se supo que el Banco de Previsión Social no puede controlar la asistencia a clases de 260.000 niños porque Primaria no le da la información. Del universo de niños por los cuales sus padres reciben las asignaciones familiares, no se hicieron el 30% de las verificaciones de que efectivamente los niños concurren al sistema educativo. Entonces, tenemos derecho a preocuparnos; no se trata simplemente de una reacción esquizofrénica o ansiosa, sino que la realidad de las circunstancias nos lleva a plantearnos esas dudas y aprensiones que creo es legítimo tener.
 
Digo eso, sobre todo, porque convengamos, además, que a la redacción del ar¬tículo 88 se ha dado una solución mucho más amplia que la inicial. Ahora la tarjeta no solo se va a utilizar para gastar en lo que concierne a alimentos o asignaciones familiares, sino que el Poder Ejecutivo podrá determinar otras prestaciones, que no sabemos cuáles son. Se dice que el gabinete social las definirá, pero el Parlamento no las conoce; debería ser al revés: tendrían que venir aquí a pedirnos el instrumento y señalarnos para qué prestación se quiere. Inclusive, estamos consagrando una facultad amplísima: la posibilidad de que esto se utilice para toda clase de ingresos que tenga esa persona. Yo lo voy a votar pero, al mismo tiempo, quiero dejar constancia de que se debe seguir muy de cerca, no a los que van a utilizar este mecanismo, sino a los que tienen que controlar que esto se utilice bien, que son las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, del Banco de Previsión Social y todos los organismos que tienen competencia en esta materia.
 
En cuanto a la rebaja de dos puntos del IVA, esto se vincula con lo que dije antes en cuanto a que el beneficio va a llegar en la medida en que esta solución se desarrolle. Me remito a las palabras del Ministro Lorenzo, quien dijo en la Comisión que, tal como estaban las cosas, con la situación actual, esto no beneficiaba prácticamente a nadie o a muy poca gente, y habló  lo cito textualmente  del club selecto de tarjetahabientes en el Uruguay. ¿Por qué? Porque todavía son muy pocos los que utilizan ese mecanismo; está claro. No solo están los que utilizan para comprar, sino también para vender. Quedó de manifiesto en la Comisión que apenas 15.000 comercios, más 10.000 cajas registradoras utilizan, en definitiva, estos medios de pago electrónicos a los efectos de poder vender sus productos.

El Ministro dijo que seis meses era el plazo que entendía sería necesario para que esto estuviera debidamente implementado y desarrollado. El sector privado no estuvo de acuerdo en eso con el Ministro, no estuvo de acuerdo CAMBADU  contrariamente a lo que se señaló hoy , así como tampoco las empresas emisoras de tarjetas de crédito. Dijeron que en la eventualidad de que tuviéramos éxito, tomaría por lo menos un año duplicar el mercado de las tarjetas, pero duplicar la facturación, teniendo en cuenta que quienes obtienen este beneficio, muchas veces, tienen una capacidad de consumo menor, tomará todavía mucho más. ¿Esto inhabilita la solución? No, pero creo que, por lo menos, ayuda a situarla en su debida dimensión, a no sobredimensionarla, como decíamos hoy, al inicio de nuestras palabras.

En cuanto al IASS, queremos hacer algunos comentarios. Cuando hablamos de mazazo, no lo hicimos simplemente por poner un rótulo a las cosas; lo hicimos a partir de la constatación que ya señalamos. Todos conocemos cuál fue la historia del IASS, porque fue relativamente reciente. Esto comenzó con la reforma tributaria del año 2007, cuando se instauró el IRPF que se aplicó a las jubilaciones y pensiones, lo que fue motivo de enorme controversia en el Uruguay, en aquel momento, y dio lugar a sentencias contradictorias de la Suprema Corte de Justicia, y planteó  diría  una discusión aún no saldada definitivamente en cuanto a la legitimidad de este tributo. Las tres organizaciones de jubilados y pensionistas que comparecieron a la Comisión dijeron que la propuesta de elevar en una BPC el mínimo no imponible no era totalmente suficiente.

Además, dos de ellas dijeron que el impuesto es ilegítimo, que viola la Constitución, y creo que no lo dicen sin razón. Yo comparto ese criterio, como lo compartió la mayoría de la Suprema Corte de Justicia que, oportunamente, declaró la inconstitucionalidad del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.

Está claro, señora Presidente, que el IASS  más allá de lo que se quiera decir  es el mismo impuesto con otro nombre, porque está gravando de la misma manera el ingreso de los jubilados y está realizando la misma ficción de considerar renta donde no la hay. El ar¬tículo 67 de la Constitución de la República define claramente las jubilaciones y las pensiones como prestaciones. No son el resultado de una actividad económica como ocurre en la actividad empresarial, y si existe el ar¬tículo 67 no es para recortar las pasividades sino para garantizar que el Estado aporte y proporcione los recursos suficientes para que las pasividades sigan la evolución de los salarios. Por lo tanto, creo que la ficción  repito  de considerar renta donde no la hay es lo que ha motivado esta controversia que no ha terminado todavía.

Si la calificación de inconstitucional del IRPF no llegó al IASS, fue simplemente porque cambió la mayoría de la Suprema Corte de Justicia. Obviamente; todos sabemos que es así. Además, más allá de la constitucionalidad, yo dije en la Comisión: el impuesto, a mi juicio, es ilegítimo, pero es legal. Claro que sí; está vigente en una ley que está firme, que rige en todos sus términos y se aplica. El Gobierno tiene todo el derecho de aplicarla; nadie dice lo contrario. Ahora bien, es de una inequidad tributaria tremenda, porque es mucho más injusto que el IRPF que pagaban los propios jubilados antes, porque como se dijo hace un rato  y es verdad , no pueden deducir gastos de ninguna clase ni especie, aun cuando todos sabemos que están en una etapa de la vida en la que, por lo general, su subsistencia depende de su jubilación o pensión.

Este impuesto, además, tiene una escala absolutamente asimétrica con respecto al IRPF que se aplica a los activos, a los salarios. En el caso de los trabajadores hay una escala bastante más escalonada  si se me permite la redundancia : de 0% a 10%, 10% a 15%, de 15% a 20%, de 20% a 22% y de 22% a 25%. En el caso del IASS, saltamos del 10% al 20%, y eso genera una presión tributaria mayor. La DGI ha reconocido  lo dije en mi intervención anterior  que la presión tributaria que ejerce el IASS sobre los contribuyentes es mayor que la que ejerce el IRPF sobre los trabajadores. Tengo en mi poder el informe del cierre de ejercicio de la DGI con relación a los impuestos directos  IRPF e IASS  que se conoció en las primeras semanas de 2011 y recoge datos de 2010. Aquí uno puede advertir que por tramos de ingreso exactamente iguales  no los voy a leer porque son los mismos , en el caso del IRPF, la presión sobre los ingresos  así lo dice el informe  es de 0,4%, 2,7%, 5,9%, 8,9%, 10,9%, etcétera, mientras que en el caso del IASS es de 0,9%, 3,4%, 6,6%, 10,6%, 13,1%, y después sigue la cadencia. Creo que con esto queda demostrada la verosimilitud de lo que nosotros estamos afirmando.

Por eso mismo  no lo dijimos nosotros , todas las organizaciones de jubilados y pensionistas, aun la ONAJPU, que sabemos es la que ha tenido mayores coincidencias objetivas con el Poder Ejecutivo  en todo su derecho, como también ha tenido discrepancias , han sostenido que este es un paso, pero evidentemente no alcanza, entre otras cosas porque, como se dijo también en Sala, la propia Organización ha reclamado que el mínimo no imponible se sitúe en las diez BPC. Y todas las organizaciones de jubilados  las tres que fueron a la Comisión  reclaman que se revise la ausencia de deducciones que, sin ninguna duda, hoy genera una inequidad notoria con relación a los pasivos del Uruguay.

La afirmación de que el 85% de los pasivos no pagan IASS se contesta sola y se reafirma desde otro ángulo. Por supuesto que el 80% o el 85% no paga IASS, pero ¿por qué? Por lo que yo dije antes: porque ese 80% u 85% de los pasivos gana menos de $ 14.000 y el 50%, menos de $ 7.000. Eso es así. Yo estoy dando datos. No estoy calificando. Sé que ha habido un esfuerzo de dar aumentos diferenciales durante todos estos años a las pasividades más bajas. Es verdad. Creo que no hay por qué irritarse con lo que decimos; simplemente estamos dando datos. Si alguien quiere negar su autenticidad, me pide una interrupción y se la proporciono. Eso es lo que dicen los números con toda su rotundidad y elocuencia.

Se dijo que la ONAJPU tenía por aspiración, por anhelo que todos los jubilados pagaran IASS, porque entonces todos ganarían más de $ 20.000. Yo también tengo ese anhelo. Claro que sí. Por supuesto, yo quisiera que no hubiera impuesto, pero existe y el Gobierno no lo va a sacar mientras sea gobierno. Por lo tanto, mientras no lo saque, ojalá que más puedan pagar porque querrá decir que habrá habido una revaluación importante, significativa de las pasividades y que por lo menos se aproximará  digámoslo así  a la media canasta básica. Hoy no estamos ni en la cuarta parte de la canasta básica para  repito  más del 50% de los afiliados pasivos del Banco de Previsión Social.

Creo que hay que señalar como positivas, señora Presidenta, algunas cosas que no se han dicho pero que forman parte de la historia del análisis legislativo, y con este tema voy a terminar. Por ejemplo, es positivo que el propósito inicial del Gobierno de reducir la asistencia del Estado al Banco de Previsión Social en dos puntos de IVA quedara por el camino, tal como figuraba en el ar¬tículo 13 del proyecto inicial; también lo es el equivalente al COFIS que oportunamente se estableció como un componente de la asistencia al sistema de seguridad social. Eso es muy bueno. Sé que en ese sentido se hicieron esfuerzos desde la bancada de Gobierno porque así trascendió públicamente. Persuadieron al Ministro Lorenzo, al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía y Finanzas para que eso no se concretara. Si se hubiera perpetrado hubiera sido un verdadero atentado, y yo valoro  francamente lo digo  que eso haya ocurrido. Es verdad  yo estoy dispuesto a reconocerlo  que han mejorado la recaudación y la formalización del trabajo, que la política laboral  como se dijo  en el ámbito de los Consejos de Salarios ha determinado que haya más cotizantes al Banco de Previsión Social. Es así; nosotros  repito  no nos peleamos con la realidad. Yo lo reconozco, pero si es así y es verdad lo que declaró el Presidente del Banco de Previsión Social el pasado domingo en una entrevista publicada en un matutino en el sentido de que hoy el BPS, más allá de cualquier crisis internacional tiene estabilidad financiera por lo menos hasta 2030, pues entonces empecemos a pensar qué hacemos con esos recursos excedentarios. El Gobierno se quiso quedar al menos con una parte de ellos, con los dos puntos de IVA que, en principio, se iban a dejar sin efecto como asistencia al Banco de Previsión Social. La fuerza política, después de una negociación interna frenó ese intento. Está muy bien y yo lo valoro; ahora bien, me parece que el paso que sigue es ver qué hacemos. El propio Presidente Murro sugirió una idea en un reportaje que apareció el domingo pasado: tal vez sea hora de empezar a pensar en reducir los aportes personales al Banco de Previsión Social, que prácticamente son los más altos de la región. Lo dijo él, no yo.

