
COMISIÓN DE PRESUPUESTOS INTEGRADA CON HACIENDA.
(Sesión del día 27 de julio de 2011)
SEÑOR PRESIDENTE (Pardiñas).- Habiendo número, está abierta la sesión.
(Es la hora 14 y 25)
——La Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda pasa a considerar el Inciso 11, "Ministerio de Educación y Cultura", artículos 182 a 197. Damos la bienvenida a la delegación de dicho Ministerio integrada por el doctor Ricardo Ehrlich, Ministro; la ingeniera María Simón, Subsecretaria; el señor Pablo Álvarez, Director General de Secretaría; el señor Luis Garibaldi, Director de Educación; el señor Javier Miranda, Director General de Derechos Humanos; la señora Cecilia Blanco, Directora de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales; la señora Virginia Martínez, Directora de Televisión Nacional; el contador Alejandro Lima, Director de Área Financiera; la contadora Marina Lacaño, Asesora; el doctor Pablo Maqueira, Asesor Letrado; el señor Fernando Butazzoni, Presidente del SODRE. Por la OPP, asesorando a la Comisión, se encuentran las señoras Susana Yakes y Paola Pittini y por la Contaduría General de la Nación, el señor Gerardo González.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- Buenas tardes al Presidente y a los legisladores.
Respondiendo a la convocatoria que nos hicieron, hemos preparado un resumen de comentarios sobre el articulado que presentara nuestro Ministerio. En el material que ustedes tienen está resumida la actividad cumplida en 2010 por las distintas dependencias del Ministerio de Educación y Cultura.
Me voy a referir muy brevemente a las actividades generales realizadas y las dejamos a disposición de los legisladores con el fin de ampliar la información ya presentada.
En el año 2010 se llevaron adelante, de acuerdo con lo programado, las tareas iniciales vinculadas al fortalecimiento institucional y se cumplieron en las distintas dependencias del Ministerio las tareas planificadas. En lo que tiene que ver con la educación, se avanzó de manera significativa en la implementación de disposiciones de la ley de educación, tanto en lo que tiene que ver con la articulación de las instituciones de educación nacional en el seno del sistema nacional de educación pública como en la implementación de otras instancias, en particular el fortalecimiento del sistema de educación no formal, la consolidación del Consejo Nacional de Educación no Formal y la articulación con otras instituciones nacionales en distintas propuestas, particularmente me refiero al INEFOP, Instituto Nacional del Empleo y Formación Profesional.
En las distintas áreas de cultura se llevaron adelante los programas previstos que condujeron a la creación de nuevos espacios, en particular, nuevos museos. Es de destacar la inauguración del Espacio de Arte Contemporáneo en la ex Cárcel de Miguelete; el inicio de las actividades del Museo Figari; la continuación de las obras en el Instituto Nacional de Artes Escénicas ‑que se inaugurarán en este segundo semestre‑ y las obras en el conjunto de museos; la inauguración de usinas de la cultura; el desarrollo de nuevos espacios, en particular de un espacio cultural destinado a la gente en situación de calle en Montevideo, que se llama "Urbano Espacio Cultural" que al día de hoy tiene a unas trescientas personas vinculadas a sus actividades; la extensión de los programas de centros MEC, que continúan este año; la instalación de vigorosas iniciativas en lo que tiene que ver con el desarrollo y fortalecimiento de la Biblioteca Nacional, del SODRE, tanto en la radio como muy particularmente en el centro de espectáculos y los elencos estables y también iniciativas de envergadura que siguen en marcha en la consolidación de la televisión nacional.
En ese contexto, y de cara a los programas previstos tanto en la propuesta quinquenal como en la agenda que preparáramos para el año en curso, hemos introducido una serie de propuestas que han sido retenidas en el articulado que tienen a consideración para el próximo año. Con esta muy breve introducción paso a comentar rápidamente el articulado de modo de instalar el diálogo que corresponda y responder a las preguntas.
La presentación del Inciso comienza en el artículo 182. Los artículos 182 y 183 refieren al Ministerio Público.
El artículo 182 propone la creación de dos nuevas Fiscalías, una en Artigas y otra Toledo, en simetría a lo aprobado en la ley presupuestal para el Poder Judicial.
El artículo 183 propone la creación de los cargos para el funcionamiento de esas Fiscalías, dos cargos de Fiscal Letrado, los de Secretario Letrado y los de administrativo correspondientes.
El artículo 184 introduce una modificación a la norma vigente, en lo que refiere a los denominados Fondos de Incentivo Cultural, que fueran creados en la Ley Nº 17.930. La modificación tiene que ver con el artículo 239 de esta norma que define a este Fondo. Concretamente, se propone un pequeño cambio en lo que es el espacio fiscal destinado a este fin, con el objetivo de fomentar el aporte de empresas a este Fondo.
Para dar una idea a la Comisión sobre el espacio fiscal definido en la mencionada ley, debo decir que se preveía una suma de $ 13:800.000 por semestre. Durante todo el año 2010 se recaudaron $ 7:562.000 por todo concepto y por las distintas modalidades previstas en el mencionado artículo. En resumen, en el correr de 2010, solo se aprovechó un 27% del espacio fiscal definido en el artículo 239 de la Ley Nº 17.930.
Entonces, luego de la evaluación de una primera etapa de aplicación de este Fondo destinado al fomento y al desarrollo de las actividades culturales, alentando al aporte a través de un incentivo de una reducción fiscal significativa, se proponen las modificaciones que figuran en el artículo 184 del proyecto en consideración. Concretamente, se deja el punto 1) del artículo 239 de la Ley Nº 17.930, que tiene que ver con una exoneración completa del 75%, que se prevé como pago a cuenta de tributos. Asimismo, se mantiene el porcentaje del 25% que se puede imputar como gasto de la empresa donante.
Según las distintas modalidades previstas, ese 75% podía exonerarse en un 100%, cuando se hacía la donación al Fondo Común. Luego se fijaban distintos porcentajes cuando las donaciones tuvieran fines más específicos, como el apoyo sectorial en un área cultural o artística definida, y se determinaban montos menores cuando los aportes estaban destinados a un proyecto muy concreto, con montos diferenciales según la donación se efectuara con la finalidad de apoyar una actividad en el interior o en Montevideo.
Como decía, evaluando los resultados, en el artículo 184 se proponen unas pequeñas modificaciones que ajustan esa propuesta inicial, sobre todo, en lo que tiene que ver con la supresión de los Fondos Sectoriales, que no han sido exitosos, y con el aumento de los incentivos para los proyectos que se denominan individualizados, tanto para el interior del país como para Montevideo.
Asimismo, hay un pequeño aumento para aquellas iniciativas que apoyen propuestas oficiales.
Entre los cálculos efectuados, las modificaciones introducidas aumentarían el espacio fiscal total en menos de un 2% y podrían tener como efecto ‑de acuerdo con las consultas en el medio empresarial‑ un fortalecimiento significativo del programa.
SEÑOR ABDALA.- Si el Ministro no tiene inconveniente, la dinámica de la Comisión es que lo vayamos interrumpiendo tras la explicación de cada disposición, obviamente, siempre que haya preguntas. Por eso hemos solicitado esta intervención, no sin antes dar la bienvenida al señor Ministro de Educación y Cultura, a la señora Subsecretaria, al señor Director General de Secretaría y a todos los jerarcas que los acompañan.
En este caso concreto, la pregunta es la siguiente: el Ministro explica que estas modificaciones a la estructura o a la ingeniería de esta norma que se denominó "ley de mecenazgo" ‑así se la manejó en la instancia presupuestal del año 2005‑ tienen que ver con la circunstancia de que el nivel de aprovechamiento, de utilización de este espacio fiscal ha sido, por lo menos, relativamente bajo. Entonces, el Ministerio nos propone los ajustes que el Ministro acaba de expresar, buena parte de los cuales tienen que ver con alterar los porcentajes en los términos que él ha manejado.
La pregunta tiene que ver con un aspecto que más bien es de gestión, más allá de la estructura jurídica o de la estructura fiscal ‑si se quiere‑, porque en definitiva esto implica descontar aportes de carácter tributario. A lo largo de estos cinco años, y en particular en esta Administración que es por la que puede hablar antes que nada el señor Ministro, ¿cómo maneja este tema el Ministerio, la Dirección Nacional de Cultura? Independientemente de la vigencia del sistema, ¿hay una difusión del mismo? ¿Hay una actitud proactiva del Ministerio en el sentido de intentar promover el instrumento a nivel de distintas empresas, de potenciales patrocinantes? La duda que surge es si será suficiente con este ajuste de carácter legal para que después las cosas comiencen a andar mejor o si tal vez esto se complementa con otras medidas vinculadas con aspectos de carácter político, es decir, de políticas de gestión.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- Este Programa está gestionado por una Unidad de la Dirección Nacional de Cultura que, por un lado, realiza convocatorias públicas de manera de poder configurar una lista, un directorio de proyectos que pueden ser apoyados o apoyables, y al mismo tiempo lleva adelante una fuerte difusión en el medio empresarial. Esto realmente se hace con un gran dinamismo. Lo que hemos podido verificar es que las empresas evalúan distintas alternativas, distintos apoyos en distintas áreas de interés nacional y nos han manifestado repetidamente que la implementación de este fondo, llamado ley de mecenazgo, a veces los hace dudar en poder concretar una iniciativa de apoyo a una propuesta cultural.
Las modificaciones que hemos introducido las teníamos a consideración en algún momento de la elaboración de la ley presupuestal, pero se postergaron para un estudio más profundo y responden al diálogo e interacción con el sector empresarial. Sin duda esto no alcanza si no hay una actividad proactiva, dinámica, de interacción tanto con el medio cultural y artístico como con los empresarios. El 27% mencionado de aplicación del fondo, del cupo fiscal, en el contexto que mencioné me parece una señal alentadora de que el camino es promisorio.
Las modificaciones van a llevar, sobre todo en lo que tiene que ver con el apoyo a proyectos individualizados, a una propuesta directa por la cual una empresa elige un proyecto en particular, se modifica de manera importante y pasa de un 47,75% de exoneración a un 65%. Uno de los cambios más significativos es el que refiere a los aportes de una empresa para una iniciativa particular en el interior del país. Si fuera en Montevideo, el cambio sería de un 30% a un 55%; ahí es donde el impacto es mayor, donde la empresa elige lo que va a apoyar.
SEÑOR GANDINI.- Voy a hacer una pregunta estrictamente presupuestal. El señor Ministro se refería al espacio fiscal disponible y no logro entender la expresión, a lo mejor porque la usamos con distinto alcance.
Hay una especie de monto máximo dispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas ‑creo que no está en la ley; si lo está solicito que se me lo indique‑ por el cual se puede utilizar este mecanismo de exoneraciones tributarias que, obviamente, constituye una renuncia fiscal. Me gustaría que se me repitiera cuál es ese monto ‑entendí que se utiliza más o menos una cuarta parte de ese monto‑, si se mantiene en la misma cifra y si esto, por lo tanto, apunta a aprovechar mejor el monto disponible.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- El espacio fiscal, el tope fijado, es de $ 13:800.000 por semestre, es decir, unos $ 27:000.000 anuales. Esto se dispuso por normativa y fue instrumentado luego con el Ministerio de Economía y Finanzas. En el caso de que se aproveche al máximo el espacio fiscal, la modificación que se ha introducido es que se podrían introducir modificaciones menores a un 2% de este espacio fiscal
De esos $ 27:000.000 de tope, lo que se utilizó efectivamente en 2010 fue un 27% del total.
Los artículos 185, 186, 187 y 188 refieren al Registro Civil
El artículo 185 modifica un artículo de la última Ley de Presupuesto que habilita al Director del Registro Civil a reglamentar la investidura transitoria de actores del Registro Civil para actuar en casamientos y extiende lo que ya está vigente a funcionarios públicos que se desempeñen en ese organismo. Es decir que se extiende la posibilidad de cumplir esas funciones, no solo a los funcionarios propios del Registro Civil, sino a aquellos que se desempeñen en el organismo.
El artículo 186 propone facultar "[...] a la Dirección General del Registro de Estado Civil para subrogar a los Oficiales de Estado Civil de la capital en caso de licencia, impedimento o cuando medien causas suficientes [...]", y también que "[...] podrá disponer las subrogaciones que entienda pertinentes, para el cumplimiento de las funciones propias del cargo, de Oficiales de Estado Civil de la capital o interior del país, debiendo mediar en el caso de estos últimos, la conformidad del subrogante".
El artículo 187 propone facultar al Ministerio de Educación y Cultura a realizar convenios con Gobiernos Departamentales y gobiernos locales con relación a la aplicación de políticas de prestación de servicios de registro civil.
El artículo 188 modifica un artículo de la última ley presupuestal que refería a la distribución de los ingresos por concepto de casamientos que se efectúen fuera de sede. Este artículo aclara que la partida que se definía en la ley presupuestal se limita a aquellos actores que realmente sean Oficiales actuantes en esos servicios.
SEÑOR BEROIS.- En primer lugar, doy la bienvenida al señor Ministro, a la señora Subsecretaria y a los asesores.
Con respecto al artículo 187, que habla de "[...] realizar convenios referentes a la aplicación de políticas de prestación de servicios [...]", me gustaría saber en qué consiste esto.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- Se buscó que la formulación fuera abierta, de manera de permitir la articulación de iniciativas conjuntas con las Intendencias y posiblemente también con los Municipios, que pueden ser de diferente naturaleza según los departamentos. Esto podría ir desde la actualización de información y todo este trabajo de archivo, como podría llegar a implicar también la posibilidad de realizar casamientos en las sedes de los Gobiernos departamentales, según se defina en cada uno de los acuerdos.
SEÑOR GANDINI.- Parece lógico suponer que estos artículos ‑algunos nuevos y otros que modifican artículos vigentes‑ tienen como motivos contar con herramientas para superar situaciones como las que vivió el Registro Civil ‑a esta altura superadas‑ durante un período en el que no cumplió con sus funciones. Sin embargo, algunas de estas situaciones están previstas. La pregunta es si no se pudieron utilizar los mecanismos existentes; la Dirección General del Registro de Estado Civil ya disponía de facultades. La pregunta es si no fueron suficientes o si no se pudieron instrumentar.
En segundo lugar, quisiera conocer el alcance de la modificación del artículo 186 al artículo 68 de la Ley N° 16.002. Lo que disponía el artículo 68 era que se podía hacer lo mismo que dice aquí en el caso de celebración de matrimonios, y acá se establece para el cumplimiento de las funciones propias del cargo. Me gustaría saber en qué consiste la diferencia, porque uno tiende a pensar que lo único de lo que se encarga el Registro Civil es de los matrimonios. Pero, ¿qué otras cosas van a estar a cargo de la Dirección General del Registro de Estado Civil cuando pueda subrogar a los Oficiales del Estado Civil en la capital o en el interior, con esta nueva redacción?
SEÑOR IBARRA.- Sin duda, este bloque de artículos del 185 al 188 es para mejorar los servicios de la Dirección General del Registro de Estado Civil. Sabiendo la problemática que hay en el Registro Civil, donde periódicamente hay desencuentros o movilizaciones que perjudican directamente a la ciudadanía, quisiera saber si se ha dialogado con el sindicato sobre las modificaciones aquí establecidas, no sea cosa que se originen rispideces y, una vez más, el usuario se vea perjudicado.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- El conjunto de esta propuesta tiene como objetivo mejorar el servicio; en particular, los acuerdos con los Gobiernos Departamentales obedecen a la preocupación de que los jerarcas departamentales y municipales puedan actuar, eventualmente, oficiando casamientos, como sucede en otros países.
Durante el conflicto que finalizó estos días se utilizaron todas las normas vigentes a los efectos de minimizar el impacto. Cuando correspondía, se realizaron casamientos, pero en algunos casos no se pudo cumplir con las tareas de inscripción y entrega de certificados. Estas normas no están destinadas a resolver eventuales situaciones conflictivas.
La elaboración de estas normas tuvo lugar durante el período del conflicto, sin embargo, la interacción con los funcionarios era fluida y están en conocimiento de ellas.
Los Oficiales del Registro Civil cumplen tareas registrales, casamientos y registros en general.
SEÑOR GANDINI.- Para hablar en criollo: la diferencia es que hasta ahora podía subrogar en funcionarios de la Unidad Ejecutora y ahora también va a poder hacerlo en quienes estén en comisión en ella. No creo que haya otra circunstancia, no logro interpretar nada más; lo amplía hasta allí.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- Sí.
SEÑOR GANDINI.- Por el artículo 187, el Parlamento delega en el Poder Ejecutivo la facultad de realizar convenios, que pueden llegar, inclusive, a que los Alcaldes casen o inscriban nacimientos en el Municipio, más allá de que toda esta nueva organización del tercer nivel de gobierno permitiría que el Alcalde o algún otro funcionario cumpla esas funciones en los municipios. Esto es lo que estamos delegando en el Poder Ejecutivo, para que a través del convenio llegue a ese punto. Yo me pregunto: ¿eso no desnaturaliza la función? Si se puede hacer esto, ¿para qué existe el Registro Civil? ¿Para qué existen los Oficiales del Registro Civil? Me hago esa pregunta porque, si al final, por el convenio, cualquier funcionario puede hacerlo, inclusive un administrativo de ese nivel de Gobierno ‑más allá de que lo pueda hacer un funcionario de la Intendencia respectiva‑, ¿cuál es la función del Oficial del Registro Civil? ¿No alcanzará con una base de datos y que cualquier funcionario haga el trámite?
Eso es lo que uno teme estar delegando. Creo que la simbología del Registro Civil vinculada al matrimonio es muy importante y diluirla o delegarla para que se organice de manera puramente administrativa, al menos, admite un debate o un análisis. Delegar esta función a través de un convenio puede transformar esto en un mero trámite burocrático y hay que tener en cuenta que, sobre todo para quienes no pasan por el templo, el Registro Civil cumple con toda la tarea formal y simbólica.
Por ello, me parece que esto merece una reflexión y no la mera delegación en un artículo de la Rendición de Cuentas. Quiero saber si el alcance puede ser ese.
SEÑOR PRESIDENTE.- En el interior, quienes se encargan de la formalidad del casamiento son los Jueces de Paz, no son los Oficiales del Registro Civil. ¿Esta función va a quedar en el interior a cargo de los Jueces de Paz y en los convenios no abarcará la realización del casamiento civil, o pasaría lo que pregunta el señor Diputado Gandini?
SEÑOR GANDINI.- Como complemento digo que, por mi función representativa del departamento, estaba pensando en Montevideo, donde los funcionarios de los municipios pueden cumplir la tarea.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- La redacción del artículo deja abierta distintas posibilidades. Señalé anteriormente que hasta se podía llegar a acordar la realización de casamientos. La discusión y la pregunta refieren a este extremo, que es interesante; sin duda, vale la pena el debate y la profundización.
En muchos países los Alcaldes efectivamente realizan casamientos. En este caso, si se llegara a ese extremo ‑lo cual a este Ministro le parece positivo‑, los Alcaldes se sumarían al conjunto de actores que hoy ofician matrimonios. Considerando la existencia de alrededor de noventa Gobiernos locales y Gobiernos municipales, me parece que esto podría contribuir a fortalecer esa instancia, esa ceremonia. Esto después se podría reglamentar adecuadamente.
Estoy de acuerdo con el señor Diputado en cuanto a que esto merece un debate interesante. Me parece que este es un punto en el que deberíamos avanzar.
Si me permiten, voy a ceder la palabra al Director General, Pablo Álvarez, para que realice una aclaración.
SEÑOR ÁLVAREZ.- Se trata de una ampliación de facultades que daría el Parlamento al Poder Ejecutivo para generar un convenio, que siempre es público. Lo que dice el señor Diputado Gandini es de valor; es una apreciación altamente subjetiva sobre el imaginario de lo que significa realizar el casamiento en esos lugares. La ley establece que son los Oficiales del Estado Civil quienes pueden casar. Para que un Alcalde pudiera casar habría que modificar la ley. El Parlamento no podría facultar al Poder Ejecutivo a realizar un convenio por el cual, sin previa modificación de la ley, un Alcalde pudiera casar. Lo que sí podría suceder ‑de alguna forma, especulando con lo que sí es significativo para nosotros, es decir, fortalecer el tercer escalón de descentralización‑ es que las Alcaldías pudieran funcionar también como espacios en los que la gente se casara. En ese caso, si la ley se mantiene tal cual está, podría ser el Oficial el que fuera a las Alcaldías a casar o, en el caso del interior del país, el Juez de Paz. Por lo tanto, para que suceda lo que para el Ministro es algo significativo ‑podemos tener una visión distinta, no solo de la del Ministro, sino en el sentido de que ese documento sea válido; de todas formas, se debe proteger el derecho de la gente a tenerlo‑, tendría que mediar una ley. Entonces, si hay modificación de la ley, la discusión se dará en el ámbito parlamentario.
SEÑOR POSADA.- Simplemente quiero expresar la misma preocupación que planteaba el señor Diputado Gandini. Con respecto a esta amplia facultad que se da al Ministerio de Educación y Cultura, si bien es cierto que hay una ley vigente y que esto supondría su modificación, me cuestiono si verdaderamente este es el camino. Me parece que frente a situaciones como las que se han dado en el pasado lo que no podemos hacer es actuar en función de reacción. En todo caso, debemos sopesar cuáles son las decisiones que en materia de esta política deberían instrumentarse por el Poder Ejecutivo como alternativa.
En lo personal, me ha parecido que la propuesta que ha realizado el señor Diputado Iturralde es por lo menos digna de ser estudiada, en el sentido de habilitar, por ejemplo a los escribanos, a realizar casamientos. Reitero: me parece una propuesta digna de estudio.
El planteo que se hace y lo expresado por el señor Ministro en el sentido de que esto puede ser un cometido de las Alcaldías no me deja tranquilo, sino que me preocupa más. Entiendo que en lugar de jerarquizar el instituto del matrimonio ‑que el Estado uruguayo promueve desde la propia Constitución de la República‑, lo desvaloriza.
Por esto deseaba expresar mi preocupación a este respecto.
SEÑOR SÁNCHEZ.- Sin ánimo de entrar en una polémica, sino de aclarar, más allá de que el Parlamento tendrá sus instancias para debatir las propuestas de los legisladores, en este caso, la del señor Diputado Iturralde, me parece que la aprobación de su planteo significaría la eliminación del Registro Civil como tal, por lo menos en mi interpretación. Y pregunto a la delegación del Ministerio si esto es así, más allá de la discusión o el debate parlamentario que debemos darnos en otra Comisión, dado que este punto está asociado a otras cuestiones.
Si no entiendo mal, la iniciativa está en consonancia con los objetivos de promover la institución del matrimonio, más allá de la definición que tenga cada uno desde el punto de vista filosófico sobre ese contrato o acto administrativo. Me parece que permitir que las Alcaldías ‑que son el tercer nivel de Gobierno‑ puedan oficiar como sedes donde se puedan realizar matrimonios está en consonancia con la promoción del instituto, y garantiza que los ciudadanos que deseen contraer matrimonio puedan hacerlo. Lo que se pretende es acercar a los ciudadanos la posibilidad de casarse en la Alcaldía, en un Gobierno local. Creo que esa es la intención que se desprende del articulado.
SEÑOR ABDALA.- Sumándome a las dudas que han expresado varios legisladores ‑en particular de los dos partidos de la oposición que se han pronunciado hasta este momento‑, debo decir que, a mi juicio, el artículo 187 está muy mal redactado, por lo menos teniendo en cuenta los fines que se pretenden perseguir. Aquí se habla de realizar convenios referentes a la aplicación de políticas de prestación de servicios. El matrimonio es un contrato; su celebración implica un acto jurídico concreto de derecho público que se supone debe estar sometido a determinada solemnidad. Al mismo tiempo, la autorización para que lo celebre otra autoridad debe estar establecida a texto expreso en una norma de derecho público, como son, por ejemplo, la Ley de Presupuesto o la Ley de Rendición de Cuentas. Aquí rige el principio de especialidad. No se trata de que el Ministerio de Educación y Cultura autorice al Registro Civil a que delegue cualquier tipo de atribución. Eso debería ser establecido específicamente en esta disposición o en otra de carácter legal. Menciono esto porque veo que la confusión es bastante mayor de lo que se ha dicho hasta este momento. Este punto ni siquiera queda demasiado claro en la lectura de la norma que se propone.
SEÑOR ASTI.- Simplemente quiero dejar una constancia. Entiendo que el texto es claro con respecto a cómo se podrían realizar las subrogaciones de los Oficiales de Estado Civil.
La inclusión del tercer nivel de Gobierno, a través de los convenios que puede realizar el Ministerio con los Gobiernos Departamentales o con los Municipios, ha motivado que se dijera que se desvaloriza un acto principal en la vida de una persona como puede ser el de contraer enlace. De ninguna manera podemos acompañar esta visión. Se argumenta que no existe institucionalidad. ¡Claro que existe! Está dada por la Constitución de la República y la reciente ley por la que se crearon ochenta y nueve Municipios y que contó con un amplio apoyo en su última instancia, cuando se determinó, con nombre y apellido, cada una de las localidades en las que se iban a instalar esos Municipios. Esa es la institucionalidad que el Parlamento uruguayo ha dado a este instrumento de verdadera descentralización territorial y que pretendemos que se transforme, con el paso del tiempo, también en un instrumento de participación popular.
SEÑOR BEROIS.- Hoy en día, parte del Registro Civil funciona en el interior del país. Me refiero a lo que tiene que ver con los nacimientos y las defunciones. Es más, cuando uno se casa, una copia va a las Intendencias Municipales, y si uno quiere sacar una partida de matrimonio lo puede hacer en las Intendencias. Gran parte de las funciones del Registro Civil ya son cumplidas por los Gobiernos Departamentales, y han mostrado eficiencia. Esto ha sido una descentralización muy importante y sucede desde hace años.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- Señor Presidencia: yo creo que la discusión que se ha dado es bien interesante. Ha sido generada por la pregunta inicial del alcance posible del artículo que estamos discutiendo, que puede ir desde lo que es la coordinación en las tareas registrales, profundizando los vínculos que ya se tienen y las tareas que ya se cumplen ‑y ese era el primer objetivo‑ hasta otras tareas. Se instaló el extremo de celebrar matrimonios, que requeriría el cambio de normativa que fuera precisado.
El artículo define o propone profundizar el vínculo con los Gobiernos locales; algunos de los distintos extremos pueden no requerir normativa adicional y otros sí. Me parece que este es un tema de relevancia, sobre todo por los extremos que puede habilitar esta norma. Felicito el debate.
Entiendo que si oportunamente se pudiera llegar a habilitar nuevas tareas registrales, aun la celebración de matrimonios en las Alcaldías y, en particular, por los Alcaldes, podría ser algo tremendamente interesante.
Entonces, el artículo refiere a la habilitación, a la profundización de los vínculos a través de convenios, y a incluir la materia registral de manera general. Otros extremos que nos parecen bien interesantes van a tener que pasar por el Parlamento.
Entiendo que hay dos referencias que me parece que tenemos que precisar. Esta propuesta no es reactiva a situaciones de conflicto: busca crear caminos paralelos que puedan evitar consecuencias de una situación de conflicto. Por otra parte, entiendo que la propuesta que se mencionó ‑que, como toda propuesta que recibo, es para estudiar‑ en el sentido de habilitar a los escribanos para actuar y oficiar matrimonios, conduciría a una debilitación de las responsabilidades del Estado que podría afectar de manera muy severa esa función. Es un tema de discusión, que creo que no está directamente vinculado al artículo que mencionamos.
SEÑOR SANDER.- Buenas tardes al Ministro y a todo su equipo
Estamos de acuerdo con lo que decía recién el señor Diputado Berois cuando expresó que ese registro ya lo hacen las Intendencias, y que lo hacen bien.
Lo que nos preocupa en el tema de los Municipios ‑ya lo decía el señor Diputado Asti‑ es la descentralización. Me parece bien, pero yo creo que hay que profundizarla. Son ochenta y nueve municipios creados por ley, pero nos faltan recursos. Nos parece bien que se le den las funciones a los Alcaldes y a los Concejales, a esa gente que fue elegida por el pueblo, pero me preocupa la parte de los recursos. No nos olvidemos que los Municipios tienen un fondo votado en la Ley de Presupuesto, de solo catorce partidas de $40.000 por año.
Me parece bien la medida de que les den más funciones y que le demos más trascendencia a los Municipios, que es la que deben tener porque, en definitiva, fueron electos por los vecinos de cada localidad. En definitiva, estamos de acuerdo, pero vamos a reclamar recursos.
SEÑOR ABDALA.- Simplemente quiero reafirmar un concepto en función de la última intervención del señor Ministro.
Parecería entonces que el alcance del artículo 187 es, en principio, programático. Es decir que no es en sí mismo constitutivo o resolutivo. Lo que el Poder Ejecutivo propone es realizar convenios, que podríamos llamar exploratorios. Una especie ‑por decir algo‑ de disposición del mismo tenor que la que se aprobó en el Presupuesto con relación al Ministerio de Justicia. Primero se va a estudiar si está bien, o si vale la pena, que los Gobiernos Departamentales y los Gobiernos locales puedan celebrar matrimonios o asumir determinadas competencias jurídicas de la Dirección General del Registro de Estado Civil. Después, eventualmente, si se entiende que ese es el camino definitorio, se promoverá una ley ‑como corresponde‑, a texto expreso, para establecer esa delegación. No sé si entendí bien; me quedó esa impresión de la última intervención del Ministro. Y eso me dejaría más tranquilo porque, desde mi punto de vista, el artículo 187 no produce ese efecto. Una cosa son las políticas, que es un concepto amplio y abstracto, y otra cosa es específicamente un cometido jurídico, una atribución jurídica o una potestad. Esa, la debe establecer la ley, y lo debe hacer con límites. Aquí simplemente se habla en forma genérica y me parece que la diferencia es clara, es evidente. En todo caso, hablamos de convenios relacionados a políticas; un concepto más difuso. Otra cosa es específicamente que la Dirección General del Registro de Estado Civil delegue la potestad o la atribución de celebrar matrimonios. Me parece que no es lo que surge del artículo 187. Simplemente, quiero confirmar eso.
SEÑOR ASTI.- Se ha dado una discusión bastante más allá de lo que planteaba el señor Ministro.
Cuando hablamos del tema descentralización y de los Municipios, quiero manifestar que la ley de creación de los Municipios establece claramente que el Poder Ejecutivo podrá, a través de acuerdos ‑también con el acuerdo del Gobierno Departamental correspondiente‑, transferirles determinadas funciones, en ese caso, con la transferencia de fondos que corresponda. Esto lo habilita la ley. El resto del financiamiento de los Municipios corresponde a los Presupuestos de los Gobiernos Departamentales, ya que están sustituyendo algunas de las actividades que en las respectivas localidades realizaba anteriormente el Gobierno Departamental, donde había Juntas Locales que tenían su propia asignación de recursos.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- Creo que es claro el contenido del artículo. Propone habilitar al Ministerio a realizar convenios de manera general con los Gobiernos locales. Hay extremos que pueden acordarse o definirse que requieren una norma para cambiar las disposiciones vigentes.
El tema que discutimos es bien importante e interesante. Es un tema de fondo. Queda claro que va más allá y que no es reactivo a la situación de conflicto que vivimos recientemente.
SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el artículo 189.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- El artículo 189 concierne a las radios del SODRE y a la Televisión Nacional, y refiere a facultar a las Unidades Ejecutoras correspondientes a hacer las contrataciones en lo que tiene que ver con contratos temporales de derecho público por un mecanismo distinto que el previsto, que pasa por la ventanilla única de la Oficina Nacional del Servicio Civil.
Solicito que se habilite al Director General de Secretaría, señor Pablo Álvarez a hacer las aclaraciones sobre este artículo.
SEÑOR ÁLVAREZ.- Quienes hayan estado en la discusión del Presupuesto recordarán que en aquel entonces, cuando hicimos la presentación presupuestal del Ministerio, planteamos la posibilidad de atender la situación especial que se da para llevar adelante las funciones, tanto en la radio como en la televisión.
En aquel entonces, decíamos que las formas en que se desarrolla la función de los medios de comunicación estatales y no oficiales, necesitan muchas veces un dinamismo que los formatos clásicos tenían hasta la aprobación del Presupuesto, y se podía trabajar. Como recordarán, existía el caché. El Presupuesto eliminó el caché. Los señores Diputados saben bien que esto le ha generado al Ministerio algún que otro dolor de cabeza. Recién al día de hoy estamos en condiciones de terminar de pagar el salario de los trabajadores de la Dirección Nacional de Cultura que eran caché. Luego de diferentes reiteraciones pudimos pagar recién hoy, con un atraso. Eso es el coletazo de lo que fue aquella modificación presupuestal, que nosotros entendemos que fue positiva.
Lo que solicitamos al Parlamento es que, sin modificar, sin crear una nueva modalidad contractual, es decir, sin seguir agujerando, perforando, modificando, agregando ni volviendo atrás en todo lo que se hizo ‑cuando me tocó llegar y acompañar al equipo del Ministerio existían diecisiete mecanismos de contratación y no tenemos ninguna intención de volver hacia ahí‑, posibilite la realización de contratos temporales de derecho público a los medios de comunicación del Estado, sabiendo que son públicos pero también que, en última instancia, están en un régimen de competencia. A veces, para acceder a periodistas, noteros y diferentes técnicos que puedan desarrollar un trabajo de calidad en la televisión o en la radio, se necesitan herramientas más dinámicas. Por eso, sin crear una nueva modalidad contractual, bajo la modalidad contractual de contrato temporal de derecho público, solicitamos la realización de un trámite distinto, que no pase por la ventanilla única y que, además, posibilite el uso de la Ley Especial Nº7, que fue modificada por una Ley de Presupuesto cuando se separó la televisión oficial del SODRE. Solicitamos esto porque muchos trabajadores de Canal 5 también son empleados de la radio y si tuvieran la restricción de no poder acumular el salario, no podríamos tener a ese mismo periodista, notero o técnico en los dos lugares. Esta es la razón casi exclusiva por la que planteamos este artículo.
Actualmente el debate va por otro lado. Si bien siempre es un tema de preocupación política y, por lo tanto, de interés parlamentario, no está planteado en la Ley de Presupuesto. Nosotros creemos que hay otras funciones dentro del Ministerio de Educación y Cultura que tampoco deberían ser conceptuadas como la lógica del funcionario público a rajatabla. Creemos que los periodistas no deben ser funcionarios públicos y que el Ministerio debe tener la posibilidad de contratar, con la legalidad correspondiente, reconociendo plenamente los derechos de los trabajadores y sin ocultar el contrato real que existe. Antes existía el caché que con el tiempo se fue desvirtuando; se decía: "Más o menos trabajan, más o menos se les paga". Pero, en realidad se trabajaba bastante, más o menos se les pagaba y más o menos se les reconocían los derechos.
Entonces, entendemos que lo propuesto en este artículo facilitaría las funciones de las radios del SODRE y mejoraría las condiciones para llevar adelante las tareas del Canal 5.
Como anécdota, quiero decir que perdimos la posibilidad de tener en la pantalla de la televisión nacional a Víctor Hugo Morales porque no teníamos un mecanismo de contratación ágil para que pudiera hacer una serie de unitarios para el público uruguayo. Por lo tanto, creemos que esta propuesta puede facilitar que en el futuro podamos tener no solo a Víctor Hugo Morales, sino a otros.
Además, en la Ley de Presupuesto, cuando se creó el contrato temporal de derecho público se estableció que los cachés que cumplían funciones periodísticas o similares pasaban, por única vez y sin ningún concurso previo, a ser contratos temporales de derecho público. En cambio, en este artículo se plantea que para pasar a esa modalidad tiene que haber concurso. También se establece que el contrato es por tres años, igual que el contrato temporal y que pueden ser recontratados por tres años más. Luego, se termina ese contrato, pero esto no significa que no se pueda contratar a la misma persona.
Si bien hemos recibido solicitudes, tanto de las radios como de la televisión, para flexibilizar esto y establecer que el contrato no tenga término, a nosotros nos parece que está bien para no seguir perforando aún más la nueva modalidad contractual. Se puede contratar al periodista por tres años y recontratarlo por tres años más. Si se entiende que las funciones que presta son necesarias, significativas y válidas y, por lo tanto se va a seguir precisando, se puede hacer un nuevo llamado, pero no se va a flexibilizar más que eso. En las últimas discusiones en las que participé se habló de perforar el instrumento ‑me parece muy gracioso‑, pero la idea es no hacerlo, sino encontrar elementos que faciliten las funciones de los medios.
SEÑOR IBARRA.- Estoy de acuerdo con la solución que se plantea en el artículo 189.
Varios señores legisladores sabemos perfectamente bien la historia de determinados artistas especialistas en radio y televisión que tuvieron que recurrir al mecanismo del régimen de caché, del cual hubo un abuso que significó que se eliminara en el Presupuesto Nacional y se establecieran los contratos temporales.
Además, en el artículo se especifican cuáles son las tareas a desempeñar. Eso también es importante. Se especifican las tareas desde el operador de radio hasta el director de informativos, conductores y presentadores, etcétera.
También es público y notorio que los periodistas y demás técnicos de radio y televisión, por lo general se desempeñan en distintos lugares. Por lo tanto, me parece absolutamente justo que se establezca esa autorización. Los trabajadores que están comprendidos en el artículo 189 están cumpliendo tareas, por lo tanto, una forma de que continúen desempeñándolas es a través de los contratos temporales. Por eso estoy de acuerdo con exceptuarlos del procedimiento de reclutamiento y selección de la Oficina Nacional del Servicio Civil.
Por otra parte, ayer, cuando comparecieron el Secretario y el Prosecretario de Presidencia y las autoridades de la Oficina Nacional del Servicio Civil, estuvimos analizando el artículo 10 "Funcionarios", que tiene que ver directamente con este tema. Es decir que tiene que ver con el Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos ‑SODRE‑ en lo que respecta a las radios. En ese sentido, propusimos que se estableciera un vínculo entre los artículos 10 y 189 a fin de asegurar que los funcionarios que menciona el artículo 10 tuvieran la oportunidad, si es su voluntad y la de la empresa, de proseguir cumpliendo funciones a través de los contratos temporales. Según mi opinión, tal cual está redactado es posible vincularlo con el artículo 189 y el Secretario Breccia también estuvo de acuerdo con esto. Por lo tanto, planteo que se analice el artículo 10 junto con en el artículo 189.
No sé de cuántos funcionarios se trata. Ni la Oficina Nacional del Servicio Civil ni el Secretario de la Presidencia pudieron responder esa inquietud porque es un tema específico del Ministerio de Educación y Cultura. Yo creo que es posible que las características de las tares que cumplen pueden estar encuadradas en los ítems que se plantean en el artículo 189, en cuanto al desempeño de distintas tareas en el servicio de televisión nacional y de radiodifusión del SODRE.
SEÑOR GANDINI.- Dada la intervención del señor Diputado Ibarra, voy a empezar por el artículo 10.
Quisiera saber qué diferencia tiene con lo dispuesto en el anteúltimo inciso del artículo 189. El artículo 10 hace referencia a una ley que establece una partida para zafrales. En cambio, aquí se establece que todos los que se encuentren desempeñando las tareas definidas en el primer inciso del artículo 189 van a quedar, cualquiera sea la naturaleza del vínculo. A lo mejor hay algunos que no cumplen ninguna de las tareas definidas en el primer inciso que son bastante amplias.
Entonces, no sé si lo que establece el artículo 10 no queda resuelto por la redacción del primer inciso del artículo 189.
SEÑOR ÁLVAREZ.- En cuanto al artículo 10, invertiría los párrafos. En realidad, se pretende derogar y, por las dudas, salvaguardar el contrato de quienes están hoy contratados bajo esa modalidad. Entendemos, al igual que el señor Diputado Gandini, que quienes hoy están prestando funciones desde el punto de vista zafral podrían pasar a prestar funciones bajo la nueva modalidad contractual. Se pueden hacer ambas cosas, como planteó el señor Diputado Ibarra, es decir, vincularlos en el texto o directamente interpretar que en el artículo 189 están también incluidos los zafrales, pero la idea original es derogar el contrato zafral y por eso está así redactado el artículo 10.
