Un ex jerarca de la administración municipal frenteamplista de Montevideo acaba de ser procesado por varios delitos, perpetrados a través de la venta fraudulenta de nichos. El hecho es la primera derivación de las denuncias realizadas oportunamente - y de la eficaz investigación llevada adelante - por nuestro compañero Daniel Graffigna, quien cumpliera una sobresaliente actuación en la Junta Departamental de Montevideo, en representación del Partido Nacional, durante el periodo pasado.
Sin duda, se trata de un episodio extraordinariamente grave, que indica un nuevo foco de corrupción en la Intendencia de Montevideo, ahora en la división de necrópolis. Sin embargo, parece no ser un acontecimiento aislado, sino el primero de varios y, más que la culminación, solo el inicio de un proceso de descubrimiento de múltiples irregularidades. Todo sugiere – ya hay otros dos procesamientos solicitados por el fiscal – que nos hallamos frente a una organización que se montó para obtener un enriquecimiento ilícito y, desde el mismo riñón de la administración, cometer esos y, eventualmente, otros delitos.
Resulta obvio que en todo lo dicho se fundamenta la gravedad de la situación, pero no solo en eso. La acción cometida por estos funcionarios deshonestos implicó daño a la administración y a los particulares. En el caso de estos últimos, además, el mismo es de carácter múltiple, porque al perjuicio económico debe sumarse el ultraje moral y emocional derivado del vilipendio de los restos y la profanación de los sepulcros.
Los descripto, más allá de que no requiera mayores comentarios adicionales para apreciar su magnitud, sin embargo, dispara algunas reflexiones que surgen espontaneas. En primer lugar, es – claramente – una nueva prueba de que nadie tiene el monopolio de la probidad y, contrario sensu, no hay gobierno – nacional o departamental – que esté exento de riesgo en cuanto a situaciones de este tenor. La corrupción es una expresión elocuente de la miseria humana, no tiene ideología, y aflora en el lugar menos pensado y en el momento menos esperado.
Por otra parte, parece volverse frecuente que estas cosas le sucedan al Frente Amplio, pero ello no debe inducir a error. En efecto, esa fuerza política, como cualquier partido o colectividad de nuestro país, ni más ni menos, está expuesta a que aquello suceda. En verdad, no debe perderse de vista que la izquierda gobierna la capital desde hace más de 21 años, más de 6 de los cuales ocupó, simultáneamente, la titularidad del Poder Ejecutivo a nivel nacional. Dicho sea de paso, es hora de cambiar.
Sin embargo, un aspecto que importa – y mucho – es la forma en la que reaccionan, tanto los gobiernos como los grupos políticos, ante la ocurrencia de estas circunstancias desgraciadas. Es decir, cuál es la actitud que adoptan los gobernantes o, en su caso, quienes conducen los colectivos partidarios, para conjurar la situación, extirpar el mal y sanear las estructuras tras la presencia usurpadora en ellas, de quienes, traicionando la confianza, utilizan el poder en su ilícito provecho.
En ese plano, nos queda la impresión de que, con relación a los delitos denunciados por el ex edil Graffigna, los jerarcas municipales no reaccionaron con la contundencia esperada, y ello incluye a la propia intendenta. En una primera etapa, cuando la Justicia iniciaba su actuación, la respuesta fue la indiferencia, o bien, el intento por relativizar o menospreciar la importancia de los planteos.
Ahora, ante la evidencia del primer procesamiento, se dijo lacónicamente que se procederá a investigar, pero no es suficiente. Frente a un panorama tan delicado, que sugiere, además, la posible existencia de un complejo entramado, enquistado en la administración, las medidas debieron ser de una rotundidad diferente. Se debió llamar a responsabilidad política a los titulares de las direcciones respectivas y se debieron intervenir las mismas. En cada área, los jerarcas de turno son fusibles, y aunque personalmente no estén involucrados en irregularidad alguna, son objetivamente responsables de todo cuanto acontece en los servicios bajo su supervisión.
El gobierno departamental de Montevideo tiene el deber de garantizarle a la población que las funciones municipales se cumplen regularmente, conforme a derecho y con transparencia. No alcanza con decir que se va a investigar, porque eso es – apenas – poner paños tibios. La intendenta debería ser, en esto, bastante más