Es un camino. Puede haber otros, porque eso tiene que ver con los afiliados activos al Banco. También podemos pensar en los afiliados pasivos. Si tenemos esos recursos excedentes, ¿no podemos pensar en financiar otros beneficios, en mejorar el valor de las pasividades, como decíamos hace un rato, más allá de esta discusión sobre el IASS? ¿No podemos eliminar el IASS, que es un impuesto de asistencia a la seguridad social y, por lo visto, no necesita demasiada asistencia ya que el Presidente del BPS ha dicho que se terminó el déficit y que tenemos estabilidad hasta 2030? Veámoslo, pero creo que todos los caminos están abiertos y sería bueno recorrer algunos. Si no, vamos a caer en soluciones economicistas; si no, la solución será de tono neoliberal: como quedó dinero, que el Estado ahorre. Sería una política contracíclica.

Nosotros hemos reclamado muchas veces políticas contracíclicas, pero en el caso de los pasivos, con esta realidad social que tenemos  que es la que acabo de describir , si tenemos recursos, como dice el Gobierno, ¿por qué no discutimos qué hacemos con ellos? Reitero, el debate no lo estoy planteando yo en este momento; lo hizo el domingo pasado el Presidente del Banco de Previsión Social que, supongo, es una de las palabras más autorizadas en materia de seguridad social del Gobierno. Si es la idea del Gobierno bajar los aportes personales  y estamos dispuestos a discutirlo , lo votamos ya. Reitero que tal vez podríamos pensar en los jubilados o en alguna fórmula mixta. No quiero razonar en voz alta, pero se me ocurre que hay caminos para recorrer y, sin ninguna duda, todos están abiertos.

Por estas razones vamos a votar afirmativamente este conjunto de medidas que constituyen un alivio tributario. De todos modos, me parece bueno que a la hora de hacerlo, con la misma responsabilidad con la que votamos todos desde lo que cada uno represente, también tengamos la misma actitud de mesura frente a la población a fin de trasmitir el verdadero alcance de estas soluciones.

Cuarenta mil trabajadores se verán beneficiados una vez que el Poder Ejecutivo utilice la facultad que le estamos otorgando. No sabemos si será en el mes de marzo de este año o del año que viene, porque el Ministro no lo dijo. Solo dijo que lo que iba a regir inmediatamente era la exoneración para los usuarios de las tarjetas otorgadas por el MIDES, y bienvenido sea. Queremos que eso quede claro: que los beneficiarios de los planes sociales inmediatamente van a empezar a comprar más barato, lo cual es muy positivo. Pero no sabemos cuándo dejarán de pagar por la elevación del mínimo no imponible los cuarenta mil trabajadores a que se hace referencia. Lo que sabemos es que la rebaja de dos puntos de IVA es de horizonte absolutamente incierto, teniendo en cuenta lo que dijeron el Ministro, las Cámaras emisoras de las tarjetas y CAMBADU. Eso dependerá de factores que son propios de la cultura de consumo de los uruguayos.

De todos modos, considero que vale la pena aprobar este proyecto y por esa razón con mucho gusto lo vamos a votar.
 
SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Pido disculpas al señor Diputado Abdala, quien está anotado para una aclaración y lo había olvidado.

SEÑOR ABDALA.- No es necesario disculpar nada porque usted nos da garantías a todos.

SEÑORA PRESIDENTA (Tourné).- Gracias.

SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: voy a ser muy breve para colaborar con su trabajo.
Creo que el legislador preopinante, cuando dijo en el inicio de su última intervención que se proponía hacer una aclaración, efectivamente lo logró. Y lo logró porque corroboró lo que nosotros habíamos afirmado: que la jurisprudencia de la Corte había cambiado porque cambió la integración y la mayoría de tres a dos a favor de la inconstitucionalidad se volvió de tres a dos a favor de la constitucionalidad del impuesto y mantuvo ese criterio cuando el IRPF fue sustituido por el IASS. El señor Diputado preopinante dijo  y es cierto  que fue por los argumentos que la nueva mayoría de la Corte sostuvo con relación al IRPF. Es un tema de absoluta coherencia, condición que sin duda tienen los Ministros de la Corte, independientemente de que se pueda discrepar con ellos.

Lo que no dijo es que incluso hubo quienes sostuvieron que había violación a la Constitución por la vía del desconocimiento de la cosa juzgada. Eso lo desestimó la Corte, lo cual es totalmente opinable. Aquellos que habían obtenido una sentencia favorable inicialmente dijeron que el IASS violaba la cosa juzgada. La Corte entendió que no. ¿Eso en algún sentido deslegitima el pronunciamiento inicial de la Corte? No, desde el punto de vista de la jurisprudencia es tan fuente supletoria del Derecho una sentencia como la otra: la que dice que el impuesto es inconstitucional como la que dice que no lo es. Por lo tanto, lo que queremos reafirmar no es que somos dueños de la verdad. Nadie lo es. No lo es el Gobierno por el hecho de ser Gobierno, no lo son los legisladores de la bancada de Gobierno por su condición de tales y menos lo somos quienes estamos en la oposición.
 
Lo que he querido sustentar  y me parece que todas las intervenciones abonan esa tesis  es que estamos frente a un tema controversial donde hay dos opiniones, cada una debidamente fundada. Inclusive, nuestra tesis está muy bien acompañada por doctrinas de primera línea en materia constitucional y en cuanto al Derecho de la Seguridad Social. Voy a mencionar a alguien que es muy caro para la bancada de Gobierno, el doctor Hugo de los Campos, Presidente de la Comisión de Seguridad Social del Frente Amplio durante muchísimos años, quien ha sostenido siempre la inconstitucionalidad en la tributación a las pasividades y muy especialmente desde la aprobación de la reforma tributaria en el año 2007. Creo que sería bueno que fuéramos concluyendo en que estamos frente a un tema discutible, que no hay un tema laudado. Y sí es una opinión política mía decir que el Gobierno debió haber leído esa controversia en su momento y simplemente haber eliminado el impuesto, en lugar de haberlo sustituido por otro. Esto está dentro del tema porque, en la medida en que hay una modificación del IASS, aquella discusión que tuvimos se reabre, guste o no. Nosotros estamos dispuestos a darla porque, además  vamos a entendernos  los temas son dinámicos y esto no es igual para siempre. Tanto no lo es que hoy el propio Gobierno está aliviando este impuesto y proponiendo la elevación del mínimo no imponible lo cual, obviamente, vamos a votar con muchísimo gusto.
 
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Palabras Pablo Abdala Interpelacion Ministro Kreimerman

Publicado en Sesiones Parlamentarias

 

——Para referirse al tema motivo de la convocatoria, tiene la palabra el señor Diputado Abdala.
 