SEÑOR GANDINI.- Para ser preciso, en el artículo 189 van a quedar comprendidos los zafrales, al igual que otros funcionarios contratados, siempre que desempeñen las tareas indicadas en el inciso primero: Director de Informativos, Dirección o realización audiovisual, etcétera. Si hubiera algún zafral que no desempeñara estas tareas, sino alguna otra, podría no quedar comprendido. En ese caso, habría que vincularlo si se quiere resolver el tema.
SEÑOR ÁLVAREZ.- Sería hasta el final del contrato y podría ser contratado bajo la modalidad de contrato temporal de derecho público o de caché artístico en el caso que correspondiera.
SEÑOR GANDINI.- Sí, si mantenemos la redacción del artículo 10 y del artículo 189.
Con respecto al contenido del artículo 189, quiero señalar lo siguiente. Yo he dicho que el sistema se perfora, y no sé cuál es la gracia que le causa al Director. Es una expresión que aprendí del ex Ministro Astori, que la refiere permanentemente a todo el sistema tributario. Y creo que se perfora.
Como dije ayer, creo que la Rendición de Cuentas perfora un sistema que se ordenó y mucho ‑aspecto que apoyamos‑ en el Presupuesto Nacional porque modifica por vía de excepción algunas modalidades contractuales que se regularon y se reglamentaron y genera excepciones en otras, transformándolas en trajes a medida. En este caso, un contrato temporal de derecho público a medida de Canal 5, y esto es así porque el Poder Ejecutivo no lo previó en el Presupuesto. Nosotros lo marcamos: transformar en el Presupuesto el caché en contrato artístico dejaba fuera a los periodistas. En la modificación de la Ley de Presupuesto de 2005 se reglamentó el caché incorporando un concepto más amplio, que inicialmente era puramente artístico, y se incluyó a periodistas, técnicos de radio y televisión, iluminadores, sonidistas; todo eso podía ser caché. Luego, la Ley de Presupuesto lo transformó en contrato artístico, y el que no es artístico, en temporal y lo reglamentó en el decreto de febrero. Pero esta situación no la pudo resolver. Y ahora viene una ley especial para una situación especial que no se previó en el Presupuesto, como dijimos. Sin duda, esto es un contrato temporal de derecho público que vulnera dos de las generalidades del contrato temporal. En primer lugar, no se da concurso, no pasa por la ventanilla única, por el sistema del reclutamiento, ni por Uruguay Concursa y lo designa la autoridad por otro mecanismo, a criterio subjetivo. En segundo término, puede acumular dos salarios, ya no televisión y radio, sino televisión y cualquier otro cargo público; puede ser profesional en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y dirigir un programa de televisión. Es decir, lo que hace es excepcionar a la norma que impide tener dos salarios públicos. Los va a poder tener. ¿Qué se quiere hacer con eso? Lo que se quiere es aceptar una realidad, es decir, dar flexibilidad al canal oficial para que se pueda mover y competir dentro de las reglas de mercado: ingresar y cesar funcionarios. Creo que esto no resuelve el tema de fondo, porque el contrato temporal de derecho público también tiene su modalidad: se puede contratar una vez y por un máximo de seis años. Y si un periodista es la cara del canal durante seis años, menudo problema tendremos si no lo podemos contratar. Ya va a venir este u otro Gobierno a pedirnos una excepción porque fulano hace seis años que es la cara del canal y si acumula algunos años más; habrá que hacerle una excepción para que se quede, porque no necesariamente va a estar en la reestructura y se lo convertirá en funcionario público, ¿o sí? Creo que no. Sin embargo, el contrato temporal de derecho público resuelve el presente, pero no modifica la situación de fondo dándole la flexibilidad real para que el canal se pueda mover. Creo que resuelve el problema de hoy. Esto me genera varias preocupaciones. La primera es la facultad genérica que establece el inciso segundo de que esa nómina taxativa del inciso primero se puede ampliar sin mecanismo parlamentario. Así empezó el caché. Todo se puede justificar. El ayudante del sonidista termina siendo tan importante como el sonidista y sucede lo mismo con el que ayuda al iluminador. Después del caché entra todo, y termina estableciéndose que un administrativo en la producción del programa es también de esta naturaleza, porque sin él no se podría cobrar la publicidad. Así entraban los porteros, los choferes, los administrativos, los profesionales. Ese inciso abre la puerta.
La otra inquietud que tengo es cómo se aplica en la realidad. Digo esto porque con la aplicación del artículo 55 del Presupuesto Nacional en Canal 5, en la transición se ha utilizado la escala máxima salarial que prevé el decreto de febrero ‑reglamentario del artículo 55 y del contrato temporal de derecho público‑ y se han modificado las escalas salariales internamente. Nosotros tenemos documentos que nos muestran que funcionarios con veinte años de antigüedad, que tienen personal a su cargo, ganan miles de pesos menos que funcionarios que entraron hace muy poco tiempo y que tienen un contrato en la transición y que como la escala tiene un máximo, yendo al máximo, termina ganando más el cameraman que hace un año que está y que tiene un contrato temporal de derecho público que el Jefe de cámara, que está presupuestado y trabaja desde hace veinte años. Esto distorsiona la escala salarial, la equidad y, sobre todo el buen ambiente en el organismo. Soy testigo de que otros legisladores han ido al canal y han tenido el mismo comentario de los funcionarios. Nosotros somos usuarios de los dos lados de las cámaras del canal oficial y conocemos un poco más el tema. Se nos han dado las escalas salariales de uno y otro caso y, aparentemente, si no leí mal lo que me dieron, personas que tienen un contrato temporal de derecho público desde hace muy poco tiempo terminan ganando más que sus jefes, que tienen una relación presupuestada con el propio organismo. Esto abre ese camino y no salvaguarda de ninguna manera la relación. El Director de Promociones, por nombrar a cualquiera, puede ser un contrato temporal de derecho público, pero a lo mejor como tenemos que salir a buscar uno muy bueno para competir con los canales privados, tenemos un Director de Promociones al que le pagamos más que a un superior suyo que es funcionario del canal y que ascendió por carrera. Esto genera problemas, que son los que precisamente se viene tratando de ordenar dentro del Estado con la reestructura, con los cargos de conducción, salarizando partidas y todo lo que ya conocemos.
Estas son las preocupaciones que me genera este artículo, al que no nos gusta acompañar, pero lo vamos a hacer en términos generales porque reconoce una realidad.
SEÑOR MUJICA.- Quiero dejar constancia de que, en realidad, estos artículos son a cuenta de una discusión política que el Gobierno ha comenzado y que, además, ha tomado estado público, sobre el mejor formato institucional que deben tener los medios de difusión y prensa del Estado, precisamente porque ‑como decía el señor Diputado Gandini‑, son medios que están en competencia. Naturalmente, los mecanismos del Derecho Público a veces no ayudan a competir; además, no están pensados para eso. En este artículo se plantea la adaptación a una realidad específica de un medio de difusión que está compitiendo y tiene que lograr conseguir los mejores profesionales y forma parte de algo mucho más de fondo que es, precisamente, el destino institucional de los medios de difusión del Estado. El Gobierno ha asumido la responsabilidad de conducir ese debate político y de proponer a la ciudadanía mecanismos para mejorar todo esto. De modo que es en ese contexto político que hay que circunscribir estos artículos en particular de la Rendición de Cuentas.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- Creo que el objetivo de este artículo ha sido bien comprendido.
En el correr de este año, en el Ministerio de Educación y Cultura se han instrumentado grandes cambios de acuerdo con la nueva normativa que refiere a las nuevas formas de vinculación contractual con el Estado, lo que llevó a que durante mucho tiempo se fueran acumulando situaciones que referían a algunos de los ejemplos que mencionó el Diputado Gandini que había que corregir.
Como consecuencia, se realizó un intenso trabajo en el marco de la normativa vigente y se implementaron las nuevas definiciones, porque había una serie de casos particulares relacionados al mundo de la cultura que se plantean cuando hay que definir vínculos contractuales por períodos distintos en condiciones diferentes y que requieren una nueva normativa, sobre todo para evitar caer en situaciones como las que se derivaron en el pasado. Ello llevó a un estudio importante de ciertas problemáticas, en particular referidas a los periodistas y a otras tareas de los medios de comunicación, que no pudieron resolverse de otra manera que con la presente propuesta.
El debate mucho más de fondo que creo que tenemos que encarar tiene que ver con situaciones contractuales, con textos particulares que obligan a definiciones contractuales de nuevo tipo y que seguramente tengan que ser objeto de una reflexión y de nuevas propuestas de parte de este Ministerio en el futuro, vinculadas a la diversidad de tareas que hacen al mundo de la cultura. A veces se requiere contratos que puedan establecerse en forma particular y con cierta continuidad de acuerdo al desempeño, porque no pueden ajustarse a esas convocatorias comunes al conjunto de la función pública. Me refiero a una cantidad de profesiones en el mundo de la cultura que no pueden ser permanentes pero pueden tener derecho a una renovación continua a lo largo del tiempo. Eso requiere una reflexión que no estamos proponiendo en este punto, pero es un tema que queda abierto.
SEÑOR ÁLVAREZ.- En primer lugar, quiero aclarar al Diputado que no era por sus dichos sino, precisamente, por las últimas discusiones. Por lo menos desde que estuve en esta Cámara, cuando se hacía referencia a la Reforma Tributaria, cada vez que había una discusión se hablaba en esos términos de perforar el instrumento, lo que después a cuenta de otras discusiones podemos charlar.
Al igual que el Diputado, nosotros lo planteamos en la discusión presupuestal del año pasado y sostuvimos en este recinto la necesidad de trabajar sobre la modalidad contractual especial para las actividades y funciones periodísticas, oficios y tareas conexas, porque en aquel entonces lo entendíamos necesario. Fue así que la Cámara de Diputados incorporó una interpretación distinta a lo que era el artículo 52, si mal no recuerdo. En la Cámara de Senadores se retiró y cuando vino a la Cámara de Diputados se votó en ese segmento de la Ley de Presupuesto, tal cual había sido modificado por el Senado. Por lo tanto, creo que quienes estamos en esta Sala entendemos claramente las necesidades que tiene el Canal 5 y las radios públicas con respecto a la contratación de esas funciones.
En aquel entonces, y en presencia de quienes representaban a la Secretaría de la OPP y de Presidencia ‑que ahora también están sentados aquí‑, dijimos que íbamos a volver a insistir sobre este punto y planteamos la necesidad de discutir, quizás, una modalidad especial. Recuerdo que lo llamamos contrato especial para periodistas. Podría decir más: si bien los periodistas agremiados, en particular los que trabajan en Canal 5, están de acuerdo con este artículo, entendían que tal vez lo mejor era la modalidad de contrato laboral, que permite un manejo más flexible. Pero para no modificar ese otro instrumento se entendió que lo mejor era trabajar sobre esta modalidad contractual, y por eso es que presentamos este artículo en la Rendición de Cuentas, pero comprendemos claramente lo que plantea el Diputado Gandini, y esas son las urgencias del Canal. Si esta Comisión discutiera y llegara a un acuerdo con respecto a la continuidad "in eternum" de la modalidad contractual, sin duda para el Canal y para las radios sería bueno, pero en este caso la discusión es otra. Para no transformar ese contrato temporal en algo más raro todavía, entendimos que al quitar el paso por la ventanilla única ‑igual puede ser por concurso, no es que no haya esa posibilidad‑ la dirección del Canal tiene condiciones para contratar con mayor flexibilidad sin que pase por allí, pero no es que sea exclusivamente de asignación directa.
Con respecto a la ampliación, también conozco las herramientas, porque en este caso la ley funciona como una herramienta para cumplir un cometido y, luego, cuando la realidad va cambiando, se quiere interpretar al extremo para que pueda ser útil. En este caso, el planteo está escrito, fundamentalmente pensando en las modificaciones que se van a generar a partir de la televisión digital o de la digitalización de la televisión. Entendemos que van a existir nuevas funciones y que, en ese entonces, el Poder Ejecutivo debería poder ampliar está nómina para contratar personas para cumplir esas tareas. Esa es la naturaleza. No lo digo porque no se pueda modificar en el futuro sino por cuál fue el origen, porque sabemos ‑no sé cómo es ni cómo se viste‑ que el espíritu del legislador existe y que quienes estudian las normas hablan de él. Por lo tanto, quiero dejar claro y explícito que el origen de ese párrafo, de poder ampliar la facultad del Poder Ejecutivo, está vinculado al desarrollo de las nuevas tecnologías en la comunicación, fundamentalmente en la digitalización de la televisión.
SEÑORA MARTÍNEZ.- Solo quiero hacer algunos comentarios.
Con respecto a estos temas, sobre los que mucho se ha debatido, creo que hubo algo positivo y es la desaparición de los cachés que, en realidad, eran situaciones laborales de dependencia encubiertas, gente que estaba en esa situación durante más de diez años y que, además, creaba dos categorías de funcionarios ‑por lo menos al interior del Canal, que es la realidad que conozco‑: unos a quienes se podía despedir y no tenían aguinaldo, pero ganaban un poquito más, y otros que eran inamovibles y estaban como fuera del mercado. Esa situación, en parte, se ha terminado a través de los contratos temporales.
Quizás, más que hecho a medida de Canal 5, quisiera ver que este artículo reconoce la particularidad de un medio de comunicación, tanto el canal como la radio. Estamos viviendo una pequeña revolución, producto de la aparición de nuevos oficios y de la desaparición de otros, que nos están planteando todo el tiempo desafíos.
Actualmente ‑perdonen que los distraiga, pero quiero detenerme unos segundos en esto‑, buena parte de la programación no sale en casete. Se trae en disco, se inserta y sale del servidor, y hay toda una discusión con respecto a si eso lo debe seguir haciendo el editor. Ahora no se tira un "tape". Se aprieta un botón, pero eso lo hace el director de cámaras. Hay una rediscusión de roles que no va para atrás sino que más bien se va a ir ampliando.
Y ni les digo lo que sucederá cuando empiece la televisión digital, para la cual nos estamos preparando para hacer el primer plan piloto en Montevideo a fines de este año y principios del próximo. Estamos en un terreno que se está moviendo, que está cambiando, que está evolucionando, y eso implica nuevas formas, tanto de contratación como de legalidad. El canal hoy está un poco constreñido por formas que le permitían cierto tipo de actividad pero que ahora se están transformando, en cierto sentido, en una traba. De ahí que creo que también hay que incorporar esa discusión de más largo plazo en cuanto a cuál será el estatuto de la televisión pública, cuál es su modo de financiamiento y cuál es su marco regulatorio. Creo que esto hay que verlo en ese terreno mayor para darle la proyección que realmente tiene.
También quiero incorporar otro tema. Hemos tenido muchas dificultades producto de la limitación en las maneras de contratación. El caso de Víctor Hugo Morales, que ha circulado, quizás es el más espectacular pero no es el único. Este año uno de los proyectos más interesantes que vamos a poner en la pantalla a partir del mes de agosto se llama "En busca de Artigas", y consta de trece capítulos conducidos por Juan Carlos López. Parece claro que no podemos llamar a concurso para que el doctor Gastón Boero haga la columna de sexología en el canal. Además, también está el problema de que es un médico jubilado, por lo que no trabaja en otro medio pero no se le podría pagar aunque pudiera acumular sus cargos. Todas esas situaciones se nos están dando día a día. Yo no puedo pretender captar buenos profesionales y someterlos a concurso.
Por otro lado, agrego algo más que no está planteado hoy pero quiero decirlo como preocupación como Directora de Canal 5. El sistema de reclutamiento y selección de personal, que es válido para los cargos que forman parte de la plantilla de un canal, como editor, camarógrafo, sonidista, no se adapta para otras figuras que tienen notoria competencia. Está previsto para otros cargos pero no se adapta en sus tiempos ‑llamar a concurso hoy lleva entre cuatro y seis meses‑ y, por otro lado, carece de algunos de los elementos que son propios del sistema de selección de mi profesión como, por ejemplo, el "casting". No está previsto el "casting". Podría asemejarse a la entrevista, que sí está prevista, pero no es lo mismo ni tiene el mismo puntaje.
Estoy conforme en cuanto a que esto nos va a dar la posibilidad de hacer contrataciones, que hoy no tenemos, pero si mañana viene César Charlone, el director de "La Redota", y quiere dirigir una serie en el canal le tengo que decir que se inscriba en "Uruguay Concursa", porque tampoco el contrato artístico admite los oficios de la producción audiovisual. Ese otro reclamo que hacemos. El arte ya no es solo la lírica ni la música. Hay que incorporar los oficios de la producción audiovisual que están bien descritos, son crecientes y cada vez más elegidos por jóvenes que se forman en Universidades públicas y privadas.
Entonces, en este marco de crisis y de revolución tecnológica y artística tenemos que ver este tipo de contrataciones que, a mi juicio, son de transición y tendrán una resolución distinta en el marco de una institucionalidad diferente de los medios públicos.
SEÑOR BERNINI.- Este artículo ya lo abordamos cuando concurrió la Oficina Nacional del Servicio Civil, porque no solo compete al Ministerio y al Inciso sobre el que estamos debatiendo. De alguna manera, esto exceptúa una norma general que este Gobierno, particular y tozudamente ‑diría‑, está tratando de simplificar, dando transparencia a los vínculos laborales y de contratación con el Estado. De una vez por todas, se está tratando de resolver una historia no muy transparente en nuestro país con respecto a esa realidad.
Solicité hacer uso de la palabra ahora motivado por lo que considero una muy buena exposición de la Directora del Canal, en la medida en que uno siempre trata de ver de qué mejor manera adecuar lo que debe ser nuestra obligación como parlamentarios de dar transparencia a los ingresos al Estado y certezas desde el punto de vista de los vínculos laborales, conciliándola con el arte. Eso a veces cuesta, y creo que lo acaba de demostrar nítidamente la Directora del Canal relatando cómo no podemos hacer pasar por una ventanilla de concurso a un profesional reconocido. ¿Quién le va a tomar el concurso? ¿Cuál sería el concurso? Objetivamente, creo que este es el centro del artículo 189, y por eso se justifica.
Además, debemos hacer un esfuerzo mayúsculo porque somos conscientes de que este tipo de contratos temporales tampoco son la mejor forma de contratación para la materia. Resignando que no es lo mejor, lo adaptamos a las pocas formas de contratación que hemos laudado a partir de la votación del Presupuesto quinquenal. Por tanto, esto me hace saludar el esfuerzo, porque acá hay mucho de sentido común, de realidad, pero también hay un esfuerzo objetivo respecto a tratar de adecuarlo a las formas de contratación que nosotros mismos aprobamos en el Presupuesto quinquenal.
Comparto lo expresado por el señor Diputado Mujica en cuanto a que nosotros deberíamos marcarnos como objetivo una discusión ‑que necesariamente debe pasar por el Parlamento‑ respecto a cuál debería ser el estatus jurídico, laboral, de relacionamiento, de compras, etcétera, de los organismos o instituciones vinculados a lo cultural desde el Estado. Necesariamente debemos realizar esa discusión porque, en todo caso, esto es un parche para tratar de ver cómo vamos a ir resolviendo el tema ante los desafíos que implica para los canales públicos. Me gusta llamar a la radio, la radio pública, y al canal, canal público, porque no concebimos que los canales estén al servicio de quien esté gobernando en el Estado sino, en todo caso, que tengan la posibilidad de ser una expresión democrática de la sociedad, no solo a nivel partidario sino también de las distintas organizaciones sociales representativas. Objetivamente, tenemos que marcarnos como meta tratar de colaborar, desde el punto de vista parlamentario, para buscar las mejores formas.
Voy a contar un hecho concreto que me dejó muy preocupado, y creo que esta altura no tiene solución. Me ha llamado o venido a visitar gente que conozco del ambiente del periodismo, o locutores de muchos años en las radios ‑porque normalmente es una profesión que no se resume marcando tarjeta y cumpliendo ocho horas, porque si hay algo que está claro es que el periodismo, normalmente, implica multiempleo, al igual que el caso de los locutores, que muchas veces se les denomina "free lance"‑ y me dice: "Mirá, estuve veinte años en el SODRE participando del informativo, y como soy jubilado del BPS y ahora la ley me obliga a suspender la jubilación si pretendo seguir participando en la radio veinte minutos por día ‑porque es lo que participa un periodista en la radio como locutor‑, con esta nueva modalidad de contratos no puedo seguir. Me cortaron el contrato porque, si no, tengo que suspender la jubilación. Y con lo que gano por media hora en la radio, no voy a vivir". A mí eso no me parece bueno. Lo digo honestamente. Comparto como concepto general que no se puede cumplir más de una función pública, pero claramente hay situaciones que son excepcionales. Me da la sensación de que esto es producto de políticas que pretenden avanzar en la transparencia, etcétera, con las que quizás en general estamos de acuerdo, pero algunas situaciones puntuales nos quedan por el camino. Objetivamente, no podía dejar pasar este intercambio con ustedes sin plantear este tema, porque es una realidad. No sé a cuánta gente involucra. Conozco dos o tres casos que tenían el dolor del alma de no solo perder un ingreso más sino de dejar de participar de una carrera siendo una de las voces del informativo o teniendo otro tipo de profesiones técnicas, que hoy son inconciliables con las nuevas formas de contratación que nos dimos.
SEÑOR POSADA.- Diría que tendríamos que preguntarnos si este tipo de actividades, como la que desarrolla el Canal 5, debería funcionar en la órbita del derecho público. De alguna manera, este tipo de actividad, que es cultural pero también empresarial, tiene que ser pensada en otro ámbito distinto, en el del derecho privado.
Deberíamos reflexionar sobre este tipo de situaciones que, por cierto, no son ajenas a otros ámbitos del Estado, particularmente a las empresas que desarrollan actividad comercial e industrial.
SEÑOR GANDINI.- Comparto prácticamente todo lo que dijo la Directora del Canal oficial, o público; no quiero decir la totalidad porque quizás me privo de alguna discrepancia que pueda tener. Querer hacer una buena función constreñido por las normas del Estado en un medio que está asociado a la renovación permanente, a atender los requerimientos del público y a estar al costado de los hechos que se suceden, es muy difícil. Por eso, pienso que el mejor camino hubiera sido adaptar el contrato laboral y no el de derecho público. Es una lástima que por los abusos y malos usos haya desaparecido el caché. Para contratar a Víctor Hugo Morales o al Director de la Sinfónica que viene de otro país a dirigirla un mes el caché era el medio idóneo, pero no para otras cosas.
Creo que habría que explorar la modalidad del derecho privado. Muchos de estos técnicos deben tener la posibilidad de quedarse muchísimo tiempo, pero también la Dirección debe tener la posibilidad de prescindir de ellos inmediatamente, porque vienen mejores, porque el mercado se mueve o porque las necesidades así lo indican. Los técnicos y los periodistas se gastan frente al "rating". El Canal 5 y las radios oficiales podrán no estar hechas para el "rating", pero la gente lo tiene que ver y escuchar, porque de lo contrario no cumplen su función. Eso tiene que ver con el comunicador, quien se prueba en el medio. Inclusive, algunas de estas funciones son más propias del arrendamiento de servicios que de la relación estable y permanente, como es un contrato temporal. Habrá que conversarlo después.
Quedó pendiente la escala salarial de Canal 5 en relación a la vigente de los funcionarios presupuestados y los contratos temporales y al desfasaje que, dicen, se ha producido entre unos y otros.
SEÑOR ÁLVAREZ.- Lo que plantea el señor Diputado deviene de la siguiente situación. Quienes estaban contratados bajo la modalidad caché hasta el 31 de diciembre de 2010 y debían pasar a la nueva modalidad de contrato temporal de Derecho Público, y prestaban funciones en el canal, así como también en el SODRE, en la Dirección General, en la Dirección de Ciencia y Tecnología y en alguna otra, recibían el dinero en forma distinta. Había quienes no tenían una empresa unipersonal y, por lo tanto, cobraban todo; había quienes tenían una liquidación distinta porque pagaban el BPS o la Caja de Profesionales. Cuando se pasó a la nueva modalidad de contrato temporal de derecho público, se reguló esta situación. Hubo una discusión importante con los trabajadores porque nadie quería que perdieran dinero. Además, la ley establecía que les corresponden todos los derechos, como el aguinaldo.
En algunas áreas ‑no tengo claro qué ocurrió en Canal 5‑, como la Dirección General de Secretaría del Ministerio, pasó que por caché cobraban $ 1.000 menos y cuando pasaron al nuevo contrato cobraron $ 1.000 más. "Ganaron" ‑entre comillas‑ lo que antes "perdían" por BPS o por la Caja de Profesionales y, además, tienen el aguinaldo. Quienes entran a trabajar en Canal 5 en funciones que están en la plantilla cobran el salario de la plantilla. Si no es así, la Directora me puede corregir. Otras funciones pueden tener diferentes salarios según la tabla que se preparó para los contratos temporales de derecho público.
También es cierto que quienes son contratados por un período determinado y no son funcionarios suelen tener un salario mayor, porque no tienen la continuidad ni los derechos que genera ser funcionario público. Esa es una inequidad que perfora la cotidianidad del trabajo. A veces, para una misma función, por diferentes razones, dos personas tienen salarios diferentes: uno es funcionario público y el otro tiene otro contrato, porque se desnaturalizó el caché. Como este contrato se renueva anualmente, difícilmente alguien pueda ingresar con el mismo salario de un funcionario estable. Esta situación existe en todo el Inciso y creo que no es exclusivo del Ministerio de Educación y Cultura.
Por último, más allá de compartir o no que la naturaleza del contrato laboral podría ser mejor para las funciones periodísticas, desnaturalizaba aun más la situación interna desde el punto de vista salarial porque obligaba al ajuste con los privados ‑por las mismas funciones que se cumplen en el canal‑, lo que iba a dificultar bastante no solo por la imposibilidad de pagar sino también debido a la inequidad que generaba al interior del propio organismo.
SEÑORA MARTÍNEZ.- Todos los cargos de plantilla ‑sonidista, camarógrafo, editor, técnico en emisión‑ ingresan con un salario básico C4. Fue un acuerdo que se hizo, que se cumple y el sindicato está siempre atento a ello.
Por otro lado, está esa diferencia que explicaba el Director General. Con franqueza, hay otras que darían para hacer un estudio arqueológico. Realmente, el panorama salarial del canal dice mucho de muchas cosas de nuestro país y de la gestión. Es voluntad de esta Dirección, en tanto se pueda, corregirlo, no solo por una cuestión de justicia salarial sino de necesidad imprescindible a la hora de gestionar la diaria en el canal. Esto genera una cantidad de problemas impresionantes. Por ejemplo, se dice: "Yo no edito promoción porque no gano lo que gana el de promoción". Quiero decir que se padece en la gestión diaria y en el resultado. Estamos trabajando ahora en equipo con el Departamento Financiero Contable y con el sindicato para mapear estas diferencias ‑algunas vienen de cuestiones históricas‑ y tratar de corregirlas de acuerdo con los mecanismos que existen.
Vuelvo a lo que planteaba hoy. Hay un intento bastante claro de cambiar tanto la forma de contratación como las remuneraciones, pero lleva su tiempo.
SEÑOR IBARRA.- Solicito al señor Ministro y al señor Director General que remitan a esta Comisión la nueva redacción vinculando el artículo 10 con el 189, o lo que decidan, porque queremos respetar su pensamiento en cuanto a ese tema que, para mí, es delicado.
SEÑOR GANDINI.- La respuesta que se me dio puede dar cierta explicación con respecto a los caché convertidos en contratos temporales, que es lo que regula el penúltimo inciso, pero no hay ninguna referencia salarial en el primer inciso. Yo creo que acá hay dos situaciones: se habilita o se faculta al canal a realizar contratos temporales de derecho público para todas las funciones mencionadas y, más abajo, se dice que para esas funciones se podrá contratar también a quienes tienen otras relaciones con el canal hoy. Entonces, como la norma está habilitando la posibilidad de realizar nuevas contrataciones, las que sean necesarias, me parece que ahí mismo habría que establecer algún mecanismo de referencia en los niveles salariales, para no distorsionar la relación salarial con los funcionarios del canal.
Lo que viene de atrás es histórico, a veces no se puede corregir, el caché no se puede rebajar, etcétera, pero ¿para los nuevos hay un cargo equivalente a Asesor de Programación en el canal? Lo debe haber. Entonces, el Asesor de Programación que se contrata mediante el contrato temporal de derecho público habilitado por el primer inciso de este artículo no puede ganar más que él. Eso es lo que debería decirse porque, de lo contrario, se produce un problema y una injusticia que me parece legítimo que, después, funcionarios de muchos años quieran reclamar.
Digo esto más allá de que, a lo mejor, todo el sistema es malo y habrá que discutirlo, como sugirió el señor Diputado Mujica, pero hoy tenemos lo que tenemos, y debemos respetar los derechos adquiridos. De eso se trata.
Entonces, así como el señor Diputado Ibarra pidió alguna referencia vinculada con el artículo 10 para no dejar desatendida esa situación, yo solicito que, si es posible, se agregue algún componente a este primer inciso que establezca la referencia salarial con los cargos presupuestados existentes.
SEÑORA MARTÍNEZ.- Quiero hacer una aclaración.
Los cargos que se mencionan en el artículo 189 no forman parte de la plantilla del canal y, por lo tanto, en principio, no están destinados a ser presupuestados. Esto también hace que haya diferencias. Estos cargos no son para quedarse, y también tienen que ver con los precios con los que se contrata en el mercado. Es muy difícil contratar a un Director de Arte para que haga la escenografía y la ambientación de un ciclo de trece programas ofreciéndole como pago más o menos el equivalente al sueldo de un Asistente de Escenógrafo, que es de $ 13.000. Eso no es posible.
También cabe señalar que la estructura del canal, tal como está concebida y aprobada, está vieja, porque todavía figuran modistas, cuando en el canal no las hay.
SEÑOR GANDINI.- No logro entender, porque aquí se menciona a periodistas, conductores, presentadores, locutores, operadores de radio, sonidistas de radio. Supongo que en el canal debe haber profesionales de estas áreas; en un canal se ven periodistas y columnistas. Mi pregunta refiere a la siguiente situación: un periodista presupuestado tiene un salario y mañana, por contrato temporal de derecho público, se contrata a otro periodista que hace lo mismo, que está en el mismo informativo o en el de otro horario, y gana más que el presupuestado. Yo creo que estos sí son cargos de plantilla. Puede ser que los más novedosos, como fotógrafos de páginas web o productor audiovisual, no los tenga y es obvio que un canal de televisión los deba tener, pero me parece que las profesiones que se mencionan son las tradicionales.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- Con relación a la sugerencia del señor Diputado Ibarra, debo decir que tomamos nota en cuanto a vincular el artículo 10 con el 189, con la preocupación que tenemos por la expresión "continuarán" en lugar de "podrán continuar".
En cuanto a la otra información solicitada por el señor Diputado sobre el número de ex zafrales en las radios, debo decir que son 89 personas.
Con respecto a la preocupación planteada por el señor Diputado Gandini, quiero referirme al cuarto párrafo del artículo 189, que establece que se "[...] reglamentará la presente disposición en un plazo de noventa días". Hay una serie de esos aspectos que entendemos que tienen que ser de naturaleza reglamentaria.
SEÑORA MARTÍNEZ.- Quiero hacer una aclaración respecto a la pregunta del señor Diputado Gandini.
Efectivamente, no hay periodistas en la plantilla ni en la estructura del canal. Hasta enero o febrero, eran todos caché, y ahora son temporales. Reitero que ese cargo no existe dentro de la estructura del canal.
SEÑOR PRESIDENTE.- Pasamos al artículo 190.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- El artículo 190 modifica un artículo de la Ley de Presupuesto de 1996 que refería al destino de la recaudación del casino del Victoria Plaza, en Montevideo. Este artículo prevé una distribución de aportes con distintas finalidades e incluye al Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos con un 20% de la recaudación. Aquí se propone derogar el literal que refiere al SODRE, de modo que esos recursos pasen a Rentas Generales, donde se definirá una partida presupuestal equivalente para ese organismo, autorizando a la Contaduría General de la Nación a realizar las modificaciones correspondientes.
SEÑOR PRESIDENTE.- Pasamos al artículo 191.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- El artículo 191 también tiene que ver con los medios públicos. Refiere a la realización de canjes publicitarios. Por este artículo se habilita a las unidades ejecutoras correspondientes a realizar canjes publicitarios con el objeto de acceder a insumos materiales o servicios, fijando un tope de un 50% del régimen tarifario de publicidad aprobado por las mismas unidades ejecutoras y un máximo de un 30% en cuanto al total del tiempo estimado como destinado a la publicidad. Para esto se propone la modificación del artículo 33 del TOCAF.
SEÑOR PRESIDENTE.- Pasamos al artículo 192.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- El artículo 192 también refiere a la Televisión Nacional y tiene que ver con el apoyo al trabajo en el conjunto del territorio. En ese sentido, se autoriza a la unidad ejecutora a solventar con sus gastos de funcionamiento el costo de pasajes, alojamiento, alimentación y otros gastos de producción que implique el trabajo de coproducción con canales y productoras extranjeras.
SEÑOR ABDALA.- Quisiera precisar el alcance del artículo. ¿Estamos hablando de gastos que asume el canal en lo que tiene que ver con financiar estos rubros relacionados con gente que viene del exterior? ¿Es así?
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- No.
SEÑOR ABDALA.- Cuando se dice que la Contaduría General de la Nación creará un objeto específico del gasto, ¿quiere decir que en todo caso va a haber un nivel de detalle mayor? ¿A qué se refiere esa expresión? |
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- La respuesta a la primera pregunta es sí.
Con respecto a la segunda pregunta, no hay un objeto de gasto que refiera a esta finalidad.
El artículo 193 refiere a la Televisión Nacional y está relacionado con el cobro por la prestación de distintos servicios, arrendamiento de equipamiento y comercialización de producciones. Tiene que ver con la fijación de las distintas tarifas y se propone que el canal público pueda obtener recursos a partir de esas actividades y la fijación de las tarifas en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas.
El artículo 194 también es de la Televisión Nacional y tiene que ver con la transferencia de $4:000.000 con cargo a partir de gastos de funcionamiento destinados para contratos temporales de derecho público. Esto está en el marco de lo que discutíamos hace un rato: el pasaje de los caché a contratos temporales.
SEÑOR GANDINI.- No me voy a referir a este punto porque ya lo habíamos discutido en otros Incisos, sino al anterior. Se autoriza a percibir ingresos nuevos a través de poder cobrar servicios, ¿cómo se imputan esos ingresos desde el punto de vista presupuestal? ¿Es un recurso de afectación especial? ¿Cómo se registran y cómo se gastan después? ¿Se gastan para inversión? ¿Se pueden gastar en algún fondo? No me queda claro por qué vía ingresan al organismo, dado que en muchísimos casos los recursos que entran a los organismos van a Rentas Generales. Esta sería una excepción pero no me queda claro cómo se registra ese ingreso y cómo luego puede gastarse.
SEÑOR ABDALA.- Con relación al artículo 194, quiero agregar una consulta del mismo estilo de las que formulábamos ayer en situaciones similares en otros Incisos. Aquí hay una reasignación de recursos para financiar contratos temporales de derecho público. Por lo tanto, la reasignación implica que hay un gasto, que fue dispuesto por la Ley de Presupuesto, que se deja de financiar, y en todo caso esos recursos ahora se direccionan o se destinan a un objetivo distinto. La pregunta es si esos gastos están identificados y si estamos hablando específicamente de actividades, tareas, objetivos que estaban planteados en la norma presupuestal que van a dejar de cumplirse. Y si es así nos gustaría saber cuáles son, simplemente a efectos ilustrativos, no es que estemos desconfiando de la solución porque es parte del análisis que se acaba de efectuar en la Comisión, pero me parece que también está la otra parte de la historia. Aquello que fue dispuesto en la Ley de Presupuesto, los recursos que se solicitaron al Parlamento y el Parlamento aprobó, ahora cambian de destino, por lo tanto hay algo que se deja de cumplir como fue previsto en la instancia presupuestal.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- Con relación a este último punto, se trata de fondos que se usaban para contratos caché, que eran por gastos de funcionamiento, que ahora pasan a ser Rubro 0.
En cuanto a la pregunta del señor Diputado Gandini, que tiene que ver con mecanismos de cobro, va a ser a través del proyecto 1.2 como en otras recaudaciones de este tipo de servicios. Si quieren ampliar la información, podemos dar otros detalles.
SEÑOR ÁLVAREZ.- Si esos fondos ya estuvieran destinados a pagar caché, esa plata ya hubiera pasado. Esto es lo que estaba previsto en el canal para contratar durante el año. Luego de que se modificó la modalidad contractual, esa plata hay que pasarla a contrato temporal para poder utilizarla. De lo contrario, quedaría en el rubro gastos, que es desde donde se pagaba el caché. Entonces, se hace el traspaso de ese dinero al Rubro 0, para poder gastarlo efectivamente por la modalidad de contrato temporal.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- El artículo 195 modifica las becas Carlos Quijano, que habían sido creadas en 2006. Estas becas eran otorgadas a ciudadanos uruguayos para la realización de cursos de posgrado. Luego de un período de ejecución de este programa se propone que estas becas no se limiten solo a posgrados en el exterior, como figuraba en la propuesta original, sino también para posgrados de manera general. Esta propuesta está motivada por lo que ha sido el uso de este fondo y las distintas demandas que ha tenido en el Período.
SEÑOR BEROIS.- ¿Cómo se otorgan esas becas? Quisiera que me dieran alguna información al respecto.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- Omití mencionar que en el mismo artículo se está solicitando que se autorice al Fondo de Solidaridad para que con los excedentes pueda hacer un aporte al fondo de la Beca Carlos Quijano.
SEÑOR GARIBALDI.- La Beca Carlos Quijano fue creada en 2006 y reglamentada a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Se constituyó un Comité de Administración integrado por los Directores de Educación y de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura y otro miembro designado por el Ministro. Ese Comité hace un llamado. Hay una reglamentación que define los posgrados dirigidos a áreas vinculadas a la educación, gestión cultural y gobernanza, salvo en el caso de los afrodescendientes que fueron definidos como prioridad y se les permite presentarse a cualquier área del conocimiento.
Los posgrados se definieron en especializaciones, maestrías y doctorados. Se admitió el carácter de educación a distancia y en este período se han otorgado veinte becas, de las cuales siete están en etapa de culminación. Se han destinado $3:780.000 de los $3:800.000 adjudicados en este período y de las becas otorgadas, siete están vinculadas a educación, cuatro a cultura, cinco a gobernanza y cuatro a otras áreas que estuvieron destinadas a personas afrodescendientes, ya que tenían esa posibilidad. Esta modificación busca atender en estas áreas del conocimiento el desarrollo de posgrados no solo en el exterior, donde no se eliminan, sino también en Uruguay, lo que permitiría promover su ofrecimiento por parte de las instituciones universitarias.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- El artículo 196 propone una transferencia de recursos. Los objetivos mayores para el conjunto del sistema nacional de educación pública son múltiples. En esta etapa, una de las grandes preocupaciones y un objetivo central es que la mayoría o la totalidad de nuestros jóvenes pueda terminar el primer ciclo de enseñanza media al final de este quinquenio; que podamos generalizar la culminación del segundo ciclo y avanzar para que en un período no muy lejano nuestros jóvenes puedan terminar la totalidad de los estudios medios, a fin de generalizar el acceso a la formación terciaria y universitaria ‑en los próximos días, ustedes van a recibir a las grandes instituciones de la educación pública y estos temas van a estar arriba de la mesa‑ y, finalmente, poder desarrollar actividades que permitan al conjunto de la población mejorar su nivel educativo y concretar su formación a distintos niveles. En ese contexto tenemos problemas muy serios que tienen que ver con el rezago, con la repetición en distintos niveles en el transcurso del ciclo educativo, y fuertes niveles de desvinculación del sistema, con gran impacto durante la adolescencia y en el recorrido de la enseñanza media. En este momento, evaluamos la desvinculación de adolescentes y de jóvenes del sistema de educación media ‑fenómeno que viene sucediendo desde hace décadas‑ como que estamos abandonando unos cuatro mil o cinco mil adolescentes y jóvenes por año. Eso nos lleva a que la población de adolescentes y jóvenes que se han desvinculado del sistema educativo, entre los quince y los veintinueve años, sea de un 11%.
Nos preocupa entonces ‑y estos son objetivos centrales‑ asegurar la continuidad educativa, tema que trabaja este Ministerio junto con las instituciones del sistema nacional de educación pública. En ese sentido, el programa "Compromiso Educativo", que se puso en marcha este año, es una de las iniciativas en el marco de esa preocupación por asegurar la continuidad educativa, al que se suman una gran cantidad de medidas que se están tomando desde el propio sistema educativo, ya muy tempranamente al ingreso al sistema de educación media; en los próximos días, los Diputados tendrán un detalle sobre este particular.
Al tiempo de fomentar, entonces, los programas para asegurar la continuidad educativa, también nos preocupa mucho fortalecer las distintas iniciativas que puedan permitir una revinculación con el sistema educativo y una inserción en el trabajo, para todos estos adolescentes que se han ido desvinculando desde hace ya mucho tiempo.
Ustedes conocen uno de estos programas, que es el Programa Nacional de Educación y Trabajo, en el marco del cual, a cargo del Ministerio de Educación y Cultura, están los Centros Educativos de Capacitación y Producción, CECAP. Esta experiencia muy positiva de los CECAP ‑que toman jóvenes de quince a veinte años en convenio con el INDA, la ANEP y en particular con el Consejo de Educación Secundaria y en ciertos casos con el Consejo de Educación Técnico Profesional‑, permite trabajar con adolescentes y jóvenes que viven en contexto de muy alta vulnerabilidad, que han tenido dificultades para su vinculación con el sistema educativo y tienen serias dificultades con la inserción, yo diría que en la vida y no solo a nivel laboral. Reitero que el trabajo en estos centros ha sido muy positivo y eso nos ha llevado a participar en una propuesta, junto con otros actores del Gobierno nacional, un plan cuyo lanzamiento estamos preparando que se llama "IDEA Joven". "IDEA" quiere decir: "Integración y Desarrollo por la Educación para Adolescentes y jóvenes". En el marco de este plan se tiende a trabajar con los grandes números, con todos esos jóvenes que se han ido desvinculando del sistema educativo y que no lograron una inserción en la vida. Y uno de sus componentes es multiplicar el programa de los CECAP, que ya en la ley presupuestal propusiéramos multiplicar por dos: tenemos unos diez centros distribuidos en distintos departamentos del país, entre ellos Montevideo, y pensamos llegar a veinte. Con los diez primeros CECAP se llega a unos mil trescientos jóvenes; el lunes pasado se inauguró el número doce y, de acuerdo a lo previsto en la norma presupuestal, estamos en camino de crear veinte. En el marco de ese plan ‑que esperamos que pueda tener un fuerte impacto en esa población que involucra, como decía, a unos cuatro mil o cinco mil jóvenes que se desvinculan de la educación año a año‑ pensamos alcanzar números comparables. Nos estamos proponiendo llegar al final del período a unos cuatro mil quinientos jóvenes, de entre quince y veinte años, para que puedan estar en un sistema que permita la reinserción a nivel educativo o una inserción en la vida y en el trabajo.
Entonces, para multiplicar este plan estamos proponiendo incrementar una transferencia de recursos, que nos permita aumentar la partida para horas docentes destinadas al programa, que tiene que ver con un componente de gastos de funcionamiento, que entendemos que podemos asumir, y una transferencia de una partida de becas que se va a cubrir con recursos del Fondo de Solidaridad, conforme a los acuerdos que hemos hecho.
Por lo tanto, con la finalidad que mencionaba, en el artículo 196 estamos proponiendo las transferencias de $20:000.000 del Objeto del Gasto 299 "Otros servicios no personales" y de $ 10:000.000 del fondo de becas de estudio, de manera de configurar el monto para asegurar el lanzamiento de este programa en 2012.
En cuanto al artículo 197, creo que su texto es muy claro. Concretamente, queremos sustituir el numeral 10) del artículo 45 de la Ley Nº 9.739. Esta ley refiere a lo que puede ser reproducción ilícita de distintas actividades por medios de comunicación, de difusión, de publicación y en el numeral 10) del artículo 45 mencionaba a: "Las transmisiones de sonidos o figuras por estaciones radiodifusoras del Estado (…)".
Lo que pretendemos es incluir dentro de lo que puede difundirse lo que tiene que ver con "obras coreográficas y/o figuras humanas".
El artículo 45 de la Ley Nº 9.739 señalaba que no configuraban reproducción ilícita una serie de actividades. Y estamos proponiendo que el numeral 10) del mencionado artículo, además de referirse a "Las transmisiones de sonidos o figuras por estaciones radiodifusoras del Estado (…)", mencione de manera explícita: "Las transmisiones de obras musicales (con o sin palabras), obras coreográficas y/o figuras humanas, por los Medios de Radiodifusión del Estado o por cualquier otro procedimiento conocido o por conocerse, cuando estén destinadas exclusivamente a fines culturales".
SEÑOR ABDALA.- Cotejando la propuesta con la disposición actualmente vigente, quisiera hacer dos consultas.
En primer lugar, sin que esto quiera ser un exceso de preciosismo, no sé si es necesario que se establezca: "cualquier otro procedimiento conocido o por conocerse". En principio, las normas tienen una vigencia indeterminada; si se conocen otros procedimientos en el futuro, la norma seguirá rigiendo y los comprenderá. Se trata de un tema de interpretación jurídica que simplemente dejo como una sugerencia, salvo que una mejor opinión diga que es necesario introducir esto, por alguna razón que yo no conozco.
En segundo término, quisiera plantear una consulta. Advierto que del texto vigente se elimina la expresión "cuando esas estaciones no tengan ninguna finalidad comercial (…)". Supongo que aquí estaremos en el terreno ‑o por lo menos muy cerca del límite‑ de lo que tiene que ver con toda la regulación de los derechos de autor, etcétera. Imagino que se habrá advertido esa eliminación y por alguna razón expresa se habrá resuelto. Mi pregunta es si es aconsejable eliminar esa expresión o si, en todo caso, sería bueno mantenerla. Reitero que, después de todo, estamos hablando de la producción intelectual y artística y, desde ese punto de vista, en su momento el legislador estableció esa excepción. Entonces, más que una sugerencia es una consulta ‑o las dos cosas‑ con relación a este segundo aspecto.
Muchas gracias.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- Entiendo que es de recibo la sugerencia de modificación de texto que hacía el señor Diputado Abdala. De alguna manera está incluida en la formulación una serie de formas de comunicación. En los medios públicos también se incluyen todas las formas de comunicación que se han desarrollado en los últimos tiempos que permiten emitir, difundir, por ejemplo, por internet.
Con relación a la formulación general, que refiere solo a los medios de radiodifusión del Estado sin hacer la mención a ninguna finalidad comercial, entendemos que la formulación actual es más amplia. Creo que no hay un objetivo preciso específico, pero entendemos que esta formulación permitiría contemplar distintas alternativas.
SEÑOR ÁLVAREZ.- Deseo aclarar que los soportes que hoy existen muchas veces se comparten con algunas antenas ‑por llamarlo de alguna forma‑ que sí tienen finalidad comercial, pero el mensaje, lo que va en la cápsula, tiene una finalidad cultural. Queremos quitar ese peso para poder trasmitir ‑como bien lo dijo recién el señor Ministro‑; un caso particular fue cómo armar un paquete con algunas de las actividades que se realizan para poder trasmitirlo en las ceibalitas. Si lo hacíamos de esa forma, se daba una discusión, que se ha ido resolviendo en el tiempo, entre los derechos de autor y AGADU, porque siempre se intenta buscar una mejor solución.
Lo que deseamos es ser claros en la interpretación de la norma y, efectivamente, si tiene una finalidad cultural ampliando el alcance de las artes que se pueden manifestar, no poner la restricción de que la antena o la emisión se realice por la vía de quien tiene originalmente una finalidad privada. Por ejemplo, si la televisión digital y alguna de las cosas que se están haciendo avanzan, tal vez el canal pueda compartir la misma antena con otros canales que sí tienen una finalidad privada.
SEÑOR PRESIDENTE.- Hemos finalizado el análisis del articulado.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- Quiero hacer algunos comentarios sobre tres temas. Uno refiere al IMPO; hay un artículo en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que tiene que ver con este tema. Vamos a solicitar al Director General de Secretaría que haga referencia a este tema.
El segundo tema tiene que ver con el proceso de reestructura y de avance en la creación de una institucionalidad en el SODRE, sobre la que queremos informar muy brevemente, así como también sobre la razón por la cual no tenemos una propuesta al respecto en esta ocasión.
Entiendo que en esta semana van a recibir a las autoridades de la ANEP y de la Universidad, por lo que me gustaría hacer algunos comentarios generales sobre la etapa que estamos viviendo en la educación para introducir lo que va a ser la discusión con estos dos organismos.
SEÑOR ÁLVAREZ.- Quiero mencionar que en el artículo 190 hay un error de tipeo: hay una mención a la Ley N° 7.296 y debería decir Ley N° 17.296.
SEÑOR PRESIDENTE.- Ya fue corregido.
SEÑOR ÁLVAREZ.- Si bien el IMPO no forma parte del Ministerio de Educación y Cultura, hay un conjunto de artículos en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que refieren a ese tema, sobre todo aquellos que apuntan a generar mayor eficiencia en lo que tiene que ver con las compras del Estado. Son catorce los artículos que podrían alterar tanto los cometidos como las funciones que lleva adelante el IMPO. Podría dar un mínimo detalle al respecto, pero me permito sugerir ‑si es posible‑ que la Comisión convoque al IMPO para solicitar mayor detalle de esta información. Los artículos son: 9°, 13, 19, 22, 28, 29, 30, 33, 51, 52, 53, 54, 55 y 257, que lo que hacen es quitar la obligatoriedad de las publicaciones a través del IMPO. Por lo tanto, vemos que, por un lado, se pierde la actividad del IMPO como archivo y como registro y, por otro, sin duda se afecta parte del patrimonio. Podríamos decir que, tal cual está presentado el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, el IMPO estaría dejando de percibir aproximadamente US$ 100.000 anuales. El IMPO está desarrollando un conjunto de acciones, entre ellas, ya solicitó la baja o la reducción de las tarifas, que también se veían afectadas
Tenemos la posibilidad de entregar un documento al respecto, pero ‑reitero‑ si la Comisión lo entiende conveniente, recomendaríamos convocar al IMPO a este ámbito para informarse sobre cómo podría impactar en esa persona pública no estatal las modificaciones que están siendo planteadas en el actual proyecto de Rendición de Cuentas.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- Nos hubiera gustado llegar aquí con propuestas concretas que permitieran avanzar en lo que es el fortalecimiento de la institución SODRE, o la constitución de una nueva institucionalidad, pero quisiéramos hacer un muy breve resumen de estos avances y en los próximos días, en función de la concreción del trabajo que se está realizando, introduciremos algún tipo de modificación en alguna norma que permita acelerar este proceso.
Por estas razones me gustaría ceder el uso de la palabra al Presidente del Consejo Directivo del SODRE para que haga una breve referencia al tema.
SEÑOR BUTAZZONI.- Nos parece importante informar a las señoras y a los señores legisladores acerca de un proceso que se está llevando adelante en el SODRE, en el ámbito del Ministerio, referido a las posibles nuevas formas de institucionalidad del organismo.
Hemos comprobado que existe unanimidad en los actores involucrados con el SODRE, tanto los actores institucionales propiamente dichos como aquellos que tienen vinculaciones de otro tipo ‑ya sea históricas o culturales‑, en cuanto a las enormes dificultades y a la virtual imposibilidad de que esa institución continúe cumpliendo sus objetivos con las estructuras actuales con las que se maneja.
Como saben, es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura que tiene algunas peculiaridades como, por ejemplo, una Dirección colegiada, un Presidente que actúa en el seno de un Consejo y que ha generado a lo largo del tiempo distintas modificaciones en sus cometidos y en su estructura que han llevado a que, en cierta medida, en su formato institucional, se haya desnaturalizado, por decirlo así.
El SODRE originalmente fue una radio, después tuvo una orquesta, luego una serie de institutos vinculados a determinadas artes canónicas ‑como la música, la lírica, la danza, etcétera‑, tuvo un canal de televisión ‑que ya no tiene más‑, tiene escuelas de danzas, escuelas de arte lírico, tiene un archivo importantísimo en el ámbito de la imagen ‑no solo cinematográfico sino de fotografía y de daguerrotipos‑ y también tiene un archivo sonoro de gran importancia patrimonial. Todos los actores vinculados a estos temas y también los trabajadores, tanto los de la Asociación de Funcionarios del SODRE ‑AFUSODRE‑ como los de otros ámbitos, músicos, bailarines, etcétera, han coincidido en la necesidad imperiosa de buscar un nuevo formato institucional para el SODRE. En el Consejo Directivo hemos estado trabajando desde hace varios meses, hemos creado un grupo de trabajo, hemos consultado con distintos actores de este ámbito y nos proponemos firmemente, en las próximas semanas, tener una postura para ser elevada al Ministerio de Educación y Cultura e informada al Parlamento.
Nos importaba mucho señalar esto porque nos parece razonable plantear la posibilidad de que tal vez se introduzca algún elemento, algún artículo que permita al Ministerio establecer transposición de fondos ‑por decirlo así‑ con una nueva figura institucional, que evidentemente no va a estar lista en semanas no solo porque es un tema complejo sino también porque nos parece que tiene que ser el fruto de un consenso o de un apoyo muy mayoritario, tanto en el ámbito político y parlamentario, como en el ámbito sindical y de la comunidad artística involucrada en el tema.
SEÑOR IBARRA.- Varios legisladores nos hemos preguntado qué es lo que se está planteando con estas nuevas formas de institucionalidad del SODRE. Este tema ya ha tenido repercusiones y lo que pido es que los consensos de que habla el señor Director pasen por el Parlamento pero no después de que esté todo acordado y esté pronto el proyecto de ley. Creo que esto ameritaría una consulta previa no solo a mi bancada sino a todas las bancadas parlamentarias porque es un tema muy sentido. Más allá de las necesidades de actualización del SODRE, es un tema estrictamente político porque tiene que ver con la cultura y el arte. Como no conozco el tema ‑simplemente, lo que dijo el Director Botazzoni es super general‑ y, quizá, hoy no tengamos tiempo de profundizar, pido que para evitar desencuentros se informe y se escuchen las opiniones de los actores que, en este caso, también seremos nosotros porque vamos a tener que decidir. De ninguna forma queremos nuevos problemas ni desacuerdos con el Poder Ejecutivo; tratamos de evitarlos y esa es la forma de lograrlo.
SEÑOR GANDINI.- Sin poner bajo sospecha nada, concuerdo con el señor Diputado Ibarra. A propósito, nos hemos asustado un poco porque últimamente hemos tenidos vario de estos encuentros y acercamientos.
(Hilaridad)
——Este no es un tema menor. Por esto renunció el Vicepresidente del SODRE hace dos meses. Tengo aquí la carta de renuncia de Jorge Bruni, ex Vicepresidente del SODRE, haciendo referencia a sus discrepancias con la reestructura que se venía implementando en el organismo y con el tránsito hacia una persona pública no estatal, con todo lo que ello implica en materia administrativa dado que se aleja del Derecho Administrativo, del Derecho Público y del contralor de toda naturaleza con lo que significa en materia de relación y del vínculo laboral de los actuales funcionarios.
Este no es un tema menor y se inscribe en la tendencia general de que cada vez que hay que agilizar la gestión de algún organismo, el mecanismo es sacarlo del Estado o llevarlo a la excepción en su funcionamiento.
Recién notábamos en uno de los artículos del Ministerio de Educación y Cultura que se incorporaba el canje al literal de excepción del TOCAF; ya se acabaron las letras: este es el z). Se van incorporando mecanismos para establecer excepciones y para que no haya que recurrir al mecanismo de la licitación.
También escuchábamos al Director Álvarez expresar cómo van a afectar al IMPO el nuevo sistema de compras ‑de aprobarse‑ y las nuevas normas del funcionario. De paso, me voy a referir a ese tema. Nosotros no estamos de acuerdo con eso y lo manifestó el señor Diputado Berois. El IMPO da la tranquilidad del archivo. Yo he encontrado datos en las páginas web que al día siguiente cuando los iba a buscar nuevamente ya no estaban, porque alcanza con que el jerarca apriete un botón para que desaparezca la historia.
En cambio, lo escrito, escrito está, y queda archivado. A nosotros nos preocupa mucho que sea así. Ahora los funcionarios públicos ingresan a través de llamados de "Uruguay concursa", con un mecanismo, vía web, que tiene esa seguridad: la de la web, pero no queda nada escrito. El sistema de compras ahora también pasa por ahí. Se argumenta que es más rápido. Es cierto, pero la rapidez a veces atenta contra la garantía, y de eso hay que hablar. Pido perdón por entrar a los dos temas pero los vinculo.
En virtud de lo que planteaba el Director del Ministerio, solicito que se incorpore a la lista de invitados prevista para tratar específicamente el nuevo sistema de compras ‑Tribunal de Cuentas, Auditoría Interna de la Nación, Cátedra de Derecho Administrativo, al Profesor Cajarville‑ a la Dirección del IMPO porque sería bueno que dé su opinión sobre este nuevo mecanismo. Si bien no todas las normas a que refiere el Director Álvarez tienen que ver con el sistema de compras, la gran mayoría sí.
Con respecto al SODRE quiero reafirmar la necesidad de que esto tenga en su momento un debate parlamentario y no se presente solo el hecho consumado porque es un organismo muy caro para la cultura nacional y en el que se han depositado muchas expectativas y mucha inversión.
SEÑOR BOTAZZONI.- Estoy de acuerdo con lo que planteaban los señores Diputados Ibarra y Gandini en cuanto no solo a la pertinencia sino hasta la obligación jurídica, porque cualquier modificación del formato institucional de un organismo debe pasar, necesariamente, por el debate parlamentario. Nuestra intención es que, además, los parlamentarios estén adecuadamente informados.
Reitero: el Consejo Directivo del SODRE no tiene una posición tomada porque hay varias iniciativas que surgieron de distintos ámbitos ‑sindicales, técnicos y jurídicos‑ y hemos creado un grupo de trabajo ‑integrado por personal del SODRE, asesores y abogados‑ que está recogiendo los insumos planteados desde diversos ámbitos para tener una idea de cuál es nuestra visión de la situación. Obviamente, el Parlamento es el ámbito natural en el cual se deben volcar esas opiniones y apreciaciones, porque la toma de decisiones pertenece, precisamente, al Poder Legislativo.
Con respecto al doctor Bruni lo único que quiero destacar es que en su carta de renuncia aclaraba expresamente que su discrepancia no tiene que ver con el proceso de reforma sino con la metodología con la que se había iniciado. Es una distinción sutil pero importante.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- El SODRE está mostrando a qué nivel se puede llegar y qué impacto puede tener el desarrollo de la actividad cultural que asume esa institución y por ello estamos de acuerdo en la importancia de su futuro. En el día de hoy presentamos esta temática porque compartimos plenamente las inquietudes señaladas por los señores legisladores.
En el momento que el señor Presidente estime oportuno voy a hacer referencia al tema educación.
SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Pido disculpas porque falté algunos minutos a esta convocatoria, dado que me encontraba en otra actividad.
Quiero manifestarme con respecto al artículo 182. Se me ha informado que el Ministro ha argumentado la creación de dos Fiscalías, para el departamento de Artigas y para Toledo.
Voy a referirme a un tema sobre el cual ya conversamos con el Diputado Pablo Pérez. La red social de la ciudad de San Carlos, integrada por personas pertenecientes a diversos ámbitos de la sociedad ‑todo un ejemplo y modelo de integración y de trabajo en el departamento de Maldonado‑, ha planteado a los cuatro legisladores del departamento la necesidad de la creación de una nueva Fiscalía, en virtud de que en el mes de febrero del año 2010 la Suprema Corte de Justicia creó un segundo Juzgado Letrado de Primera Instancia en la ciudad de San Carlos, que entenderá en todas las materias, como el que ya se encuentra instalado en la actualidad, pero por parte del Ministerio de Educación y Cultura no está prevista la creación de otra Fiscalía Letrada Departamental. Esto fue reclamado oportunamente por la actual titular, la doctora Adriana Arenas, al Fiscal de Corte.
Quiero poner en conocimiento del señor Ministro y dejar constancia en la versión taquigráfica que la Fiscalía Letrada Departamental de San Carlos, cuya titular es la doctora Arenas, cuenta solo con un Secretario Letrado y un funcionario administrativo. Funciona como turno único, lógicamente, todos los días del año, las veinticuatro horas. Como referencia, podemos señalar que en el año 2010 recibió un total de dos mil quinientas once visitas, y a junio de 2011, mil ciento ochenta y dos. En el entendido de que es preceptiva la presencia del Fiscal en las audiencias penales, en asuntos que involucran a menores de edad ‑como pensiones alimenticias, tenencias y visitas‑, en materia de violencia doméstica ‑divorcios, etcétera- y de que el total de audiencias penales fue de ciento veintinueve y de audiencias civiles, ciento veintiséis, debo decir que estamos ante una concurrencia a igual número de audiencias.
Tanto la red social de San Carlos, como los legisladores del departamento ‑me atrevo a hablar también en nombre del Diputado Pablo Pérez, del Frente Amplio, porque lo hemos conversado oportunamente‑, queremos reconocer la dedicación y responsabilidad de los dos funcionarios que se encuentran trabajando actualmente allí. Naturalmente, desde el punto de vista material y humano, resulta imposible que cumplan con tal cúmulo de trabajo y concurran a audiencias en ambas sedes, cada una de las cuales tiene competencia en absolutamente todas las materias.
Queríamos hacer este planteo a fin de que se pueda buscar la alternativa para crear otra Fiscalía para dar satisfacción a la demanda de la ciudad de San Carlos, naturalmente, en común acuerdo con el Ministerio y con el resto de las bancadas aquí representadas. Hemos conversado sobre esto también con el Diputado del Partido Nacional perteneciente al departamento de Maldonado.
Me gustaría escuchar la opinión del Ministro con respecto a este punto.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- Las dos Fiscalías que propone crear el artículo 182 corresponden a lo que se resolvió en la Ley de Presupuesto con respecto a la creación de nuevos Juzgados.
En cuanto a la mención a la Fiscalía de San Carlos que hace el señor Diputado Germán Cardoso, recientemente nos ha llegado un escrito en ese sentido y lo transmitimos a la Fiscalía de Corte en los últimos días.
De manera que tomamos nota de la preocupación. Seguiremos este asunto que, repito, está en manos de la Fiscalía de Corte.
SEÑOR GANDINI.- Mi intervención tiene que ver con un tema que genera cierta preocupación. A lo mejor, las autoridades pueden dar alguna respuesta tranquilizadora en esta materia.
Desde hace muchos años existe dentro del Ministerio de Educación y Cultura un grupo conocido como "Sinfónica Juvenil". Esta sinfónica viene actuando desde hace mucho tiempo; cumple una muy linda tarea de apoyo, porque actúa en una cantidad de actividades sociales de Montevideo y del interior del país. Además, ha sido un verdadero semillero; muchísimos de los niños que empezaron allí a los doce años, hoy terminan actuando y trabajando en otros ámbitos. Es un espacio realmente muy formativo.
Desde febrero de este año, la sinfónica dejó de actuar y de ensayar, y se estableció que pasaba a depender del SODRE. De hecho, un decreto posterior, de fecha 14 de junio, establece que la sinfónica cambia de nombre, pasándose a denominar "Sinfónica Filarmónica Juvenil", y que va a depender de otra institución, que es el SODRE.
Se me ha dicho que este grupo no ha trabajado más. Se había dispuesto que el actual Director de la orquesta del ballet del SODRE fuera responsable del proyecto dentro del SODRE, y la tarea se había encarado con mucho entusiasmo por parte de este funcionario y de los propios muchachos, pero esta persona renunció a esa tarea; tengo en mi poder su carta de renuncia. Supimos que recientemente, en este mismo mes, habría tenido noticias de que no habría presupuesto dentro del SODRE para impulsar este proyecto. Sí lo había en el Ministerio de Educación y Cultura; durante años lo hubo. Estos jóvenes o personas que actúan en la sinfónica, son unos cincuenta músicos que no cobran un salario; solo tienen viáticos que están entre $1.000 y algo más de $2.000. Cabe aclarar que estos viáticos los utilizan para trasladarse hacia donde actúa la orquesta; los instrumentos son de su propiedad; el mantenimiento y reparación de esos instrumentos depende de los integrantes de la orquesta. El pequeño viático que reciben es a todos los efectos. Acá no estamos hablando de la pérdida de una fuente laboral; estamos hablando de un grupo, a mi juicio muy valioso, en el que participan hoy jóvenes de entre doce a treinta años, no porque ingresen a los treinta años sino porque forman parte de ella desde hace mucho tiempo. Aparentemente, este asunto ha generado un gran desconcierto, porque ha renunciado su responsable, porque ya han pasado muchos meses sin actuar y sin ensayar y, además, porque las versiones que se tienen es que la eventual nueva reglamentación de esta ahora "Sinfónica Filarmónica Juvenil" incluiría algunas condiciones, por ejemplo, una edad más limitada, de dieciocho a veinticuatro años, y algunas condiciones de dedicación horaria, que probablemente dejarían afuera a unos treinta o cuarenta integrantes de los actuales cincuenta. Debo decir que según la información que tengo, estas personas no están desde el primer día, sino que todos los años concursan. Algunos concursan y renuevan su participación en la orquesta y otros concursan, quedan afuera, y son sustituidos por otros. Es un mecanismo muy ágil, muy saludable, muy sano, que no ha recogido más que buenos comentarios. Por lo menos eso es lo que he escuchado durante mucho tiempo; desde que estaba en el INJU conozco a esta orquesta sinfónica y siempre recibí de la Intendencia y de otros ámbitos buenas opiniones sobre ella.
Ahora hay una preocupación fuerte, que tiene que ver con un tema presupuestal, si es como dice el señor Martín García en su carta referida a los muchachos, en la que expresa que se desvincula del proceso y que se le ha comunicado que se reunieron autoridades de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Educación y Cultura y se dispuso que no había recursos para continuar con este proyecto sobre el que no se le han dado más instrucciones. La pregunta es si se podía encontrar alguna solución al respecto, porque los hechos indican ‑además de que lo que estoy relatando es exactamente así‑ que desde febrero este grupo de músicos no tiene actividad.
SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero hacer una puntualización en torno a los temas que se señalaron. No quiero coartar la libertad de los señores Diputados, pero tenemos una hora de atraso y está la delegación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente esperando para ser recibida. En realidad, se hizo mención a un tema que corresponde al Ejercicio 2011. Es de recibo la preocupación que plantea el señor Diputado; tal vez, la delegación del Ministerio lleve una tarea para poder resolver a tiempo esto sin esperar a la Rendición de Cuentas de este Ejercicio a los efectos de encontrar una solución.
No obstante, exhorto a los señores Diputados a utilizar el tiempo par hablar del tema específico. Me consta que hay Diputados anotados para hablar del asunto que nos convoca, que es el Ejercicio 2010.
SEÑOR ABDALA.- No quiero complicar más la situación al señor Presidente, pero en función del planteo que realizará el señor Diputado Posada, probablemente tengamos que hacer otra consideración.
SEÑOR PRESIDENTE.- Por eso lo digo.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- Seré muy breve. Luego le pediré al Presidente del Consejo Directivo del SODRE que amplíe.
No voy a referirme a los avances que se están produciendo en la Institución, que son de público conocimiento debido al escaso tiempo de que disponemos. Me refiero a los avances en ballet, a los recientes avances en la ópera, a los resultados en cuanto al número de público, a la recaudación, etcétera. Tampoco voy a hablar de las preocupaciones que se tienen en cuanto a seguir adelante con todas las formaciones y escuelas de la Institución. Estoy hablando del coro y de la orquesta que tiene solapa con la filarmónica municipal en dos tercios, es decir que los músicos comparten las dos orquestas, lo cual no deja de ser un problema importante. También es motivo de preocupación la escuela de arte lírico y la escuela de ballet.
Una de las ideas centrales para la renovación de la parte musical, tiene que ver con la creación de esta formación juvenil, que va a estar a cargo del maestro Martín García. Ese proceso está en trámite y pienso que al terminar esta sesión habrá una reunión de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque entiendo que la propuesta va a ser financiada ‑es financiable‑, y esperamos entrar en una etapa donde esta nueva orquesta juvenil en manos del SODRE pueda ser el semillero de músicos que esperamos para la nueva Institución.
Si los señores Diputados así lo entienden podemos ampliar esta información dándole la palabra para una breve intervención al señor Presidente del Consejo Directivo del SODRE.
SEÑOR BOTAZZONI.- Efectivamente, el curso de los acontecimientos fue más o menos como lo planteó el señor Diputado Gandini.
Por un lado, estábamos convencidos de que no tenía mucho sentido que hubiera una orquesta juvenil en una órbita independiente al SODRE; nos parecía que lo lógico era que estuviera vinculada al Instituto.
Por otro, también era lógico que esa orquesta tuviera un nuevo enfoque, destinado, sobre todo, a ser una orquesta de la cual se egresa, y no una orquesta en la cual los músicos pudieran permanecer indefinidamente, es decir que verdaderamente fuera una orquesta juvenil.
El proceso de traspaso de la orquesta del Ministerio de Educación y Cultura al SODRE fue un poco más complejo de lo que todos habíamos supuesto. Cuando digo "todos" me refiero desde el Consejo Directivo hasta el propio maestro, Martín García, con quien nos hemos reunido unas cuantas veces. La última vez fue aproximadamente hace una semana, cuando estando en conocimiento de la carta que mencionó el señor Diputado, nos reunimos conjuntamente con el señor Ministro para encontrar un camino que pudiera, de alguna manera, prorrogar la expectativa del maestro Martín García durante algunas semanas, mientras ajustábamos algunas tuercas desde el punto de vista presupuestal que nos permitieran acometer definitivamente el funcionamiento de la nueva filarmónica juvenil. En realidad, son unos cuantos meses para los chicos; para una Institución es un tiempo muy breve. Nosotros nos sentiríamos muy satisfechos si a fines de este año la orquesta juvenil pudiera estar ensayando y funcionando con una estructura mínimamente profesional, que le permitiera, tanto a los jóvenes que la integran como al público, tener un relacionamiento más fluido, más dinámico y más profesional en todo el territorio nacional.
SEÑOR POSADA.- La Ley Nº 17.631, del 7 de mayo de 2003 estableció una serie de cometidos al Poder Ejecutivo. Su artículo 1º se refiere a la creación de una Comisión de Fomento de Turismo Interno Permanente de Carácter Histórico, Artístico y Cultural de la Nación. En realidad, el artículo establece que esa Comisión iba a funcionar en el ámbito del Ministerio de Turismo y Deporte. Simplemente, quiero preguntar si esta Comisión ha funcionado, puesto que estaba integrada por delegados de los Ministerios de Turismo y Deporte, de Transporte y Obras Públicas, de Educación y Cultura, de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, del Congreso de Intendentes y de las Intendencias involucradas en cada caso.
Repito: su integración no es un cometido específico del Ministerio de Educación y Cultura; en todo caso, el Ministerio de Educación y Cultura la integra. Pero quiero saber si en algún momento el Ministerio fue convocado.
Lo que sí tiene que ver con el Ministerio de Educación y Cultura es el artículo 6º de esta ley del que en alguna otra oportunidad hemos hablado con el señor Ministro.
El artículo 6º dice: "Declárase monumento histórico el solar donde estuvieran emplazados el Cuartel General de Artigas y la villa de Purificación, ubicado dentro de las fracciones de campo individualizadas por los padrones 4980 y 4983 en mayor área, 4ta. Sección Catastral, zona rural en el departamento de Paysandú"
El inciso segundo de este artículo dice: "El Poder Ejecutivo dispondrá lo necesario para proceder a determinar su extensión, delimitación y señalamiento, previo informe fundado en asesoramiento competente, de acuerdo con los alcances de la Ley Nº 14.040, de 20 de octubre de 1971, a los efectos de la creación del Parque Nacional Purificación".
Desde la aprobación de esta ley han pasado más de siete años. Lo que quiero saber es en qué está el Ministerio de Educación y Cultura, puesto que en el mandato de la ley hay claramente intención de establecer un delimitamiento de forma de proceder a una expropiación de esas fracciones de campo, a los efectos de instalar el Parque Nacional de Purificación.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- Con relación a la primera parte de la pregunta, con mucho gusto voy a verificar si esta Comisión está operando. No tenemos conocimiento del tema por lo que informaremos oportunamente al señor Diputado.
Con respecto a la segunda parte, que tiene que ver con el Parque Nacional de Purificación, solicitaría habilitar en el uso de la palabra a la señora Subsecretaria de Educación y Cultura que preside la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación.
SEÑORA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- Con relación a la primera parte de la pregunta tengo que decir que averiguaremos, pero que afortunadamente sí se da la recíproca. En la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación hay un delegado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ‑como debe ser, porque así está constituida‑ y, además, uno de los delegados del Poder Ejecutivo que se lo pedimos especialmente al Ministerio de Turismo y Deporte. Se está dando una coordinación activa. Además, ese integrante es un gran profesional, el arquitecto Jorge Di Pólito, quien representa al Ministerio de Turismo y Deporte. En ese sentido, se están viendo muchos monumentos bajo una doble luz: la de la conservación y, también, la del disfrute y la promoción turística.
Con respecto a Purificación, debo decir que el trabajo ha sido y sigue siendo bastante complicado. Se hizo una investigación arqueológica en convenio con la Universidad de la República porque la localización exacta, si bien se puede basar en las crónicas históricas, solo puede determinarse con exactitud desde el punto de vista arqueológico. Efectivamente se encontró el Campamento de Purificación y, en este momento, se está llevando adelante una tratativa relativamente difícil con el dueño de esos campos.
Nuestra idea es no interrumpir las actividades productivas ni hacer una expropiación innecesaria. Creemos que el Estado haría mal si expropiara algo que después no va a usar. La idea es constituir un parque, una senda turística con las debidas garantías para la propiedad y para la explotación agrícola que se cumple allí. Además, vinculado con el turismo, se está pensando en un acceso por el río.
En definitiva, en este momento hay conclusiones académicas que establecen la ubicación exacta y hay un proyecto que se está discutiendo con el propietario tratando de que la transición, la adquisición o la expropiación sea lo más amigable posible. Necesitamos tener la mayor colaboración porque necesariamente va a haber servidumbres de paso para llegar a visitar el lugar a través de los campos. En estos casos siempre es necesario contar con buena voluntd. Esto se puede hacer por vía coercitiva, pero las cosas son más difíciles.
Este es el estado de las tratativas. La idea es expropiar lo necesario para preservar el monumento histórico y permitir el disfrute de las personas que visiten el parque, con el mayor respeto por los lugares y la historia, y establecer dos accesos, uno por tierra desde la Ruta Nº 3 y otro desde el río, por una ruta fluvial que fuera desde la Meseta de Artigas ‑ya es un predio de carácter público y nacional; está el Parque de la Meseta, que tiene un monumento que tal vez los señores Diputados conozcan‑, por una senda rivereña, hasta Purificación.
SEÑOR POSADA.- Voy a hacer una consulta antes de realizar una valoración de la respuesta de la señora Subsecretaria. ¿El lugar que se estableció como antecedente de la existencia de Villa Purificación tiene que ver con el lugar donde se encuentran las construcciones del establecimiento actual?
SEÑORA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- Parcialmente sí.
SEÑOR POSADA.- La realidad es que el dueño de ese establecimiento ha sido una permanente obstrucción para la investigación histórica. Claramente no ha mostrado ningún tipo de actitud favorable frente a algo que creo que todos los uruguayos deberíamos revitalizar; siempre ha sido un obstáculo.
Yo valoro los procedimientos que tratan de buscar una solución al tema de forma amigable. Pero el tiempo ha pasado y si nos atenemos a los antecedentes anteriores a esta ley, la preocupación del dueño del establecimiento fue desbaratar cualquier intento que se hiciera en cuanto a ubicar Villa Purificación.
Esto viene a cuento porque en este tiempo en particular este asunto empieza a cobrar una importancia mayor. Estamos conmemorando el bicentenario del inicio de la revolución artiguista. Claramente el año 2015 tiene especial significación para quienes pensamos que allí hubo una primera República, porque Villa Purificación fue el asiento del Gobierno artiguista. Por lo tanto, una conmemoración de esta naturaleza debería encontrarnos con este tema resuelto.
Por otra parte, me alegro que ahora haya estudios de la Universidad de la República. Anteriormente a ellos, la Fuerza Aérea hizo un relevamiento fotográfico del área y, a través de los estudios de las fotografías, se llegó a la conclusión de la clara delimitación de la zona donde estaba Villa Purificación, que coincide, como bien se señaló, con parte del casco del actual establecimiento.
La intención del planteo de este tema es tratar de generar un compromiso de parte del Poder Ejecutivo y del Ministro de Educación y Cultura en particular, en el sentido de definirlo. Sabemos que hay una actitud obcecada en cuanto a evitar esta situación y creemos que el Estado tiene que aplicar su poder coercitivo, porque se busca preservar, nada más y nada menos que una instancia de particular relevancia para la historia de nuestro país que creo que los uruguayos debemos integrar a nuestra vivencia cotidiana. El hecho de pensar en un parque nacional tenía ese sentido.
Esta ley contó con la unanimidad de ambas Cámaras por lo que me parece oportuno hacer esta referencia para que en la próxima Rendición de Cuentas, que será en el año 2011 ‑la modificación presupuestal será aplicable a partir de 2012‑, o en una ley independiente se establezcan las áreas dentro de los padrones que el Estado debería expropiar, a efectos de proceder a la instalación del parque.
SEÑOR BEROIS.- Apoyo totalmente lo expresado por el señor Diputado Posada.
No voy a responsabilizar al señor Ministro porque este asunto viene desde hace mucho tiempo. Es más: abarca la gestión de Ministros de distintas colectividades políticas. Sin embargo, el propietario del establecimiento se ha ingeniado para ir postergando las acciones porque la ubicación de los hallazgos ‑lo confirmó la señora Subsecretaria‑ está cerca del casco.
Comparto totalmente que esto tiene que ir más allá de lo que significa esa superficie para la producción dentro del establecimiento rural. Se trata de algo muy importante para los orientales porque la capital de la santa Federación está ahí. Por lo tanto, creo que en este bicentenario sería bueno tener noticias con respecto a esto. Asimismo, me he reunido con el señor Diputado Posada y recuerdo a dos historiadores que ya no están con nosotros como Barrios Leme y Barrios Pintos que trabajaron por esto. Aquí se encuentra presente el señor Diputado Otegui, que es del departamento de Paysandú, y sabemos que su pueblo tiene muchas expectativas con respecto a esto.
Creo que sería muy bueno que en el año en que estamos transitando el señor Ministro y el Ministerio sigan avanzando en esta cuestión y que podamos tener una noticia concreta al respecto. Digo esto porque el dueño del establecimiento se ha ingeniado durante años en poner obstáculos permanentemente para que esto no se concrete.
SEÑORA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- Voy a contestar brevemente para no enredar el tema.
Manejamos el relevamiento fotográfico de la Fuerza Aérea, que sin duda ayuda mucho. La prueba concluyente de la ubicación solo se pudo obtener con investigación arqueológica. La prueba precisa de fotografía aérea da unos cuantos metros de duda en la resolución del lugar.