 
SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: vamos a comenzar nuestra exposición, como es de estilo y corresponde, dando la bienvenida al señor Ministro de Industria, Energía y Minería, al señor Subsecretario, al Director Nacional de Energía y al señor Vicepresidente de ANCAP, actualmente en ejercicio de la Presidencia. También queremos agradecer a nuestros colegas, empezando por los partidos políticos representados en esta Cámara, quienes han posibilitado esta instancia: el Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Independiente y, por supuesto, quiero expresar unas palabras de gratitud hacia mi colectividad política, el Partido Nacional, que me ha encomendado la tarea de ejercer su representación en la tarde de hoy. Particularmente quiero agradecer a los coordinadores, Diputados Caram, Otegui y Saravia, por todo lo previo y preparatorio a esta sesión, así como al señor Presidente y al Diputado Bayardi por haber colaborado en estos últimos días del año a efectos de hilar fino y concretar, en estas fechas complejas, la visita del señor Ministro y de quienes lo acompañan.
La instancia del día de hoy, que planteamos en régimen de Comisión General, es muy importante. No buscamos  por eso el Partido Nacional propuso el formato de la Comisión General  otro efecto más que el de dar claridad a un tema que a nuestro juicio no la ha tenido, por lo menos suficientemente; en esa perspectiva es que nos parecía bueno el marco de la Comisión General para provocar una discusión que habilite a obtener de parte de las autoridades la información correspondiente  que es la que solicitaremos a continuación  y, al mismo tiempo, desde la oposición hacer los señalamientos que entendamos justos y atinados.
Estamos ante un tema de relevancia y significación y esto motiva el llamado propuesto por el Partido Nacional. Este tema es de relevancia por lo que significa en sí mismo, pero también porque la deuda que el país ha contraído con Venezuela por concepto de compra de petróleo crudo se inscribe en un contexto muy amplio, que es el de las relaciones bilaterales que ha mantenido fundamentalmente en los últimos años nuestro país, con el estilo que lo ha venido haciendo desde 2005 hasta el presente. Por cierto, ese relacionamiento exhibe, sobre todo en materia energética, algunas peculiaridades que sin duda se vinculan con el tema que estamos analizando.
Además, impacta en un doble sentido, señor Presidente. Por un lado, impacta en la perspectiva de nuestras empresas públicas, porque sin duda este asunto es de entidad para la que tal vez sea la mayor empresa del Uruguay: ANCAP. Y por el otro, no solo impacta en las empresas públicas, en tanto entidades del dominio comercial e industrial del Estado, sino en la perspectiva de los contribuyentes, de aquellos que pagan los servicios que brindan las empresas públicas.
Sin duda este tema de la deuda, con toda su magnitud y las características que señalaremos después, ha impactado  y va a seguir impactando por lo menos en el corto plazo  en aspectos que hacen a la calidad de vida de la gente, que son los costos que los uruguayos pagamos por los servicios que recibimos. Para ejemplificar rápidamente, los $ 6 de sobrecosto con relación a la paridad de importación que los uruguayos estamos pagando desde el último ajuste de combustibles de la semana pasada se vinculan, en mayor o menor medida, con el tema que la Cámara está abordando en esta sesión especial.
Estamos hablando de una deuda que, a nuestro juicio  eso fundamenta la preocupación del Partido Nacional , ha alcanzado ribetes muy significativos y, por lo tanto, para nosotros, preocupantes. De acuerdo con la información que se maneja en ANCAP y que nosotros poseemos, el monto de esta deuda alcanzó los US$ 785:000.000, entre capital e intereses. De acuerdo con la información que manejamos desde 2007 hasta el presente, se han pagado más de US$ 100:000.000 por concepto de amortizaciones, según lo que oportunamente se pactó.
Está previsto que de aquí en adelante se paguen, por lo menos hasta el año 2020, aproximadamente US$ 55:000.000 por año por el mismo concepto, es decir, por amortizaciones. Esta deuda, con las características que señalamos y de acuerdo con el monto que indicamos, representa ya  lo que me parece que da una medida de la entidad del problema  más de la mitad del propio valor patrimonial de nuestra empresa pública. De acuerdo con el último balance conocido, que es de 2010, y al tipo de cambio de la época, el patrimonio neto del Ente es de US$ 1.320:000.000 y, repito, la deuda, entre capital e intereses, es de US$ 785:000.000
Esto ha generado una situación de dependencia, de dependencia con un solo proveedor. Tal vez no se quiera poner esto en esos términos, como alguna vez se nos señaló en cuanto a que no hay riesgos de quedar prendados, atados o vinculados en forma peligrosa a la República de Venezuela por el suministro de petróleo crudo, pero lo que no se puede negar es que hay un fenómeno de concentración con un solo proveedor. Más del 55% de las compras que el país ha hecho desde 2005 para abastecerse de petróleo fueron con la República de Venezuela, por este mecanismo del diferimiento del 25% de lo que se compra a quince años y con una tasa del 2%. Estamos hablando de cuarenta y nueve de los ochenta y ocho cargamentos que el país ha recibido para abastecerse de combustible durante todo este tiempo. Reitero que este es un dato objetivo, no implica adjetivación ni calificación de especie alguna. Ahí hay un fenómeno de concentración y la concentración en el plano de los negocios y del comercio  estas son deudas comerciales  no es buena consejera en ninguna de las dos puntas de la relación, ni con respecto a los clientes, a los que conviene tener diversificados, ni a los proveedores de la materia prima de lo que uno produce y vende, y en este caso más del 55% es de una sola fuente el suministro de la materia prima que en el Uruguay consumimos para producir combustible, la que obviamente no poseemos, por lo que somos tomadores de precios.
Para relativizar el alcance y significación de este tema, se ha dicho  me remito a los antecedentes de lo que con estas mismas autoridades hemos discutido en la Comisión  que estamos hablando de una deuda de poco monto para una empresa que como ANCAP factura entre US$ 2.500:000.000 y US$ 3.000:000.000 al año; hablar de US$ 55:000.000 de amortización o de US$ 700:000.000 de deuda, es poca cosa. Quiero rebatir ese argumento en forma convincente, en el sentido de que aquí no es cuestión de tomar aisladamente el nivel de facturación, empezando por el hecho de que una parte muy importante de ese nivel de facturación corresponde al IMESI, del cual ANCAP es apenas el agente de retención, y siguiendo además por la circunstancia de que la verdadera dimensión del impacto económico de una deuda de estas características, o de otras, se toma en función del resultado económico de la empresa y no tanto de cuánto factura la empresa que contrae la deuda, fundamentalmente en un mercado monopólico como el nuestro en materia de refinación de combustibles. Desde el punto de vista del resultado económico todos sabemos que ANCAP es una empresa que en los últimos años no ha dado utilidades y si ha tenido resultados económicos positivos ha sido porque se beneficia de un monopolio, pero no ha transferido recursos al Tesoro Nacional por concepto de ganancias. Es más: en el año 2008 el balance cerró con una pérdida significativa en su resultado económico, y me parece que eso es lo hay que comparar. La pregunta que cabe hacerse es si es bueno pagar US$ 55:000.000 por año  que es lo que nos espera de aquí al año 2020  por concepto de amortizaciones, o si eventualmente sería mejor que tuviéramos esa cifra, o una similar, para trasladar las ganancias  como se dice comúnmente  a los accionistas de la empresa, que somos todos los uruguayos, a través del Poder Ejecutivo, de los Poderes públicos, a la hora de utilizar esos dineros o esos recursos con otras finalidades distintas que las que estamos discutiendo.
El gran tema que yo diría que en algún sentido motiva o justifica esta instancia de hoy, este llamado a Sala que hemos concretado en la Cámara de Diputados  creo que tenemos que agradecer al señor Ministro que haya aceptado comparecer; si bien es su obligación, igualmente, debemos agradecerle , es el destino de estos recursos. Para nosotros no ha habido claridad a lo largo de los últimos siete años, fundamentalmente, en cuanto a qué se hizo con ese dinero que se ahorró, se generó o que se fondeó  como se quiera expresar  de más de US$ 700:000.000 por concepto del petróleo que no se pagó al contado ni a plazos breves de 60, 90 o 120 días, sino que se difirió a quince años. En eso no ha habido claridad; no la habido nunca.
Reiteradamente procuramos la información en el Senado, en la Cámara de Representantes, en el ámbito de la propia ANCAP, donde desde el año pasado estamos representados, y siempre obtuvimos la misma respuesta: "Con esto financiamos nuevas obras de infraestructura o bien cancelamos otros pasivos". Y está bien, pero ese es el comienzo del análisis, porque a poco que nosotros pedimos que se desagregara esa afirmación y que se nos dijera con exactitud qué obras se financiaron o qué deudas se cancelaron, más allá de algunas referencias genéricas, francamente lo que obtuvimos a cambio más bien fue imprecisión e indefinición. Eso se relaciona principalmente, o mejor diría centralmente, con la discusión que vamos a mantener en esta sesión.
El señor Ministro, a quien quiero invocar porque tiene que ver con todo esto de dar claridad a las cosas, ha hablado de política verdad. Precisamente, en una de sus últimas comparecencias en la Comisión de Industria, Energía y Minería dijo que el Gobierno practica la "política verdad". Y lo voy a citar textualmente: "A nosotros nos gusta tener la información y compartirla. Esa 'política verdad' implica el hecho de discutir internamente los números con la oposición. Esta es una nueva manera instaurada por el señor Presidente, que se pone contínuamente sobre la mesa". Por el señor Presidente de la República; obviamente, eso era lo que quería decir el Ministro. "No tengo ningún empacho en decir que nos parece muy positivo".
Y yo le creo, porque ese es el talante que ha tenido el Ministro toda vez que lo hemos convocado. Pero a pesar del afán de avanzar en el camino de la llamada "política verdad", sobre estos aspectos que mencionamos lo que ha faltado es, si no la verdad, que habrá habido intención de proporcionarla, por lo menos, la necesaria claridad que, sin ninguna duda, las cosas deben tener.
Por eso yo lamento mucho que en sesión del día de hoy no esté presente el titular, señor Sendic aunque seguramente él leerá la versión taquigráfica y si estuviese aquí también habría dicho que a mí no me pareció justa ni comprensible la afirmación del Presidente de ANCAP cuando el Partido Nacional y, en particular nosotros, promovimos este llamado. El señor Sendic dijo que en realidad esto era por motivos de pura política, que el Diputado Abdala está para la política, mientras que el Presidente de ANCAP está para gestionar la empresa.
Eso no me pareció justo, porque creo que hay razones para que hoy se genere esta instancia. Yo diría que estoy para la política, claro que sí: para eso me votaron, para cumplir una función de carácter político, y en su ejercicio llego a la sesión del día de hoy. Y es verdad que el Presidente de ANCAP está para gestionar la empresa, nadie lo duda, pero me parece que la política tampoco le es demasiado ajena, sobre todo a la luz de algunos acontecimientos políticos recientes: no ha sido precisamente el Diputado Abdala quien fuera proclamado o mencionado para integrar la fórmula presidencial del Frente Amplio, o quien hiciera comentarios sobre la interna de un partido político que no es el suyo. No he sido yo, que estoy para la política. Creo que por lo menos no ha sido saludable ni sana esa afirmación que, por supuesto, no cargo a la cuenta. Simplemente entiendo que alcanza con este reproche amable que, en todo caso, quiero formular con relación a este asunto.
También catapulta este llamado un asunto que sí tiene que ver con el Ministro de Industria, Energía y Minería. En el mes de abril  aquí está de testigo el señor Diputado Delgado, quien ha sido activo participante en la Comisión de Industria, Energía y Minería en los temas de energía durante todos estos años y en este mismo asunto que hoy estamos analizando , cuando el Ministro de Industria, Energía y Minería compareció por última vez, convocado por nosotros, en la Comisión del ramo de la Cámara  estábamos en plena tratativas para ver qué hacía el Gobierno con esto de la deuda, conversando con Venezuela y con las autoridades de PDVSA , se nos pidió confidencialidad. Se nos dijo que en ese momento se estaban llevando a cabo tratativas muy importantes que obligaban a mantener estas cosas en reserva y se pidió un esfuerzo a la oposición. Nosotros dijimos que estábamos dispuestos a mantener esa confidencialidad o esa reserva o, por lo menos, a no presionar o a dejar que el Gobierno trabajara tranquilo, para ver si se le encontraba alguna salida. Nos atrevimos a poner sí, una condición: pedimos al señor Ministro que cuando terminaran esas tratativas, para bien o para mal, con el resultado que fuera, se vinieran a hacer los anuncios aquí, a la Comisión de Industria, Energía y Minería al propio Parlamento, pero lamentablemente eso no ocurrió. Después nos vinimos a enterar por la prensa que las tratativas habían naufragado que, lamentablemente, las posiciones eran bastante inconciliables. Eso lo leímos en los diarios. Por lo tanto, por esa razón, en algún sentido nos vimos en la necesidad de generar este escenario un poco más amplificado que estamos teniendo esta tarde en la Cámara de Representantes.
Creo que en general ha habido ausencia de respuestas, señor Presidente, en el Senado y en la Cámara, como dije antes, con relación a esta Administración y a la anterior, por lo menos en cuanto a este tema específico. El 2 de mayo nosotros elevamos el último pedido de informes preguntando sobre el destino de la deuda, pidiendo que se especificara  como volvemos a reclamar ahora  el detalle de las obras que se han realizado, de las deudas que se han cancelado. Esa solicitud venció el día 19 de julio, de acuerdo con los plazos que prevé la ley para la contestación de los pedidos de informes, y sin embargo tampoco obtuvimos respuesta a dicho pedido.
Bastante antes, en junio de 2008, se dio una situación que yo diría es insólita y, con seguridad, difícilmente igualable: cursamos un pedido de informes con relación al tema de la deuda y preguntamos sobre otros aspectos vinculados con algunas inversiones que ANCAP estaba haciendo y sigue realizando, por ejemplo, la planta desulfurizadora para mejorar la calidad del gasoil; tenemos documentación según la cual este expediente se tramitó dentro de la empresa; hay un informe elaborado por la Unidad de Negocios Energéticos con datos muy jugosos y muy valiosos que yo estoy utilizando en esta convocatoria de hoy, que es oficial  u oficiosa, vendría a ser a esta altura , firmado por el ingeniero Pastorino, que es el Gerente de Negocios Energéticos. Asimismo, hay un informe de Jurídica, un proyecto de resolución, un borrador de oficio; faltaba la firma de los Directores y del señor Ministro, y hasta ahí llegó el trámite, porque la respuesta nunca arribó al Parlamento, no sabemos bien por qué. De cualquier manera, por suerte tenemos la información, que nos ha sido absolutamente provechosa.
Decía, señor Presidente, que esto se da en el contexto de las relaciones que Uruguay mantiene con Venezuela, que es complejo en general, pero aquí no estamos para hablar de la generalidad de las relaciones sino específicamente de los aspectos que hacen a la energía, que son muy complejos también en lo que respecta al sector energético. Cuando desde el Partido Nacional decimos que estas relaciones están teñidas por la ideología o cuando hablamos de una suerte de ideologización en las relaciones bilaterales con Venezuela, no lo hacemos con un sentido de carga doctrinaria o en función de determinada doctrina política. No lo decimos con ese sentido. Lo decimos porque advertimos, por lo menos  y por eso se nos ocurre ponerle el nombre de la cuestión ideológica , que las relaciones con Venezuela, aunque más no sea, están signadas por algunos rasgos peculiares, que no aparecen en las relaciones bilaterales con otros países y que, en todo caso, muchas veces conducen a lo imprevisible o imprevisto y otras, eventualmente, a un exceso de retórica que en algunas ocasiones termina volviéndose perjudicial y paralizante, diría yo, de los temas importantes.
Cuando digo esto me refiero a lo que todo el país vio en las últimas horas, ese intento forzado de incorporar a Venezuela al MERCOSUR y también todo lo demás, porque la Declaración de Montevideo de 2005, que es el antecedente de las vinculaciones que en materia de energía tenemos con Venezuela, está impregnada del mismo estilo y signo de lo que ayer el Gobierno Nacional intentó plasmar en forma absolutamente contradictoria con respecto a lo que el ordenamiento internacional establece, escogiendo un camino tortuoso y peligroso.
La Declaración de 2005 que firmaron los Presidentes Vázquez y Chávez es un dechado de generalidades, es una manifestación de buenas intenciones que, a poco de analizar la realidad de los últimos siete años, uno se da cuenta de que todo ha quedado prácticamente en la nada. En el documento se habla del común legado histórico de Artigas y Bolívar, de los derechos humanos; de eso se salta a las cooperativas y a las pequeñas y medianas empresas, a la integración económica de América y a los medios de comunicación.
Todo esto, que no está fuera de tema, fue la antesala de lo que al día siguiente, 2 de marzo, se firmó también en Uruguay: el Convenio de Cooperación Energética y el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, llamado así a pesar de que fue firmado en Montevideo. Desde nuestro punto de vista, en algún sentido, a estos acuerdos también se les puede atribuir el pecado de tener las mismas características contradictorias y  diría  negativas en cuanto al exceso de retórica que contienen.
A partir de entonces se suceden quince instrumentos  los contabilicé  entre convenios, memorandos de entendimiento y el tratado de eficiencia energética que, reitero que hasta ahora, en su enorme mayoría, francamente han sido letra muerta.