La relación con el dueño de la propiedad desde hace muchas décadas no ha sido fácil, pero creemos que se está perfilando una solución de expropiación parcial. No hay interés en que el Estado tenga muchísimas hectáreas si no son necesarias para la preservación del monumento ni para semillita. El Estado entraría, a su vez, en revenderlas, en una serie de tratativas que no son interesantes y tampoco lo es que se deje de hacer una actividad agrícola que proporciona empleo, que es positiva y a la que el Estado no se dedica. Somos partidarios de expropiar lo que sea necesario.
En este momento se han establecido vínculos entre abogados y esperamos tener esa expropiación parcial con servidumbres de paso adecuadas para que se pueda visitar, para ofrecer las garantías de la explotación agrícola, que son naturales, y para compatibilizar lo que siempre hay que compatibilizar en el patrimonio, que es el desarrollo con la conservación. Iremos a donde tengamos que ir; es decir, tratamos de que sea lo más correcto, lo más amigable posible. Si no se logra todo esto, tenemos claro que la posesión de ese sitio, donde estuvo asentado el Gobierno de Purificación, tiene que ser puesta en valor y tiene que ser de acceso público.
SEÑOR OTEGUI.- Saludamos al señor Ministro y al grupo que lo acompaña.
Como decía el señor Diputado Berois, soy de Paysandú y estoy vinculado a todos esos temas. Conozco el lugar y el informe técnico del relevamiento aéreo de la Fuerza Aérea. Concurrí a varias reuniones en las que se hizo la presentación. Conozco y acompañé a quienes hicieron el relevamiento arqueológico y sé que la voluntad de los propietarios, que viene de larga data, es la de no ubicarlo en ese lugar. Este tema tiene tanto tiempo como el monumento en la Meseta de Artigas, que está ubicado en la punta del establecimiento, en una meseta. Es de conocimiento público; ese parque fue donado por el padre de esta gente hace más de cien años. Era patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura y en el año 1990 lo tomó a su cargo la Intendencia de Paysandú. Creo que ha hecho un trabajo muy relevante en cuanto preservación y mejora. Ya llevamos dieciocho años realizando una actividad denominada "Encuentro con el Patriarca". Se trata de una movida, de una actividad que se hace con alrededor de dos mil jinetes que salen de Paysandú; se lleva a cabo durante tres días y normalmente congrega entre quince y veinte mil personas.
Como decía, la voluntad de esta gente desde hace décadas atrás es reubicar el punto en otro lugar.
Coincido en que no se debe expropiar más de lo necesario para tener ese lugar. De acuerdo con la información que tengo, parte de la ubicación exacta interesa el casco. Ese es uno de los aspectos que más les preocupaba. En definitiva, si nosotros lográramos expropiar ‑creo que es la única forma y el Estado deberá hacer las gestiones ágilmente para lograrlo‑, podríamos ubicarlo en la zona donde está "El Hervidero", que está un poquito más alejado de la casa. Si el Ministerio está haciendo o comenzando con esa gestión, debería hacer hincapié en los señores abogados. No soy abogado y no quiero ofender a nadie ‑porque aquí sí hay abogados‑, pero cuando entran los temas legales, a veces se demora más de lo necesario.
Quería hacer este planteo porque este no es un tema nuevo; tiene más de ciento veinte años. Seguramente, la Intendencia de Paysandú va a colaborar con el Ministerio en este sentido. Así como tiene el Parque Nacional de la Meseta de Artigas, podrá dar una mano en lo que sea necesario para dinamizar y potenciar esto.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- Tomamos nota de los planteos de los señores Diputados. Vamos a seguir este tema con atención.
Mantenemos un vínculo fluido con los representantes de este cuerpo en la Comisión del Bicentenario y tal vez podamos hacer un seguimiento más cercano de este tema a través de las actividades que realiza.
SEÑOR ABDALA.- Por más que el tema tiene una entidad muy importante, quisiera pedir al señor Ministro un comentario con relación al Anexo 11 al Proyecto de Ley Rendición de Cuentas que ha remitido el Poder Ejecutivo y que tiene que ver con un informe de avance del cumplimieno del artículo 540 de la Ley de Presupuesto, en el que se encomendó al Poder Ejecutivo por parte de este Parlamento, con los votos en contra de los partidos de la oposición ‑hasta donde recuerdo; por lo menos de mi partido‑, estudiar la viabilidad en cuanto a la creación del llamado Ministerio de Justicia. Es verdad que no viene una propuesta para crearlo, pero también es verdad que viene un informe de avance con definiciones muy concretas, y debo decir con enorme honestidad que muchas de ellas no comparto. Creo que estaríamos omisos, por lo menos desde esta bancada parlamentaria, si no planteáramos el tema, porque si bien esta instancia no es definitoria en cuanto a este aspecto ‑obviamente, no lo es‑, sin embargo, aquí se reafirma el compromiso. Empiezo por el final, el último párrafo de este informe dice expresamente: "El Poder Ejecutivo reafirma su compromiso de dar cumplimiento efectivo a lo dispuesto por el art. 540" ‑que no es esa la creación del Ministerio; es el estudio de su creación‑ "(...) continuará profundizando los aspectos en cuestión, comprometiendo el apoyo de sus recursos humanos y financieros, a efectos de viabilizar la creación de la nueva institucionalidad acordada". Se deduce de esto que efectivamente hay una voluntad política que no solo se confirma sino que se reafirma y en algún sentido se acrecienta por parte del Poder Ejecutivo, y naturalmente está en todo el derecho de hacerlo. Pero nosotros, por supuesto, estamos en el derecho e inclusive en el deber de discrepar con él cuando efectivamente advertimos que hay inconveniencia en determinado proceder y, fundamentalmente, en determinados argumentos o en determinadas afirmaciones que surgen de este informe y que, repito, a nosotros mucho nos han preocupado.
Me da la sensación, y lo digo con absoluta honestidad, de que buena parte del informe está impregnado de una especie de concepto que tiende a relativizar la importancia y la jerarquía del Poder Judicial en lo que tiene que ver con la administración de la Justicia y con el sistema judicial en general. En la primera parte, en el capítulo que se señala con el literal B), que se llama "Correlatos del régimen de separación de poderes", insistentemente se menciona que los actores vinculados con el sistema judicial son diversos, que el Poder Judicial es uno más. Aunque estrictamente podremos coincidir, por ejemplo, en que la policía es auxiliar de la Justicia, que el INAU en algún sentido interviene en aspectos que hacen a la Justicia en su concepción más amplia, me parece que no podemos o que no se debe poner en un plano de igualdad desde el punto de vista de la jerarquía institucional, porque aquí está de por medio ni más ni menos que el principio de separación de Poderes, al Poder Judicial en los términos en los que aquí ocurre, a mi juicio, minimizando su labor insustituible en lo que tiene que ver con el tema que estamos analizando. |
Posteriormente, se hace referencia a que no hay instancias de coordinación institucionales entre los Poderes del Estado, instancias de coordinación formal con el Poder Judicial. Creo que las instancias de coordinación son las que están previstas en la Constitución. Las relaciones entre los Poderes del Estado han transcurrido siempre por los carriles constitucionales. Cada Poder tiene, de acuerdo con la Carta Magna, sus competencias, sus funciones prevalentes, pero no excluyentes. El Poder Judicial cumple la función jurisdiccional, pero también funciones administrativas, que es la función esencial del Poder Ejecutivo, pero en lo que respecta a la organización de los tribunales y al sistema judicial, el Poder Judicial, de acuerdo con la Constitución, cumple función administrativa también.
Además, hay una expresión que me parece, por lo menos, fuerte, porque después no hay un desarrollo de qué se quiere decir con algunas afirmaciones. Aquí se dice que no existe estrictamente una elaboración uniforme e inequívoca de la política de Justicia del Poder Ejecutivo. Francamente, no sé qué se quiere decir con esta afirmación. Después se propone, lisa y llanamente, la incorporación al Poder Ejecutivo de funciones que hoy están atribuidas a otros Poderes del Estado. Es muy factible que aquí estemos ingresando en el plano de la inconstitucionalidad, porque, como decía recién, si estamos hablando de las funciones que hoy la Constitución acuerda, por ejemplo en el artículo 239, al Poder Judicial, que son administrativas y de índole presupuestal, entre otras, de la administración de los recursos humanos ‑repito‑, creo que estamos rebasando los límites que establece la propia Constitución de la República.
Finalmente, y creo que este es el remate que más preocupación nos genera, en las conclusiones, que son interrogantes que se dejan planteadas a modo de conclusión ‑hay una diversidad de interrogantes que se plantean‑ quiero rescatar una, que me parece que da la medida de la preocupación que a nosotros nos genera o nos generó el estudio de este informe. Directamente, aquí se pone en entredicho y se cuestiona y se pone en debate el concepto de la independencia técnica de los principales actores relevantes. Supongo, porque no se hace la excepción ni la diferenciación, que esto incluye la independencia técnica de los Magistrados, de los Jueces y de los Fiscales. A nuestro juicio, la independencia técnica es de principio. Más allá de todo lo que señalé podemos discutir sobre la autonomía presupuestal, la capacidad o la iniciativa administrativa o, precisamente, los aspectos vinculados con una función subsidiaria de la Justicia, que es la función de administración ‑la jurisdiccional es la principal‑, pero ¿qué se quiere decir cuando se invita a un debate sobre la independencia técnica? ¿Que esa independencia técnica no es absoluta? ¿Que hay que cercenarla? Hemos visto algunas declaraciones de un jerarca con relación a este tema, que por cierto respetamos mucho personal e intelectualmente ‑por eso no queremos aludirlo‑, y me da la impresión de que hay una concepción que no es solo de ese jerarca, que es de este Gobierno, porque ya lo vimos en la discusión en la Legislatura pasada cuando la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas en su aplicación a las pasividades. Parecería que hay una limitante que alguien interpreta que existe en el ejercicio de la función jurisdiccional cuando, eventualmente, un fallo judicial puede afectar una política del Poder Ejecutivo. Y eso no es así. Los fallos judiciales se sustentan en la aplicación de la ley; para eso está el Poder Judicial. Para eso está también el Ministerio Público, precisamente, para abogar por el cumplimiento estricto de lo que surge armonícamente del sistema jurídico en lo que tiene que ver con la integración de las normas de diversas jerarquías. Se supone que en eso ‑porque, además, así lo dice el ordenamiento jurídico vigente‑ los Magistrados gozan de plena independencia técnica, sin limitación de clase alguna. Porque, ¿quién pone el límite? ¿Dónde se pone el límite?
De manera que nos vimos en la necesidad de dejar estas constancias ‑porque no podía pasar la instancia presupuestal sin que lo hiciéramos‑ y, al mismo tiempo, más allá del carácter preliminar que esto pueda tener ‑porque aunque sea preliminar no estamos dispuestos a esperar hasta el final, sino que nos parece que en cada instancia hay que plantear el tema‑ nos vimos también en la necesidad de pedir al Ministro que nos haga algún comentario sobre este informe, sobre estos conceptos y estas definiciones que el Poder Ejecutivo hace llegar al Parlamento, porque esto no es un trascendido de prensa, un rumor especulativo, ni una versión antojadiza. No; esto es parte del proyecto de Rendición de Cuentas que estamos analizando, más allá de que no haya sido incluido estrictamente en el articulado.
SEÑOR IBARRA.- De ninguna manera es mi intención cercenar palabras ni nada por el estilo, menos aun cuando hemos recibido del Poder Ejecutivo el Anexo XI del Repartido 604, que corresponde a la Rendición de Cuentas que estamos tratando. Es cierto también que en el Presupuesto Quinquenal el artículo 540 refiere a que a través de los Ministerios de Educación y Cultura, del Interior y de Economía y Finanzas se hagan estudios para la posible creación del Ministerio sobre asuntos de Justicia y Derechos Humanos. Hasta aquí un poco los antecedentes.
La exposición del Diputado Abdala ha incursionado en opiniones muy profundas en cuanto al contenido del informe de avance del Poder Ejecutivo, pero hay una realidad: hace una hora y cuarenta y seis minutos que la Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente está esperando con su equipo para ingresar a Sala. Quizás no hayamos acertado con el cronograma que hicimos para recibir las visitas; yo creo que sí. De cualquier forma, lo que estoy diciendo es que no deberíamos entrar al debate sobre este tema. Por supuesto que vamos a escuchar la exposición del Ministro, pero debemos tener en cuenta la presencia de la Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y que estaba previsto recibir a las 18 horas al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al cual recibiremos ocho y media o nueve de la noche; no sé. No estoy diciendo que quiero culminar la sesión de esta Comisión integrada, pero hay que tomar los recaudos necesarios.
Quería hacer este planteo para colectivizar la información que tengo y es que hace una hora y cuarenta y siete minutos que está esperando la Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- En razón de lo tarde que se ha hecho y de lo que señalaba el Diputado Ibarra, creo que no va a haber tiempo de hablar de educación, lo que lamento mucho, porque me hubiera gustado hacer algunos comentarios antes de que ustedes recibieran a las autoridades del CODICEN, de la ANEP y de la Universidad de la República.
En relación con el planteo del Diputado Abdala creo que, por lo menos, tenemos que dar una pequeña respuesta ahora
Hemos sido convocados por la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración para la semana que viene para tratar este tema, donde espero podamos discutirlo en profundidad. Se trata de la respuesta que asumen los tres Ministerios ‑del Interior, de Economía y Finanzas y de Educación y Cultura‑ en cuanto a lo dispuesto en el artículo 540 de la Ley de Presupuesto. Se trata de una propuesta abierta que propone un diálogo, una reflexión de un conjunto de actores: el Parlamento, la Suprema Corte de Justicia, distintos actores del Poder Ejecutivo y estamos pensando en abrir este espacio a nuestro sistema académico nacional en un conjunto. | La propuesta es abierta, termina formulando una serie de preguntas y, sin duda, puede conducir a distintas interpretaciones. Las preocupaciones que señalaba el señor Diputado Abdala constituyen una de las interpretaciones posibles. Yo creo que no es la única y tal vez no sea la que nosotros privilegiamos, por lo cual me parece que se requiere un espacio para profundizar, aclarar y debatir.
Habiendo dicho esto, y solamente por la brevedad a la que estamos obligados, terminaría por aquí y cedería la palabra a la doctor Cecilia Blanco, que hará comentarios muy breves, de manera de responder por lo menos a las grandes interrogantes, y profundizaremos este tema la semana próxima en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.
SEÑORA BLANCO.- Voy a intentar ser lo más breve posible. Intenté tomar nota de cada una de las dudas que el señor Diputado Abdala había tenido ante la lectura de este primer documento.
Creo que el primer punto, que quizás sea el marco de análisis o de abordaje general de esto, es visualizarlo como un documento elaborado desde la óptica del Poder Ejecutivo. Creo que ese es el primer punto de serenidad que podemos tener en el enfoque de este tema.
Los Ministerios de Educación y Cultura, del Interior, y de Economía y Finanzas estaban mandatados por el propio Parlamento a elaborar un informe de avance o un estudio respecto de esta nueva institucionalidad. El enfoque de este documento es visualizar dentro del Ejecutivo un sistema de justicia amplio, por eso se incluye un concepto inicial que es de sistema de justicia y no de sistema judicial; quizás la diferencia sea muy sutil, pero el concepto es visualizar un sistema de justicia amplio y, dentro de él, tomar los distintos actores. Los dos parámetros conceptuales que sí responden al orden constitucional ‑y esta es la segunda idea que debe brindar tranquilidad al señor Diputado‑ tienen que ver con que el documento dice que se está en un régimen absolutamente rígido de separación de Poderes, con una función jurisdiccional conferida por la Constitución al Poder Judicial, no solo a la Suprema Corte de Justicia, sino a cada uno de los Jueces que lo integran, y ese es el primer enfoque inicial.
Lo que refiere a las autonomías técnicas también respeta ese mandato constitucional. Vuelve a tomar la visión, dentro de la Administración Central, de todos aquellos órganos que intervienen de alguna manera en una visión global de un sistema de justicia y ‑reitero‑ no un sistema judicial. Con ese enfoque inicial, con ese mandato y con esa perspectiva de Administración Central, el documento hace una mención expresa al artículo 239 de la Constitución como escenario constitucional en el cual la Suprema Corte de Justicia tiene, por mandado del Constituyente, todo lo que es la superintendencia directiva y correctiva del Poder Judicial. Eso está fuera del análisis en ese tema. Por lo tanto, el régimen de separación de Poderes, como está consagrado para nosotros, es absolutamente rígido, no como en otros ordenamientos en los cuales tiene cierto grado de flexibilidad.
El segundo punto que planteaba el señor Diputado Abdala se refería a la falta de coordinación. En ese caso, vuelvo al marco general de enfoque. La falta de coordinación está referida, como una fotografía o un diagnóstico, respecto de aquellos órganos que participan en competencias que tienen que ver con el sistema de justicia y que están dentro de la Administración Central. Es una visión interna del Poder Ejecutivo y una visión que, además, es crítica en ese sentido. Por eso se señalan los distintos actores y se dice: "Quizás el Ministerio de Educación y Cultura sea el que tiene aquellos agentes más identificados dentro de su estructura administrativa". Por eso mismo, la falta de coordinación no es que esté descartando los mecanismos constitucionales de coordinación entre los distintos Poderes ni que invada de ninguna manera esos mecanismos de coordinación constitucional. Se trata de una coordinación interna, administrativa, dentro de órganos que pertenecen a la esfera del Poder Ejecutivo.
La referencia a la política de justicia del Poder Ejecutivo es parte de ese diagnóstico, de esa fotografía de una realidad que se entendió de esa manera, que podrá discutirse y compartirse o no, pero también está referida a aquellas responsabilidades que dentro del sistema de justicia tiene el Poder Ejecutivo, sin invadir de manera alguna las competencias que tiene el Poder Judicial. A eso refiere. Que tengamos que discutir los contenidos y los perfiles, es un tema aparte, pero el enfoque sí vuelve a ser dentro de la Administración Central y dentro del marco constitucional vigente.
La referencia que hizo el señor Diputado Abdala en cuanto a asignar funciones a otros Poderes del Estado, en el contexto del documento y que eventualmente ‑como bien se señalaba‑ podría conducir a algún grado de inconstitucionalidad, se relaciona con una de las preguntas, y tiene que ver con algo que a nivel académico se discute mucho, que es la pertenencia o no, que es el primer ítem del debate, que precisamente dice que en el escenario constitucional está dentro de la órbita del Poder Judicial, que es la Defensa Pública. Eso, eventualmente, será una hipótesis que sí puede proponer o no una reforma, pero lo que se quiere generar es el debate respecto a la conveniencia ‑cosa que no es extraña a la discusión de un sistema de justicia‑ de que las Defensorías Públicas pertenezcan, simultáneamente, a aquel órgano jerárquico al cual pertenecen los Jueces precisamente por un problema de garantías. Ese es un debate abierto, y a eso es a lo que se refiere con la transferencia. Y en la formulación de la pregunta, entre guiones ‑si no recuerdo mal‑, está indicado que eso pertenece en el marco constitucional vigente, por el artículo 239, a la órbita del Poder Judicial.
Cuando hablamos de independencia técnica de ninguna manera nos estamos refiriendo a la que corresponde a los Jueces en el cumplimiento de su función jurisdiccional. La independencia técnica está referida a todos aquellos actores que por los estatutos propios están dentro del Ejecutivo, como por ejemplo la ley que regula la Dirección General de Registros, que cumple una función auxiliar, y en ese marco específico tiene garantizada por el legislador la autonomía técnica. Todos estos agentes auxiliares que se colocan en la órbita de la Administración Central tienen estatutos de autonomía técnica. Claro que si llevamos el debate a quien puede ser el agente más polémico porque es el más visible en ese sentido, también tiene una garantía de rango legal el Ministerio Público, no así el Fiscal, que en el Decreto-Ley que rige el estatuto del Ministerio Público y Fiscal tiene un mecanismo muy particular respecto del Ministerio Fiscal, y eso es de rango legal.
Por lo tanto, reitero: la independencia técnica de ninguna manera afecta eso ni tiene ningún otro sentido más que individualizar aquellos estatutos de rango legal que están tutelando la acción, no solo del Ministerio Público, sino de los Registros, la Fiscalía de Gobierno y otros agentes que están enumerados en todos y cada uno de los documentos.
Traté de ser lo más sintética posible. No sé si no esto ha sido suficiente.
SEÑOR ABDALA.- Por supuesto, con el ánimo de poder cerrar este intercambio ‑porque todos coincidimos en que la hora ha avanzado‑, cada uno de los puntos que nosotros planteamos y que han sido comentados, por lo menos en términos muy generales por el Ministro y especialmente por la doctora Blanco, sin ninguna duda que despiertan una discusión y un debate e invitan a un análisis bastante más profundo que, obviamente, las circunstancias no permiten abordar hoy. Menciono solo este último, que es el de la independencia técnica.
Me queda claro el concepto, o por lo menos el desafío, y desde ya digo que no lo comparto, en lo que refiere específicamente al Ministerio Público, porque creo que este, más allá de que por una razón de ubicación administrativa esté en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Educación y Cultura ‑que podríamos discutir en la faz administrativa si eventualmente sería conveniente o necesaria una reubicación institucional‑, desde el punto de vista técnico, en mi concepto, no es representante del Gobierno ni del Poder Ejecutivo ni de quien circunstancialmente ocupa su titularidad: es representante de la sociedad y en esa función, en la representación del interés público, no del interés del Poder Ejecutivo, es que actúa en el ámbito de las causas judiciales.
Pero quiero estribar en algo, señor Presidente, a los efectos de ver si vamos por lo menos definiendo ‑me lo podrá decir el señor Ministro‑ el tenor de lo que el Poder Ejecutivo tiene en mente en cuanto al procesamiento de todo esto. Se dijo desde un comienzo que esta era la óptica del Poder Ejecutivo. Esa me parece una afirmación importante y de mucho valor, y creo que puede dar una pauta. El señor Ministro sabrá aclararnos si es así o no. Si esa es la óptica del Poder Ejecutivo hay dos caminos: que el Poder Ejecutivo esté resuelto a seguir con ella hasta el final y llegar allí solo, si fuera necesario, o que, en todo caso, la óptica del Poder Ejecutivo se plantea aquí como un aporte que eventualmente procurará, a partir de allí ‑porque son temas demasiado delicados, vamos a entendernos‑, generar un consenso amplio, por no decir generalizado, que incluya a las distintas fuerzas políticas y, por lo tanto, también a los partidos de la oposición, en función de que estos cambios institucionales no se hacen hasta el final del mandato, sino con vocación de permanencia. Esa me parece que es una diferenciación clara que podemos marcar y me parece muy importante. | Esta es la única pregunta que quiero dejar al final y que se me responda específicamente. Si el propósito es que esa es la óptica del Poder Ejecutivo y la va a llevar a cal y canto hasta el final, sin medir las consecuencias, es una resultancia; si es la otra, me parece que es bastante más tranquilizadora y estoy dispuesto a reconocerlo en esos términos en el día de hoy.
SEÑOR PRESIDENTE.- El Ministro dijo que prontamente va a comparecer a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. Esta Comisión derivó los artículos que eran más técnicos, vinculados a la Justicia, a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.
(Interrupción del señor Representante Abdala)
——Lo que está en los anexos es un informe de avance. Por lo tanto, estamos en una etapa embrionaria de toda esta discusión.
(Interrupción del señor Representante Abdala)
——En la medida en que abordemos este tema para discutirlo con mayor profundidad, en cierta manera escapa a los contenidos más específicos de la Rendición de Cuentas. Lo que el Poder Ejecutivo hizo fue informar sobre el avance de este tema.
(Interrupción del señor Representante Abdala)
——En ese aspecto, vamos a dar la palabra al señor Ministro para que responda a la inquietud del señor Diputado, pero vamos a pedir al señor Ministro que brevemente haga un informe sobre la educación. Es el Ministro de Educación y Cultura y mañana vamos a recibir a las autoridades de la Educación. Por lo tanto, sería deseable distribuir el tiempo en estos temas.
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- La respuesta a la pregunta del señor Diputado es muy sencilla. Entendemos que este documento es una invitación a abrir un espacio de reflexión y de debate para avanzar y buscar confluencias. O sea que si tengo que responder sí o no, es a la segunda parte de la pregunta que respondo que si, que es una invitación a buscar un espacio de diálogo. Creo que el documento es una invitación a la reflexión y al debate en un tema que es de gran trascendencia nacional y que involucra no solo al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, sino también al Poder Judicial y a distintos sectores de la ciudadanía. Entonces, es una invitación a recorrer ese camino de debate, de reflexión con el objetivo de llegar a acuerdos para poder avanzar.
Me tomo tres minutos para la educación.
Van a recibir a las autoridades del sistema educativo público. Van a ver que hay una diferencia sustantiva en los números y en la propuesta del Poder Ejecutivo y de los grandes cuerpos de la educación nacional. La diferencia es en números; no hay diferencia en cuanto a los objetivos, a la caracterización de la etapa y a los desafíos mayores que estamos enfrentando. Estamos en un período en el que en el correr de este año se van a producir cambios institucionales importantes. Se van a crear nuevas instituciones. Está en manos del Parlamento definir la integración de las autoridades del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Una vez que eso se resuelva, se instalará rápidamente. Eso está todo pronto. Va a llegar a este Cuerpo el proyecto de ley orgánica del Instituto Terciario Superior, y esperamos que en breve se ponga en marcha la transformación para la creación de este instituto con una estructura transitoria. Está en marcha la creación de la nueva estructura para la formación de educadores en una transición hacia el Instituto Universitario de Educación, cuyo proyecto de ley orgánica también van a recibir en breve. En este momento, está a consideración del Senado un proyecto de ley para la creación de una Agencia de Acreditación para la educación terciaria. Entiendo que estamos en buen camino de lograr las confluencias necesarias para que eso avance.
Al mismo tiempo, habrá trascendentes cambios en este período y en los próximos años en lo que tiene que ver con cambios de gestión y estructurales en el sistema, en particular de la Enseñanza Media. Allí esperamos cambios institucionales en el diseño de nuevas instituciones y algunas otras propuestas que pueden tener un gran valor transformador, como la localización de profesores a tiempo completo en un solo establecimiento, lo que van a escuchar con el nombre de profesor cargo; cambios en carreras docentes que se van a poder implementar rápidamente, lo que ya está resuelto a nivel primario; y otra serie de iniciativas que tienen que ver con los temas que señalaba anteriormente de continuidad educativa y mejora de la calidad de educación. Habrá planes de tránsito entre los distintos institutos educativos, los denominamos proyectos transversales de innovación educativa, así como los distintos tipos de nuevas instituciones que se están promoviendo.
Entendemos que el conjunto de iniciativas que van a tener a consideración pueden llevarse adelante con buenas posibilidades de concreción y de éxito. Espero que 2012 pueda ser un año de transformaciones significativas en la educación. Así atacamos los temas desde el eje esencialmente educativo y desde el componente social al que me permití evocar hoy rápidamente con algunas propuestas y planes de gran envergadura al considerar algunos de los artículos que estamos proponiendo.
Esta fue una pequeña introducción a lo que van a escuchar en los próximos días.
SEÑOR ASTI.- Pedí la palabra cuando estábamos considerando el otro tema. Iba a mocionar para que el anexo a que se hacía referencia, sobre la creación de un Ministerio, se desglosara y pasara a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, tal como se ha hecho muchas veces cuando no son temas específicos presupuestales.
SEÑOR POSADA.- En realidad, el Poder Ejecutivo dio cumplimiento a un artículo que se aprobó en la Ley de Presupuesto que decía que en la Rendición de Cuentas tenía que enviar esta información. Por tanto, esta información se encuentra a disposición de todo el Parlamento y cualquier Comisión puede analizarlo. Así que no hay necesidad ni creo que sea el procedimiento adecuado desglosar este tema, cuando es parte de la rendición de cuentas que debía hacer el Poder Ejecutivo.
SEÑOR PRESIDENTE.- Propongo que aplacemos esta discusión.
Agradecemos la comparecencia del señor Ministro de Educación y Cultura y sus asesores, quienes hicieron importantes aportes sobre la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal del Inciso.
(Se retiran de Sala el señor Ministro de Educación y Cultura y sus asesores) |
(Ingresa a Sala la señora Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el señor Subsecretario y demás autoridades)
——La Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda da la bienvenida la Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecta Graciela Muslera y al Subsecretario, arquitecto Jorge Patrone, acompañados por el Director General de Secretaría, doctor Gerardo Siri; la Directora Nacional de Vivienda, asistente social Lucía Etcheverry, el Director Nacional de Ordenamiento Territorial, ingeniero agrónomo Manuel Chabalgoity; el Director Nacional de Medio Ambiente, arquitecto Jorge Rucks, el Director Nacional de Aguas y Saneamiento, ingeniero José Luis Genta, el Director de Vivienda Rural y Presidente de MEVIR, arquitecto Francisco Beltrame, el asesor, doctor Diego Traversa, y a la Contadora Central de la Contaduría General de la Nación, contadora Dinora Ramos.
Pedimos disculpas por el retraso y por haberlos hecho esperar tanto. Es sobre nuestra responsabilidad que recae la elaboración de la agenda y erramos en el cálculo del tiempo que insumiría la delegación ministerial anterior.
Para referirse al Inciso 14 "Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente", que comprende los artículos 211 a 216, tiene la palabra la señora Ministra.
SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE.- Teniendo en cuenta el retraso de tiempo, sería bueno ponernos de acuerdo en el procedimiento, a los efectos de ser más eficientes. Yo realizaré un repaso del alcance de la gestión de cada Dirección, luego, consideraré el articulado y, si hay preguntas o se requiere profundizar en algún aspecto, cederé la palabra a los asesores y Directores.
En líneas generales, tenemos un Ministerio con un porcentaje de ejecución y de concreción que alcanza el 98,28% de los recursos asignados. En este sentido, tenemos una mirada importante a la ejecución del Fondo Nacional de Vivienda, que alcanzó el 99,79%.
Digo esto como punto de partida de la evaluación de un año que fue bastante duro en lo que tiene que ver con hacernos cargo de todas las facetas de la gestión pero, a su vez, con concretar la formulación del Plan Quinquenal a partir del Presupuesto. Entonces, simplemente voy a resaltar las principales líneas políticas en las que trabajamos en 2010 en cada una de las Direcciones.
Voy a comenzar por la Dirección General de Secretaría, que consideramos clave en lo que tiene que ver con la conducción de todo el proceso de planificación de las acciones del Ministerio. Somos responsables de uno de los presupuestos de inversión más grandes del Presupuesto nacional y entendimos importante, en ese primer año, implementar capacidades de planificación, monitoreo y seguimiento. Se creó la Unidad de Planificación dentro de la Dirección General de Secretaría y se empezó a trabajar con planes operativos por Dirección, con indicadores para los objetivos.
A su vez, como fuimos nombrados entre los tres Ministerios piloto de la reforma del Estado, se creó un grupo de trabajo para atender todos los temas relativos a recursos humanos, procesos de contratación y selección de personal, así como a la reformulación de la institucionalidad del Ministerio.
Otra mirada que tiene que ver con el hacer de la Dirección General de Secretaría está relacionada con los asuntos internacionales. Como ustedes saben, el Ministerio tiene amplias competencias de gestión multilateral, bilateral y regional. Esto implica una agenda internacional compleja que debe ser gestionada con criterios políticos acordes con la política del Ministerio. Entonces, se consolida una Asesoría de Relaciones Internacionales, que mejora la coordinación del hacer de las distintas Unidades Ejecutoras en esas reuniones internacionales que tienen relación con proyectos de cooperación internacional, tanto cooperación norte‑sur, como sur‑sur, que constituyen también una base muy importante de las capacidades de gestión del Ministerio.
Específicamente, se concretan cuatro líneas de trabajo que posicionan al Ministerio en la diplomacia internacional o en el apoyo técnico que ofrecemos a las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El primer punto refiere al desempeño del Ministerio como Vicepresidente en el Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El segundo tiene que ver con la preparación de nuestro trabajo durante el período de presidencia pro témpore del MERCOSUR, donde tenemos la titularidad de la reunión de Ministros de Medio Ambiente. El tercero se relaciona con el proceso de negociación para un nuevo acuerdo vinculante de las Naciones Unidas sobre los temas de mercurio, cuyo Presidente es uno de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y trabaja fuertemente con el equipo de la DINAMA. El cuarto punto es el proceso que se ha iniciado a nivel internacional de preparación de la Conferencia de Desarrollo Sostenible en el 2012, que llamamos "Río + 20", y se va a concretar en Río de Janeiro.
Con estos puntos redondeamos la importancia de esta Secretaría en la articulación de proyectos, la articulación de la gestión del país en lo que tiene que ver con competencias internacionales y en el proceso de fortalecimiento necesario para poder cumplir con los desafíos que tenemos en este período.
La Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial tiene como gran desafío la concreción de los instrumentos a escala nacional, departamental y local regional que se definieron en la ley de ordenamiento. En 2010 se inició el proceso formal de elaboración de las directrices nacionales de ordenamiento territorial. Se empezó a trabajar en julio de 2010 en una comisión de coordinación y seguimiento que sesionó en forma regular, semanalmente, convocando a todos los Ministerios involucrados, y se concretó en julio de 2011 la presentación de un borrador a fin de que fuera sometido al análisis y consideración del Congreso de Intendentes y los equipos de dirección de las diecinueve Intendencias. También se concretó la directriz nacional para la protección del espacio costero. Esta directriz fue presentada al Poder Ejecutivo y está próxima a remitirse al Parlamento.
Se concretaron las estrategias regionales para el área metropolitana, que involucra los departamentos de Montevideo, Canelones, San José y Florida ‑lo que está próximo a remitirse por el Poder Ejecutivo para su aprobación‑ y se inició el trabajo técnico necesario para la elaboración de las estrategias regionales de la región este, que concluyó este mes.
El segundo aspecto del trabajo de la Dirección Nacional de Ordenamiento tiene que ver con el apoyo financiero y técnico a la elaboración de los instrumentos departamentales de ordenamiento territorial. Se concretaron convenios con las diecinueve Intendencias y hemos logrado niveles de avance importantes en la gestión. Este tema tiene que ver con uno de los primeros artículos contenidos en el Presupuesto que se refiere a la postergación de la exigencia de los instrumentos de ordenamiento territorial necesarios para viabilizar inversiones. Nosotros hemos planteado ahora un artículo prorrogando su entrada en vigencia en el marco de que tenemos a los diecinueve departamentos trabajando en las estrategias con niveles importantes de avance, lo que nos permite afirmar que en este año podemos contar con ese marco de planificación que cuando asumimos no existía. Esto también llevó a un necesario fortalecimiento institucional de la Dirección Nacional de Ordenamiento, tanto en lo que tiene que ver con la reorganización de los recursos para acompañar los procesos que se van dando a nivel departamental como con la instrumentación del Inventario Nacional de Ordenamiento Territorial. Se elaboró el software para su gestión y desde comienzos de año el acceso al Inventario Nacional es público, se accede desde la web, y hay mecanismos que permiten la información ciudadana sobre el estado de desarrollo de estos instrumentos.
También se fortalecieron los convenios con procesos de formación técnica a nivel terciario, fundamentalmente con la maestría de ordenamiento territorial.
Por último, se instrumentaron los procesos de evaluación ambiental estratégica de instrumentos de ordenamiento, también previsto en la ley de ordenamiento, y teníamos que concretar las capacidades y la metodología de gestión. Se realizaron dos proyectos piloto que permitieron la elaboración y el seguimiento de estos instrumentos, uno en el plan local de Young y otro cuando se gestaron las directrices departamentales de San José y Canelones.
Vamos a pasar a hablar de la gestión 2010 de la DINAVI. Primero nos vamos a referir a los números. En 2010 se concretaron, si consideramos los fondos ejecutados por la DINAVI a través del PIAI y de MEVIR, 11.031 soluciones habitacionales. Si vamos más al detalle, habíamos hablado de seis líneas de trabajo para estructurar el Plan Quinquenal. La primera de ellas tenía que ver con el Plan de Relocalizaciones: aquí se concretaron 332 realojos; la segunda con rehabilitación y consolidación urbana habitacional, lo que se relaciona con nuevas soluciones o acciones sobre stock construido. Se concretaron 3259 viviendas nuevas y 2717 acciones sobre el stock. La tercera línea de trabajo tiene que ver con el PIAI: se concretan 2861 intervenciones que se subdividen en realojos, operaciones de mejora y ampliación y de regularización e infraestructura urbana.
En lo que respecta a MEVIR, se concretan 723 soluciones: 494 corresponden a viviendas nuevas y 229 a mejoras prediales o habitacionales.
Por último, el plan de alquileres alcanza a 1055 garantías de alquiler.
Este es un pantallazo de las capacidades de gestión que se concretan.
Fundamentalmente, durante el año 2010 la tarea prioritaria central fue la elaboración del Plan Quinquenal que se hizo a través del contacto con los principales actores que tienen que ver con política de vivienda, a través del trabajo de la Comisión asesora de Vivienda. Allí se definió el plan que, como ya he presentado, tiene tres líneas de trabajo. La primera es profundizar y ampliar los cambios iniciados a partir de 2005. La segunda tiene que ver con la reestructuración del sistema público de vivienda, pero ampliando la cobertura, el alcance, la calidad y la diversidad de las soluciones, lo cual implicó durante 2010 un proceso fuerte de diseño de nuevos programas que nos permiten contar con la diversidad de respuesta que la situación de vivienda necesita. Y la tercera línea es priorizar, a través de las acciones a cargo del Fondo Nacional de Vivienda, la atención de los sectores más críticos, lo cual implicó la formulación del proyecto de ley de Promoción de la Vivienda de Interés Social, que es un instrumento que todavía no está laudado, pero que nos habilitará a poner en gestión herramientas que nos permitan atender a todas las capacidades de la población.
Con respecto al plan nacional de relocalizaciones, se concretó y se inició el trabajo con las Intendencias de Artigas, Canelones y Montevideo. En el caso de Artigas, el Plan de Relocalizaciones tiene que ver con la relocalización de aquellos asentamientos que no es posible regularizar, ya que se encuentran en tierras contaminadas o inundadas. Se concretaron convenios para la atención de asentamientos en Artigas, Canelones y Montevideo. En Artigas se elaboró un mapa de riesgo de inundabilidad y se definieron los asentamientos a ser relocalizados. En Canelones se priorizó el trabajo en la cuenca del Arroyo Carrasco y se inició el proceso de relocalización de las familias del asentamiento de Paso Carrasco.
En Montevideo se inicia el proceso de relocalización del asentamiento de Isla de Gaspar y se firma un convenio entre el INAU y el PIAI para la regularización del asentamiento Echagoyen. Como parte del proceso de diseño se elabora el documento de gestión del Plan de Relocalizaciones que va a permitir que durante 2011, los distintos coejecutores, que serían las Intendencias, presenten sus proyectos.
También es importante el hecho de que se diseñó y se puso en gestión el Programa de Autoconstrucción Asistida, que nosotros consideramos clave para actuar como complemento al Plan de Relocalizaciones.
Voy a hablar solo de los programas que ponemos en gestión en 2010. Con respecto a la segunda línea de trabajo, que tiene que ver con la rehabilitación y consolidación urbana, con el aprovechamiento de las capacidades instaladas en cuanto a infraestructura, servicios, redes, se apunta a lograr esos barrios heterogéneos que hemos perdido con el vaciamiento de las infraestructuras instaladas.
En febrero de 2010 se pone en gestión el Programa Nacional de Conexiones a la Red de Alcantarillado, que ejecutamos conjuntamente con la OSE, y desde la política de vivienda trabajamos en la adecuación de las instalaciones internas, de cocina y baño, para garantizar las condiciones de las viviendas. Es un programa que prevé 30.000 conexiones en el período, 6.000 en el primer año, 2011. En 2010 no solamente se establece el diseño, gestión y evaluación de ese programa, sino también un cronograma de trabajo y el inicio de las operaciones de relevamiento en Ecilda Paullier y Tranqueras.
En 2010 también pusimos en funcionamiento el Programa de Atención Primaria Habitacional que nos permite coordinar con el MIDES, con Salud Pública y con otros actores del Gabinete Social una respuesta seria y sólida desde el punto de vista de las condiciones de vivienda de aquellas personas que tienen un seguimiento desde las políticas de Salud Pública o del MIDES. Estamos hablando de dar respuesta a situaciones críticas, por ejemplo, a niños que salgan del CTI y que no tengan condiciones adecuadas de vivienda que les permitan el regreso a su hogar: este programa abre las puertas a una solución temporal. También contempla casos de violencia doméstica o necesidades detectadas desde el trabajo del MIDES. Este programa, entonces, se pone en gestión, también en actuaciones relacionadas con las fincas ocupadas, que hemos empezado a instrumentar en forma tal vez un poco callada y sin mucha alharaca, evaluando el marco legal de actuación concreto que tenemos hoy ‑sabemos que a partir de 2013, la ley de ordenamiento nos va a permitir tener otros elementos para actuar‑, así como la cartera de fincas ocupadas, los problemas sociales y de seguridad que están involucrados.
Se trata, pues, de empezar a actuar junto con el MIDES, la Intendencia de Montevideo, el Defensor del Vecino en un pequeño universo de inmuebles ocupados a fin de laudar los procedimientos como para dar respuesta a este problema.
Por otro lado, está el tema de las intervenciones en los Núcleos Básicos Evolutivos: un stock de viviendas generada que necesariamente debería haber sido acompañado de asistencia social y de programas que aseguraran el crecimiento previsto. Ahí encontramos un universo de viviendas con problemas jurídicos, de convivencia y físicos en cuanto a la calidad y a las condiciones de la vivienda. En estos conjuntos habitacionales se iniciaron las intervenciones en coordinación con el MIDES, precisamente para lograr la regularización dominial y atacar los problemas físicos y sociales que hay que enfrentar.
También se trabajó con relación al sistema cooperativo. Teníamos prevista la financiación de mil unidades y llegamos en 2010 a responder por mil doscientas unidades. Básicamente, trabajamos en el diseño de otra línea de gestión cooperativa que apostamos a que pueda dar mayor capacidad de respuesta al programa cooperativo.
En cuanto a la tercera línea de gestión del Plan, que tenía que ver con las nuevas urbanizaciones, pensamos que cuando contemos con la ley de promoción de la vivienda de interés social va a ser una línea que tendrá mucha capacidad de respuesta articulando en la inversión con el sector privado. Trabajamos muy fuertemente en concretar la cartera pública de vivienda de interés social. Se concretó el Decreto y el Reglamento de adjudicación de esa cartera; se hizo un trabajo de análisis del inventario de tierras fiscales y una evaluación de las capacidades de involucramiento de esas tierras con políticas de vivienda y de afectación al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Después de décadas de hablar de recursos no utilizados y de resquemores con respecto al apoyo a la política de vivienda, podemos decir que en un mes estaremos haciendo el primer sorteo de tierras públicas a las cooperativas, por mecanismos reglamentados y transparentes de gestión, y eso es gracias al trabajo de evaluación y de afectación de esa tierra a la política de vivienda, que se realizó durante todo 2010.
A su vez, es una cartera de tierras que no pretende dar respuesta solo a las cooperativas sino que también estamos previendo hacer una serie de concursos llamando a los privados a trabajar junto con el Estado en la promoción de una serie de complejos a construir.
Con relación al tema de la Política Nacional de Alquileres, el objetivo fue generar capacidades de gestión del mecanismo de la garantía del Ministerio junto con la Contaduría General de la Nación en todo el territorio nacional. Partimos de una gestión de la Contaduría y del Ministerio que básicamente tenía impacto en el área metropolitana. Hemos trabajado fuerte en este tema y estamos en condiciones, durante 2011, de multiplicar la capacidad de atención para poder llegar a todo el territorio.
En cuanto a MEVIR, solo diré que viene teniendo casi un ciento por ciento de ejecución y que está trabajando a pleno en sus capacidades de respuesta; hay un artículo en el Presupuesto que procura destrabar la gestión de la cartera de tierras de MEVIR anterior a la ley de ordenamiento y después cederé el uso de la palabra al arquitecto Beltrame para que profundice un poco más al respecto.
En lo que tiene que ver con los lineamientos transversales al Plan Quinquenal, en primer lugar cabe destacar la participación activa de los distintos actores de la política de vivienda y el hecho de que la Comisión Asesora de Vivienda haya laudado los mecanismos de manejo de la cartera de tierras, el nuevo Programa Cooperativo y el Programa de Autoconstrucción.
El proyecto de ley de Acceso a la Vivienda de Interés Social genera ese marco de ir construyendo un consenso público con las políticas. Es una línea de trabajo que creo que nos potencia como Ministerio no solo en la discusión sino también en la concreción del aporte. Por ejemplo, en los sistemas de evaluación de tecnologías alternativas, estamos instalando una comisión asesora con distintos actores involucrados con el quehacer del Ministerio. Me refiero a la Cámara de Industrias del Uruguay, al PIT-CNT, a los institutos de asistencia técnica y a toda una forma de gestión que nos permita tener más capacidades.
En segundo término quiero decir que integramos una política de capacitación al diseño de los Programas, porque no solo se trata de dar viviendas, sino de que la familia se pueda sostener en la vivienda y eso solo lo brinda el trabajo. El Programa de Autoconstrucción tiene previsto no solo el trabajo social y el de los técnicos que acompañan la producción física, sino también la certificación de las capacidades adquiridas, es decir, que en el proceso de autoconstrucción existan instancias de capacitación, que después esa capacitación se concrete en la práctica y que al final del proceso de construcción de su propia vivienda los participantes tengan esas capacidades laudadas de manera que puedan tener otro recurso más para integrarse al mercado laboral. Esto tiene mucho más sentido cuando hablamos de una industria de la construcción que tiene un ciento por ciento de ocupación y que está buscando por distintos mecanismos la calificación de la mano de obra. Esta línea de trabajo tiene un fuerte componente no solo de mejora de las capacidades de la familia que se involucra con la política de vivienda, sino también de integración a las capacidades que el desarrollo económico está necesitando.
La tercera línea de trabajo es el desarrollo de sistemas constructivos no tradicionales. Durante 2010, en estas instancias bien amplias de participación, se laudó un mecanismo por el cual aspiramos a que el marco de tecnologías con las cuales se construyan viviendas públicas vaya modificándose dando lugar a tecnologías que sean más fáciles de apropiar por parte de la población, que disminuyan los tiempos de obra, que utilicen productos nacionales y que abatan los costos, en la medida en que se mantenga la calidad. O sea, el sistema de certificación pretende no solo modificar el marco de tecnología sino mantener un estándar de habitabilidad y de calidad adecuados: el estándar histórico que tiene nuestro stock habitacional.
La cuarta línea que para nosotros es importantísima y da fortaleza a la gestión, es el trabajo fuerte con los Gobiernos departamentales. Desde marzo de 2010 iniciamos una ronda de trabajo regional con los Gobiernos departamentales para, precisamente, escucharlos en la previa, en los momentos de elaboración del Plan Quinquenal. En el segundo semestre de 2010 iniciamos, departamento por departamento, el proceso de discusión de las necesidades y de los aportes necesarios desde las Intendencias y desde el Gobierno Central para la concreción de planes departamentales. Es una línea de trabajo en la que nos hemos involucrado a fondo con los equipos técnicos departamentales en los convenios de gestión, en los convenios marco quinquenales. También hemos acordado el trabajo prácticamente quincenal en comisiones de seguimiento, donde no solo pretendemos el seguimiento de la ejecución financiera sino también el acompañamiento frente a los problemas que sabemos que se generan en el hacer, al manejar grupos sociales complejos o políticas de ejecución física que puedan presentar inconvenientes. Esto también lo consideramos importante. Una de las evaluaciones que hacíamos era que el Plan Quinquenal no tenía las instancias necesarias de puesta en común de las experiencias exitosas y también de los fallos, por lo cual resulta necesario que el Ministerio sepa articular y generar esos espacios. Tendría mucho más para decir sobre esto pero vamos a dejarlo para el momento de las preguntas.
DINAGUA es responsable del uso del agua y del saneamiento. En agosto de 2010 se concretó el pasaje formal de los funcionarios de la Dirección Nacional de Hidrografía desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y recién entonces empezaron a tener capacidades institucionales para gestionar lo que la ley de aguas del año 2009 marcaba como competencias de la DINAGUA. Se reforzaron los técnicos contratados a través de la Fundación Julio Ricaldoni en Regional Sur y Regional Litoral lo cual, sumado a los recursos provenientes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, nos permitió retomar la gestión de la política de permisos en cuanto al uso productivo del agua.
No nos quedamos en lo productivo sino que comenzamos el camino de puesta en gestión de las Comisiones de Cuenca. Este año estamos concretando el decreto que permite la puesta en funcionamiento de las Comisiones Regionales de Cuenca. Estamos hablando de la cuenca del Río Uruguay, del Río de la Plata y de la laguna Merín. Durante 2010, previo a la creación de la Comisión de Cuenca del Río Negro, se puso en gestión un grupo interministerial que está estableciendo los criterios de manejo de la cuenca con intervención de los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Industria, Energía y Minería y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Desde la DINAGUA se empezó a trabajar fuertemente en la línea de investigación y definición de políticas de saneamiento alternativo que permitan dar respuesta a las localidades en las que el sistema de colector no es la respuesta económicamente más eficiente. Se destrabó con el Gobierno de España la implementación de una planta de experimentación de sistemas de saneamiento alternativo para pequeñas localidades, que se construirá en Canelones. A eso se suma otra mirada que es la de concretar tres proyectos MEVIR a partir de esas investigaciones y con el apoyo de OSE en todo este proceso.
En lo que tiene que ver con la planificación de aguas urbanas, se trabajó fuertemente con el proyecto del Banco Mundial y el Fondo de Gestión de Desastres en la definición de las directrices para la gestión de áreas inundables. Se delimitaron las áreas urbanas de acuerdo con el riesgo hídrico y vulnerabilidad de la población y la infraestructura. Se generaron normativas, que fueron puestas en conocimiento del Congreso de Intendentes, para el drenaje urbano y las inundaciones. Desde la DINAGUA se apoyó fuertemente la política del Plan Nacional de Vivienda en lo que tiene que ver con el plan de realojo y el manejo de las áreas inundables que hoy cuentan con asentamientos.
En el marco del Plan de Recursos Hídricos, en noviembre de 2010 se instaló la primera Comisión de Cuencas, la de Laguna del Sauce. Es el primer laboratorio de gestión en el territorio de los tres niveles involucrados que se prevé en la ley: lo que tiene que ver con la Administración Central, con los usuarios públicos y privados y con la población local. En este caso, de parte del Gobierno se está coordinando con cuatro actores: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Intendencia de Maldonado y OSE.
En el marco de la sequía provocada por la corriente de La Niña se trabajó ‑fundamentalmente en el departamento de Canelones‑ en los temas de riesgo hídrico y vulnerabilidad, coordinando con el Gobierno departamental de Canelones, el Comité Local de Emergencia, el Regional Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, OSE, INIA y DINAMIGE. Hago hincapié en esta experiencia porque dio lugar a que el manejo de las vulnerabilidades y las políticas en esta acción integrada se replicara en 2011 en un trabajo específico que se está llevando adelante con los departamentos de Florida y Durazno.
Se concretó un programa de financiamiento del BID y el Fondo Español de Agua y Saneamiento para América Latina a fin de apoyar la gestión integrada de recursos hídricos.
Para referirme a los temas que tienen que ver con la DINAMA, voy a empezar por el final del resumen. Hubo un trabajo fuerte en la revisión del proyecto de fortalecimiento del BID de la gestión ambiental y se hizo hincapié en que ese proyecto generara mayores capacidades en el accionar transversal de la gestión de DINOT, DINAGUA y DINAMA. La concreción de este proyecto durante 2010 tuvo como resultado la reingeniería de los procesos de autorización y control ambiental, con la elaboración de guías y manuales técnicos para la evaluación de impacto y control ambiental. Se automatizaron trámites y se digitalizaron los procesos vía web. Se creó una red de laboratorios certificados. Tenemos 66 a nivel nacional, trabajando en red con certificación y apoyando la política de control ambiental. Se acreditaron cinco laboratorios a nivel nacional, homologándose sus metodologías analíticas. Para nosotros es también importantísimo que se haya reformulado el Sistema de Información Ambiental.
Como dije cuando me referí a la DINOT, se coordinaron metodologías, trámites y formas de evaluación entre la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la DINOT, conformando un equipo conjunto para la evaluación ambiental estratégica. Se concretó el Primer Informe del Estado del Ambiente y está a disposición en la web. Asimismo, se establecieron las bases para el Sistema Nacional Ambiental, con un informe final aprobado.
En lo que tiene que ver con los procesos de descentralización como base del fortalecimiento, se reforzaron tres Intendencias, las de Treinta y Tres, Rocha y Rivera, para el manejo de áreas protegidas. A su vez, se brindó capacitación con las Intendencias de Canelones, Montevideo, San José, Florida y Lavalleja en lo que tiene que ver con el manejo de cuencas y, más concretamente, con la cuenca del río Santa Lucía.
Como temas prioritarios para la Dirección Nacional de Medio Ambiente ‑que expuse con bastante profundidad en ocasión de la interpelación‑ debo hacer hincapié en el Sistema de Control Ambiental, el fallo de La Haya y la obligación del control no solo de la planta UPM sino de los niveles de gestión ambiental de todo el Río Uruguay. Ese desafío implicó la planificación de una operación de control que se hizo durante 2010 y que estamos poniendo en gestión ahora, cuando se dan las primeras operaciones de monitoreo conjunto entre la República Argentina y nuestro país.
En segundo lugar, la aprobación del Plan de Control Ambiental permitirá pasar, en el quinquenio, de mil a diez mil empresas o establecimientos con control ambiental.
Por otra parte, corresponde hacer referencia a los distintos criterios que implica ese nuevo plan de control. Me refiero, por ejemplo, a criterios para manejo de emprendimientos de engorde a corral, criterios para localización e instalación de silos o criterios para manejo de fundiciones. Cuando aprobamos este plan sabíamos que debíamos tener las bases de gestión y en ello se trabajo en el año 2010.
En cuanto a la DINAMA, tenemos competencias con respecto a la calidad de estos recursos hídricos. En ese sentido, podemos decir que se concretó el plan anual de monitoreo de la calidad de agua del río Uruguay en la zona de Fray Bentos. Este plan está ejecutado.
Asimismo, se culminó con Japón un proyecto Jaica, de cooperación, que nos permitió tener un plan de gestión ambiental de la cuenca del río Santa Lucía aprobado. A través de este plan se identificaron las fuentes de contaminación puntual y contaminación difusa de la cuenca, y se hizo un georreferenciamiento de todas las fuentes de contaminación. Se instaló el primer sistema de monitoreo permanente de la calidad de agua, involucrando a las Intendencias en toda esta gestión de calidad.
También se ejecutó el plan anual de monitoreo del río Negro. Esto tiene que ver con el inicio del trabajo articulado desde la DINAGUA para la gestión de la cuenca. Desde el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través de la DINAMA, damos las bases técnicas del monitoreo de calidad del río.
Se elaboró también el plan anual de monitoreo del río Cuareim. Esto adquiere otra relevancia con la mejora y la profundización de las relaciones con Brasil, que nos permiten avanzar en la gestión del río.
Se continuó con el plan de calidad de playas, apoyando el monitoreo y concretándolo durante toda la temporada. A esto se suma el apoyo de DINAMA al control de la calidad de aguas de la Comisión de Cuencas de Laguna del Sauce, a la cual hice referencia cuando hablé de la gestión de DINAGUA.
En cuanto a la evaluación de la calidad del aire, se elaboró un set básico de indicadores de calidad del aire. Se proponen esos estándares que logran consenso en el Gesta Aire.
Se termina la primera fase de estudio de calidad de aire del entorno de ISUSA, en Ciudad del Plata. Son acciones concretas que van pautando las capacidades de gestión en esta línea. Asimismo, se ejecuta, conjuntamente con la Intendencia, el monitoreo de calidad del aire de la ciudad de Montevideo.
Con respecto a los residuos, se redefinen los términos y contenidos de los acuerdos en Montevideo y el área metropolitana. Se establecen los fondos para la preparación del proyecto de inversión para la disposición final. Se concreta una consultoría y se inician los trabajos para el estudio de la instalación de una usina de gestión de los residuos sólidos urbanos para el área metropolitana. En lo que tiene que ver con la gestión de residuos fuera del área metropolitana, tiene otro alcance e implicaría otras tecnologías.
Se continúa el trabajo junto a "Uruguay Integra" para la identificación y selección del sitio de disposición final para un relleno sanitario a ser operado entre las Intendencias de Río Negro y Soriano. Se concreta y se aprueba el diseño y la construcción de una celda de seguridad para la disposición final de residuos industriales peligrosos en el predio de la planta de Felipe Cardozo. Se implantan circuitos limpios, en acuerdo con el MIDES y las Intendencias de Canelones y Maldonado, con la constitución de cooperativas de clasificadores, ampliando ese trabajo a cinco departamentos más en el marco de la ley de envases.
En cuanto al sistema nacional de áreas protegidas, podemos informar que se preparan los documentos técnicos y los avances para la participación de los involucrados en lo que tiene que ver con la incorporación de cinco nuevas áreas protegidas. En algunos casos se está a punto de llegar a la culminación. Estas nuevas áreas son: Humedales del Santa Lucía, Laureles-Cañas, Cerro Verde, Rincón de Franquía e Isla de Flores. También se incluye el área de Chamangá.
Se continúa y profundiza la gestión de las cinco áreas protegidas ya integradas al sistema ‑Quebrada de los Cuervos, Cabo Polonio, Laguna de Rocha, Farrapos y Lunarejo‑, así como de dos nuevas, Potrerillo de Santa Teresa y San Miguel.
Se hacen obras de infraestructura, senderos y cartelería para estas áreas protegidas, y se validan dos nuevos proyectos a presentar en el GEF para la protección de la diversidad y para fortalecer la estrategia nacional de biodiversidad.
Por último, con respecto al fomento a la conciencia ambiental, se firma el acuerdo ‑esto es importante para el período‑ para la incorporación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a la red de educación ambiental de la Cuenca del Plata, al Centro de Saberes de la Cuenca del Plata, que involucra Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
Termino acá este primer informe y quedo a disposición de los señores Diputados para contestar las preguntas que puedan surgir.
SEÑOR PRESIDENTE.- El informe de la señora Ministra ha sido exhaustivo.
SEÑOR OTEGUI.- La exposición de la señora Ministra fue muy concisa y clara.
Quiero hacer algunas preguntas concretas sobre el tema en general. En primer lugar, con respecto a la relocalización en áreas inundables, la señora Ministra dijo que habían encomendado el relevamiento a las Intendencias. Me gustaría saber si en el caso particular de los Gobiernos Departamentales y Locales se prevé llegar a una acción compulsiva, porque la historia indica que las áreas inundables terminan repoblándose.
Por otra parte, no entendí lo que dijo con respecto a la vivienda para casos de violencia doméstica. Supongo que debe tratarse de la posibilidad de acceder a una vivienda para ubicar temporalmente a las personas víctimas de violencia doméstica. En el departamento de Paysandú ha habido algunos pedidos en ese sentido.
Por último, me parece que sería interesante que la señora Ministra nos informara con respecto a la disposición final de envases de agrotóxicos, tema que no fue referido en su exposición.
SEÑOR SANDER.- Doy la bienvenida a la señora Ministra y a su equipo.
Entiendo que el informe de la señora Ministra ha sido muy claro. Ayer estuvo en mi departamento, específicamente por el realojo de las personas que habitan zonas inundables y las viviendas de madera, lo que nos parece muy bien. Aplaudimos la integración entre Gobierno e Intendencias, que hace bien al país.
Quiero hacer dos preguntas sobre cuestiones que ya habíamos mencionado a la señora Ministra el año pasado. La primera es cómo se podría integrar en el proyecto de construcción de viviendas a los fabricantes artesanales de ladrillos. Específicamente, en nuestro departamento tenemos muchos y fabrican ladrillos de muy buena calidad. Creo que se ha avanzado en el tema, pero me gustaría saber si hay algo concreto.
El otro punto que ya habíamos planteado es el relativo a viviendas para policías y soldados, que tienen importantes carencias. Me gustaría saber si dentro de los planes del Gobierno ya se ha avanzado al respecto.
SEÑORA ETCHEVERRY.- Con respecto a la relocalización en áreas inundables o contaminadas, quiero señalar, en primer término, algo que ya planteó la señora Ministra sobre lo cual me parece importante enfatizar. Me refiero a que durante el transcurso de 2010 se elaboró el reglamento operativo del plan de relocalizaciones, dando prioridad a las áreas inundables y contaminadas. Obviamente, ese reglamento establece criterios de inclusión social pero, sobre todo, reglas de juego que van a estar determinando la forma de intervención y garantizando la integralidad de las intervenciones con los compromisos de los demás organismos que ejecutan políticas sociales vinculados a la educación y a la capacitación para el trabajo. Una cuestión bien importante que se ha señalado en ese reglamento operativo es, precisamente, la coordinación con las demás Direcciones del Ministerio, en este caso con DINAGUA, DINAMA y DINOT, a fin de verificar las zonas inundables. Es tan importante el plan de relocalización como las acciones que se van a ejecutar en la área que se libera, para evitar con efectividad que vuelva a ser ocupada. Ese reglamento operativo fue presentado al Congreso de Intendentes en el primer trimestre de este año, es decir que accedieron a él todas las Intendencias, las que tuvieron un plazo de treinta días para acercar ‑aunque ya se venía trabajando desde el año pasado- todas las observaciones que entendieran pertinente para adecuar ese reglamento a las realidades locales. Eso fue aprobado y se recogió la aceptación de todas las Intendencias. Estamos trabajando en función de ese reglamento que, reitero, plantea la evaluación de la intervención y el financiamiento de acciones que resguarden el área liberada para el uso público y el resto de la ciudad, y eviten futuras ocupaciones. Quizás es importante señalar ‑tal vez el señor Diputado ya esté en conocimiento‑ que en Paysandú estamos trabajando en esta misma línea en La Chapita.
Con respecto a la situación de violencia doméstica, el programa de atención primaria habitacional se desarrolla en el marco de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social con dos Direcciones: el Instituto Nacional de las Mujeres y el INAU. En este caso, se plantea la solución para las mujeres con hijos que vienen de un proceso de acompañamiento y de salida. Se entiende que un paso importante en ese proceso para consolidar la autonomía y la independencia de la mujer tiene que ver con la solución habitacional. En lo que va del año 2011 hemos otorgado setenta subsidios de alquiler y en el año 2010, que fue cuando se empezó a implementar este programa en forma piloto, llegamos a los cincuenta y siete subsidios de alquiler. Esto se está haciendo en el marco de un equipo técnico que está trabajando en la inserción laboral y, sobre todo, en las redes de sostén emotivas y de protección que atienden a toda la familia. Esa es una de las alternativas.
Otra alternativa, en la cual ya estamos trabajando y que está en ejecución, precisamente, tiene que ver con los hogares de medio camino. Supongo que los señores Diputados conocerán algunas experiencias, que en Europa se vienen utilizando mucho. Estos hogares de medio camino funcionan como pensión social, y están diseñados para atender a los niños de modo que las madres puedan salir a trabajar e ir generando la consolidación de su autonomía, su inserción laboral y tengan la posibilidad de seguir construyendo su trayectoria de vida. Hoy tenemos dos fincas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que están en reparación para que puedan constituir otra alternativa más a las situaciones de violencia doméstica.
En cuanto a los ladrilleros, hemos tenido coordinaciones tanto en Salto como en Rivera con la organización de ladrilleros que trabajan en esa zona. Hemos tratado de avanzar conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social en el proceso de formalización. De hecho, en Rivera hay un conjunto importante de ladrilleros que ya están formalizados, y la apuesta es que, en la medida que logremos dar ese paso, puedan integrarse en el sistema de compras del Estado. Asimismo, ha habido una primera experiencia en el año 2010 en Bella Unión con ladrilleros organizados y formalizados, a quienes se les compró ladrillos para la ejecución del obrador. Estamos en el proceso de colaborar en la formalización, acompañados del Banco de Previsión Social, para que efectivamente en cada localidad se puedan ir integrando como proveedores de estos programas. Creo que MEVIR también tiene una experiencia vinculada a los ladrilleros.
Por último, con respecto a la situación del personal de los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional, me parece importante señalar que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente desde el período pasado tiene convenios en gestión con uno y otro Ministerio, que permanecen y se están ejecutando. También ha habido una profundización del enfoque, tratando de que no se generen conjuntos habitacionales ‑por el sistema que sea‑ solamente de policías o de militares, porque terminan constituyendo guetos que, lejos de integrar, generan otras dificultades. Igualmente estamos terminando de ejecutar estos programas. Tenemos dos cooperativas de 96 soluciones habitacionales en total del Ministerio de Defensa Nacional. En este caso, ya se les ha adjudicado la tierra y el préstamo. Estamos en un proceso de regularización de su padrón social y se los ha acompañado para que hicieran el contrato correspondiente de asistencia técnica, en el marco de lo que establece la ley de vivienda y la reglamentación que debe llevar adelante el Ministerio. Me refiero al denominado "Plan Tero", que quizás para algunos es conocido. Además de ello, tenemos el programa de compra de vivienda nueva con el Ministerio de Defensa Nacional que también está operativo. Me refiero a los edificios a estrenar que aplican la política que tiene el Ministerio desde 2005 a la fecha de subsidio a la cuota y a la permanencia. También es un instrumento que esta siendo ejecutado con el personal del Ministerio de Defensa Nacional y del Ministerio del Interior.
En el caso del Ministerio del Interior hemos integrado algunas cooperativas que eran anteriormente Grupo SIAV, que debido a algunas irregularidades quedaron por el camino. Se ha acompañado a ese Grupo SIAV y se ha transformado en cooperativa. Algunos de ellos ya están terminando la construcción, como es el caso de una cooperativa de Cerro Largo, que ya está en un 97% avanzada.
Por otra parte, en la ciudad de Durazno estamos trabajando con un Grupo SIAV, ayudándolos y acompañándolos en la transformación al proceso cooperativo. Ya tienen la tierra adjudicada y tendrán el préstamo en el marco de los acuerdos.
El programa de autoconstrucción asistida está siendo trabajado con los Departamentos de Bienestar Social o de Servicio Social en cada uno de los Ministerios. En cuanto al programa de compra de vivienda nueva, el Ministerio del Interior está absorbiendo parte del ahorro previo en el marco del subsidio. Esto está siendo puesto a consideración tanto de uno como de otro Ministerio.
SEÑOR OTEGUI.- Fue muy clara la explicación que se dio. Supongo que el reconocimiento a las capacidades adquiridas debe correr para la gente de MEVIR. Me gustaría que se me confirmara, aunque estoy seguro de que debe ser así.
Cuando habló de la cuenca del río Negro, no me quedó claro si se refiere al uso de la cuenca o al monitoreo.
SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a darle la palabra al arquitecto Rucks para que responda la pregunta pendiente sobre el tema de envases agrotóxicos.
SEÑOR RUCKS.- La señora Ministra no se ha referido a los envases agrotóxicos porque la exposición se ha centrado en el año 2011. En el 2010, si bien hubo acciones en este sentido, fueron normales, de seguimiento, y muchas veces tuvieron que ver con atención de denuncias a situaciones que se detectaron a nivel de distintos departamentos. En el año 2011 estamos trabajando con una metodología específica para el desarrollo de una ley que atienda el problema de la gestión de los envases de agrotóxicos, entendiendo que es un tema particularmente importante de competencia del Ministerio.
En ese sentido, estamos trabajando en una primera versión borrador que pretendemos discutir en el seno de la COTAMA ‑Comisión Técnica Asesora para la protección del Medio Ambiente‑, que hemos elaborado en acuerdo con la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En ese borrador definimos los principios básicos, tomando las experiencias de la ley de envases en el sentido de la responsabilidad ampliada de los que hacen una introducción a la comercialización de los envases. Además, se establecen las formas de seguimiento, asegurando que el manejo sea acorde con las condiciones que requiere la seguridad en cuanto a la no contaminación de los envases mediante el triple lavado y todos los mecanismos que corresponden. También debemos asegurar todos los aspectos que hacen a la capacitación de los usuarios y de los sectores que los comercializan.
En definitiva, hay una propuesta de borrador en consenso con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que pretendemos discutir en el seno de la Comisión Asesora de Medio Ambiente para poder elevarla al ámbito correspondiente como Poder Ejecutivo.
SEÑOR GENTA.- Con respecto a la cuenca del río Negro, debo decir que tiene una particularidad en el uso del agua que se remonta a la resolución que tomó el Poder Ejecutivo en el año 1980, durante el período dictactorial, a través de la cual se le confirió a UTE la potestad de fijar cuánto de los recursos hídricos podían ser destinados al uso agropecuario. Luego, en el año 1999, mediante una resolución del gobierno democrático, a propuesta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde regía la autoridad de aguas, y del de Ganadería, Agricultura y Pesca, se ampliaron los límites. Y, el año pasado, como los límites fueron cubiertos por el desarrollo de la actividad agropecuaria, se debieron fijar nuevos. Los límites fueron fijados directamente por UTE porque se realizó una coordinación entre los tres Ministerios que tenemos competencia en el tema del agua, es decir nuestra Cartera, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el tema agropecuario y el de Industria, Energía y Minería en lo que tiene que ver con el tema energético. Se fijó el criterio de que UTE estableciera los nuevos límites acordados a nivel de los Ministerios. A su vez, se creó una Comisión interministerial de las Direcciones de energía, agua y recursos naturales de cada una de las Carteras para establecer pautas a efectos de liberar a UTE, porque no parece razonable que ese ente sea la expresión del Poder Ejecutivo en el tema agua. Además, se estableció que los tres Ministerios fijen los criterios de manera coordinada.
La forma de instrumentarlo fue crear un grupo de trabajo que ya comenzó a funcionar para establecer las pautas a efectos de que la autoridad de agua y las comisiones de cuenca que asesoran, puedan fijar los criterios para el manejo del agua. Además de los tres Ministerios que mencioné se incorpora el de Defensa Nacional, porque la Dirección Nacional de Meteorología está todavía en su órbita, y el de Economía y Finanzas porque los criterios de distribución de agua conllevan una parte económica muy fuerte. Por lo tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas, teniendo en cuenta el interés del Estado y el bien común, puede decir qué uso del agua es más beneficioso, es decir si es mejor utilizarla para la energía o para la agricultura.
SEÑOR POSADA.- Quiero aprovechar la presencia de la señora Ministra para referirme a algunos temas que planteó.
En particular, quiero resaltar que el 98% de ejecución del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente es destacable, sobre todo por los antecedentes existentes en esa Cartera, no solo en el Gobierno anterior, sino en otros. Por lo tanto, nos place señalar que es un hecho a destacar.
Más allá de eso, deseo preguntar cuál es el grado de ejecución en el caso de las inversiones que el Ministerio estaba autorizado a realizar.
Además, me gustaría tener información sobre la disposición final de residuos para los departamentos de Montevideo y Canelones, en particular para el área metropolitana. Hago esta consulta en virtud de que en el período pasado finalmente se dejó sin efecto una opción muy cuestionada en cuanto a la elección de un predio en la zona de Cañada Grande. En ese sentido, me gustaría que se ampliara la información disponible hasta el momento.
Otra inquietud tiene que ver con la obra que se está desarrollando a muy buen ritmo en la esquina de Millán y Pantaleón Sotelo cuyo destino es para activos. Me gustaría tener información en cuanto a quiénes son los beneficiarios en este emprendimiento.
Por otra parte, me gustaría tener la opinión de las autoridades en algunos temas. La señora Ministra hizo referencia a experiencias que se llevaron a cabo en el país en materia de asociación de cooperativas de recolectores informales. En los años 1990 o 1991, cuando era Edil en Montevideo, presenté un proyecto de decreto, que planteaba la necesidad de llevar adelante experiencias en ese sentido en el departamento. Para eso tomamos como referencia experiencias que se realizaron en la ciudad de Manizales en Colombia, en el sentido de formalizar la actividad de los recolectores informales, partiendo de la base de que es una actividad necesaria porque se trata de un sector de la economía, y como tal debía ser incorporado a la formalidad. Pensamos que para eso el camino es establecer centros zonales de reciclaje, de forma de contribuir a ordenar la gestión en materia de disposición de la basura en el departamento de Montevideo, que es un aspecto que viene siendo postergado.
En ese sentido, consulto a la señora Ministra y a sus asesores, cuál les parece que ha sido la dificultad para que experiencias que se vienen desarrollando de manera exitosa en el interior del país no se hayan llevado adelante en el departamento de Montevideo.
SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE.- En lo que tiene que ver con niveles de ejecución, tal vez no me expliqué bien al principio. Estamos hablando de un nivel de inversiones que alcanza 98,28% a todo el Inciso y de gastos que alcanza 68,98%, y lo que tiene que ver con el Fondo Nacional de Vivienda, 99,79%.
En cuanto al manejo de residuos en el área metropolitana, básicamente, la propuesta que se venía manejando era el sitio de disposición final en Cañada Grande. Nosotros estamos trabajando en la línea de valorizar los residuos y analizar las posibles tecnologías que nos permitan la generación de energía y un manejo en el sitio de disposición final de un mínimo de esa basura. Estamos hablando en el entorno del 10% a depositar en el sitio. Esto lleva a un período de análisis a partir de estas dos consultorías que dije que están en gestión. Evaluaremos los resultados de las consultorías y eso necesariamente llevará a que, luego de tomadas las decisiones con respecto a las posibilidades de implantar esa tecnología, revisemos el tema del sitio y el de Cañada Grande. Sería muy distinta la situación actual en la que el ciento por ciento de los residuos van sin ningún tipo de gestión previa al sitio, a tener dimensionado un sitio donde vaya el 10% de los residuos generados. Este es un tema que está en "stand by", y pretendemos a corto plazo contar con las capacidades técnicas para proponer una solución alternativa.
Con respecto a recolectores informales, cedería la palabra al arquitecto Rucks para que profundice en esas dos experiencias. Es verdad que una es la realidad en el interior y otra en Montevideo.
Por último, me voy a referir a las viviendas para activos. Nosotros venimos de una gestión anterior en la que diferenciábamos el Fondo Nacional de Vivienda para activos y para pasivos porque había un impuesto directo a los ingresos. A partir de la nueva política tributaria, esa diferenciación no corre más, pero seguimos manteniendo la línea de trabajo de construcción de viviendas para pasivos, porque tenemos vigente una licitación de 1997 y hay exigencias legales en cuanto a terminar con lo comprometido que nos impiden trabajar las viviendas de pasivos integradas como inversión a viviendas de activos. Eso lleva a la diferenciación de esas dos líneas de gestión; diferenciación con la que no acordamos, pero hay motivos legales fuertes que nos impiden ir por otra línea con los recursos que hoy tenemos. Los beneficiarios pueden postularse si tienen cero a sesenta UR de ingreso. Se hace una evaluación socioeconómica de cada familia y, una vez sorteadas, de acuerdo con sus capacidades, se le apoya con el subsidio necesario para que pueda hacer frente a la cuota. Se trata de apartamentos que se otorgan mediante un crédito hipotecario con estos fondos FONAVI, y la política de subsidio asegura la permanencia de la familia en la vivienda. A veces el subsidio llega al ciento por ciento. En este caso, estamos dando respuesta fundamentalmente a esas situaciones críticas que vienen con un acompañamiento y evaluación de otras políticas, por ejemplo, cuando existe violencia doméstica. Lo que sí evaluamos es que la familia tenga posibilidades de mantenerse en la formalidad; no quiere decir cero ingreso, significa que pueda pagar gastos comunes, agua, luz e impuestos asociados.
Hemos inaugurado 1.306 unidades en 2010. En general, hay un 70% de subsidios a las familias que ingresan a estas unidades. Es una política que nos asegura generar esa heterogeneidad de situaciones en cada uno de los complejos, a diferencia de otras políticas que generaban la segregación de la pobreza. Tenemos un grupo de familias que pueden hacerse cargo del ahorro previo y de la cuota, otro que necesita de un porcentaje equis de apoyo y otro que, como ya dije, llega hasta ciento por ciento de subdisio. También integramos ahí viviendas para discapacitados, con todo el diseño y las capacidades de accesibilidad contempladas. Dada la restricción de recursos hasta ahora, la condición para las familias que ingresan es que tengan niños a cargo o personas con discapacidad.
SEÑOR RUCKS.- Con relación al tema de la gestión de residuos y a la incorporación social en el proceso, en el concepto que planteaba la Ministra de valorización de los residuos, se ha hecho un esfuerzo grande trabajando en base a la ley de envases. Se llevó adelante una experiencia inicial en Canelones y en Maldonado para el establecimiento de circuitos limpios, lo que ya fue informado por la señora Ministra. Esta experiencia conjuga los esfuerzos del MIDES, de la Cámara de Industrias del Uruguay y de nuestro Ministerio para establecer circuitos en los cuales se asegure un manejo adecuado de los residuos a través de la organización de los clasificadores en cooperativas o en formas de organización social que se definen. El financiamiento se canaliza a través del fondo que se genera por la ley de envases la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio. Esos fondos son aportados a través de la intermediación de organizaciones no gubernamentales que los administran y gestionan, y que trabajan con las cooperativas asegurándoles los insumos necesarios para el mejoramiento de las condiciones de trabajo, ya sea equipos, uniformes; se los capacita y organiza para ese trabajo.
El trabajo fue muy exitoso en Canelones y Maldonado. Se establecieron los circuitos limpios y las cooperativas y, en base a eso, se planteó un plan de extensión de esa experiencia al conjunto del país en etapas sucesivas relacionadas a las capacidades del fortalecimiento del Fondo a través de los aportes de las distintas empresas comprometidas en el manejo de envases. Por ese motivo, el Fondo se ha ido incrementando; hemos hecho una fiscalización de las empresas junto con la Cámara para asegurar el desarrollo del Fondo para tener una cobertura mayor. En este momento está planteada la incorporación de ocho Intendencias ‑las últimas son Artigas y Paysandú‑, como responsables de la gestión de los residuos sólidos a nivel departamental. A su vez, está planteado trabajar con Montevideo reviendo un primer acuerdo que radicaba en establecer los circuitos limpios en Ciudad Vieja. Esto se había hecho por la Administración anterior, pero no se concretó. Cuando viene la nueva Administración, se plantea una revisión de toda la política de la gestión de residuos, en la que hemos estado trabajando y coordinando juntos. |19:51:33| Como decía la señora Ministra hay dos áreas adicionales en las cuales estamos trabajando. Una es el establecimiento de la célula de residuos industriales peligrosos, para la cual la Intendencia de Montevideo está aportando el predio de Felipe Cardozo, en lo que respecta al trabajo en los acuerdos para el área metropolitana, a fin de encontrar una disposición final segura de los residuos. En relación al plan de circuitos limpios está planteado una revisión del área sobre la cual Montevideo va a priorizar la experiencia piloto donde iniciar este proceso que, en principio, nos identifica como el área de Pocitos, pero todavía no está concretado. Precisamente, en este momento estamos analizando, junto con la Cámara de Industrias del Uruguay, las capacidades de financiamiento de la propia Intendencia de Montevideo a fin de trabajar con los recicladores en forma organizada. Esa es un poco la situación. Es un proceso que se va ampliando en la medida en que el Fondo se va fortaleciendo. Es una experiencia que se ha ido construyendo sobre la base de los esfuerzos tripartitos y entendemos que ha sido exitosa hasta el momento. La idea es llegar para el año próximo a cubrir los diecinueve departamentos, por lo menos con experiencias piloto en el caso de Montevideo.
SEÑOR SUBSECRETARIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE.- Voy a culminar con una reflexión que tiene que ver con este tema de los residuos porque, en cierta medida, quizás por la premura de la ocasión, se ha enfocado de una manera parcial.