Se ha acordado entre los países invertir en la refinería de La Teja en unidades de conversión profunda y plantas de almacenamiento de hidrocarburos. A través de otro instrumento se convino aumentar la participación de Venezuela en ALUR, llevándola al 25%. También se llegó a acordar la construcción de una planta regasificadora entre los dos países.
Hace pocos días, el Presidente de la República firmó tres convenios más cuando estuvo en Venezuela. Yo diría  esto sí en forma desapasionada y objetiva  que todos estos acuerdos y convenios, que todos esos papeles que suscribieron los dos Presidentes, que refrendaron los dos Gobiernos, implican fundamentalmente beneficios para Venezuela y dudosos beneficios para la República Oriental del Uruguay o, eventualmente, de ellos se ha realizado lo que Venezuela  no nosotros  ha querido que se hiciera. Esta es la conclusión que sin exageración y describiendo los hechos que han acontecido, sin ninguna duda refleja lo que ha ocurrido hasta ahora en esta materia.
¿Qué otra cosa sino eso es el contrato que oportunamente se firmó, inclusive, para implementar el pago de la deuda vinculada con la compra de petróleo que estamos analizando o con el mecanismo de compra de crudo que vamos a discutir hoy? Las cláusulas que están previstas en este contrato de condiciones particulares que regulan de qué forma Venezuela nos manda el petróleo y nosotros le enviamos el dinero, son peligrosas en muchos aspectos para Uruguay. Sin ninguna duda tienden al aseguramiento venezolano, a dar a Venezuela las máximas garantías y la mayor certeza de que no correrá el mínimo riesgo. Podría mencionar muchos ejemplos de estas cláusulas, pero voy a citar solo uno que me parece elocuente y definitorio. Se pactó ni más ni menos que la ley aplicable fuera la venezolana y algo peor: que en caso de discrepancias entre los dos países, el problema se lleve a arbitraje y que la sede sea la República Bolivariana de Venezuela. Eso no es de estilo ni de uso en las relaciones comerciales internacionales, entre otras cosas porque como todos sabemos, si el arbitraje llegara a fracasar, serán la ley y la jurisdicción venezolanas las que terminarán aplicándose. Por lo tanto, cualquier diferendo que haya con Venezuela en esa materia será resuelto por los Jueces de ese país. Claramente esto demuestra el estilo de los acuerdos y de las soluciones que se han arbitrado que, a nuestro juicio, resultan por lo menos peligrosos y, sobre todo, favorables para una de las partes, que no es precisamente la nuestra.
Desde el inicio todo esto se planteó en medio de un gran romanticismo, el que se respiraba en 2005 cuando asumió el Gobierno del Frente Amplio y se suscribieron estos convenios. Había un exceso de optimismo. Se creía que accederíamos a condiciones tremendamente favorables en cuanto a la importación del petróleo, lo que ha quedado desmentido en forma clara en los hechos. En aquel momento se hablaba de Petrosur y de Petroamérica como proyectos de grandes entidades energéticas que supongo que lideraría Venezuela y que nos encontraría a todos los países sudamericanos en una misma dimensión, nadando en petróleo y en gas natural. Alcanza con ver las declaraciones de aquellos días, cuando el Presidente Chávez decía que Uruguay se aseguraría el abastecimiento total y necesario de petróleo por los próximos veinticinco años, y que Venezuela no pediría un centavo a Uruguay, sino solo participación de su personal técnico. Después, los veinticinco años se hicieron cien, porque en un viaje posterior el Presidente Chávez dijo que le garantizaba al país todo el suministro de petróleo y de gas que fuese necesario para los siguientes cien años, costara lo que costara. Así se manifestó.
En aquel momento también había generado enorme expectativa la posibilidad de canjear el crudo por productos y servicios, mecanismo que contempla el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, firmado en Montevideo. El Presidente Vázquez dijo en aquel entonces que, además de alimentos, conocimientos, inteligencia y software, el petróleo se podía pagar apelando a aspectos más cotidianos como la vivienda. Añadió que Uruguay tenía materiales, experiencia y un movimiento cooperativo como FUCVAM, que ha hecho maravillas por la vivienda popular.
Todos sabemos en qué terminó después la exportación de viviendas a Venezuela. No es el tema central de análisis en el día de hoy, pero está relacionado, por lo menos, con el mecanismo de compra de petróleo, que vamos a discutir esta tarde.
Los hechos son los hechos, señor Presidente, y yo diría que aquella euforia y aquel entusiasmo iniciales fueron sucedidos por la preocupación. La deuda no era tan inocua como en algún momento se sugirió. El actual Gobierno nacional, el que integra el señor Ministro Kreimerman, en algún momento se planteó la preocupación por lo abultado de la deuda que se había generado. Inclusive, a pesar de que no debió haber ocurrido, trascendió lo que se manejó en un Consejo de Ministros acerca de que había preocupación en el Gobierno nacional por los niveles y ribetes que había alcanzado el endeudamiento con Venezuela. El Vicepresidente de la República fue muy elocuente en algunas oportunidades. Primero habló de que la deuda había alcanzado niveles importantes y relevantes, utilizando una especie de eufemismo. Más recientemente  hace muy poco , en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano, dijo que la compra de petróleo a Venezuela había sido un mal negocio para el país. Así lo dijo el Vicepresidente Astori; tengo aquí las declaraciones que recogió la prensa local y, si fuera necesario, podría darles lectura. El Diputado Novales estuvo presente en un encuentro que celebró el Centro Comercial e Industrial de Soriano, donde se hicieron estas afirmaciones.
De manera que, en algún sentido, todos fuimos dándonos un baño de realismo en cuanto a que el país enfrentaba  y enfrenta todavía  un problema con relación a este asunto. Nosotros no queremos ponerlo en términos apocalípticos, sino que pretendemos plantearlo con objetividad a los efectos de conocer del Gobierno de qué manera se propone conjurar esta situación o, por lo menos administrarla hacia el futuro.
Confirma la preocupación del Gobierno el hecho de que se hicieron ingentes esfuerzos por alcanzar una solución. Los primeros intentos se realizaron en 2007, cuando se propuso canjear esta deuda por títulos de deuda pública. En algún momento pareció que Venezuela iba a aceptar, pero después nos dijeron que no. A mediados de 2010 sucedió otro tanto; fue entonces cuando se habló de la recompra de la deuda por la mitad de su valor y también de la posibilidad de que ANCAP emitiera obligaciones negociables para cancelarla total o parcialmente. El Presidente de la República llegó a mencionar la posibilidad de conformar un fideicomiso para financiar las pequeñas y medianas empresas. Pero nada de eso se concretó porque, obviamente, para llegar a un acuerdo se necesitan dos, no alcanza con la voluntad del deudor, sino que es indispensable también la del acreedor.
En abril de este año se reeditó la situación cuando el señor Ministro compareció a la Comisión. Se nos llegó a decir que había un borrador de acuerdo, que prácticamente ya estaban acordados los términos y que, inclusive, dos gerentes de ANCAP estaban destinados en forma permanente en Caracas a efectos de ajustar los detalles de esa solución que, eventualmente, podía comprender la cancelación de parte de la deuda con acciones de ALUR o con la participación de Venezuela en los negocios en Argentina. Después los negocios en Argentina se liquidaron pero por otra vía, no por esta. Quiere decir que la deuda mantiene o mantuvo su plena vigencia y su total amplitud.
Más recientemente  como decíamos hace instantes , el señor Presidente de la República, cuando se constituyó la CELAC en Caracas, anunció que iba con una propuesta para solucionar este tema por la vía de un eventual convenio de cancelación de la deuda, exportando pollo, trigo y cereales en general. Eso se dio como un hecho, pero tampoco prosperó. Lo que nosotros sabemos  y vamos a preguntar sobre esto al señor Ministro  es que lo que se acordó no fue un negocio de exportación de alimentos. Lo que se acordó una vez más es pura retórica, es estudiar la factibilidad o la eventualidad de que el país pueda exportar alimentos y que por esa vía, en todo caso, pueda cancelar la deuda que mantiene con aquel país.
Procuramos conseguir el texto de esos documentos, de esos convenios, y quiero que esto conste en la versión taquigráfica. El señor Director Carlos Daniel Camy los pidió en el Directorio de ANCAP, pero no tuvo la posibilidad de acceder a ellos. Nosotros llamamos insistentemente al señor Secretario de la Presidencia de la República, doctor Breccia  con quien mantenemos un diálogo cordial , pero nunca tuvimos respuesta a nuestros llamados. Con esto no estoy infiriendo nada ni señalando intencionalidades; simplemente describo hechos. Entonces, tuvimos que remitirnos a lo que la prensa venezolana y las agencias internacionales consignaron. Esto lo confirmará o no el señor Ministro, pero la información que poseemos es que todavía estamos muy lejos de concretar una exportación de alimentos a cambio de la cancelación anticipada de la deuda.
El señor Presidente de ANCAP está llegando desde Venezuela. También se nos había dicho  eso lo veremos ahora; tal vez haya algún anuncio de parte de las autoridades  que el propósito de su nueva visita a la República Bolivariana de Venezuela era iniciar una nueva negociación con las autoridades de PDVSA. Ojalá vengan buenas noticias y las trasmita ahora el señor Ministro o, eventualmente, el señor Presidente de ANCAP en ejercicio.Yo, francamente, digo dos cosas. La primera es que a la luz de todos estos antecedentes, somos escépticos desde ya. No es que no creamos en la palabra del señor Ministro ni en la del señor Germán Riet; creemos en ella y los sabemos gente de bien. No les creemos mucho a los venezolanos. No les creemos mucho a los venezolanos por toda esta historia, diría, de insinuaciones, de anuncios altisonantes que después no se concretan, que son los que me tomé el trabajo de reseñar porque me parecía importante que la Cámara los tuviese en consideración; sin ninguna duda, son parte fidedigna de la historia que este tema y las relaciones bilaterales han tenido.
De todas formas, cualquiera sea el anuncio que la Cámara ahora reciba  si es que recibe algún anuncio , queremos decir con toda claridad que acá hay que separar dos cosas. Una es el futuro de la deuda; es cómo sigue este tema hacia adelante. Este es un aspecto y sobre él, el señor Sendic podrá haber acordado, estará en vías de hacerlo o habrá iniciado tratativas  no lo sabemos  para encontrar determinada solución. Pero el otro tema, que es el que fundamentalmente ha justificado, centrado y estimulado la convocatoria del Partido Nacional, tiene que ver con el destino de los dineros, tiene que ver con saber qué es lo que se hizo con los US$ 700:000.000, ya que se difirió su pago en el tiempo a la hora de la adquisición del petróleo crudo. Reitero que este tema no ha tenido claridad y no estoy atribuyendo intenciones. Y como refiere a recursos públicos entendemos que este es un tema que no se soluciona o se explica simplemente con generalidades o con muletillas. Es un tema que debe conocerse  y este es el ámbito idóneo para eso  en forma circunstanciada, concreta y específica.
Ha habido inconsistencias en la información y eso es parte de la preocupación del Partido Nacional. Cuando hablamos de amortizaciones, se manejaron distintas cifras. En la Comisión, el señor Ministro habló de US$ 29:000.000 para este año; en la opinión pública o en los medios, Raúl Sendic  en otro momento , habló de US$ 45:000.000. No hay coherencia. De los informes de ANCAP surgen datos diferentes, de acuerdo con la información que hemos podido procurar.
En cuanto al destino, es decir, en cuanto a para qué se utilizó este crédito, creo que allí está el meollo de la información que estamos solicitando hoy y que vamos a reclamar respetuosa y amablemente al señor Ministro, pero con la mayor firmeza. Se dijo que esto era para financiar obras de infraestructura y, francamente, a nosotros las cifras no nos cierran. Voy a explicar por qué. En diciembre de 2006 fuimos convocados al Ministerio de Industria, Energía y Minería  en ese entonces el Ministro era el señor Lepra y el Presidente de ANCAP, el ingeniero Martínez; de los presentes asistimos el señor Diputado Delgado y quien habla junto con algunos señores Senadores del Partido Nacional  y recibimos lo que se llamó "Informe al Partido Nacional". Ese fue el único informe concreto, el único documento que se nos proporcionó con relación a este tema, obviamente, referido al momento histórico: diciembre de 2006. De ese informe surge que hasta el momento la deuda era de US$ 202:000.000 y que ese dinero se había dedicado a cumplir determinados objetivos, todos ellos de carácter financiero. Si esto es verdad  yo digo que lo es, obviamente; tengo que tomar esta información como fidedigna , no me resulta claro cómo podemos justificar que con US$ 470:000.000, aproximadamente  que sería el remanente, el resto de los US$ 675:000.000 que componen el capital de la deuda , se hayan financiado todas las obras que en algún momento se dijo que se financiaban. Digo esto porque en su última comparecencia a la Comisión, el señor Presidente de ANCAP dijo que con estos recursos habían financiado la planta desulfurizadora  que sale US$ 320:000.000 , se habían hecho inversiones en las plantas de cemento, en las esferas del gas licuado de petróleo y en las barcazas por US$ 111:000.000, que se habían hecho inversiones en ALUR por US$ 113:000.000 y en la compra de TEXACO por US$ 32:000.000. Si hacemos una simple operación aritmética, señor Presidente, no es posible que con US$ 470:000.000 financiemos obras por US$ 576:000.000 a las que hay que agregar, además, otros conceptos que se mencionaron pero que no se cuantificaron, como las inversiones en exploración petrolera, las inversiones en tanques e instalaciones portuarias y la compra de una nueva flota de camiones. A su vez, se dio a la UTE US$ 200:000.000 para financiar en algún momento la cuenta energética de baja hidraulicidad y de baja generación hidroeléctrica. Claro, alguien dirá: "Realmente, administran muy bien; han hecho poco menos que magia con los recursos porque lo que sale algo así como US$ 800:000.000 o US$ 900:000.000 lo hicieron con la mitad de eso". No quiero ponerme irónico porque el tema es serio pero, francamente, esto demuestra que muchas veces por decir todo, en última instancia, puede no decirse nada. En definitiva, no es cuestión de andar cargando todo lo que se hace a una sola cuenta cuando el resto del endeudamiento de la empresa también ha crecido. Esa es la otra inconsistencia.
A lo largo de todos estos años  como mencionamos al principio , se dijo que con estos recursos se había cancelado pasivos, que se había cancelado otras deudas de ANCAP. Eso es verdad; se cancelaron muchas de ellas y eso consta en el informe que en 2006 recibimos los legisladores del Partido Nacional. Pero lo que parece inconsistente es que mientras se cancelaban otras deudas, los pasivos de ANCAP  independientemente de la deuda de US$ 700:000.000  también aumentaron, y lo hicieron significativamente. Podemos analizar el pasivo total de la empresa, comparando los balances conocidos, es decir, los que están publicados, que son el de 2007 y el de 2010, el último conocido y el último publicado en la página de ANCAP; si nos remontamos a 2005 creo que no cambia demasiado. En 2007, el balance de ANCAP indica que el pasivo total de la empresa es de $ 14.033:000.000, lo que al tipo de cambio de la época representa unos US$ 599:000.000. El año pasado, el pasivo total fue de $ 19.885:000.000, es decir, US$ 989:000.000. Esto representa un crecimiento en dólares del 65% del pasivo y en pesos del 42%, tomando el tipo de cambio del momento. Y si tomamos el pasivo corriente  que es un aspecto determinado del pasivo, una de las dos vertientes, que es donde se supone la deuda a largo plazo impacta menos o, directamente, no impacta , podemos ver que no está incluido el concepto de los US$ 700:000.000 que por este mecanismo debemos a Venezuela, y que el incremento del pasivo de la empresa es todavía mayor: $ 7.593:000.000, es decir, US$ 324:000.000 en el año 2007, y $ 9.406:000.000, US$ 468:000.000 en 2010.
Por estas razones entendemos que este asunto merece una mayor claridad, hacia delante y hacia atrás pero, sobre todo, hacia atrás.
Por supuesto, vamos a preguntar sobre el futuro. Hemos elaborado una hoja con cinco preguntas muy concretas dirigidas al señor Ministro que se vinculan con el tema que hemos planteado hoy en Sala, que le vamos a proporcionar en algunos minutos, y la última, precisamente, tiene que ver con el futuro. Queremos saber, queremos que el Gobierno nos diga qué piensan hacer con esto, cómo piensan manejar esta situación, en qué medida piensan seguir usando este mecanismo o en qué medida piensan prescindir de él y en qué medida vamos a seguir difiriendo el petróleo que le compramos a Venezuela a quince años de plazo o en qué medida vamos a utilizar plazos más breves. Me parece que ese es un aspecto importante que es necesario conocer.
Reitero que, sobre todo, queremos saber qué se hizo con el dinero, dónde están los recursos. Desde luego, con esto no queremos generar ningún tipo de suspicacia, pero aquí estamos hablando de temas que hacen a la política de gestión y a la buena administración y es con relación a ese desafío que el Gobierno, a nuestro juicio, hasta ahora no ha hablado claro. Aspiro que esta oportunidad de hoy sea una buena instancia para que empiece a hacerlo.
Vuelvo a agradecer a la Cámara, al señor Presidente y a todos los sectores parlamentarios por haber habilitado esa instancia. Este era el planteo inicial que queríamos formular. Ahora mismo haremos llegar al señor Ministro las preguntas mencionadas y, como corresponde, estaremos atentos a sus respuestas. Luego sacaremos nuestras propias conclusiones y, eventualmente, formularemos alguna otra pregunta o comentario que nos parezca oportuno o que resulte conveniente.
SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Tiene la palabra el señor Ministro de Industria, Energía y Minería.
(Interrupción del señor Representante Ibarra)
SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.- Señor Presidente:...
 