Quisiera establecer como primer punto que la presencia de los hurgadores o clasificadores en las calles de Montevideo fue, originalmente, una estrategia de supervivencia. En esta medida, por ejemplo, el Diputado Posada en su condición de Edil se preocupó del aspecto social que implicaba esa estrategia de supervivencia que, de ninguna manera, sustituye lo que es una competencia de los Gobiernos departamentales. Allí tenemos el primer tema de conflicto. La recolección de residuos es competencia exclusiva de los Gobiernos departamentales. Lo establece la Ley Orgánica Municipal de 1935, si mal no recuerdo
Por lo tanto, a veces la estrategia de supervivencia con relación a los Gobiernos departamentales, en particular el de Montevideo, más que una solución, muchas veces ha significado un problema. ¿Por qué? Porque se ha trasladado lo que debiera haber sido el circuito lógico y racional del residuo hacia su sitio de disposición final a disponer puntualmente en toda la ciudad de forma desparramada, especialmente concentradas en algunas áreas como, por ejemplo, la Chacarita o en el Pantanoso, con los consiguientes perjuicios a la calidad ambiental, no solo del resto de la población sino de ellos mismos, porque los llevaron a sus propias viviendas, o sea vivieron o viven todavía entre los residuos. Entre otras cosas, allí también tenemos un problema social.
Es por eso que desde el Ministerio no podemos, bajo ningún concepto, dejar de percibir esta situación e incorporar este aspecto social que, como bien decía el Diputado Posada, era una de sus preocupaciones en sus épocas de Edil ‑y lo sigue siendo‑, así como también lo es de este Ministerio. Por eso, como decía la señora Ministra, estamos en este tema tratando de poner todo el énfasis necesario. Muchas veces los tiempos no nos alcanzan, pero es una obligación imprescindible.
No solo el Ministerio de Desarrollo Social está trabajando en este tema, sino también el de Trabajo y Seguridad Social y el de Economía y Finanzas, en el análisis de cómo hacer ‑si es posible‑ una formalización de lo informal, que es un detalle absolutamente no menor, y es clave. Porque, además ‑y esto lo digo porque es real‑, se dan contradicciones entre los acopiadores, los que recolectan los productos, y en ese negocio de comercialización hay una serie de aspectos que son muy difíciles de dilucidar.
Nosotros estamos comprometidos como Ministerio, para tranquilidad del señor Diputado, en el sentido de que esta variable, o sea la dimensión social, es un aspecto central en la preocupación. También es un aspecto central en la preocupación de la Intendencia de Montevideo, la de Canelones y las del resto del país. Esperemos lograr una buena solución considerando todos estos aspectos, que no solamente colabore en la mejor calidad de vida de los compatriotas sino también en una mejor calidad ambiental para todos.
SEÑOR GROBA.- Revisando la agenda de las delegaciones que atendemos en la sociedad advertí que el viernes que viene concurrirá FUCVAM ‑hace unos días hemos estado charlando con ellos, además somos cooperativistas y conocemos la realidad‑, por lo tanto, quisiera hacer algunas preguntas a fin de actualizar un par de aspectos y obtener información e insumos para cuando concurran.
Todos sabemos que el 6 de octubre de 2008 se firmó un Convenio Marco para la Regularización de los Pagos del Sistema Cooperativo de Ayuda Mutua, sobre todo, haciendo hincapié en aquellas cooperativas más antiguas, más viejas, inclusive, producto de un conflicto con la dictadura de aquella época. Sin entrar en lo que ha significado FUCVAM desde el punto de vista social en aquel período, hubo una situación muy complicada que generó un conflicto y una movilización muy amplia y muy fuerte. Hemos visto con los compañeros que hay alguna dificultad respecto a la continuidad de ese convenio, y sería bueno que nos dieran alguna idea de cómo va eso.
También nos dicen los compañeros que en la sede de FUCVAM, precisamente a partir de este proceso de alentar la vivienda en el país, uno de los aspectos que más se ha valorado en la historia reciente de la vivienda es el sistema de ahorro de ayuda mutua. Se trata de un sistema que se ha valorado por este Gobierno, inclusive, ha tenido repercusión a nivel internacional y países vecinos están invitando a los compañeros a hacer charlas.
Tengo entendido que ellos han visto con buenos ojos y han apoyado todo lo que aquí se ha hablado en materia de viviendas para los sectores más complicados o más retrasados, pero también pasa lo siguiente. Todos los días se generan reuniones y se formalizan nuevas cooperativas de ayuda mutua en la sede de FUCVAM. Es como un desborde ‑bienvenido‑ de crecimiento en cuanto a cómo operar con el sistema de ayuda mutua en eso que durante muchos años ha sido, diría, casi la única solución para el sector de trabajadores fundamentalmente. Es natural que eso les genera un problema, porque las cooperativas se van formalizando, incentivando y aparece un tema de recursos importante para hacer frente a esa demanda.
Quiero hacer una reflexión final.
Toda la vida ha existido un estilo y un impulso negociador por parte de la directiva de FUCVAM ‑los conocemos hace muchísimos años‑ que quiere ver la posibilidad concreta de que, por intermedio de una brújula, indiquemos un camino para resolver aquellos temas antiguos y que fueron firmados en 2008. Por otra parte, también por medio de esa brújula se podría analizar cómo se contienen esas nuevas formaciones de cooperativas de ayuda mutua, incluso algunas auspiciadas por gremios y sindicatos en todo el país, para ir dando una respuesta o, por lo menos, tener una pista de aterrizaje para saber por dónde va la situación.
Quería preguntar cómo estaban esas dos situaciones, aprovechando la presencia de ustedes, ya que el día viernes ellos concurrirán a la Comisión, y deseaba hacer una reflexión en el entendido de que estoy seguro de que hay un ánimo muy fuerte de parte de la Dirección de FUCVAM para tratar de encaminar estos temas.
SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE.- Cedo la palabra a la Directora Nacional de Vivienda, que es la que viene encabezando el trabajo con FUCVAM, concretamente, el nuevo diseño y la nueva política.
SEÑORA ETCHEVERRY.- Es correctísimo lo que dice el señor Diputado Groba. El 6 de octubre del año 2008 se firmó este convenio entre la Federación de Cooperativas de Ayuda Mutua y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente pero particularmente el convenio abarcaba a las cooperativas financiadas por esta Cartera, parte de la negociación. Y como reafirmación de las voluntades de acuerdo también se entendió que algunas cooperativas, sobre todo las mesas, que eran los primeros financiamientos del Banco Hipotecario, fueran las que pudieran ejecutar en el marco de las contrapartes. Pero el convenio, particularmente, es para aquellas financiadas por el Ministerio de Vivienda desde el año 1992 en adelante. En ese marco, este convenio, que fue firmado en octubre de 2008, para empezar su ejecución debió esperar que se terminara de consolidar la transición entre el Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda, que es la que debía efectuar el recupero de esos préstamos. En ese sentido, hemos venido trabajando y se han hecho los procedimientos establecidos en el convenio en cuanto a que todas las cooperativas solicitaran e hicieran la tramitación frente al Ministerio de Vivienda de los certificados de regularidad, la verificación del padrón social y el nivel económico de las familias integrantes, ya que también era parte del procedimiento establecido colaborar en el sinceramiento del sistema y en la regularización de todas las cooperativas, como lo solicitó la Dirección de la Federación. Terminado ese proceso de presentación de balances, etcétera, efectivamente empezamos a hacer las convocatorias en el marco de una mesa de diálogo permanente, con una frecuencia casi mensual, con FUCVAM y también con FECOVI y COOVIPRO.
En ese marco, hoy hay una pequeña dificultad que tiene que ver con la aplicación del convenio, fundamentalmente a la actualización de las cuotas para terminar el proceso amortizante interrumpido a partir del conflicto. Pero esa es una diferencia que tiene que ver, fundamentalmente, con el monto de actualización de esa cuota, que es lo que estamos tratando de resolver. Nosotros entendemos que a partir de la firma del convenio, y en el momento en el que empieza a efectivizarse, se determina el valor de la cuota, y FUCVAM tiene una interpretación que estamos tratando de ajustar a los efectos de que el convenio tenga los plazos que estaban previstos y logremos el recupero. A eso apuesta FUCVAM y este Ministerio que ha dado señales de confianza cierta en las capacidades organizadas de la población, y mucho más en el sistema cooperativo, ya sea de ayuda mutua o ahorro previo. Pero fundamentalmente la diferencia tiene que ver con la aplicación e interpretación del artículo 2 del convenio que no está en riesgo sino que tenemos que laudar, y estamos estableciendo cuál es el mecanismo para que efectivamente este convenio, que permitió esta contraparte importante de las mesas, hoy permita al Estado mejorar el nivel de recupero de esos créditos, ya que son cooperativas del Ministerio.
SEÑOR PRESIDENTE.- Pasamos a analizar el artículado.
SEÑOR CHABALGOITY.- El artículo 211 expresa: "Sustitúyese el artículo 606 de la Ley No. 18.719", que es la de Presupuesto que se votó el año pasado, y lo que hace es, simplemente, extender un año el plazo para que la realización de los proyectos o programas a cargo del Ministerio, como los de MEVIR, que sean financiados por el Fondo Nacional de Vivienda, queden supeditados a la aprobación por parte de los Gobiernos Departamentales de instrumentos de ordenamiento territorial que correspondan. Esto se aprobó el año pasado en el Presupuesto, y si bien ha habido un ritmo muy interesante de avance en los instrumentos departamentales y ya hay varios departamentos que han logrado la aprobación por parte de las Juntas Departamentales respectivas ‑el último fue el de Durazno hace aproximadamente una semana‑, entendíamos prudente proponer al Parlamento la prórroga de un año más a los solos efectos de los programas señalados, es decir, los financiados por el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización. Esa es la razón de este artículo.
SEÑOR BEROIS.- Como bien decía el Director Chabalgoity, hay algunos Gobiernos Departamentales que han hecho un esfuerzo y han venido avanzando, y esto se prorroga hasta el año 2013. ¿Se puede establecer como una excepción, para ir apurando la situación, incorporar a los que ya lo tienen aprobado, en definitiva como una Espada de Damocles? Porque si no, estamos todos colgados porque algunos no lo aprobaron. ¿Se podría establecer como una cláusula alternativa la prórroga hasta 2013, pero ir incorporando a los que ya lo tienen aprobado?
SEÑOR CHABALGOITY.- Entiendo que de hecho quedan incorporados, pero si no hay ningún inconveniente jurídico se podría hacer. Creo que es válida la preocupación del señor Diputado Berois.
SEÑOR SIRI.- Estimamos que de acuerdo con la redacción del artículo original y a la prórroga que se concede en este artículo proyectado, no es necesario el aditivo que propone el señor Diputado, porque ya estarían comprendidos en el cumplimiento de la norma.
Voy a referirme al artículo 212.
Esta disposición simplemente corrige una situación que se había generado respecto al monto que se permitía gastar para la contratación del personal imprescindible hasta que se aprobara la reestructura en el Ministerio. De forma distinta a otros Incisos a los que se les autorizó la utilización del total de la partida asignada, se nos había limitado a un tercio de ese monto. En este artículo proyectado se corrige esa situación y se permite la erogación de los $ 36:000.000 para la contratación a través de los mecanismos instrumentados en la Ley de Presupuesto, es decir de Uruguay Concursa y la ventanilla única de los Contratos Temporales de Derecho Público, hasta la efectiva instrumentación de la reestructura pendiente.
El artículo 213 también, indirectamente, corrige una omisión parecida del artículo 55 de la Ley Nº 18.719, de Presupuesto, en el que se establecía la derogación de varios tipos contractuales, llámese contratos de alta prioridad, contratos a término y demás, y los contratos eventuales de los cuales disponía el Ministerio, que eran 15 desde hace veinte años, quizá, por omisión no se incorporaron en la norma proyectada. Por este artículo se terminan de acotar las posibilidades del Inciso de acudir a este vínculo contractual, sin perjuicio de que los contratos existentes a la fecha, que no superan los 10, se limitan en el tiempo hasta la terminación del actual período de Gobierno.
| SEÑOR GANDINI.- No entiendo la pertinencia de la norma. Primero, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente no puede contratar personal eventual y ya está dispuesto que estos contratos no existen más para la Administración Central. Es una disposición general; se ha dispuesto por la normativa en general que los Incisos 02 al 15 no pueden contratar bajo la forma de zafrales o eventuales. Se dispusieron otras nuevas fórmulas. Pero también creo que la normativa general establece que los contratados por este mecanismo quedan vigentes. Eso no lo tengo tan claro. Pero, en todo caso, es eso lo que habría que establecer como excepción, que los contratos eventuales vigentes no se transforman en otras figuras contractuales. Decir que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente no podrá contratar personal eventual es señalar lo que ya está dispuesto por la Ley de Presupuesto.
SEÑOR SIRI.- Si se acude a la lectura del artículo 55, no está prevista la derogación de este tipo de vínculo contractual, que era un contrato especialísimo, tal como abundaba en toda la Administración en los diversos Incisos. Entonces, se consideró que todavía estaba vigente. A los efectos de corregir esa situación y de terminar ese proceso de tornar más prolija la fórmula contractual, expresamente se dispone que el Inciso ya no goza de esa facultad. Como manera de procesar una transición y habiendo algunos contratos eventuales todavía vigentes, se establece en forma expresa que su plazo caduca con el actual período de Gobierno.
En el artículo 55 de la Ley N° 18.719, se establecía que varios de estos tipos contractuales podían pasar a ser Contratos Temporales de Derecho Público, luego de cumplir con determinadas exigencias que la propia Ley establecía
Como en la mayoría de los casos no se prevé la incorporación de las personas contratadas bajo esta fórmula contractual, lo que se hace es simplemente poner un plazo y vencido este, obviamente, termina cualquier tipo de vinculación que pudieran tener con el Estado.
Reitero que sin esta norma el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente todavía podría acudir a los quince contratos eventuales que vienen con diversas y sucesivas modificaciones de la Ley N° 16.170, que si no me equivoco, es la Ley de Presupuesto del año 1990.
SEÑOR PRESIDENTE.- Pasamos al artículo 214.
SEÑOR TRAVERSA.- A modo introductorio, en la época de la reestructura del Banco Hipotecario del Uruguay, este transfirió una serie de inmuebles, promesas y créditos a la Agencia Nacional de Vivienda. Conjuntamente con esa transferencia, el artículo 34 de la Ley N° 18.125, que creó la Agencia Nacional de Vivienda, estableció que esta tendría la misma potestad que el Banco Hipotecario del Uruguay de realizar retenciones sobre los salarios y las pasividades para el cobro de los créditos que fueron transferidos. Esa posibilidad de realizar las retenciones estaba acotada solamente a los créditos que provenían del Banco Hipotecario y sus refinanciaciones. La norma que se proyecta, el artículo 214, pretende extender dicha facultad de realizar las retenciones a los créditos que originariamente ahora otorgue la Agencia Nacional de Vivienda, ya sea en el marco de los fideicomisos que administra o lleva adelante en carácter de fiduciario o que otorga directamente. El orden de prelación en las retenciones será el mismo que tiene hoy el Banco Hipotecario del Uruguay y cuando conviva un crédito de la Agencia con otro del Banco tendrá preferencia aquel que proceda del crédito más antiguo.
SEÑOR BEROIS.- ¿Se puede dar que haya un crédito otorgado por el Banco Hipotecario y otro por la Agencia Nacional de Vivienda?
SEÑORA ETCHEVERRY.- Puede suceder que haya un préstamo otorgado para la adquisición de su vivienda por el Banco Hipotecario y puede estar tramitando para refacción, reparación o reformas desde la propia Agencia a partir de la fecha de su creación. Entonces, puede coincidir la subsistencia de los dos créditos otorgados en su momento por el Banco Hipotecario, que está en el proceso de recupero en la Agencia.
SEÑOR PRESIDENTE.- Pasamos al artículo 215.
SEÑOR CHABALGOITY.- Los artículos 215 y 216 refieren a situaciones que se generaron a partir de la vigencia de la Ley de Ordenamiento Territorial en 2008, que si bien podría entenderse que no entraban en sus disposiciones por ser hechos anteriores, algunas interpretaciones nos llevan a plantear esto, y lo explico.
La Ley de Centros Poblados, de abril de 1946, establecía que estaba prohibido fraccionar en predios menores a 300 metros cuadrados. La ley modificativa de la Ley de Ordenamiento Territorial del año 2008, la N° 18.367, estableció una excepción en el sentido de que este fraccionamiento podría ser inferior a 300 metros cuadrados cuando así lo dispusieren los instrumentos de ordenamiento territorial para los casos de actuaciones de interés público o vivienda de interés social. Entonces, a través de esta norma, lo que se está planteando es que no haya que esperar a que existan los instrumentos que generen la excepción para todas aquellas actuaciones que fueron formalizadas antes de la vigencia de la ley. Pongo un ejemplo. El Programa PIAI comenzó en el año 2000 y todas estas intervenciones prefiguraban fraccionamientos que en el 99% de los casos resultaban parcelas a 300 metros cuadrados. Sin embargo, algunos de estos procesos no han culminado; efectivamente, la inscripción de los fraccionamientos que requieren aprobación de la Junta; y esto siempre se hizo al final del proceso de regularización. Si no incluimos esta excepción, se mantienen las disposiciones del artículo 16 de la Ley de Centros Poblados que plantea la nulidad de todos los procesos que se dieran de venta futura que sean a partir de fraccionamientos menores a 300 metros cuadrados.
Lo que se está exceptuando son aquellos procesos que fueron definidos con anterioridad a la Ley de Ordenamiento Territorial. A partir de la aprobación de la ley, la excepción tiene que venir contenida en el instrumento de ordenamiento territorial correspondiente.
|SEÑOR BEROIS.- Quisiera saber con precisión cuál es el alcance de: "[...]cuando dichos programas se hayan iniciado con anterioridad a la vigencia de la Ley [...]".
SEÑOR CHABALGOITY.- Eso hace referencia a que haya una decisión formal.
Me explico. Los programas PIAI incluyen decisiones a partir de propuestas de las Intendencias a través de las cartas consulta, que requieren la anuencia de la Junta para poder endeudarse y también del Gobierno nacional, que decide proceder a la regularización. Ahora bien: cuando eso sea a posteriori del año 2008, la excepción quedará incluida, si así lo dispone el Gobierno Departamental, en el instrumento que elabore. Si algún Gobierno Departamental no quiere llevar adelante esa excepción, no lo hará.
SEÑOR BELTRAME.- El artículo 216 dice: "Facúltase a los Gobiernos Departamentales para categorizar como urbanos o suburbanos, aquellos inmuebles rurales que con anterioridad a la entrada en vigencia de Ley Nº 18.308, de 18 de junio de 2008, hayan sido adquiridos, prometidos en compra o reservados en compra por MEVIR ‑ Dr. Alberto Gallinal Heber, o designados para expropiar por el Poder Ejecutivo o por los Gobiernos Departamentales con destino a programas de MEVIR".
Concretamente, la aplicación de la ley y los tiempos de que disponen los Gobiernos departamentales para elaborar los instrumentos está presentando algunas dificultades en la operatoria de MEVIR. Estas dificultades tienen que ver con que, en algunos casos, no se completaron procesos administrativos y ahí donde se generaron núcleos de vivienda y hay suelo fraccionado no está categorizado como urbano o como enclave suburbano de uso residencial. Y en definitiva MEVIR tiene también una importante cartera de tierras que fueron compradas o adquiridas de distintas formas, precisamente, para construir y prever programas de vivienda. Lo que se pretende con esta norma es habilitar a los Gobiernos departamentales, cada uno de los cuales ha generado distintas prioridades a la hora de elaborar sus instrumentos. Algunos, optaron por las directrices departamentales, mientras que otros, por planes locales, pero obviamente, cuando se opta por planes locales, en general, los Gobiernos priorizan las zonas donde tienen mayor concentración de población, quedando las pequeñas localidades en una postergada línea de actuación. Entonces, esta norma, sin afectar la autonomía municipal, habilita la generación de caminos para facilitar el aprovechamiento, siempre y cuando lo entiendan pertinente, de esta tierra apta que está en patrimonio de MEVIR.
SEÑOR BEROIS.- O sea que MEVIR está esperando que los Gobiernos departamentales realicen la categorización. Está supeditado a eso. Es decir que hasta tanto eso no se haga, MEVIR está parado. Entonces, me parece que convendría poner fecha a los Gobiernos departamentales. Claro está que aquí entran en juego las autonomías departamentales, pero es que esto va mucho más allá de las autonomías departamentales, ya que estamos trancando el avance de MEVIR con otros.
SEÑOR BELTRAME.- Básicamente, hay dos temas que importa precisar.
MEVIR no está trancado. Sí hay dificultades en el sentido de que hay opciones, enclaves, lugares particulares del territorio sobre los que nos interesa actuar y, en general, también a los Gobiernos departamentales. Y me parece que no hay dos visiones a la hora de decir que hay que actuar en respuesta a una demanda de la población del medio rural. Lo que hay son dificultades efectivas desde el punto de vista de la generación de los instrumentos, de las capacidades instaladas, que tienen los Gobiernos departamentales para elaborar esos planes, y eso sí nos está generando algunos problemas.
Esto se ha venido sorteando sobre la base de la compra de tierra ya categorizada, pero no se da en todos los casos, y en este sentido, la norma tiende a generar instrumentos facilitadores, con el acuerdo explícito de los Gobiernos departamentales a desarrollar. La prueba está; la Ley de Ordenamiento Territorial tiene una serie de años y ha habido avances dispares en los distintos Gobiernos departamentales. Y esto tiende a generar un instrumento que posibilite a los Gobiernos departamentales apurar el trámite con estos enclaves particulares donde actúa MEVIR.
SEÑOR SUBSECRETARIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE.- Esto se enlaza con la preocupación que el señor Diputado Berois tenía anteriormente con relación a la prórroga que otorgábamos a los Gobiernos departamentales. Esa situación queda subsanada si el Gobierno departamental hace bien los deberes y mañana ya tiene todos los instrumentos aprobados. En ese caso, no va a tener ningún tipo de inconveniente porque va a tener todo su territorio tipificado; podrá utilizar los instrumentos para aplicar en todas sus áreas.
Este elemento ayudaría a destrabar la situación con aquellos Gobiernos departamentales que están más atrasados y que, efectivamente, cumplirían su misión al momento o luego de la prórroga que estamos proponiendo en algún artículo anterior. Esto debe verse de una manera integral.
SEÑOR OTEGUI.- Parte de lo que quería saber lo acaba de contestar el señor Subsecretario.
Evidentemente, MEVIR no debe estar parado, sí obstaculizado, porque yo supongo que en el caso de que alguna situación de estas se dé y haya tierras que estén debidamente categorizadas o aprobadas, MEVIR deberá repriorizar el avance en construcción de vivienda a nivel nacional. ¿Es así?
SEÑOR BELTRAME.- Concretamente, nosotros hemos venido planteando y acordando con los distintos Gobiernos departamentales cuáles son las prioridades de trabajo. En líneas generales, es la forma de trabajo que venimos llevando a cabo con absolutamente todas las Intendencias, en la medida en que respondan a los criterios de población rural, pequeña localidad, enclave, que efectivamente tengan que ver con el motivo de creación de MEVIR. Eso implica realizar acuerdos. Lo que pasa es que muchas veces los Gobiernos departamentales, frente a otras prioridades, tienen dificultades para desarrollar esos instrumentos. Hace un rato conversábamos sobre el departamento de Rivera, donde el Gobierno municipal está desarrollando, definiendo planes locales, y hemos establecido acuerdos particulares para avanzar en la obtención de tierra sobre la base de predefiniciones y preacuerdos.
Obviamente que, aparte de las categorizaciones a realizar por cada uno de los Gobiernos departamentales en la totalidad de su territorio, hay tierra que en algún momento fue pensada estrictamente para construcción de viviendas de MEVIR y lo que busca este artículo es potenciar eso, siempre y cuando exista el acuerdo y la convicción de los gobiernos locales de esas necesidades de vivienda. Además, por supuesto que siempre estamos a la respuesta de una demanda efectiva de población con necesidades.
SEÑOR OTEGUI.- Lo tengo claro y este artículo me parece muy de recibo, como todo el articulado. La pregunta concreta era si hoy en MEVIR hay capacidad ociosa por esta situación.
SEÑOR BELTRAME.- Capacidad ociosa diría que no; el problema es que de repente no estamos priorizando al ciento por ciento lo que desearíamos priorizar y tenemos que trabajar limitadamente en algunos programas en función de la tierra que ya esté categorizada, a pesar de que puede haber más demanda en la localidad.
SEÑOR CHABALGOITY.- Quiero aclarar el sentido del "Facúltese a los Gobiernos Departamentales" en el contexto de la ley de ordenamiento. Todos ustedes saben que el artículo 30 de la ley de ordenamiento otorga competencia exclusiva a los Gobiernos departamentales para categorizar los suelos del departamento en el marco del proceso de elaboración de instrumentos. Con anterioridad a la ley de ordenamiento, era de uso corriente que los Gobiernos departamentales, independientemente de MEVIR, PIAI o INAVI, para cualquier tipo de actividad, utilizaran la facultad para categorizar suelos fuera de procesos de planificación. A partir de la ley, esta categorización debe realizarse en el marco de procesos planificadores, es decir, en el marco de elaboración de instrumentos. Por eso es que este artículo faculta a los Gobiernos departamentales a categorizar directamente, como urbano o suburbano, aquellos predios que con anterioridad a la ley de ordenamiento ya hubieran tenido un destino para la construcción de viviendas de MEVIR, no para lo que suceda a partir de junio de 2008 que fue cuando se sancionó la ley. Me parece importante señalar esto porque esa facultad se da justamente en el marco de la ley de ordenamiento territorial, y solamente para los terrenos de MEVIR.
SEÑOR PRESIDENTE.- Hemos finalizado el articulado que estaba en consideración.
Agradecemos la presencia de las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
(Se retiran de Sala la señora Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el señor Subsecretario y demás autoridades)
(Ingresan a Sala autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas)
—La Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, tiene el agrado de recibir a la delegación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas: a los señores Ministro y Subsecretario, señor Enrique Pintado e ingeniero Pablo Genta; al Director General de Secretaría, señor Pablo Ferrer; al Director Nacional de Vialidad, ingeniero Luis Lazo; a las asesoras, ingenieras Cristina Carlomagno y Gabriela Acosta; al Director Nacional de Hidrografía, ingeniero Jorge Camaño; al Director Nacional de Transporte, señor Felipe Martín; a la Directora General de Transporte por Carretera, ingeniera Eliana Embid; al Director Nacional de Topografía, ingeniero agrónomo Jorge Franco; al ingeniero agrimensor Humberto Curi, adscripto a esa Dirección; a la Directora Nacional de Planificación y Logística, ingeniera Beatriz Tabacco; al Director Nacional de Arquitectura, arquitecto Jorge Lima Valverde; al Coordinador del Área Metropolitana, señor Marcelo Fernández; al responsable de política social, maestro Andrés Tomasina; al Coordinador con las Juntas Departamentales, señor Julio Pérez; a la adscripta a la Dirección General de Secretaría, contadora María Titina Batista y a la señora Beatriz Clara, de la Secretaría del señor Ministro.
Por la OPP se encuentra presente la señora Laura González.
Para considerar el Inciso 10 de la Administración Central, "Ministerio de Transporte y Obras Públicas", que comprende los artículos 166 a 181, cedemos la palabra al señor Ministro Pintado.
SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.- Señor Presidente: es un gusto estar presentes en este ámbito. Estábamos convocados más temprano, pero sabemos que la Comisión ha trabajado duro en el día de hoy; por lo tanto, trataremos de ser lo más benevolentes que podamos, sin perder rigurosidad en el objeto por el cual venimos, que es rendir cuentas respecto a lo que hemos hecho en 2010 y a la ejecución presupuestal de ese año, así como plantear las modificaciones que proponemos para 2012.
Vamos a dividir nuestra intervención de la siguiente manera: plantearemos lo más sintéticamente posible lo que fue una ejecución presupuestal que a nosotros nos llena de orgullo por el nivel de ejecución alcanzado; hablaremos de los desafíos para 2012 y después pediremos al Director General de Secretaría que haga una breve fundamentación de los dieciséis artículos que proponemos para esta Rendición de Cuentas.
Para dar cuenta de los niveles de ejecución presupuestal de 2010, queremos referir al contexto económico en el que desarrollamos nuestra labor, que fue fundamentado aquí por el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que no vamos a ser demasiado extensos en esto. De todas formas, sí queremos remarcar que estamos viviendo un momento en el país donde hay un crecimiento del Producto Bruto Interno por encima del promedio regional y latinoamericano, lo que determina que estas buenas noticias para el Uruguay se planteen como desafíos para el Ministerio de la infraestructura, la logística y el transporte, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dado que nos vemos en el deber de dar satisfacción a demandas de la producción que se incrementan, así como del transporte de esa producción, al igual que en las terminales portuarias para el tránsito de mercancías que mueven las distintas agencias portuarias del Uruguay. Estamos hablando de que tenemos que dar satisfacción a un transporte de 20 millones de toneladas de producción anual y a un incremento en la demanda de transporte de pasajeros interna y externa, dado que ‑por suerte‑ desde el punto de vista del turismo, que consideramos una producción de servicios, también el Uruguay ha visto incrementado los tránsitos de visitantes y eso también es un desafío para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Además, nos tuvimos que manejar con los recursos tradicionales, dado que la Ley de Participación Público-Privada fue sancionada por el Parlamento hace no mucho tiempo. Este es un instrumento que será novedoso y muy importante en el Uruguay, pero recién lo tendremos disponible en el próximo ejercicio presupuestal, más allá de que estamos haciendo los máximos esfuerzos para utilizarlo cuanto antes.
También es cierto que el transporte de estas mercancías, las 20 millones de toneladas de producción, se concentra casi en forma dominante en el transporte por carretera, dada la situación del ferrocarril, que estamos intentando relanzar, y en el transporte de cabotaje, que también estamos impulsando, pero su desarrollo es muy incipiente y tiene que ver con algunas medidas ‑seguramente las habrá comentado en este ámbito el Ministerio de Industria, Energía y Minería‑ con relación al cluster naval y a la construcción de barcazas. La terminal del Puerto de La Paloma ‑hablaremos sobre eso en su momento‑ es parte de esa infraestructura que tenemos que dejar instalada para desarrollar ciertas navegaciones o, en este caso, el transporte de cabotaje.
Como recordarán, en la primera presentación que hicimos en oportunidad del tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto, dijimos que la misión del Ministerio tiene que ver con tres cuestiones claves: las políticas de transporte, la planificación y el desarrollo de la infraestructura, además de la conservación de la obra arquitectónica de dominio público, así como todas las acciones que generen mejores condiciones para el desarrollo personal y colectivo de los uruguayos. La visión que queremos instalar en el Uruguay es que estamos colaborando siendo fuertes contribuyentes de lo que es el desarrollo económico, que contribuimos a generar empleo como parte de ese desarrollo económico y que somos un factor de impulso de la actividad productiva y social, favoreciendo no solo la ocupación sino también la interconexión entre las poblaciones del país, de manera descentralizada y democrática, así como propiciando la participación ciudadana en cada uno de los eventos, tal como lo establecen algunos de los programas que estamos potenciando.
La idea es fomentar este desarrollo económico y social como país productivo, generando las condiciones necesarias para la instalación de esos emprendimientos y las inversiones necesarias para hacerlos realidad.
Todo esto lo resumimos en lo que es el elemento sustancial del diálogo político y social que estamos fomentando entre partidos políticos, sindicatos y Cámaras empresariales, que tuvo su primera instancia en Las Piedras no hace mucho tiempo y que continuará en el mes de agosto con un evento que tiene que ver con la generación de las condiciones necesarias para que en el año 2030 Uruguay concrete una de las dimensiones que creemos indispensable: la de ser un polo logístico regional, es decir, un gran centro de distribución de mercancías y de personas de la región al mundo y del mundo a la región. Esto implica la necesidad de multiplicar y de diversificar la oferta de servicios, exigiendo una mayor eficiencia en la orientación al usuario, ya no solo de transporte sino también de servicios logísticos propiamente dichos. |
Los ejes estratégicos que planteamos a esta Comisión tienen que ver con esa mirada 2030, con la necesidad de la participación privada en la inversión de infraestructura ‑a través de lo que se promulgó como ley de participación público-privada‑, con la ley marco de transporte y logística ‑que en breve vendrá al Parlamento‑, con la necesidad de mejorar y poner énfasis en el Sistema de Transporte Metropolitano ‑para el cual hemos tomado algunas medidas en 2010, que están fructificando‑, con la promoción del sistema multimodal de transporte ‑haciendo que el modo ferroviario para el transporte de cargas se relance‑, con el fomento del desarrollo del sistema nacional de puertos y las vías navegables, con la profesionalización del transporte carretero de cargas y con los instrumentos que se necesitan para que estas actividades se realicen de la mejor forma, a través del Sistema Público de Datos Espaciales.
También es parte de nuestros objetivos y funciones todo lo que hablamos de la planificación de la obra pública. En la última comparecencia, cuando discutimos el Presupuesto, dijimos que no iba a ser fácil, pero hemos avanzado bastante, así como en el desarrollo de la obra por convenio, tradicional en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que la hemos redefinido, mejorando su calidad de impacto social y fortaleciendo la participación de la gente, todo esto a través del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información.
Respecto a la Rendición de Cuentas propiamente dicha, en lo que tiene que ver con el desarrollo y mantenimiento de la Red Vial Nacional y departamental, durante el Ejercicio 2010 hemos culminado obras iniciadas en el Período anterior. Se continuó con el programa de mantenimiento por niveles de servicio contratado a través de licitaciones de la Dirección Nacional de Vialidad o de la Corporación Vial del Uruguay S.A., que compartimos con la Corporación Nacional para el Desarrollo ‑como ustedes saben, es una sociedad anónima de propiedad estatal‑, en la red concesionada y en el mantenimiento rutinario y extraordinario realizado por administración directa a través de las Regionales de nuestra Dirección de Vialidad. La propia Dirección de Vialidad desarrolló un programa de mantenimiento por administración directa a través de las diez Gerencias Regionales distribuidas en todo el país para un total de 4.900 kilómetros de la red, con una inversión total que suma US$ 28:000.000, e incluye dos terceras partes de mantenimiento mayor y un tercio de mantenimiento rutinario, contando los costos relativos al mantenimiento del parque de maquinaria, la adquisición de insumos y el acopio de materiales necesarios para la realización de las obras.
Se efectuaron tareas de mantenimiento por nivel de servicio para un total de aproximadamente 1.300 kilómetros de la Red Vial Nacional. Dentro de los contratos de rehabilitación y mantenimiento se atienden los accesos a Montevideo y prácticamente 200 kilómetros entre el fin de la concesión de la Ruta Nacional N°5 y Paso de los Toros. Se observa la ejecución permanente de contratos de mantenimiento rutinario en las Regionales 1, 3, 4, 6, 7 y 8 de Vialidad. Se han realizado obras de inversión por contratos, entre las que se destacan el comienzo de las obras de las Rutas Nacionales N°12 y N°13, en San José, el puente sobre el arroyo Yaguarí, de la Ruta Nacional N°27, en Rivera, las obras en la Ruta Nacional N°24, en Paysandú, y la Ruta Nacional N°55, en Río Negro, y el suministro de mezcla asfáltica para obras en la Regional 1, con una densidad de kilómetros importante.
Asimismo, se encuentra en ejecución la rehabilitación del tramo de Ruta Nacional N°12 entre las Rutas Nacionales N°51 y N°54, segundo proyecto piloto financiado en el marco del programa FOCEM, con una inversión total del orden de los US$ 4:900.000.
A través del contrato de concesión Ministerio de Transporte y Obras Públicas-Corporación Nacional para el Desarrollo, ejecutado a través de la CVU, durante 2010 se culminaron las obras de mejora de capacidad de la infraesctructura, fundamentalmente, en la interconexión este-oeste, tales como la Ruta Nacional N°101, entre la Ruta Nacional N°102 y Avenida de las Américas; esta obra comprendió la construcción de dos intercambiadores a desnivel, uno en el acceso a la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Carrasco, y el otro en la intersección de la Ruta Nacional N°101 y la Ruta Interbalnearia, donde coexisten tres niveles de circulación. Se culminó el proyecto de duplicación de la Ruta Interbalnearia en el tramo Giannatassio-Ruta Nacional N°101, con el fin de descongestionar el tránsito de la Avenida Giannatassio, que se ha convertido en una zona urbana. La obra consistió en la construcción de una ruta totalmente nueva al sur de la existente y la rehabilitación de la ruta existente, así como la iluminación de todo el tramo, con la instalación de 650 luminarias. Asimismo, dentro de esta concesión, en 2010 se han ejecutado obras de carreteras, puentes, mantenimiento y seguridad vial por un monto aproximado de US$ 59:000.000. Esto comprendió los siguientes proyectos: obras de rehabilitación y puesta a punto dentro de los contratos de mantenimiento por niveles de servicio por US$ 15:900.000; la eliminación de puentes angostos en corredores, destacándose la finalización del ensanche y refuerzo del puente sobre el arroyo Grande, que permitió habilitar el corredor de Ruta Nacional N°3 para las cargas del MERCOSUR; la adecuación de los puentes sobre los arroyos Sarandí, Retamosa, Pirarajá y Gutiérrez, en Ruta Nacional N° 8, y los puentes sobre los arroyos Los Padres, Descarnado, Pedrera y Pando.
Se realizó la licitación y se en cuentra en etapa de contratación la obra del puente sobre el río Santa Lucía, en la Ruta Nacional N°11. En el marco del acuerdo específico, ad referéndum del convenio Ministerio de Transporte y Obras Públicas-Corporación Nacional para el Desarrollo, con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento, por un monto de US$ 100:000.000, celebrado el 15 de junio de 2011, para la concreción de un programa de proyecto de construcción y/o mantenimiento de obras viales de infraestructura en la red prioritaria de rutas nacionales, en el marco de las medidas anticíclicas de la política económica, con la obligación de pago por parte del MTOP de un subsidio de US$ 14:000.000 anuales por un período de diez años, se iniciaron las referidas obras en el año 2009, continuando su ejecución en 2010, a cuyo cierre es posible observar el cumplimiento del 90% de la inversión prevista.
En el marco de la concesión de la Ruta Nacional N°5, se realizaron tareas de mantenimiento rutinario a lo largo del tramo total de la concesión, progresivamente desde el kilómetro 11,300 al kilómetro 69, y la finalización de los trabajos correspondientes al recapado del tramo empalme con Ruta Nacional N°11-río Santa Lucía-By Pass de Las Piedras, por un monto de US$ 4:000.000, incluyendo la adecuación de equipos electrónicos en el puesto de peaje.
Las obras reprogramadas en función del último acuerdo firmado, consideran, a lo largo de los próximos diez años de concesión, intervenciones en todos los tramos de la ruta concesionaria por un monto de US$ 18:900.000, además del mantenimiento rutinario previsto de aproximadamente US$ 850.000 anuales.
En el marco de la concesión de la Ruta Nacional N°8, tenemos la realización de tareas de mantenimiento rutinario a lo largo del tramo de concesión, desde el kilómetro 34,800 al 65,100, por un monto aproximado de US$ 1:000.000, destacándose la ejecución de 2.810 toneladas de mezcla asfáltica en puntos específicos de la ruta concesionada por tratarse de recapados obligatorios. Una vez finalizados los trámites expropiatorios, comenzó en el cierre del año la construcción del By Pass de la Ciudad de Pando, obra que se está realizando en estos momentos y que requiere una inversión de US$ 8:000.000. | También se ejecutaron obras para mejorar las condiciones de seguridad de la Red Vial Nacional ‑elemento que para nosotros es muy sensible‑, fundamentalmente a través de la señalización, iluminación de empalmes y tramos o puntos críticos. En esta materia se realizaron inversiones por un monto aproximado a los US$ 4:000.000, entre las que se destacan la demarcación horizontal por un monto de US$ 1:500.000, la señalización vial vertical por un monto de US$ 1:300.000 y obras de iluminación y mantenimiento de semáforos por US$ 1:200.000. En el marco del plan de seguridad vial, estas obras se conciben con ejecución continua, a efectos de brindar cobertura permanente a las mallas asignadas.