SEÑOR ABDALA.- ¿Me permite una interrupción?
SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA.- Sí, señor Diputado.
SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Puede interrumpir el señor Diputado.
SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: recibí un reclamo amable del señor Diputado Ibarra  así lo tomo  en el sentido que colectivicemos las preguntas. Pensé que era suficiente con que dispusiera de ellas el señor Ministro pero, por supuesto, con muchísimo gusto se las voy a proporcionar a la Mesa para que se distribuyan entre los noventa y nueve Diputados.
Agradezco al señor Diputado Ibarra su propuesta, que me parece constructiva y edificante.
(Diálogos)
SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Señor Diputado, entiendo que está buscando algo. ¿No va a leer las preguntas?
SEÑOR ABDALA.- No, las voy a hacer llegar a la Mesa. Las estoy entregando en este momento.
SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- ¿Para que las lea la Mesa?
SEÑOR ABDALA.- No, para que se distribuyan, como solicitó el señor Diputado Ibarra.
SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- ¿Para que se adjunten a la versión taquigráfica?
SEÑOR ABDALA.- No, para que se distribuyan.
Recibí la sugerencia del señor Diputado Ibarra de que se distribuyeran las preguntas. Eso entendí y no tengo ningún problema en que se distribuyan, pero como el señor Diputado Ibarra tiene voz y no necesita que yo hable por él, tal vez pueda plantear la moción.
SEÑOR PRESIDENTE (Luis Lacalle Pou).- Señor Diputado, le sugiero que lea las preguntas. Sugiero que el señor Ministro le devuelva las preguntas, que usted las lea y que después se las pase al Ministro. En la era de la tecnología vamos a proceder de esa manera.
Tiene la palabra el señor Diputado Abdala.
SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: por supuesto, no voy a inferir que el señor Ministro no sabe leer pero, con mucho gusto, voy a leer las preguntas porque se me ha solicitado y espero que sean respondidas en forma concreta, que es lo que se supone que viene después.
Las preguntas son las siguientes. La primera dice: ¿cuál es, a la fecha, el monto total de la deuda con PDVSA incluyendo capital e intereses a vencer?
La segunda es: ¿cuál fue el destino específico de los fondos generados por concepto de la financiación del 25% de las adquisiciones de petróleo?
La tercera expresa: en particular, sírvase indicar el detalle de los proyectos de infraestructura financiados y de los pasivos eventualmente cancelados.
La cuarta dice: ¿cuál es el cuadro de amortizaciones e intereses, incluyendo lo ya generado y lo proyectado?
La número cinco es: ¿qué uso se propone dar el Gobierno, en el futuro, al mecanismo acordado con la República de Venezuela en materia de compra de crudo?
Si es necesario, haré llegar las preguntas por escrito nuevamente al señor Ministro.
 
 
 
SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra.
SEÑOR PRESIDENTE (Yanes).- Tiene la palabra el señor Diputado.
SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: agradezco al señor Ministro y al señor Presidente de ANCAP por el esfuerzo que han hecho y por las respuestas que han intentado formular. Y digo bien, "han intentado", porque sinceramente, más allá de que el señor Ministro nos ha dado información jugosa sobre la política industrial y de las referencias que ha hecho respecto a los acuerdos multipartidarios y al trabajo de la Comisión multipartidaria  que actuó en los tiempos de la transición y que mi Partido integró, llegando a acuerdos con relación a determinadas líneas energéticas , sobre el objeto específico de esta convocatoria de hoy debo decir que las preguntas han quedado sin contestar o, por lo menos, no nos satisficieron.
El Ministro ha hablado de todo y ha hecho referencia a los cinco puntos sobre los que lo consultamos, pero francamente ha traído poca cosa nueva, poca noticia o hecho nuevo con relación a los argumentos, fundamentos y explicaciones que hasta ahora se ensayaron solo en el ámbito de la Comisión de Industria, Energía y Minería.
Sobre el destino de la deuda, repito, se ha hecho un largo rosario de decisiones de inversiones, de obras de infraestructura, que todos sabemos que están en marcha en el ámbito de ANCAP, lo que sirvió de argumento al Presidente del Directorio, el señor Sendic, cuando compareció en el mes de abril para intentar justificar esto; no hay nada nuevo en eso.
Francamente, los números nos siguen sin cerrar. Inclusive, ahora advertimos una nueva inconsistencia. Cuando compareció Sendic en el mes de abril, nos dijo que la inversión en la planta desulfurizadora era de 320; ahora el Ministro dice que fueron 265.
En todo caso, señor Presidente, lo que aquí se ha procurado es meter todo en una gran bolsa. Por lo tanto, al meter todo en esa gran bolsa  que, además, no alcanza a justificar la evolución de los pasivos  se pretende justificar el destino de la deuda y yo creo que la deuda, por sí sola, francamente no se justifica.
En el pedido de informes al que hice referencia y en el informe que firma el ingeniero Pastorino, lo que se sostiene cuando le preguntamos sobre la fuente de financiación de la planta de desulfurización  teniendo en cuenta que es una inversión muy significativa que ha superado mucho las estimaciones que históricamente se conocían en cuanto a inversiones de unidades de purificación del gasoil  es que la fuente de financiamiento implicará la inversión de recursos presupuestales propios y el financiamiento externo, pero en ningún momento se hace referencia a que eso vaya a recibir por financiación o por fuente de financiación lo que se ha generado por ahorros en el convenio con Venezuela.
En oportunidad de la venta de TEXACO, que tanta polémica generó en su momento, allá por los albores del año 2007, debatimos el tema en el Parlamento y solicitamos la presencia del Ministro de Industria, Energía y Minería de la época, señor Lepra, a fin de que nos explicara el sentido de seguir comprando activos, en un esquema monopólico, superando la participación del 60% del mercado e, inclusive, violando la ley de defensa de la competencia por esa vía. En ningún momento recibimos como justificación o explicación que la financiación de la compra de TEXACO se iba a imputar a este mecanismo, con los recursos que la empresa o el Gobierno había generado por la vía de los ahorros provenientes del convenio con Venezuela. De manera que ahí, para nosotros, sigue habiendo una inconsistencia.
El argumento o la explicación de que no es la primera vez que le compramos el 55% del petróleo a Venezuela, me parece parcial. Francamente creo que estamos comparando cosas distintas. Una cosa es comprar el 55% del petróleo a un solo proveedor, en un año calendario determinado  en el año 1999, como aquí se dijo, yo no recordaba el dato  y otra, concentrar  como sostuvimos  el aprovisionamiento de petróleo a lo largo de un período prolongado, de más de siete años, con la perspectiva de que esto se agudice, con un solo proveedor y, además, por un mecanismo como este, por el cual ni siquiera cancelamos el importe de petróleo que compramos al contado o a los noventa días sino que diferimos en quince años el pago de parte de esa compra.
La información que el Ministro proporcionó en cuanto al capital de la deuda, a sus intereses y a sus amortizaciones es exacta; es la misma que nosotros teníamos. En algún sentido, confirma lo abultado de dicha deuda y también que, como afirmé, hasta el año 2020 vamos a pagar amortizaciones promedialmente por, un poco más o un poco menos, US$ 55:000.000.
En cuanto a la afirmación de que el crédito es benévolo, beneficioso o muy favorable, francamente, creo que eso admite y admitirá prueba en contrario. Me parece que ahí también estamos comparando cosas diferentes. Esto es como discutir las bondades de un medicamento cuando uno padece una enfermedad y debe consumir una medicina para mitigarla. Si, efectivamente, consumimos la medicina en la dosis suficiente, esta puede ser excelente y curarnos la enfermedad, pero si abusamos en su consumo, entonces, los resultados y el panorama pueden ser muy otros, y creo que es lo que ha ocurrido aquí. Yo puedo llegar a admitir que una tasa de interés anual de un 2% en estas condiciones es baja, pero es baja y puede ser aprovechable y útil, en la medida en que se utilice este mecanismo en forma específica o esporádica: una, dos, tres, diez veces a lo largo de los años, pero no las compras del 55% del petróleo que consumimos; no 49 cargamentos en 88. Ahí es donde, evidentemente, el uso excesivo termina generando un problema, que no descubro yo ni el Partido Nacional, sino que lo ha asumido el propio Gobierno, con las expresiones del Vicepresidente Astori, con la deliberación que, oportunamente, el propio Gobierno tuvo en el ámbito del Consejo de Ministros y con las tratativas ingentes, casi desesperadas  quiero decir un término adecuado; me surge este; puede ser un poco exagerado , que el Gobierno está realizando a los efectos de ver cómo hace para bajar esa deuda, pero no lo ha logrado. Por otra parte, digamos con mucha claridad y respeto: las autoridades han venido con las manos vacías. Se generó mucha expectativa con anticipación a la instancia de hoy. En función de eso, se cambió la fecha hasta tres veces; hay colegas de la bancada de Gobierno que son testigos  los voy a aludir porque es público y, además, he actuado con total frontalidad y franqueza: el Diputado Bayardi lo sabe , y la postergación de la fecha obedeció a que el Presidente de ANCAP tenía que viajar porque debía resolver o tratar este tema  no estoy poniendo palabras en boca del Diputado Bayardi, sino que es la composición de lugar que yo me hice; así trascendió en los medios , ya que supuestamente vendría hoy aquí con la solución final, y solución final no hubo. Lo que el Ministro empezó diciendo en el inicio de su exposición es que seguimos en tratativas. Ahí es donde yo reafirmo lo que dije antes: de esas tratativas me manifiesto y me declaro absolutamente escéptico, porque la historia de las relaciones con Venezuela, la historia reciente y la específica de esta deuda, lo que indica es que nadie regala nada, y Venezuela no nos regala nada, nos va a cobrar hasta el último peso, más allá de lo que, oportunamente, dijo Chávez en el año 2005, de lo que se ha pretendido trasmitir y de las expectativas que las propias autoridades nacionales se han generado toda vez que se ha abierto una instancia de negociación, pero toda vez que esa instancia de negociación se abrió, terminó por fracasar. Lo dije en mi intervención inicial: fracasamos en 2007 porque no quisieron cambiar esto por títulos de deuda pública. ¡Hubieran mantenido el crédito intacto! La diferencia es que en vez de que ANCAP le debiera a Venezuela, le estaría debiendo el Estado uruguayo. Capaz que eso a Venezuela no le servía tanto. ¿Por qué? Porque Venezuela está en un afán de expansión petrolera que nadie puede desconocer. En los años 2005 o 2006, el Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica de Venezuela, Rafael Ramírez, dijo que había un afán de introducirse en el mercado petrolero del Río de la Plata y, por eso, lo de Petroamérica, lo de Petrosur y todos estos convenios y tratados que, reitero, en su enorme mayoría han sido notoriamente letra muerta. Me parece que lo de hoy es lo mismo que hemos estado viendo y a lo que hemos estado asistiendo en abril de este año, a mediados del año pasado y antes en el tiempo: insinuaciones, anuncios de grandes soluciones, de grandes condonaciones, de que van a ofrecer la posibilidad de una quita o la alternativa de que Uruguay recompre y eso nos daría la posibilidad de una cancelación parcial o total, y ahí sí se confirmaría que hemos tenido petróleo más barato. Ahora bien: eso sigue sin aparecer.
Lo que se suceden son las tratativas; lo que se reitera son los diálogos, pero las soluciones concretas  reitero , hasta ahora, no han existido, y no han existido porque nadie regala nada y porque por algo, por ejemplo, Venezuela siempre ha querido ser socia en lo más apetecible del negocio, que es esto: las 48 cargas de crudo, ¿cómo no? ¿Qué productor de petróleo en el mundo con excedentes de exportación tan importantes no va a querer colocar su producto a valores internacionales en el mercado internacional y dar condiciones de financiamiento, como se han dado, si eso va generando, en todo caso, una situación de concentración o de dependencia, como se dijo recién aquí? Entonces, eso es lo que, notoriamente, nos ha venido ocurriendo.
En lo que respecta a la situación financiera general, francamente, tengo algunos reparos con lo que aquí se ha dicho, no porque dude de su veracidad, pero sí porque me parece que al informe le faltan algunos elementos. El Ministro dijo que tenemos un excelente perfil de vencimientos y que el estado financiero de ANCAP es saludable y fuerte. Esto siempre implica, por supuesto, valoraciones de carácter relativo. Obviamente, ¿cómo no va a ser saludable y fuerte, cuando tiene un monopolio y, por esa vía, tiene la llave a los efectos de subir o bajar los precios, según sus necesidades de caja y su proyección económica? Igualmente, también es verdad que, sin perjuicio del incremento de los pasivos  que a mi juicio es notorio  que se ha registrado entre 2007 y 2010 y de la evolución de esta deuda con Venezuela, hay otros elementos  que aquí no se han mencionado, pero que a mi juicio representan una gran fragilidad  como, por ejemplo, los US$ 270:000.000 que el Directorio actual, hace pocas semanas, contrajo como deuda con la banca "off shore" internacional, con vencimientos en el año 2012, es decir, de doce meses, por necesidades, fundamentalmente, de caja. Además, estas decisiones fueron observadas por el Tribunal de Cuentas de la república  yo tengo en mi poder las resoluciones , una, por US$ 150:000.000 con los bancos BLADEX y HSBC Panamá, y otra, por US$ 120:000.000 con los bancos Bank of Nova Scotia y Santander Overseas Bank. El Tribunal de Cuentas observó esto porque, a su juicio, se debió haber llamado a licitación, y eso no se hizo. El argumento de ANCAP fue que no podía contratar esto con la banca nacional; debía recurrir a la banca extranjera, criterio que, por lo menos, el Tribunal de Cuentas no ha compartido. De todas formas, más allá de eso y de las observaciones de legalidad  en las que no me quiero detener , me parece que, en todo caso, aquí hablamos de la dificultad que representan esos US$ 700:000.000 en condiciones que el Gobierno considera tan favorables o beneficiosas, y parte del análisis son estos US$ 270:000.000 que hubo necesidad de obtener para pagar las cuentas, con una situación que presiona incuestionablemente, que es la del precio internacional del crudo; nadie lo duda. Ahora bien: para el próximo año está esto y, según tengo entendido, se ha intentado, inclusive, mejorar o aumentar la línea crediticia que mantiene la empresa con el Banco de la República. Para el año siguiente, o para el próximo, hay una serie de vencimientos que tienen que ver con las inversiones en ALUR y para el año que viene también tenemos los US$ 50:000.000 que acaba de señalar el señor Ministro, que tienen que ver con las amortizaciones que debemos pagar por el endeudamiento con Venezuela. De manera que a la hora de sostener que la situación es de robustez y de solidez  y por lo tanto esos US$ 55:000.000 representan, como dijimos al comienzo, una especie de cambio chico, aunque no quiero ser vulgar , diría que, por lo menos, en el análisis tenemos que incluir todos los elementos que están sobre la mesa, respecto de los cuales no hago juicios de valor, porque nadie desconoce las dificultades que existen en un momento en el que la situación del precio del petróleo es compleja, es oscilante, más bien, amenazante, y donde la economía en la coyuntura internacional  más allá de los augurios que formuló el señor Ministro de Industria, Energía y Minería  lo que hoy está señalando es una serie de luces amarillas, por no decir rojas.
Finalmente, recapitulando la preocupación más grande que hemos tenido en el inicio de este planteamiento y a la hora de la convocatoria al señor Ministro, creo que seguimos sin tener respuestas concretas sobre el destino de los US$ 750:000.000. Si uno analiza la evolución de este asunto, la información que las autoridades han volcado a lo largo de los meses y de los años en las distintas comparencias ante la Comisión de Industria, Energía y Minería, puede decir que aquí no ha habido previsión a la hora de emprender este camino, en el año 2005, y a la hora de definir con nitidez que ese ahorro que se iba generando se destinaría a un fondo tangible, cuantificable, dedicado a cumplir objetivos o a financiar proyectos concretos. Eso no se hizo. Me parece que simplemente se aprovechó, se utilizó, fue a la bolsa; en todo caso, integra el balance o la cuenta final, y un buen día, cinco, seis o siete años después, nos dimos cuenta de que la deuda había crecido, que se había convertido en un monstruo difícil de dominar, que era necesario hacer algo, y salimos poco menos que en estampida, para ver de qué manera lográbamos una tratativa para obtener una quita, y mientras tanto, explicábamos al país y a la oposición qué habíamos hecho con el dinero.
Creo que esa imprevisión ocurrió; por cierto, no le es imputable en su totalidad al señor Ministro de Industria, Energía y Minería, porque no ocupaba ese cargo en el período anterior. En tal caso, si lo que hay que hacer es juzgar una política o una línea de actuación que comienza en el año 2005  porque este es un proceso ininterrumpido que comenzó entonces y no se ha detenido hasta el día de hoy , esas son las conclusiones que inexorablemente tenemos que extraer.
En cuanto a lo que vaya a ocurrir hacia delante, tampoco me queda claro cuál es la idea. Hoy, el Ministro fue un poco más liberal de lo que fue el Presidente de ANCAP, señor Sendic en el mes de abril, cuando resultó bastante más conservador. Cuando vinieron en esa oportunidad, Sendic dijo que iban a comprar al contado, porque estaban en condiciones de hacerlo, y que no se iban a endeudar más a quince años. De hecho, en el año 2011, de las cuatro compras que aparecen computadas, dos se arrastran desde 2010 y las otras dos, según tengo entendido, inclusive con el voto de los Directores de la oposición, se adjudicaron no sé si a sesenta o a noventa días. Supuestamente, esa iba a ser la política.
A nosotros nos surgen dudas. Ya nos surgieron hace pocos días, cuando el Director Juan Gómez dijo que estas tratativas que Sendic impulsaba o protagonizaba ahora en Venezuela tendrían por finalidad salvar el instrumento, porque querían seguir utilizándolo. Parece que el Ministro ha confirmado esa política. Desde ya quiero decir que el Partido Nacional no la comparte; entendemos que esta política debe detenerse, porque si vamos a seguir transcurriendo por ella, veremos que el problema que hoy tenemos se agravará con el tiempo y será más complicado el panorama de futuro, por todas las razones que ya expliqué. En esto hemos sido absolutamente coherentes. Nos hemos referido en estos términos en todos los planos de la actuación pública, en las dos ramas parlamentarias y en el propio Directorio de ANCAP, donde el Director Camy ha sustentado esa posición.
En eso estamos y vamos a seguir estando. Reitero, señor Presidente, que por lo menos para mí, sin perjuicio de lo que transcurra después en el debate, las conclusiones que sacamos de lo que las autoridades han expresado resultan insatisfactorias porque, reitero, lo que aquí se dijo ya lo conocíamos de sus labios. Como debo partir de la base de que todo lo que se dijo es todo lo que se tenía para expresar, estaremos a las resultancias de autos. Por supuesto, seguiremos este debate como corresponde, pero sinceramente nos vamos con las mismas preocupaciones con las que llegamos.
He terminado, señor Presidente.
SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para una aclaración.
SEÑOR PRESIDENTE (Yanes).- Tiene la palabra el señor Diputado.
SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: lamento enormemente que el debate haya tenido un giro  aparentemente lo ha tenido  y que, entonces, del buen nivel que veníamos manteniendo con el Ministro y con el Presidente de ANCAP en cuanto al intercambio de las ideas, caigamos en el terreno del agravio. Agravios hubo. No sé si tomarlos en forma personal, si están dirigidos a mi colectividad política o si fueron lanzados al aire a ver, en todo caso, quién se hace cargo. Lo que sí digo es que el calificativo de patrañas del señor Diputado Mujica no solo lo rechazo, sino que se lo devuelvo. Francamente, lo que nosotros hemos hecho es venir a actuar con absoluta corrección y lealtad, a dar nuestro punto de vista, a no calificar intenciones de parte de nadie y a realizar los cuestionamientos que nos vinieron en gracia, porque tenemos derecho a hacerlo. Diría que no solo tenemos derecho sino que, además, tenemos el deber como Partido de la oposición.
Aquí se ha dicho poco menos que los que estamos en contra y tenemos discrepancias con esta situación de endeudamiento estamos al servicio de los "traders", ¡como si ahora ANCAP no hiciera negocio con los "traders! ¡Mire que en estos años ANCAP ha hecho negocios y muy suculentos! Y seguramente buenos negocios, pero ha hecho muchos y con algunos "traders" en particular. Sería bueno que eso se supiera, porque los "traders" no solamente venden petróleo y, además, Venezuela no es la única que vende todo el petróleo; vende el 55%. Pero los "traders" venden producto terminado, combustible; los que andan acá en la región, los que intermedian y venden. ¡Y mire que han vendido en estos años desde el 2005 y, en particular, en el actual Período de Gobierno! Quienes han objetado la deuda, señor Presidente, no han sido solo los partidos de la oposición; no ha sido solo el Partido Nacional. Lo dije en mi intervención inicial.
El Vicepresidente de la República  que es un hombre con quien yo discrepo, pero a quien, por cierto, respeto desde el punto de vista intelectual, porque cuando dice lo que dice sabe por qué lo dice  hace pocas semanas expresó que la compra de petróleo a Venezuela fue un mal negocio para el país. Aquí tengo la versión periodística; puedo leer todo el párrafo pero no quiero aburrir a la Cámara; lo pongo a disposición de los colegas. Entonces, claro, cuando es el Partido Nacional el que pone reparos es por razones ideológicas, es porque estamos en contra de Chávez y a favor de otros capitalistas distintos a Chávez o de filiación funcionalista más que marxista. ¿De qué estamos hablando? Eso no es verdad. Entre otras cosas no es verdad porque Uruguay, en materia petrolera, siempre hizo negocios con Venezuela; ya se sabe, lo acaba de decir el Presidente de ANCAP. ¡Claro que antes se le compraba petróleo! ¡Claro que PDVSA siempre fue candidata a asociarse con ANCAP, por distintas circunstancias vinculadas con la sinergia que, sin ninguna duda, se da en muchos aspectos! Acá no hay una calificación o una descalificación en función de las características de la contraparte, y mucho menos por razones ideológicas. Hay una valoración objetiva de las deudas, de la situación financiera y, específicamente, de este mecanismo de compra de crudo, porque cuando se invoca a las consultoras, hay que invocarlas a todas. Aquí se ha hablado de KPMG; la citó el señor Ministro. Ahora, hace poco tiempo, a fines del año 2009, casi dos años, Standard & Poor's  ya que mencionamos a las consultoras  bajó la nota de la deuda de ANCAP, y es una situación que no ha cambiado; esta es la situación actual. ¿Por qué lo hizo? Leamos lo que dice Standard & Poor's. Dice que reduce "la nota para la deuda corporativa [...] ante el incremento que hizo la empresa de sus pasivos en los últimos meses". A su vez, advierte "deterioro en la calidad crediticia de ANCAP a nivel individual como resultado de un creciente nivel de endeudamiento, un debilitamiento en la posición de liquidez y fuertes inversiones de capital proyectadas", y sigue haciendo otras consideraciones.
Entonces, esto es lo mismo que con relación a Astori. Cuando lo dice Astori, lo pasamos por alto; pero cuando lo dice el Partido Nacional, hay una especie de histerismo ideológico por el cual cuestionamos todo. Cuando lo dicen las consultoras, que hablan a favor del Gobierno en determinado momento y con relación a este mecanismo en sí mismo  no necesariamente con relación al uso excesivo del mecanismo, que es lo que dije antes , nos agarramos de estas. Ahora bien, cuando le bajan la nota a la empresa por razones vinculadas con el endeudamiento y el debilitamiento crediticio, entonces eso está mal.
Creo que, por lo menos, frente a esta evidencia no deberíamos descalificar.
Gracias.
 