Hubo actuaciones en los pasajes de Rutas Nacionales por centros poblados, que incluyen obras tales como los reductores de velocidad tipo lomo de burro y sonorizadores acústicos, adecuación de señalización vertical y horizontal, y construcción de refugios peatonales. Se destacan actuaciones en centros poblados de las Rutas Nacionales N°99, en Balneario Solís, Nº10, en Playa Hermosa, y Nº7, en Tala, Fray Marcos, Cerro Chato, Tupambaé y Santa Clara de Olimar, y en Ruta Nacional N°8, en los accesos a Minas, en Ruta Nacional Nº101, en Barrio Aeroparque, y en Ruta Nacional Nº6, en accesos a San Gabriel y Capilla del Sauce.
Se ejecutaron obras de demarcación de pavimentos en tramos mantenidos por administración directa en aproximadamente mil kilómetros de la Red Vial, incluyendo las siguientes Rutas Nacionales N° 4, 6, 7, 9, 14, 17,18, 26, 35, 48, 49,52, 53, 56, 63, 64, 74,75,76, 87 al 90, 104 y 105.
Se continuó y reforzó el proceso de ajuste de la señalización vertical a la Norma Uruguaya de Señalización y de rehabilitación de estado de tramos, habiéndose readecuado unas nueve mil señales.
Se realizaron casi en su totalidad las obras para la iluminación de la Ruta Nacional Nº102, tramo Ruta Nº5-Ruta Nº8, y se colocaron los semáforos en sus once intersecciones principales. Se comenzaron las obras para la iluminación de las Rutas Nacionales Nº101, Nº75 y Nº5, en su pasaje por Florida y Sarandí Grande.
Se continúa con el plan de visitas a las escuelas ubicadas al borde de las rutas nacionales para suministrarles chalecos y carteles de señalización, así como para impartir charlas a los escolares respecto a la seguridad vial.
Se han identificado puntos de la red vial que presentan un alto porcentaje de accidentabilidad a los efectos de estudiar posibles soluciones al problema.
Está en marcha un plan piloto de seguridad en las obras, que abarca desde la compra de implementos de seguridad, la elaboración de un manual de colocación de señalización en las obras, hasta cursos a los obreros, capataces y maquinistas.
La Unidad Ambiental de la Dirección Nacional de Vialidad durante el año 2010 realizó inspecciones a las distintas obras a fin de que se cumpliera con los planes de gestión ambiental propuestos por la Dirección Nacional de Vialidad.
También continuamos con el Programa 008, de caminería departamental, y con el Plan Forestal, programas de cooperación con la rehabilitación y el mantenimiento de las redes viales departamentales, ejecutados conjuntamente con las Intendencias Municipales, alcanzando una longitud de 9.553 kilómetros, es decir, un 25% de la red de jurisdicción municipal no pavimentada, con una inversión de US$ 35:000.000 y US$7:300.000, respectivamente. Con fecha 25 de noviembre de 2010 renovamos los convenios con las Intendencias, en el marco del Plan de Caminería Forestal, que tiene por objeto la transferencia de los recursos no ejecutados por estas Intendencias en el presente Ejercicio para el pago de camiones, maquinaria, equipos viales y repuestos. Quiere decir que las Intendencias utilizaron el dinero que no pudieron ejecutar para el pago de la maquinaria que habían adquirido; esto fue a solicitud de las propias Intendencias.
Se planificó la inversión para el resto del quinquenio. Se continuó con un programa ya iniciado de inversión en instrumentos y recursos para mejorar la planificación y los proyectos a realizar, mediante el relevamiento de indicadores del estado de la Red Vial Nacional, conteos de tránsito, capacitación específica de los recursos humanos en tecnologías de punta, realización de convenios técnicos con instituciones líderes en temáticas estratégicas del sector, entre otras acciones.
Con respecto al sistema de transporte al servicio de la producción y la sociedad, como organismo rector de la política de transporte, desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se continuó impulsando, a través de inversiones y acciones concretas y/o de la adecuación normativa y regulatoria, el desarrollo y consolidación de un sistema de transporte que incorpore todos los modos disponibles y se transforme en el soporte del desarrollo productivo y social.
En lo que hace a la Dirección Nacional de Transporte, destacamos como principales logros del año 2010 tanto las acciones culminadas como las que se iniciaron, que podríamos resumir en lo siguiente. Hemos avanzado en la suscripción de un acuerdo para la constitución de un consorcio metropolitano de transporte junto con las Intendencias de Canelones, San José y Montevideo, que nos permita después tener una autoridad metropolitana y en el que converjan las distintas acciones, apuntando a una institución que sea el eje de la sinergia de una política de transporte para la porción más importante de población que tiene el Uruguay y que abarca toda el área metropolitana.
Asimismo, se elaboró un proyecto para la creación de un Fondo de Financiamiento del Transporte, un Fideicomiso, para el transporte suburbano. Esto se ha transformado en un proyecto de ley que en breve vendrá al Parlamento.
Por otra parte, en 2010 se mantuvo el subsidio a boletos de estudiante, obviamente, no con los fondos que se ejecutaron para el año 2011, sino en su modalidad anterior. De manera que se mantuvo la gratuidad del boleto para estudiantes del Primer Ciclo de Enseñanza Secundaria, Escuelas Técnicas y Rurales. Esto beneficia a más de veinte mil alumnos.
También trasladamos ochocientos cincuenta y una personas en forma gratuita desde el interior del país, en convenio con el BPS, para que se realicen las intervenciones en el Hospital de Ojos, siempre que estén situados a más de doscientos cincuenta kilómetros de Montevideo.
Asimismo, modificamos el contrato de Fideicomiso entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Corporación Nacional para el Desarrollo y ANCAP, extendiendo a ocho años su plazo de vigencia, hasta el mes de octubre del año 2014. Esto significa que las empresas de transporte podrán seguir contando con este Fideicomiso como garantía para la renovación de flota que se sigue exigiendo.
También se reglamentó un incentivo al menor consumo de combustible de los beneficiarios del Fideicomiso del Boleto, por resolución ministerial de febrero y de octubre de 2010.
Se completó la incorporación del hardware ‑máquinas expedidoras y posicionamiento geográfico satelital, GPS‑ en todos los vehículos de empresas que prestan servicios suburbanos. Esto se hizo en conjunto con la Dirección Nacional de Topografía, que definió las coordenadas geo-referenciales digitalmente, identificando los puntos relevantes en el recorrido de cada servicio suburbano ‑terminales, cinco mil paradas y puntos de control, etcétera‑, que fueron incorporados a la base de datos del Sistema de Transporte Metropolitano.
Se avanzó, y se encuentra próximo a concluir el acondicionamiento del espacio físico a destinar al Centro de Monitoreo Satelital. Esto fue en el año 2010; ya hemos avanzado mucho más.
Se hizo un seguimiento y control del cumplimiento del plan de renovación gradual y permanente de flota en el transporte público de pasajeros, de acuerdo con lo pautado por el Decreto N°218/006, del año 2006, habiéndose alcanzado en 2010 un recambio de doscientas unidades en todas las categorías de servicios. | Se aprobó el Decreto Nº 103/2010, de 24 de marzo de ese año, en el que se estableció el Reglamento de Infracciones y Sanciones del Transporte Público de Pasajeros.
Se realizó un llamado a expresiones de interés para cubrir, mediante autorización precaria, entre el 20 de diciembre de 2010 y el 13 de diciembre de 2012, la línea Piriápolis-La Pedrera por José Ignacio. Esta línea tuvo un éxito no solo turístico, sino que sirvió para el traslado de los trabajadores en la temporada turística
Se llamó a una nueva licitación y se adjudicó la explotación de la línea Montevideo-San Gregorio de Polanco, en Tacuarembó. Se reforzaron los servicios de la Costa de Oro por el corredor Interbalnearia, tanto servicios directos como semi-directos a Remanso de Neptunia y Parque del Plata para la temporada de verano. Se ampliaron turnos a Artigas, Melo, Treinta y Tres, Maldonado, a Chuy por Aiguá y Lascano, y se aprobó la realización de dos turnos diarios desde Montevideo a La Charqueada. Se coordinó la restauración de las líneas internacionales que utilizan el Puente Internacional General San Martín. Se restableció la línea fronteriza Gualeguaychú-Fray Bentos.
Se autorizó la operación de una nueva empresa paraguaya de transporte y turismo en la línea Montevideo-Asunción.
Se apoyó la realización de cursos de formación continua de conductores profesionales de cargas y pasajeros, que en varios casos se realizaron en el interior del país, totalizando más de trescientos cursos en el año.
Se dictó el Decreto Nº 206/2010, de 5 de julio de ese año, que aprueba Reglamento Nacional de uso de cinturón de seguridad en vehículos automotores. Coordinadamente con la UNASEV se trabajó en la elaboración de un Proyecto de Reglamento sobre Circulación de Maquinaria Agrícola por rutas nacionales. En el marco del tercer Convenio adicional firmado con SUCTA SA, culminó la construcción y se habilitó en el presente año la tercera línea de control en la Planta fija ubicada en el kilómetro 16 de la nueva Ruta Nacional Nº5.
En el marco del Contrato de la Dirección Nacional de Transporte con el LATU se continuó trabajando a efectos de adecuar el sistema de gestión de calidad del Laboratorio de Pesaje de la Dirección Nacional de Transporte a las exigencias de la norma ISO/IEC 17025, y solicitar la acreditación al Organismo Uruguayo de Acreditación.
E n el marco del Convenio adicional firmado con CIEMSA el 12 de agosto de 2008, se concluyeron las obras de construcción de las Estaciones de Pesaje: Dolores, Ruta Nacional N°21, kilómetro 323,000; Nuevo Berlín, Ruta Nacional N°24, kilómetro 19,100; Arrayanes, Ruta Nacional N°2, kilómetro 284,800. Todas las Estaciones se encuentran operativas y certificadas por el LATU. Asimismo, en las estaciones fijas se encuentra operativo un sistema de control adicional sobre la base de circuito cerrado de televisión.
Se implementó un software integral de control y gestión de las actividades de pesaje, medición de vehículos y control de la documentación, permitiendo la interacción entre la base de datos de la DNT, SUCTA y la empresa CIEMSA.
Se continuó con el desarrollo del nuevo sistema informático, el cual tiene como objetivo principal lograr un Sistema Integrado de Gestión y Manejo de Información para la organización y una Base de Datos corporativa integrada que permita una mayor eficacia y eficiencia desde el punto de vista de la disponibilidad, confiabilidad y tiempos de procesamiento de la información, además de la autoconsulta de empresas de transporte de cargas y pasajeros a los efectos de que las mismas empresas, con la obtención de una clave de usuario otorgada por la Dirección Nacional de Transporte, puedan disponer de su propia información a través del sitio web, sin necesidad de trasladarse a las oficinas. Se adquirieron equipos de última generación, con lo cual se logró avanzar sustancialmente en el proyecto de modernización y estandarización del parque informático actual, elevando la capacidad de trabajo por puesto y por usuario en forma sensible.
Se siguió con el proceso de adecuación organizativa de diferentes unidades y áreas de la Dirección Nacional de Transporte, con el objetivo de avanzar en una mejor y más eficaz atención a los usuarios y en la facilitación y agilización del procesamiento de trámites. En particular, con relación al Centro Integral de Registro y Habilitación de Empresas, se postuló y fue seleccionado para participar en la segunda edición del Premio a la Calidad en la Atención a la Ciudadanía, que coordina la OPP, oportunidad en la que obtuvo un nivel 4 de un máximo de 5.
Desde el mes de agosto de 2010, está funcionando en todas las oficinas Regionales de la DNT el nuevo sistema de Gestión de Datos, cuyo objetivo es facilitar la tramitación de los registros, cédulas de identificación de los vehículos, permiso nacional de circulación, permisos especiales de carga que se otorgan cuando debe transportarse una carga o vehículo especial. El sistema brinda mayor transparencia, garantías y uniformidad a dichos trámites.
Se culminaron las obras para instalar una oficina regional en la ciudad de San Carlos, así como otros puestos regionales y sub‑ regionales de control fronterizo en Paysandú, Frany Bentos, Tacuarembó, Río Branco, Rivera y San Carlos.
En el ámbito del transporte aéreo, a través de la Dirección General de Transporte Aéreo, se trabajó en la consolidación de la política nacional aero-comercial, coordinando acciones con los diferentes organismos involucrados tanto en lo nacional como en lo internacional. Se continuó con la aplicación del Plan Experimental en Punta del Este de apertura de los derechos de tráfico para todo el año, lo cual incentivó e incentiva la llegada de turistas.
A nivel internacional se participó de las reuniones periódicas del Subgrupo de Trabajo N°5 del MERCOSUR, ámbito de negociación permanente relativo a los modos terrestre y fluvial. Se registraron importantes avances y aprobación de diversas resoluciones pendientes relativas al transporte de pasajeros y de cargas. Asimismo, se participó en distintas Reuniones de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre, que se llama Comisión del Artículo 16. También se participó en dos reuniones de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay ‑ Paraná.
Se participó en las negociaciones que culminaron en la firma, por parte de los Presidentes de Uruguay y de Brasil, del Acuerdo sobre Transporte Fluvial y Lacustre en la Hidrovía Uruguay ‑ Brasil, más comúnmente denominado “Hidrovía Uruguay-Brasil”, que implicará para nosotros un desafío muy importante.
En cuanto a la logística y la planificación continuamos con todo el proceso de institucionalizción y fortalecimiento de la Dirección Nacional de Planificación y Logística. Se trabajó intensamente en los distintos estudios para la estrategia de rehabilitación del modo ferroviario.
Pasamos a referir a las conclusiones que sacamos para el relanzamiento de este modo de transporte. Se tuvo una fuerte iniciativa en todo este diálogo político y social para establecer las bases de un acuerdo de Estado político y social respecto al Uruguay logístico de 2030, y se estuvieron realizando y se continúan haciendo estudios de competitividad del puerto de Montevideo y el análisis de carga a los usuarios, lo mismo que el estudio de demanda de transporte de cargas para anticiparnos a los hechos que vendrán, para no estar siempre corriendo detrás de los acontecimientos.
La Dirección participó en lo que fue después la firma del Convenio Marco entre la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Administración Nacional de Puertos para lo que son todas las intervenciones sobre la bahía de Montevideo y zonas de influencia. También participa activamente en lo que es el análisis de las iniciativas privadas que llegan al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Con respecto a las vías navegables, obras hidráulicas y de infraestructuras portuarias que están bajo la jurisdicción de la Dirección Nacional de Hidrografía, el Ministerio ha desarrollado la planificación y ejecución de obras de apertura y mantenimiento del dragado de las vías navegables, obras hidráulicas para regulación hídrica y protección de las riberas y costas. Asimismo, ejecuta, mediante licitación pública, las obras necesarias para el mantenimiento, ampliación y construcción de puertos.
En el Ejercicio 2010 se vio afectada por un arrastre significativo de obras que se realizaron en el 2009, y el proceso de certificación correspondiente a ese año es del orden de US$12:000.000, a lo que se sumó una inversión del orden de US$10:000.000 más, correspondientes al Ejercicio 2010. Durante 2010 los puertos deportivos recaudaron, por conceptos de amarras y servicios a los nautas, una cifra superior a los US$ 6:000.000 que se volcaron a rentas generales. A estos importes, del punto de vista de las divisas que se generan al país, debe sumarse que los tripulantes de las embarcaciones deportivas, según estimaciones propias basadas en datos del Ministerio de Turismo y Deporte, realizan gastos del orden de los US$ 37:000.000 anuales, más el gasto turístico en Punta del Este de los pasajeros de cruceros del orden de los US$ 10:000.000 al año. Además, se licitó la construcción y explotación de los servicios comerciales terrestres del puerto de Punta del Este, a ejecutarse durante 2011, que va a significar una inversión privada de US$ 3:000.000 y un ingreso anual para el Estado de US$ 220.000 por canon, mientras dure el contrato.
Durante 2010 nos concentramos en la identificación de proyectos de interés nacional hacia los cuales puedan ser canalizadas inversiones privadas. En tal sentido, ya se cuenta con propuestas para el desarrollo de la zona del puerto del Buceo; se está explorando, con la Corporación Nacional para el Desarrollo, una posible concesión de las áreas terrestres del puerto Sauce, en Juan Lacaze para el desarrollo de actividades de reparación y mantenimiento náutico y está en trámite un acuerdo con privados para la reconstrucción parcial de muelles en el puerto de La Paloma, en el marco de las normas vigentes.
Entre sus atribuciones y cometidos legales la Dirección Nacional de Hidrografía tiene la concesión de los álveos públicos para la ejecución de obras portuarias y la autoridad técnica y administrativa para tramitar la aprobación de los proyectos de ingeniería que se presenten con tales fines. Existe a la fecha una cartera de proyectos presentados, con distintos niveles de concreción, que superan los US$ 1.000:000.000. Entre estos proyectos se cuentan: una instalación especializada en mineral de hierro en el departamento de Rocha, un puerto especializado en celulosa en Punta Pereyra, en Conchillas, que es la obra de Montes del Plata, una instalación portuaria para la recepción de minerales cerca de La Agraciada y dos proyectos de puertos privados en la zona de la Laguna Merín, uno en la Charqueada sobre el río Cebollatí y otro en la desembocadura del río Tacuarí.
Las principales obras iniciadas o concluidas durante 2010 son: espigón de cierre para viabilizar operación de muelles comerciales en el puerto de La Paloma, obra finalizada e inaugurada el 1° de diciembre de 2010 con la presencia del señor Presidente de la República; aprobación, en la misma fecha, del proyecto ejecutivo y comienzo de las obras de reconstrucción de 80 metros lineales del Muelle 2, que tiene una longitud total de 180 metros; finalización de 180 metros de muelle con servicios para las embarcaciones, reparación de muros de ribera y construcción de 600 metros de rambla y paseo público en el recinto portuario, del puerto Sauce de Juan Lacaze, obras inauguradas el 23 de diciembre de 2010; en el puerto de Punta del Este se continuó con las obras de reparación estructural del muelle de escollera, el muelle oficial y las marinas 1 y 2, obra a continuar durante 2011 y también se realizó la reparación de la rampa de botar y varar embarcaciones y se dio principio a la reconstrucción de los muros de ribera; en el puerto de Yates de Colonia se hizo la remodelación de áreas terrestres, la construcción de baños y servicios e incorporación de la casa expropiada a las oficinas y servicios a los usuarios; en el puerto de Piriápolis se realizaron tareas de mantenimiento extraordinario para el travel-lift; en el atracadero Las Cañas se recimentó y reconstruyó la superficie del muelle.
Otro punto a destacar tiene que ver con la Dirección Nacional de Arquitectura en cuanto a la construcción y mantenimiento de la obra pública. La Dirección Nacional de Arquitectura es la encargada de ejecutar las obras de construcción, ampliación, remodelación y mantenimiento de las instalaciones edilicias públicas pertenecientes a los distintos organismos del Estado. Esto se realiza mediante la utilización de recursos humanos propios y contratados, mediante la aplicación de los créditos presupuestales asignados para los rubros señalados a los diferentes Incisos, Entes y Servicios Descentralizados del Estado. Quiere decir que la Dirección Nacional de Arquitectura no ejecuta obras con presupuesto propio, salvo las que corresponde al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, o sea que operamos como una gran empresa constructora contratada por el propio Estado, ya sea para realizar obras con obreros propios o contratar a otros.
Durante el ejercicio 2010 se iniciaron o culminaron obras sobre la base de los acuerdos realizados con otras instituciones estatales. Estas obras son: readecuación y mantenimiento de Hogares INAU de Durazno, El Carmen, Sarandí del Yí, Tacuarembó, Rocha y Rivera; asesoramiento y proyectos en INAU para los CAIF TIPO en San José, Florida y Young, para el Ministerio de Salud Pública en CECAP de Colonia, para el Ministerio de Defensa Nacional en el Panteón de la Armada Nacional, para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el local de INDA en Montevideo; reciclaje del edificio de seguridad de 13 celdas y servicios, con destino al alojamiento de menores infractores ‑1era. y 2º etapa entregada‑ en el Hogar Ser de la Colonia Berro; obras de readecuación, recuperación y mantenimiento en Biblioteca Nacional, la Casa de Pérez, la Casa Quinta Vaz Ferreira, el Palacio Taranco, la Casa de Alicia en Colonia, el espacio de arte contemporáneo, la Escuela Rural Nº 102 en Costas de Cañas, la Escuela Rural Nº 42 en Cuchilla Laureles; asesoramiento y Proyectos para Ministerio de Educación y Cultura en el Museo Casa de Lavalleja y el Registro Civil, Comisión del Patrimonio, Teatro Español de Durazno, Fundación Zelmar Michelini y la Biblioteca Nacional; obras diversas de reparación, reciclaje y mantenimiento de Oficinas del Banco de Previsión Social en Pando, Batlle y Ordóñez, Sede Montevideo, Castillos, Cebollatí, Salto, San José, Vergara, Tacuarembó, Treinta y Tres; obras de ampliación y mantenimiento de Oficinas Regionales de la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en Durazno, San Carlos, Paysandú, Río Negro; restauración de fachadas de la Junta Departamental de Montevideo; restitución de cubiertas en galpones del INDA en Montevideo; restauraciones y mantenimientos varios en INAU sede administrativa, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Nacional del Servicio Civil, Presidencia de la República y Sistema Nacional de Emergencia; construcción del Tambo Anchorena en la Estancia Presidencial Anchorena; obras de acondicionamiento y construcciones varias en LATU, OIT, Laboratorio Rubino y balanza de Silos en Paysandú para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y construcción de nueva sala de emergencia del Hospital Policial para el Ministerio del Interior; y elaboración de proyecto, licitación e inicio de obras del Area de Control Integrado de Artigas para la Dirección de Pasos de Frontera del Ministerio de Defensa Nacional.
La administración y planificación de las obras públicas en el territorio están a cargo de la Dirección Nacional de Topografía que tiene a su cargo la información catastral de todo el territorio nacional. La misma se mantiene actualizada y está disponible para diferentes usos y, fundamentalmente, para la planificación de las intervenciones y obras que se realizan sobre el territorio. Dicha información, ordenada y sistematizada se está incluyendo en una base de datos georreferenciada que será accesible vía Internet, lo cual constituirá una formidable herramienta para el desarrollo de proyectos y valor fundamental para la Infraestructura de Datos Espaciales.
Por su parte, a través de la asignación presupuestal correspondiente, la Dirección Nacional de Topografía realiza las expropiaciones de padrones propiedad de privados, que resultan necesarios para ejecutar las obras públicas del estado.
Las acciones desarrolladas durante el año 2010 se centraron en la planificación y programación de la puesta en funcionamiento de la Infraestructura de Datos Espaciales y la administración y conservación de los planos de mensura para su disposición a través de Internet. Asimismo, se brindó apoyo a diversos emprendimientos y planes impulsados por el Gobierno y se concretaron expropiaciones para la realización de obras de infraestructura.
Fruto de diversos estudios topográficos y de las necesidades definidas por las obras de infraestructura proyectadas, se realizaron expropiaciones para el By Pass de Pando, la culminación de los accesos a la Ruta Interbalnearia y del Colector Vial Perimetral, el puente sobre arroyo Yucutujá en Ruta Nº 30, puente sobre Rio Santa Lucia en la Ruta Nº 11 y los trabajos previos de mensura y valuaciones en proyectos de desvío de tránsito pesado en Nueva Palmira, Carmelo y Ruta Nº 55.
Durante 2010 se procesaron más de 4.000 planos de mensura, inscriptos en la Dirección Nacional de Catastro, en el marco del proyecto financiado por AGESIC y participación de la IMM. Se atendieron de más de 40.000 usuarios en el Archivo Gráfico, que solicitaron copias de planos, realizaron consultas, en forma directa en ventanilla o por Internet.
Se avanzó en la georreferenciación de rutas y caminos nacionales y departamentales en el marco del proyecto financiado por UNA-ONU y con la colaboración del Servicio Geográfico Militar y de la Dirección Nacional de Vialidad.
Hubo participación en el Consejo Asesor Honorario de los Sistemas de Información Geográfica, órgano que rige todo lo relacionado con la información geográfica y que funciona en el marco de AGESIC. Formulación del proyecto NODO PERIFÉRICO y coordinación con Intendencias y con la Dirección Nacional de Vialidad.
Se desarrollaron actividades de difusión como la Muestra de Planos Históricos en el Día del Patrimonio, la confección del Libro “Historia Medida de un Rico Patrimonio” y la publicación en el Hall del edificio sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de la imagen satelital de Uruguay. Se comenzaron los trabajos de georreferenciación del Camino del Éxodo del Pueblo Oriental, en el que además participan integrantes de la Dirección Nacional de Vialidad, Arquitectura, Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación e Ingeniería.
En relación con la emergencia habitacional y la educación, se ha apoyado al Plan Juntos y al Programa “Gol al Futuro”, en tareas relacionadas con la Agrimensura, y se proyectó la creación de un sistema de información geográfico educativo, como apoyo al Plan Ceibal, a partir de la información geográfica generada por la Dirección Nacional de Topografía.
Por último, me referiré a lo atinente a Gestión, Administración y Política de Convenios. La Dirección General de Secretaría del Ministerio es la encargada de administrar y gestionar los recursos humanos, económico financieros y materiales de todo el Inciso, lo cual facilita y hace posible mediante la coordinación entre las diferentes Unidades Ejecutoras el éxito en la implementación de los diferentes proyectos y programas. Asimismo, la Dirección General de Secretaría participa directamente en diferentes ámbitos interministeriales y grupos de trabajo ad hoc, creados para avanzar hacia la consolidación de políticas de Estado en áreas estratégicas.
En 2010 la Dirección General de Secretaría estuvo abocada a la coordinación de todas las áreas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la formulación de la propuesta presupuestal, a la coordinación con diferentes Incisos en el marco de las actividades de la OPP relativas a la coordinación de políticas con los Gobiernos Departamentales, así como a la definición de procesos internos relacionados con los procesos de mejora y fortalecimiento institucional en el marco de la reforma de la Administración Central promovidos por el Gobierno Nacional, y entre otras acciones se destacan: la continuidad de tareas de capacitación permanente de los funcionarios, tanto en forma directa, como a través de convenios con otras instituciones o la participación en cursos y seminarios externos de alto interés; la implantación del Sistema de Gestión Humana, hasta los niveles de avance que este ha desarrollado; la realización y culminación de los procesos de concursos relativos a la regularización presupuestal iniciada en el período anterior; la elaboración de un Plan Director de Desarrollo Informático del Inciso que contempla las diferentes necesidades de las Unidades Ejecutoras; la instrumentación de procesos relativos a la planificación de salidas al interior y realización de horas extra por parte de los funcionarios; el desarrollo continuo del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas en el marco de las nuevas disposiciones reglamentarias adoptadas, su modernización e informatización.
Hemos avanzado también en un marco de preacuerdo para la conformación del ámbito de negociación colectiva a nivel del Inciso con la Coordinadora de Sindicatos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que reúne a siete agremiaciones, que son las más representativas de los funcionarios del Ministerio.
Se continuó con la ejecución de 169 Obras por Convenio iniciadas en ejercicios anteriores y se firmaron 31 nuevos convenios por un monto total de 2.9 millones de dólares con un aporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de US$ 1:400.000. Se realizó en el año 2010 una inversión total de aproximadamente US$ 5:000.000 por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y una suma equivalente por parte de las contrapartes.
Se efectuó una reestructura del Programa de Obras por Convenio a implementarse a partir de 2011, mediante la cual las obras de infraestructura comunitaria se seleccionarán a partir de la convocatoria pública en función del impacto social de las mismas teniendo en cuenta su distribución territorial, y se pasó a coordinar con el Ministerio de Turismo y Deporte previo a la aprobación de las obras vinculadas a infraestructura deportiva. En la primer convocatoria efectuada hasta el 15 de diciembre de 2010 se presentaron 110 instituciones, de las cuales 37 fueron seleccionadas para recibir el apoyo del Ministerio.
Asimismo, se incorporan dos componentes nuevos: la realización de obras en todos los municipios que serán seleccionadas en marcos participativos, a partir de convenios a firmarse con las Intendencias Departamentales y la realización de obras a partir de un concurso de ideas para proyectos destinados a favorecer la permanencia de los jóvenes en su lugar de origen, el que se está coordinando con el Instituto Nacional de la Juventud.
Se ha profundizado el control de las obras, tanto en su ejecución, como en el cumplimiento de las contraprestaciones que, fundamentalmente en el caso de las instituciones deportivas, las contrapartes deben volcar a la sociedad, mejorándose la definición de las mismas.
También se realizaron obras de mantenimiento y mejoras en las Colonias Vacacionales destinadas a los funcionarios del MTOP, con los recursos aportados por los propios funcionarios que hacen uso de las mismas y se definió un nuevo modelo de gestión.
Antes de entrar a la parte final de mi exposición, quiero decir que con mucho orgullo hemos ejecutado el ciento por ciento de los recursos que disponía el Ministerio para las inversiones, no así para los gastos de funcionamiento. Por eso, en la hoja del Ministerio de Economía y Finanzas podrán ver que no llegamos al ciento por ciento de la ejecución del presupuesto general. No estamos orgullosos de no haber ejecutado el ciento por ciento de los gastos de funcionamiento, más allá que siempre es bueno ahorrarlos. Hemos ahorrado en cantidad de gente contratada, en sueldos y algunas cuestiones más.
Quiero aclarar porque en las informaciones de prensa no se aclara que nuestro Ministerio tiene dos parámetros diferentes: el crédito presupuestal y el tope de ejecución. Estoy diciendo algo que la Comisión sabe, pero como los periodistas van a tomar la versión taquigráfica, es bueno que también lo sepan. Nosotros tenemos lo que yo llamo el techo y el cielorraso. El techo es el crédito presupuestal y el cielorraso es el tope de ejecución. Por lo tanto, la referencia que tomamos es relativa al tope de ejecución, que es lo que nosotros podemos gastar, lo que la economía, los recursos que esta genera permite que utilicemos.
En 2010, nuestro tope de ejecución se vio incrementado en un 37%; por lo tanto el 100% del que partimos, culminó siendo un 137%. Lo que nosotros ejecutamos en un 100% es el 135% tomando como base 100 el primer día del tope definido para 2010. Estamos hablando de una ejecución de $ 4.556:359.344 en todo el ejercicio. Esto es para nosotros un dato muy relevante y satisfactorio, que no tiene que ver con la jerarquía del Ministerio, sino con los funcionarios que tenemos y con el empeño que ponen para hacer su tarea, independientemente de las condiciones salariales en las que trabajan ‑que no son las que nosotros hubiéramos deseado, más allá de que han mejorado sustancialmente‑ y de las presiones que el mercado ejerce sobre determinadas profesiones, sobre algunos técnicos y, dentro de los profesionales, particularmente, sobre los ingenieros.
|| Emprendimientos como Montes del Plata y otros que se vienen presionan fuertemente sobre nuestros recursos humanos, obviamente ofreciendo salarios que son sensiblemente superiores a los que ofrece el sector público, lo que provoca una migración. Por suerte tenemos un sistema de libertad, en el que la gente puede trabajar donde mejor crea y progrese, pero no deja de generarnos una fuga de recursos sobre los cuales estamos prestando atención y dialogando dentro del Poder Ejecutivo, para ver cuáles son las posibles vías de solución para evitarlo.
En ese contexto, porque el crecimiento y desarrollo también generan una presión sobre los recursos humanos que tienden a emigrar buscando mejores salarios, este Ministerio ‑sus funcionarios: lo digo con mucho orgullo‑ ha logrado que la ejecución presupuestal de las inversiones fuera del ciento por ciento.
Tenemos desafíos para el año 2012 que tienen que ver con la planificación y la proyección de esta demanda de transporte de un país que crece y que nos está interpelando, lo que implica un análisis fuerte de la infraestructura de los servicios que disponemos y los que hay que crear. Además está presente la necesidad de continuar el camino que hemos iniciado de coordinación con las Intendencias Departamentales que para nosotros son fundamentales en el desarrollo de la infraestructura de Uruguay; inclusive, estamos ensayando una modalidad que implica de manera gradual, constante y a mediano plazo, el cambio de estándar de las carreteras y caminos departamentales, así como también el Plan Estratégico Uruguayo 2030 que para nosotros es muy caro. Es una política de Estado en la que todos los partidos, y ahora sindicatos y empresarios, van a coincidir, porque es una demanda nacional. Lo habíamos hablado cuando discutimos el Presupuesto Nacional. Se vienen acontecimientos deportivos en la región y nos quedamos cortos, porque calculamos 2014 y 2016 Copa del Mundo y Olimpíadas en Brasil, pero en 2013 está la Copa de las Confederaciones y en 2015 la Copa América; son cuatro años de acontecimientos deportivos que van a tener a Brasil, nuestro vecino más grande, como centro. Tenemos que estar preparados para un gran tránsito de personas. Nuestros hermanos argentinos y chilenos tienen que pasar por aquí para concurrir a esos eventos.
El domingo los argentinos estuvieron interpelados porque recibieron más de treinta mil uruguayos de un día para el otro. Y esta es una enseñanza para nosotros y tenemos que prepararnos para acontecimientos explosivos de este tipo.
Obviamente, tenemos que continuar con el Plan de Recuperación y Conservación del Patrimonio Edilicio Público. Seguimos con el objetivo estratégico de que nuestro cuerpo de obreros sea de elite para el mantenimiento y conservación de edificios de patrimonio histórico.
Con algunos jerarcas del Parlamento estamos gestionando la llegada de artesanos obreros checos que viven de la restauración de edificios patrimoniales de toda Europa, para que nos den sus enseñanzas a fin de mantener este Palacio Legislativo, que es un patrimonio de la humanidad, y para instruir ‑por qué no‑ si pudiéramos llegar a un acuerdo, a nuestros propios obreros para la conservación de un rico patrimonio edilicio que tiene el Uruguay.
Tenemos que seguir mejorando, definiendo para cada caso en el plan de obras sin enamorarnos de ningún instrumento específico, sino de la eficiencia y de lo que primero dé como resultado en obras. Obviamente de acuerdo con los recursos disponibles, se deberá realizar la selección de los instrumentos para las obras viables, ya sea por administración, contratación, concesión o participación público privada. Por supuesto, todo esto se hará de acuerdo con las prioridades. Nosotros seguimos adjudicando una importancia central a todo lo que es accesibilidad, puertos y corredores internacionales, desvío de tránsito pesado en los centros poblados y obras de seguridad vial. Más allá de que la indisciplina que tienen los uruguayos en la conducción de vehículos ‑que lamentablemente nos lleva la vida de los jóvenes‑ es el principal factor de la accidentalidad en carreteras, eso no nos hace descansar para tratar de ver cómo podemos reducirlo. De igual modo apoyamos a la infraestructura departamental.
Vamos a continuar en la definición del esquema institucional del área metropolitana, de su sistema de transporte y su profundización. Estamos trabajando para poner en funcionamiento pleno en el año 2012 el Centro de Monitoreo Satelital que se está iniciando, al igual que para la complementación modal entre el ferrocarril y otros modos de transporte.
En lo interdepartamental y regional trabajamos para la incorporación de las máquinas de GPS y de tecnología, en la ampliación de beneficios a los usuarios y en el perfeccionamiento en los controles.
En el transporte de carga por carreteras la trazabilidad es uno de los objetivos de 2012, así como también todo el sistema de monitoreo y seguimiento, estableciendo la guía de carga electrónica ‑que es un instrumento fundamental‑, la coordinación de los sistemas de control operativo, la reglamentación y aplicación de normas vigentes a pesos y uso de las redes viales. Se fomenta el profesionalis, en conjunto con las organizaciones que nuclean a los transportistas de carga. Es una preocupación que, por suerte, compartimos con los transportistas, así como el fomento a la renovación de flota e incorporación de tecnología.
En el Sistema Nacional de Puertos está previsto para Montevideo la ampliación de la oferta portuaria, la Terminal Pesquera Nacional Inte rnacional de Puerto de Capurro, la ampliación de las áreas de acopio con la construcción del Muelle C, la terminación del acceso norte, el Sistema Integral de Accesos, el desarrollo de la Terminal Logí stica de Punta de Sayago. También queremos seguir desarrollando el Puerto de Juan Lacaze, perteneciente a la ANP, así como también el Puerto de Paysandú, Salto y Fray Bentos. En el de Nueva Palmira prevemos la construcción de muelles de aguas abajo para barcazas, mejorar su equipamiento, sus accesos viales y ferroviarios. Ya hicimos un llamado. Esperamos tener pronto para el año 2012 la playa de espera de camiones.
Otro desafío que tenemos es el desarrollo del Puerto Seco de Rivera. Se trata de una iniciativa, que puede ser una novedad, de un trabajo conjunto entre la Dirección Nacional de Aduanas, la Administración Nacional de Puertos, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, AFE y la Intendencia de Rivera. Allí podemos tener la posibilidad de realizar un emprendimiento de sociedad público-público o público-privado. Esto es algo que tenemos que ensayar. Propiciamos el desarrollo de este puerto multipropósito de La Paloma con sus áreas bien definidas, donde para la madera solo vamos a ocupar una hectárea de las que tiene. Podemos verla representada en las columnas de la gráfica por rolos de madera, que van a estar acopiados para que en el verano no circulen camiones con madera.
En el área comercial pueden ver un barco, que es el que va a venir una vez a la semana por un par de días, que va a cargar cinco mil toneladas de madera para desarrollar un transporte de cabotaje entre La Paloma y Fray Bentos, a fin de abastecer a la planta de UPM.
Estamos avanzados en las negociaciones con una empresa internacional que se dedicaría a la pesca y utilizaría el puerto de La Paloma, y ya tenemos construida y estamos fomentando el desarrollo del área turística de ese puerto.
Seguimos en el estudio de la viabilización de las inversiones de dragado y balizamiento de los ríos Negro y Uruguay, vías navegables del país. El año 2012 será vital para el desarrollo de la Laguna Merín y la Laguna de los Patos.
Seguimos alentando la participación privada en emprendimientos turísticos y deportivos de toda la costa del Río de la Plata, lo que incluye el puerto deportivo de Atlántida, que es un punto de recalada que nos hace falta en la comunicación entre Buenos Aires y el este del país, así como los ríos interiores.
En el modo ferroviario hemos revisado el modelo y estamos alumbrando una propuesta de nueva institucionalidad y regulación con la incorporación del material rodante que sea necesario y la mejora de la capacidad de gestión, incorporando modernización, tecnología de GPS para el seguimiento de vagones y locomotoras, y recuperando estaciones de infraestructura.
También estamos culminando las obras que conectan Rivera con Montevideo y trabajando sobre la conexión tanto de Salto como de Rivera con Fray Bentos. Acá tenemos una línea más orientada al cemento y el grano y también a la madera, y la otra línea hacia la madera.
Esto es un resumen de lo que hemos hecho. Faltaron muchas cosas, pero atendiendo a vuestro cansancio las hemos salteado y obviado, y nos queda la fundamentación de los 16 artículos a los que se referirá el Director Ferrer.
SEÑOR FERRER.- Trataremos de ser los más breves posible.
Los artículos de nuestro Ministerio comprenden del 166 al 181. Los artículos 166 y 167 refieren a lo último que mencionaba el señor Ministro, que tiene que ver con el relanzamiento del modo ferroviario. Crean una nueva institucionalidad dentro del Poder Ejecutivo, específicamente dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, que funcionará como órgano desconcentrado y que, en definitiva, tendrá las competencias ‑para decirlo en forma sintética‑ de ser el regulador del modo ferroviario. El artículo 166 desarrolla las competencias.