 
SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para una aclaración.
SEÑOR PRESIDENTE (Yanes).- Tiene la palabra el señor Diputado.
SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: voy a ser muy breve en lo que, seguramente  no lo sabremos hasta que se levante la sesión , será mi última intervención.
Como bien dijo el señor Diputado Bayardi, las preguntas han sido contestadas. Comparto esa constatación objetiva. Dije en mi última o penúltima intervención, luego de que el señor Ministro hiciera uso de la palabra, que no nos satisficieron las respuestas, no colmaron nuestro propósito de obtener información concreta con relación a lo que las preguntas se proponían desentrañar por razones que estoy tentado de reiterar. Sin embargo, creo que le haría un favor a la Cámara si no repitiera los largos argumentos que oportunamente formulé en cuanto a documentar, definir y anunciar con qué recursos se financia cada uno de los proyectos en función de la historia fidedigna que esto tiene.
Aquí se mencionaba la compra de Texaco y lo de la planta desulfurizadora, y nosotros seguimos advirtiendo inconsistencias desde ese punto de vista.
En cuanto a la cancelación de los pasivos, es cierto que conocíamos ya la información. Inclusive, es parte de los datos que oportunamente se entregaron a la delegación del Partido Nacional que visitó al ex Ministro Lepra en cuanto al destino de los primeros US$ 202:000.000 de la deuda. De estos, US$ 147:000.000 efectivamente se dedicaron a determinadas operaciones de carácter financiero  por ejemplo, la del "offtake" , y US$ 51:000.000 de ese conjunto se destinaron a necesidades de caja, que no sabemos muy bien qué destino final tuvieron.
Comparto lo que decía el señor Diputado Bayardi en cuanto a que hemos llegado a un punto tal en que este debate se podría alargar hasta el infinito, aunque seguramente caeríamos en las cacofonías y en las reiteraciones de argumentos.
Como nos consta que se está por agotarla lista de oradores, queremos aprovechar esta intervención atreviéndonos a invocar al Partido Nacional, porque en su nombre hemos hablado y fue el que promovió esta instancia, para agradecer al señor Ministro sus respuestas, más allá de las diferencias que, naturalmente, tenemos y que han quedado expuestas en el transcurso del debate. Asimismo, quiero valorar el esfuerzo por brindar la información que se ha proporcionado aunque, en términos generales, para nosotros ya era conocida porque, como dijimos, es una reiteración de lo que se aportó en el seno la Comisión. Ello no quita que reconozcamos en el Ministro a un hombre que respeta al Parlamento y que ha procurado siempre explicarse e informar con la mayor transparencia, al menos, los datos que están a su alcance. Esto es válido también para el Presidente en ejercicio de ANCAP, a quien conocemos desde hace largo tiempo ya que compartimos tareas juntos en la empresa y con quien, más allá de las diferencias, hemos mantenido siempre una relación respetuosa y correcta que se ha manifestado a lo largo de esta extensa sesión. Queríamos dejar estas constancias que nos parecen importantes a esta altura del debate cuando, aparentemente, se empieza a redondear.
Gracias, señor Presidente.
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Internacion compulsiva de personas en situación de calle

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SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: creo que estamos asistiendo a un debate entre lo virtual y lo real. Lo virtual es el proyecto de ley que la Cámara está analizando y lo real los 650 compatriotas que están en situación de calle y a los que el Gobierno no ha sido capaz de dar el amparo social que, por derecho, les corresponde. Eso es lo que resume la discusión que estamos teniendo en la noche de hoy.
 
Una vez más, el camino que escoge el Gobierno es el de la construcción virtual. Frente a un problema no encuentra mejor alternativa o válvula de escape que ponerse en víctima, decir que no pudo pero no porque no fue capaz sino, en todo caso, porque no tiene los instrumentos suficientes y porque no tiene el marco jurídico para proceder en el sentido de lo necesario. Esa es la realidad, le pese a quien le pese, y quien no la quiera comprender deberá notificarse de ella porque es una realidad que rompe los ojos.
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Sobre la ley interpretativa del presupuesto nacional

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SEÑOR ABDALA.- ¿Me permite una interrupción?
SEÑOR OTEGUI.- Sí, señor Diputado.
SEÑOR PRESIDENTE (Espinosa).- Puede interrumpir el señor Diputado.
SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: sin perjuicio de que estamos anotados para hacer algunas consideraciones adicionales, quisiera adelantar un concepto que me parece medular con relación a esta discusión. Creo que estamos frente a una propuesta que es claramente violatoria del principio de legalidad. Esta es una norma que por la vía presunta de la interpretación auténtica de una ley vigente lo que hace es modificar una norma de rango legal.

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Ley de Emergencia Sanitaria

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Tiene la palabra el señor Diputado Abdala.
SEÑOR ABDALA.- Señora Presidenta: antes que nada, quiero decir que estamos asistiendo al derrumbe de algunos mitos. Un Gobierno de izquierda, presidido por un tupamaro, toma medidas duras y pone todo el peso del Estado al servicio de la limitación de los derechos laborales y sindicales.

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Informe en Camara de Representantes-Proyecto Fonasa-Cajas de Auxilio

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SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: me corresponde a mí hacer, en nombre del Partido Nacional, el informe en minoría que habrá de recomendar a la Cámara el rechazo del proyecto de ley a consideración del Cuerpo.
    Antes que nada, coincido con el miembro informante en mayoría en cuanto al clima de armonía en que se trabajó en la Comisión y al cual, efectivamente, las tres bancadas que estuvimos representadas  la del Partido Nacional, la del Partido Independiente y la del Frente Amplio  de las cuatro que tienen representación parlamentaria, abonamos y contribuimos, como corresponde a un análisis civilizado de los temas, aun cuando las diferencias son grandes e importantes.

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