En los próximos días haremos llegar alguna alternativa a la redacción, que esperamos pueda ser aceptada por la Comisión, para recoger los acuerdos que hemos alcanzado entre el Poder Ejecutivo, que en el día de hoy fueron ratificados por el señor Presidente de la República acompañado por los Ministros de Transporte y Obras Públicas y de Economía y Finanzas, con la Unión Ferroviaria, la Mesa Sindical Coordinadora de Entes y el PIT-CNT respecto de las competencias de esta Dirección Nacional de Transporte Ferroviario. En esencia son las que están planteadas en este artículo, pero pretendemos que en cierta forma los acuerdos que se lograron alcanzar trabajosamente con los representantes del movimiento sindical organizado, que además fueron ratificados la semana pasada por la Asamblea de la Unión Ferroviaria, puedan recogerse en la norma.
SEÑOR ABDALA.- La creación de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario es un tema muy importante. Entendemos necesario interrumpir la exposición del Ministerio de Transporte y Obras Públicas porque queremos conocer algunos aspectos por anticipado. Cuando digo "por anticipado" me refiero a antes de asumir una posición definitoria sobre esto y, en particular, antes de proceder a tratar el articulado.
En la presentación inicial del señor Ministro se dijo que en 2010 se avanzó en la revisión del diseño institucional. Yo recuerdo que el año pasado, cuando se presentó el proyecto de ley de Presupuesto, que no incluía nada con relación a esto, nosotros y otros señores legisladores planteamos la duda en cuanto a que el Gobierno nacional había sido muy enfático, tanto en la etapa preelectoral como en la transición, con respecto a que una de las apuestas fundamentales en materia de logística y de transporte era el desarrollo del modo ferroviario. Lo único que por ahora se conoce como definición específica es la propuesta de crear este cargo de confianza y esta nueva unidad o este órgano desconcentrado dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Eso es, por lo menos, lo que conocemos nosotros.
Me pareció muy interesante lo que acaba de decir el Director General en cuanto a que se ha avanzado en el sentido de celebrar o concretar acuerdos con el sector sindical, en particular con la Unión Ferroviaria. Mi pregunta concreta es si eso está indicando o insinuando que el Gobierno ya tiene definido el nuevo diseño institucional y hay un plan estratégico al respecto. En ese sentido, se discutía mucho cuál sería la función de AFE, si operaría bajo el derecho privado y se constituiría una nueva empresa de derecho privado y de propiedad pública, cómo se distribuirían las competencias en cuanto a la administración de las vías férreas por un lado y, por otro, la tarea específica concerniente al componente de empresas de transporte que AFE tiene. Sobre eso ha habido un debate que todos hemos visto a través de los medios de comunicación, con los sindicatos y hacia adentro del Gobierno, entre los distintos partidos que componen la coalición de Gobierno. La pregunta concreta es si el Gobierno nacional ha definido un plan estratégico, un diseño institucional completo que, en todo caso, sustente o justifique, según su perspectiva, la creación de este nuevo órgano desconcentrado y, por lo tanto, ese plan lo conocerá el país a la brevedad y lo conocerá esta Comisión de Presupuestos antes de que expire el plazo de la Rendición de Cuentas. Me parece que estas son preguntas pertinentes porque sin duda hacen al tema que estamos analizando pero, además ‑hasta donde tengo noticias‑, no habían tomado estado público, por lo menos en ese nivel de decisión o definición que, presuntamente, se habría alcanzado.
SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.- Tenemos que hacer referencia a la cuestión de AFE en la Comisión de Presupuestos en tanto hay tres artículos referidos a la materia, pero no es el tema central de discusión, lo que no quiere decir que no estemos en condiciones de debatirlo en otro ámbito. Habitualmente lo hacemos en la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Representantes y en la de Transporte y Obras Públicas del Senado, donde vamos explicando los distintos avances. No lo hago, pero no para ocultar definiciones que el Poder Ejecutivo tiene a este respecto. Lo que sí podemos poner a disposición, porque es pública, es el acta de acuerdo con la Unión Ferroviaria en la cual se da respuesta a alguna de las preguntas que formulaba el señor Diputado Pablo Abdala. Y no tenemos inconveniente, en otra oportunidad, en poner a consideración de los señores legisladores lo que podría ser el relanzamiento del modo ferroviario. Inclusive, estoy invadiendo un área en la cual el señor Subsecretario, ingeniero Pablo Genta, ha tenido un papel más protagónico que el del señor Ministro.
Entonces, nosotros vinimos a discutir el artículo porque tiene que ver. Obviamente, es pertinente la inquietud; estamos dispuestos a satisfacerla en una primera instancia poniendo a disposición del señor Presidente el acta en la cual figura un esbozo. Pensamos que después el propio Poder Ejecutivo podría iniciar conversaciones con todo el sistema de partidos para avanzar en la transformación de AFE.
Ha sido pública la posición del Poder Ejecutivo. Vamos a un modelo, por lo menos según nuestra inquietud, de separación de la infraestructura de la operación. La propiedad estatal se mantiene en todos los casos y, obviamente, hay una discusión si es el derecho privado o no el que rige, no a la empresa sino a los trabajadores. Pero, bueno, yo creo que eso lo podemos discutir y analizar en otro ámbito.
Nosotros, en el marco del acuerdo que establecimos con los trabajadores y en la iniciativa, pensamos que, en cualquiera de los casos, cualquiera sea el camino, se requiere tener una Dirección de Transporte Ferroviario que sea la que regule el modo. Y creo que por aquí daríamos satisfacción a la posibilidad de discutir en este ámbito lo que tiene que ver con el Presupuesto.
Ponemos a disposición de la Comisión el acta del acuerdo que me parece que puede ser un buen documento, y yo diría que no estaríamos en condiciones de avanzar más que esto teniendo en cuenta lo que resta de la discusión. No es nada más que por esto.
SEÑOR GANDINI.- Señor Presidente: este es un tema que nosotros tenemos que discutir. Ha estado presente en la Comisión de Presupuestos, o al menos en la de Hacienda. Personalmente, planteé la comparecencia del Directorio de AFE hace ya un mes para conocer el plan que se estaba desarrollando. La mayoría impidió ‑y este es el término que quiero utilizar: impidió‑ la comparecencia del Directorio de AFE diciendo que no había plan alguno.
SEÑOR ASTI.- Que no había proyecto.
SEÑOR GANDINI.- Que no había plan, que no había proyecto. Y eso está en la versión taquigráfica. Entonces se dijo que la Comisión no habilitaba esa comparecencia en aquel momento.
Pero además hemos seguido el tema y, siguiéndolo, hemos apreciado que hubo distintos momentos en el debate interno del partido que gobierna y que distintas soluciones se fueron ‑para utilizar el mismo término que empleó el señor Ministro‑ alumbrando en cada uno de ellos. Hoy tenemos aquí un par de artículos que deben estar vinculados a un plan del Gobierno que nosotros no conocemos. Es imposible analizar este Presupuesto sin analizar la totalidad del plan. Esto es funcional a un proyecto, sin duda. Y nosotros no conocemos el proyecto. Es decir: acá se crea un cargo de confianza, se contratan personas, se crea una Dirección como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo con atribuciones que la ley le da sin conocer cuál es el modelo, el nuevo modelo institucional. Pero, además, tiene un componente presupuestal muy importante. Yo no sé en qué etapa estamos o está el Gobierno, pero leí alguna entrevista que se le hizo al señor Subsecretario al respecto ‑la tengo aquí, además‑ quien dice que eran necesarios para instrumentar este proyecto, en ese momento al menos, entre U$S 300:000.000 y U$S 400:000.000 públicos, que aquí no están. La Rendición de Cuentas que va a regir hasta el 31 de diciembre del próximo año no contiene más que salarios y no tiene una cantidad de recursos para transferir a una sociedad anónima ‑que creo que es la modalidad por la que se ha optado‑ entre la Corporación para el Desarrollo y el Estado ‑según en su momento había leído, el Estado en mayoría y la Corporacíón en minoría- pero que va a trabajar con fondos públicos para poder realizar una parte del negocio que solo puede hacerse si el Estado pone ese dinero. Y aquí eso no está. Entonces, es muy difícil para nosotros considerar esto teniendo como insumo un acta que se hace entre el Gobierno y los sindicatos dejando para algún día un acta entre el Gobierno y el Parlamento, que es el que en definitiva va a tener que dar la autorización correspondiente, porque yo creo que la nueva institucionalidad de un ente autónomo va a requerir alguna modificación legal pues tiene su Carta Orgánica, que deberá modificar. Digo esto porque no sé si va a seguir existiendo como tal, como AFE, como ente autónomo perteneciente al artículo 221 de la Constitución o se va a transformar en una sociedad anónima. No sé; no entendí todavía cómo es. Y es lógico que no lo entienda porque esto todavía no está explicitado.
Así que yo no quiero entrar en el debate. Probablemente sea como dice el Ministro: no es el momento en esta Comisión de entrar en el debate sobre la nueva institucionalidad y el modelo de gestión de la futura organización de todo el tema ferroviario, pero también entiéndase que es muy difícil para nosotros acompañar estas dos normas que son ‑lo digo en términos sencillos, sin pretender ofender a nadie‑ una suerte de cheque en blanco que damos al Gobierno para que con esta Dirección haga lo que le parezca, poniendo a funcionar un proyecto que nosotros no solo no conocemos sino que no sabemos si se va a aprobar.
Simplemente quería dejar esa constancia. Salvo que haya algún elemento más para aportar, lo que tenemos es muy poco y yo me muevo con la última manifestación del señor Subsecretario que tengo aquí, recogida por parte de la prensa, que no sé si luego se ha modificado en esta acta de acuerdo, porque también tengo por ahí la resistencia de algunos de los sindicatos a esa modalidad que el señor Subsecretario expresó. Entonces, no sé de qué estamos hablando.
Por último, deseo se me aclare algo que no entendí bien. Creí entender al Director General que vendrían luego algunos artículos para incorporar que recogerían parte de ese acuerdo y, por lo tanto, le estarían dando marco legal. Luego, cuando habló el Ministro, me pareció entender que lo que nos iban a remitir era el acta como un insumo informativo, básicamente. Deseo se me aclare esta cuestión porque me perdí en algún punto.
SEÑOR ASTI.- El señor Diputado Gandini decía que la mayoría de esta Comisión se había opuesto a tratar un proyecto de ley que él creía que existía, y a la vista está que ese proyecto de ley no estaba en condiciones de ser tratado de forma parlamentaria porque no existía como tal. Eso fue a lo que se negó la bancada de Gobierno. Hoy, lo que tenemos son dos artículos que crean una Dirección dentro del Ministerio con carácter regulador, de la misma manera que tenemos una Dirección de Comunicaciones que regula las comunicaciones y un ente que ejecuta esas políticas de comunicaciones o una Dirección de Energía que fija las políticas de energía y una unidad reguladora que las regula y entes autónomos que ejecutan estas políticas fijadas por el Poder Ejecutivo, reguladas por una unidad reguladora en los casos que corresponda y ejecutadas por los entes autónomos que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico como empresas públicas nacionales.
Esa era la constancia que queríamos dejar.
SEÑOR GANDINI.- El señor Diputado Asti hace una interpretación libre del tema. Jamás pedí que vinieran acá por un proyecto de ley que, obviamente, no existía. Yo pedí que se viniera para explicitar el proyecto sobre el cual el Ministro aquí presente había hecho en su momento, hace ya un tiempo largo, afirmaciones y declaraciones. En un momento ese proyecto estaba cerrado; el propio Presidente de la República lo anunció. Luego vinieron revisiones, porque hubo replanteamientos del tema, cuestionamientos gremiales, y no voy a entrar acá en ese asunto, pero en ese entorno hasta pidieron la renuncia al sindicato del Presidente o de uno de los miembros del Directorio de AFE, pero eso fue después. En un momento se dijo que estaba, y yo pedí que vinieran acá porque se dijo que se necesitaba una cantidad de dinero de parte del Estado. Se nos respondió que no. No hablé del proyecto; hablé del plan y, en todo caso, del proyecto como tal, no del proyecto de ley. El día que venga ese proyecto de ley, obviamente, no va a estar a estudio de esta Comisión. Tendremos que ir a escucharlo en otra.
Además, quiero aclarar que las Direcciones Reguladoras a las que se hace referencia regulan la actividad de los entes autónomos, pero ni siquiera sabemos si va a haber un ente autónomo. Entonces, me gustaría saber qué van a regular: ¿una sociedad anónima?, ¿un ente autónomo que va a subsistir?, ¿un ente autónomo como PLUNA, que convive con la sociedad con un privado y hay un PLUNA sociedad anónima y un PLUNA Ente Autónomo? Yo no tengo ni noticias. Por lo tanto, me gustaría saber qué es lo que va a regular esto que estamos creando.
Ahora bien: también admito que no vamos a entrar en este tema en esta Comisión, y si queremos analizar el tema, analicémoslo todo y, entonces, nosotros definiremos el voto a la luz del proyecto al cual esto es funcional. Es una adaptación de la Administración Central ‑quizás lo más sencillo de hacer‑ para encarar un proyecto de grandes dimensiones y de importantísima inversión pública, cuyos recursos no están definidos aún.
Entonces, simplemente digo que para nosotros con estos datos es muy difícil avanzar.
SEÑOR PRESIDENTE.- Tal como se ha expresado, la Mesa entiende que el modo final no va a ser discutido en esta Comisión. Por lo tanto, damos por buenas las explicaciones del señor Ministro en cuanto a qué es lo que hoy se está pensando sobre la construcción de ese modo. Lo que tiene en consideración la Comisión es la normativa que está en la Rendición de Cuentas, que es funcional a una propuesta que hoy existe y tiene que regular un ente que hoy existe. En consecuencia, estamos en situaciones similares a las que vimos en otros ámbitos del Gobierno, donde hay entes y normas reguladoras que luego fija el Poder Ejecutivo.
SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.- Quiero dejar sentado que lo que se va a remitir es un sustitutivo del artículo 166, con cambios relativamente mínimos de redacción. Lo que sí pusimos a disposición a modo informativo ‑quizás fue lo que dio lugar a confusión‑ fue el acta que se repartió.
SEÑOR ABDALA.- Me parece que han quedado claras las cosas en cuanto a en qué punto debemos situarnos: la propuesta del Poder Ejecutivo, un plan que no conocemos y, eventualmente, su presentación en alguna otra instancia que veremos si calza con los tiempos presupuestales.
En función de esa misma inquietud, se nos ha distribuido esta acta ‑lo que agradecemos al señor Ministro‑ que contiene un acuerdo con la organización sindical respectiva y que aún no hemos tenido oportunidad de leer. En la medida en que se habla del relanzamiento del modo de transporte ferroviario, quiero saber si tenemos que considerar que aquí hay una parte del plan general, que hay un resumen o que el acuerdo está referido a los distintos componentes del plan general, ese que todavía no conocemos. Porque, quizás, acá tenemos alguna pista. Obviamente, con pistas no alcanza. Se supone que el día que haya una propuesta concreta, con un modelo definido y un plan estratégico íntegro se conocerá y, en función de eso, cada quien asumirá la posición que corresponda, pero mi pregunta tiene que ver específicamente con el contenido y el alcance del acta.
SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.- El acta refleja la discusión sobre orientaciones. Cuando lo lean, podrán ver que hay acuerdos y desacuerdos que están muy claramente definidos. En dos puntos que no son menores, cada una de las partes manifiesta su posición.
No es un plan estratégico. Se trata de orientaciones marco de cuestiones conceptuales referidas a los destinos a los que vamos. Lo que importa de toda esa discusión es que, necesariamente, en la Rendición de Cuentas teníamos que plantear la creación de esta Dirección.
Quiero ser muy sincero. En cualquier contexto, aun en la hipótesis de que no se hubiera planteado ningún cambio, la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario era necesaria, porque legalmente la posibilidad de que corran empresas que no sean solo las estatales existe en Uruguay. No es una actividad monopólica de AFE. En la medida en que se va a generar una interconexión con Brasil y que hemos llegado a acuerdos con Argentina ‑uno de los cuales es permitir un tren de pasajeros de Concordia a Salto cuyo lanzamiento se va a hacer este mes‑, es necesario que alguien opere y establezca normas, más allá de que el dueño de la infraestructura, que es AFE, es el que autoriza, en función de que la vía esté libre, a correr el tren en la práctica, porque después hay una cuestión de responsabilidad sobre lo que pueda ocurrir. Entonces, en cualquier hipótesis, aun manteniendo todo como está, esta Dirección era necesaria desde nuestro punto de vista. Está claro que ustedes ahí tienen alguna indicación que, como dice el Presidente, no es el objeto de la discusión en el día de hoy.
SEÑOR ABDALA.- De lo que acaba de decir el señor Ministro se desprende claramente que en esta innovación que viene con la Rendición de Cuentas hay cometidos o atribuciones de esta Dirección que hoy están en el ámbito de la competencia de AFE y que por ley, en todo caso, se reubican desde el punto de vista institucional en esta nueva Dirección.
SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.- Efectivamente.
SEÑOR ABDALA.- En cualquier caso, concluyo que, obviamente, aquí estamos viendo un aspecto parcialísimo de un tema mucho más amplio y general. Y este comentario me parece que vale para el modo ferroviario en su concepción más amplia y también específicamente para el destino de AFE.
SEÑOR GANDINI.- Quiero hacer una consulta respecto al texto del artículo 166. ¿Esta atribución de cometidos modifica de algún modo la Carta Orgánica de AFE? Pregunto esto porque no tengo el texto. Es decir, ¿se transfieren, de algún modo, roles, cometidos, funciones que hoy la ley atribuye al ente autónomo AFE a este nuevo órgano ahora dependiente del Poder Ejecutivo?
SEÑOR FERRER.- A nuestro juicio, sí. Hay algunas competencias que hoy están en la órbita del ente autónomo que pasan al regulador. Hoy, el ente autónomo es regulador, operador y dueño de la infraestructura. El regulador está en un mercado desmonopolizado por ley. Está en un mercado desmonopolizado de hecho, porque compite con otros modos de transporte, aunque aún no hay un nuevo operador circulando en las vías, si bien hay facultad para que lo haga. Además, ninguna regla de mercado indica que el dueño de la infraestructura debe ser, a la vez, regulador y operador de la misma. |22:33:04| Eso no ocurre en ningún mercado competitivo y no debe seguir ocurriendo en el caso del modo ferroviario si pretendemos que exista y tenga vida.
SEÑOR ABDALA.- Una cosa lleva a la otra. Está bien; no se puede ser juez y parte, naturalmente. Sin embargo, aquí advierto que eventualmente se daría una coincidencia de dos roles y de dos tareas bien distintas en el ámbito del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de esta Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, que son la titularidad de la política del transporte ferroviario, que se supone seguirá siendo del Poder Ejecutivo, y la potestad regulatoria. No sé cómo se explica eso. Obviamente, no conocemos el diseño institucional completo. Capaz que conociendo las demás piezas del engranaje, esta tenga sentido, pero no es específicamente el modelo que el país viene transitando en materia de energía, de comunicaciones, en todas las demás materias donde se han creado entidades reguladoras y donde se han dictado marcos regulatorios para distintas actividades, competitivas y no competitivas. Entonces, por eso llama la atención. Es notorio que este es un cambio estructural. Sin embargo, veo que hay una coincidencia de dos roles que le pertenecen al Estado pero que, habitualmente, están ubicados en ámbitos diferentes.
SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.- En la Dirección Nacional de Transporte del Ministerio hoy tenemos transporte aéreo, que regula una actividad, y fluvial y marítimo. Tenemos esa situación. En el caso del transporte aéreo participamos de la Junta Aeronáutica. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene a PLUNA y es socio de la empresa privada. Fija las políticas y es socio, pero cuidado, nosotros acá lo planteamos como un órgano desconcentrado con una austeridad presupuestal. También estuvimos pensando si debíamos tener una unidad reguladora y, por las razones que sugirió lateralmente el Presidente ‑otra vez crear una estructura, etcétera‑, capaz que eso evoluciona hacia allí. Pero, paso a paso, entendimos que esto era lo mínimo imprescindible para hacer. No estamos cerrados a nada, si la política indica que el mejor camino es ese, no hay que negarse. No quiero cerrar las puertas, y estoy siendo muy explícito en nuestro estado de reflexión, que ha tenido mutaciones ‑por decirlo de alguna manera‑; el intercambio de ideas genera que uno avance. Si uno tiene un objetivo y no está aferrado ni enamorado de sus propios pensamientos, asume lo que otros piensan. Hay caminos mejores, y eso siempre lo tenemos como una política de apertura. Hoy estamos en este estado que se describía muy bien; es el paso que creemos prudente dar, y no negamos que en el futuro se den otros pasos. No vamos a estar para siempre en esto.
SEÑOR OTEGUI.- Partiendo de la base de que no se trata de una actividad monopólica, que las vías son del Estado y que quedarán en propiedad de AFE, ¿se entiende que el modo de transporte ferroviario es de prioridad nacional para que no se haga un llamado a expresión de deseo o a inversión, ya sea por asociación pública privada o por una licitación pública, a fin de que aparezca algún oferente?
SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.- No quiero entrar lateralmente a la discusión del tema de fondo. No tengo problema, pero me parece que el objeto es otro. Daría la impresión de que el mercado uruguayo ‑es así; lo dicen todos los organismos internacionales con los que estamos relacionados‑ no tiene espacio para más de una empresa operadora de transporte ferroviario, lo que no quiere decir que puntualmente haya incursión de rango limitado, pero no como un elemento permanente.
Hoy hay empresas privadas que circulan; hay un tren turístico de los Amigos del Riel que lleva a los cruceristas desde los cruceros hasta Joanicó. Es un tren privado, en la medida en que no es estatal, no tiene fines de lucro, y funciona. Quiere circular, pide permiso, y circula, pagando lo que tiene que pagar. Entonces, no hay necesidad de llamar, porque si la circulación por las vías admite que cualquiera puede circular, lo que tiene que hacer cualquiera es solicitar permiso para hacerlo. Este es el mundo teórico. En el mundo real, las empresas hacen acuerdos con AFE, porque es lo que les sale más barato. Lo mismo pasa con ANCAP, que quiere que su mercancía tenga seguridad de llegada y hace acuerdos con AFE. Inclusive, está dispuesta a comprar material rodante para asegurar que su mercancía llegue a destino en los tiempos que quiere. Y esto ocurre con los públicos y con los privados. Estoy hablando por ejemplo del arroz, la minería, los contenedores, las empresas de madera, pero con una condición. No van a contratar a AFE con exclusividad para el transporte de madera, porque quien se abastece de una materia prima tan importante no va a quedar rehén de un modo de transporte único en un sentido ni en otro, porque el día que ese modo de transporte deje de funcionar, le va a cortar la posibilidad de seguir trabajando. Necesita el acuerdo más abarcativo y multimodal posible que le asegure un abastecimiento mínimo en materia prima para su producción.
Entonces, no hay necesidad de hacer ningún llamado a expresiones de interés porque el que quiere puede hacerlo, y no desde ahora sino desde hace muchos años. ¿Qué es lo que pasó en la realidad para que esto no ocurriera? Nuestro mercado no es tan atractivo. Para nosotros, es todo un desafío, pero para los demás no, y entonces, tenemos que buscar la manera de que las inversiones que haya que hacer no signifiquen erogaciones presupuestales. Estamos pensando en otro tipo de ayudas internacionales, por eso no hemos venido a pedir autorizaciones presupuestales correspondientes para hacerlo. Puede haber PPP y esas cosas, pero aun así se requerirán recursos presupuestales para el pago de la contrapartida de los contratos de PPP. Esa es la situación en la que estamos, y por eso no necesitamos hacer ningún llamado a expresiones de interés, porque el que tenga interés lo que tiene que hacer es pedir la autorización.
SEÑOR FERRER.- El artículo 168 refiere a la autorización a la Dirección Nacional de Arquitectura a percibir un porcentaje de los recursos de los comitentes respectivos por los gastos de administración relativos a las obras, definiendo los mismos como recursos de afectación especial.
El artículo 169 es una norma que viene a salvar una dificultad que existe actualmente relativa a la licencia por antigüedad del personal obrero de la Dirección Nacional de Arquitectura, que está en régimen especial y toma su licencia anual en el mismo régimen que la construcción. Esta es una necesidad que busca no generar distorsiones en el funcionamiento de esta Dirección, contar con la facultad de poder abonar la licencia por antigüedad a los funcionarios de manera de asegurar que la licencia en definitiva se tome únicamente en ese período.
SEÑOR ABDALA.- Quisiera hacer una consulta doble: deduzco que aquí estamos hablando de la licencia que se genera por encima de la licencia anual regular.
SEÑOR FERRER.- Exactamente.
SEÑOR ABDALA.- Esto, ¿puede tener que ver con la licencia que se acumula, porque no se goza en el Ejercicio correspondiente y se posterga para el siguiente año?
SEÑOR FERRER.- No; estamos hablando simplemente de la licencia por antigüedad.
SEÑOR ABDALA.- Entiendo que es exclusivamente por esos días, por encima de los veinte de licencia anual.
SEÑOR FERRER.- Efectivamente.
El artículo 170 introduce una actualización ‑por decirlo de alguna manera‑ de la norma vigente relacionada al otorgamiento de permisos especiales. Aquí se quiere llevar a que la cifra se exprese en Unidades Indexadas a los efectos de evitar su necesaria actualización en forma permanente. Esto es algo que se viene recogiendo en distintas normas, a los efectos de salir de esa situación.
Ahora bien; con respecto a esta disposición, debo solicitar que se recoja una corrección: donde aparece el número "700", en realidad hay un error de transcripción; debería decir "7.000" de manera que queden alineados los valores actuales de esta fórmula.
Por el artículo 171 se deroga una disposición que anteriormente generaba el procedimiento de reajuste de la norma, en la medida en que quedará actualizada la fórmula en Unidades Indexadas. Como se ajustará en forma automática, no es necesaria la vigencia de dicha norma.
El artículo 172, en esencia faculta al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Dirección Nacional de Transporte y Obras Públicas, a imponer multas de hasta 850 Unidades Reajustables por concepto de violación de las disposiciones vigentes en materia específica de transporte. Esto tiene que ver fundamentalmente con el propósito de que la facultad de imponer multas pueda ser delegada por parte del Director Nacional de Transporte en el personal del cuerpo inspectivo. Adviértase que al día de hoy, al recaer dicha facultad en el Ministro, el jerarca la delega en el Director Nacional de Transporte pero, obviamente, este no la puede subdelegar.
El propósito de esta disposición va en el sentido de hacer realmente efectivas las sanciones y las multas por contravenciones a las distintas disposiciones ‑esto es algo que se viene trabajando por parte de la Dirección Nacional de Transporte‑, de manera de que realmente tengan el efecto persuasivo que un procedimiento sancionatorio debe tener: a veces los distintos problemas u obstáculos que deben sopesarse, dificultan que cumpla con su objetivo.
SEÑOR ABDALA.- Quisiera plantear una consulta que tal vez sea estrictamente de carácter jurídico, por lo que recién expresaba el Director General de Secretaría.
Aquí estaríamos hablando de la autorización para delegar atribuciones que, asimismo, le fueron delegadas al Director por el Ministro.
SEÑOR PRESIDENTE.- No: la delegación es en el artículo siguiente.
SEÑOR ABDALA.- O sea que hoy estas potestades son del Director y no del Ministro.
SEÑOR FERRER.- No; hoy son del Ministro y están delegados en el Director.
El artículo 172 autoriza a que el Ministerio actúe en este caso a través de la Dirección Nacional de Transporte: o sea, que el Director Nacional de Transporte pasa a ser quien está autorizado por la ley y, por lo tanto, puede delegar la competencia. Y el artículo 173 expresamente autoriza al Director Nacional de Transporte a delegar en el personal inspectivo la potestad de imponer sanciones por violación a las disposiciones en materia de transporte.
De manera que en la situación actual actúa el Director Nacional de Transporte, por delegación de atribuciones por parte del señor Ministro. La situación deseada ‑por nombrarla de alguna manera‑ es que el Director Nacional de Transporte sea el que esté autorizado y que a su vez pueda delegar la competencia.
No sé si con esto aclaro la confusión generada.
SEÑOR ABDALA.- Capaz que simplemente sea un tema de redacción. De repente, habría que introducir algún pequeño ajuste en el artículo 173, haciendo referencia al 172.
En fin, este es un tema que podemos abordar cuando analicemos el articulado.
SEÑOR GANDINI.- Quisiera saber si esta potestad está referida a todo tipo de transporte ‑de carga, de pasajeros‑, es decir, si es en general y a partir de esta norma, en la práctica, el inspector pone la multa y desde allí se genera el hecho del plazo y todo lo demás. Entonces, pasa a ser el inspector típico que pone la multa en la ruta, por ejemplo, o en el lugar que se inspecciona.
SEÑOR FERRER.- Exactamente, la idea es la que plantea el señor Diputado Gandini: la potestad es para todo tipo de transporte que, obviamente, tenga que ver con la potestad sancionatoria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.- Claro: todo tipo de transporte que esté bajo nuestra jurisdicción.
SEÑOR FERRER.- El artículo 174 también tiene que ver con esto. Aquí se plantea la posibilidad de bonificar las multas impuestas en caso de realizarse el pago en forma inmediata. El favorecer este tipo de procedimientos, también se relaciona con la posibilidad de imposición de la sanción y con la inmediatez del pago.
El artículo 175, que se vincula con los Permisos Nacionales de Circulación, propende a agilizar los procedimientos por los que se canalizan las sanciones que aplica la Dirección Nacional de Transporte, en ejercicio de sus competencias, estimulando el pago y mejorando la percepción de los conceptos por multas.
El artículo 176 tiene que ver con dar título ejecutivo a las resoluciones firmes del Director Nacional de Transporte, que establezcan las sanciones correspondientes.
El artículo 177 se relaciona a las disposiciones que referíamos anteriormente en el artículo 170, en el sentido de la tendencia de que todos los valores de los distintos tipos de permisos y demás se expresen en Unidades Indexadas.
SEÑOR GANDINI.- Quisiera saber si entendí bien. Aquí la autorización al Ministerio de Transporte y Obras Públicas no es para fijar el valor, sino a determinarlo en Unidades Indexadas. Es decir, que ya está autorizado a fijar el valor: aquí se cambia la unidad.
SEÑOR FERRER.- Efectivamente.
El artículo 178 está vinculado a un aspecto de la Administración Nacional de Puertos y al cobro de las tarifas "por uso de infraestructura y administración de Terminal de Pasajeros". En definitiva, se faculta a que las empresas de transporte fluvial y marítimo sean agentes de retención de estas tarifas de uso de infraestructura, que es lo que normalmente se conoce como "Tasas de Embarque". De manera que estas tarifas se cobrarían de manera conjunta con el servicio de pasaje y serían volcadas a la ANP.
En concreto, esto tiene que ver fundamentalmente con el caso de Colonia, de Montevideo o de Salto-Concordia. En el caso particular de la ANP, esto tiene mucha importancia en el caso de Colonia, donde hizo una inversión significativa en materia de una terminal fluvio-marítima en buenas condiciones y, a partir de ahora, estará en condiciones de tener un retorno por dicho concepto.
En el artículo 179 se avanza en la definición del aspecto territorial de competencia del Capitán del Puerto de Nueva Palmira, a los efectos de asegurar una más eficiente coordinación y administración de todo lo que hace a la actividad del recinto portuario, donde conviven ‑como todos saben‑ distintas terminales con distintas jurisdicciones ‑públicas, privadas‑, clarificando que en definitiva el rol del Capitán de Puerto de Nueva Palmira tiene un papel de coordinador sobre toda la actividad que se lleva a cabo en esa área.
SEÑOR ABDALA.- Aquí se impone una pregunta. En la Ley de Puertos de 1992, en principio, la competencia de los Capitanes de Puerto fue establecida específicamente para las terminales públicas. Concretamente, en Nueva Palmira, Corporación Navíos o cualquiera de los muelles privados, hasta hoy, están fuera del alcance de la competencia del Capitán de Puerto. Lo pregunto porque si esto es así, significa un cambio cualitativo importante y la consulta adicional es si este ha sido un tema acordado, conversado y aceptado por la comunidad portuaria local que sabemos que hace a las relaciones entre la autoridad portuaria, que es la Administración Nacional de Puertos, y los operadores privados. Obviamente, la autoridad portuaria tiene, por definición, competencia sobre las zonas portuarias públicas, pero específicamente esta ampliación de competencia del Capitán de Puerto, por lo visto, lo llevaría a introducirse en el ámbito de los muelles privados, sin perjuicio de la competencia que al Estado le cabe en cuanto a su contralor, pero en este caso no específicamente al Capitán de Puerto
SEÑOR FERRER.- De acuerdo con la información que contamos, es una iniciativa que viene por el lado de la Administración Nacional de Puertos; esto fue conversado con los distintos operadores. Aquí no se trata de que el Capitán de Puerto pase a ser ‑por decirlo así‑ el Capitán de los muelles privados, sino de que hay una serie de actividades que implican el uso y el empleo de las mismas áreas comunes terrestres, e incluso fluviales ‑porque dos barcos en el mismo espacio fluvial tampoco pueden estar‑, la manera en que ingresan y salen implica una coordinación de esos aspectos y, en definitiva, alguien debe tener una capitanía sobre dichos movimientos y dicho tránsito. Ese es el objeto fundamental que tiene que ver con esto. Es una materia de preocupación de la comunidad portuaria de Nueva Palmira y tiene que ver, sin duda, con el crecimiento explosivo de los tránsitos y movimientos que en dicho puerto acontecen.
SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.- Esta iniciativa es bienvenida ‑diría celebrada‑ porque la Administración Nacional de Puertos es un competidor; es el que naturalmente fijaría las reglas y ahí estaría en una desventaja. Por lo tanto, lo que se hace es establecer lo mismo que para la capitanía del Puerto de Montevideo, que es que el sector privado ya está acostumbrado a que lo público y lo privado comparten el mismo espacio y hay que laudar ciertas cosas, que laudadas en un sentido u otro perjudican económicamente, o no, a unos y a otros. Si un competidor tiene esa herramienta en sus manos no es lo más deseable para el transcurso de la actividad.
El artículo 16 de la Ley N° 16.246 establece: "A la Capitanía del Puerto de Montevideo compete:.- A) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades que se desarrollen en el Puerto de Montevideo, especialmente las relacionadas con:.- 1) La entrada, visita y salida de buques.- 2) El embarque y desembarque de personas.- 3) La estiba y desestiba, carga y descarga, embarque y desembarque, transferencia y depósito de mercaderías, contenedores y demás objetos.- B) Adoptar las medidas conducentes para que las diversas operaciones portuarias se desarrollen en todos sus aspectos con la mayor eficacia y eficiencia posibles.- C) Coordinar con las autoridades competentes las condiciones de prestación de servicio, utilización de los sistemas, instalaciones y equipos y el mantenimiento de la infraestructura portuaria y, en especial, coordinar con aquellas la racionalización en la realización de todas las operaciones, en materia de sanidad marítima, humana, animal y vegetal, migración y tramitación y formalidades de aduana, Banco de la República Oriental del Uruguay, de Prefectura Nacional Naval y de todo otro órgano u organismo actuante en lo relacionado con las diversas actividades portuarias". Había un vacío y, obviamente, la tendencia del sector público es a llenarlo rápidamente, lo cual generaba distorsiones por parte del sector privado. De esta manera agregamos transparencia, equilibrio y una persona ajena al negocio para regular una actividad de este tipo. Entonces, estamos avanzando en el mismo sentido que lo estableció la Ley de 1992, asimilando Nueva Palmira a Montevideo; obviamente, el desarrollo de Nueva Palmira hace que sea cada vez más asimilable.
SEÑOR ABDALA.- Una duda subsiste ‑tal vez sea bastante más concreta la solución de lo que yo había entendido al principio‑: me parece que estamos hablando de dar competencias al Capitán de Puerto de intervenir en las operaciones portuarias cumplidas por operadores privados o por la propia Administración Nacional de Puertos, pero en el muelle público. Porque en el artículo 179 dice: "[...] en la extensión del Puerto de Nueva Palmira bajo la jurisdicción de la Administración Nacional de Puertos".
SEÑOR FERRER.- Supone agua y tierra.
SEÑOR ABDALA.- Supone agua y tierra, pero no incluiría eventualmente al muelle privado.
SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.- La tierra del privado no la maneja. El agua es jurisdicción pública.
(Diálogos)
SEÑOR FERRER.- El artículo 180 establece el carácter de deudor solidario de las obligaciones que generen con la Administración Nacional de Puertos "[...]las personas físicas o jurídicas que hayan solicitado los servicios o suministros correspondientes, los propietarios de los buques, sus armadores, así como los agentes o representantes de los intereses [...]". De esta forma, se garantiza el correspondiente pago por parte de quienes requieren los servicios de la Administración Nacional de Puertos.
SEÑOR ABDALA.- No alcanzo a advertir cuál es la innovación, salvo que se me diga que es la de los agentes o representantes. En principio parece de Perogrullo que quedan obligados al pago de obligaciones quienes usen los puertos, las personas físicas o jurídicas que hayan solicitado los servicios o suministros, los propietarios de los buques, los armadores. Eso me parece que es de la más antigua tradición portuaria. Pregunto si lo que, en todo caso, se incorpora aquí es, precisamente, la figura de agentes o representantes.
SEÑOR FERRER.- Exactamente esa es la más importante innovación de la norma debido, fundamentalmente, al hecho de que los armadores, en su amplísima mayoría, son personas radicadas en el exterior, por lo tanto, ello genera una dificultad para hacer posible el cobro.
En el artículo 181 se establece el carácter de acción ejecutiva para el cobro de los créditos, una vez tomada la resolución por parte de la Administración Nacional de Puertos de dar carácter ejecutivo a las obligaciones que se tienen con ella. | Esta es la fundamentación del articulado correspondiente al Inciso que, como habrán advertido, dedica una parte importante a la Administración Nacional de Puertos.
SEÑOR GANDINI.- Quisiera conocer el grado de ejecución de lo que dispusieron los artículos 466 y 467 de la Ley de Presupuesto, que crean en el Ministerio la Unidad de Descentralización y Coordinación Departamental con un cargo de particular confianza y también la creación de dieciocho Coordinadores Departamentales con determinadas funciones y condiciones para ser designados. Quisiera saber en qué grado de ejecución está este tema y si se ha designado el nuevo Director de confianza de esta área y los Coordinadores en los distintos departamentos.
SEÑOR ABDALA.- El artículo 468 establecía que el Ministerio dispondría las redistribuciones de funcionarios necesarias para la conformación de esas Unidades, y el artículo 467, "in fine", establecía una partida a los efectos de la contratación de personal. Sería interesante saber cuál fue la dotación presupuestal y si estos Coordinadores Departamentales reciben alguna compensación adicional por sus servicios o simplemente sigue cobrando el mismo sueldo que antes. Lo pregunto con total honestidad porque, sinceramente, no lo recuerdo.
SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.- Honestamente, nosotros vinimos a rendir cuentas de lo referido al año 2010 y a plantear lo que estamos estableciendo para el 2012. Por lo tanto, no teníamos previsto hacer una apertura de lo correspondiente al año 2011 del que vamos a rendir cuentas el año próximo.
Con respecto a los Coordinadores Departamentales, estamos procesando la contestación de un pedido de informes que nos llegó. Estamos preparando las bases del llamado a concurso porque dijimos que primero habría un concurso interno y luego uno externo. Por lo tanto, no hemos ejecutado absolutamente nada. Tenemos solo la responsabilidad asumida del Coordinador de Descentralización que, junto con la Dirección General y el equipo de funcionarios que la asesora, está elaborando las bases del llamado.
SEÑOR GANDINI.- ¿En quién recayó ese honor?
SEÑOR MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.- No pudo estar presente hoy porque se encuentra en Río Negro; es el doctor Ernesto Cesar, de la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja.
SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia de la delegación y sus aportes.
Se levanta la sesión.
(Es la hora 22 y 55).